lombiana. Para esta población el diagnóstico es particularmente elemental, y como se evidenciará en el desarrollo del texto, deja abiertos muchos cuestionamientos nuevos.
Nos basamos principalmente en las mismas dos fuentes des- critas en los capítulos anteriores. En primer lugar, revisamos la literatura existente en torno a la caracterización y situación de acceso a la justicia de las comunidades afrocolombianas. Dentro de los informes incorporados resaltamos los siguientes: (i) Infor- me sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombia- na, de Rodríguez Garavito et ál. (2009: 7), que es el resultado de dos años de investigación y que incluyó un trabajo de campo a lo largo del país, análisis documental y estadístico, y 174 solici- tudes de información a 145 entidades estatales de los niveles na- cional, departamental y municipal. (ii) Informe anual sobre el estado de derechos humanos de la población afrocolombiana, del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afro- colombianas Cimarrón (2010), trabajo que, igualmente, recoge in- formación directa de parte de la población, hace una revisión de prensa y exhibe los resultados de la Encuesta Nacional - Percepción del Racismo y la Discriminación Racial, realizada por Cimarrón en
las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena.1 (iii) Cultura política de la
democracia en Colombia, 2011, de García Sánchez (2011). Este infor- me contiene una muestra que se enfocó en aquellos colombianos autoidentificados como afrodescendientes. La muestra tiene una
1 El ejercicio se aplicó a la siguiente muestra: 119 personas en la ciudad de Bogotá, 457 en Cali y 405 en Cartagena.
307 Afr oc olombianos 306 M igue l Emilio L a R ot a, Se bastián L alinde, Sandr a Sant a, R odrigo U primn y
cobertura nacional de todos los adultos negros que habitan en la zona urbana de los municipios que albergan 30% o más de pobla-
ción afrodescendiente.2 (iv) Informe sobre los derechos humanos de
las comunidades afrocolombianas en el marco de la “celebración” de los doscientos años de vida republicana en Colombia, de Afrodes y Glo- bal Rigths Partners for Justice (2010), que sistematiza vivencias y reflexiones cotidianas de los afrocolombianos a partir de talle- res regionales con más de 100 líderes de procesos organizativos, especialmente, representantes de consejos comunitarios, líderes étnico-territoriales, organizaciones de víctimas y de población desplazada; los talleres se realizaron en Buenaventura, Quibdó, Tumaco, Cali, Cartagena y Bogotá (p. 7). (v) Informe alternativo al decimocuarto informe presentado por el Estado colombiano al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, elaborado por el Ob- servatorio de Discriminación Racial et ál. (2009).
Segundo, examinamos las necesidades jurídicas y los obstá- culos en el acceso a la justicia de algunas de las personas afroco- lombianas de acuerdo con sus propias opiniones y percepciones. En una serie de grupos focales y entrevistas semiestructuradas preguntamos acerca de los principales conflictos que afectan a es- tas poblaciones y que ellas consideran que requieren la potencial intervención del Estado para su resolución. Llevamos a cabo dos encuentros con grupos de personas afrocolombianas, en donde realizamos grupos focales y entrevistas en Cali y Bogotá en febre- ro de 2011; además, contamos con un insumo adicional de entre- vistas realizadas para otra investigación en la ciudad de Cali con jóvenes afrocolombianos acerca de los contactos que han tenido con las autoridades policiales (La Rota y Bernal 2013).
2 El estudio incluyó los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, San Andrés y Pro- videncia, y Bogotá. En estos departamentos se encuentran ubicados, según datos del Censo General 2005 del DANE, aproximadamente el 81% de los afrocolombianos. El 80,8% de los integrantes de la muestra especial se identifican como negros, mientras que el 16,4% se con- sideran mulatos y un 2,6% raizales. El último grupo se ubicó en su totalidad en el departamento de San Andrés y Providencia (García Sánchez 2011).
Exclusión de grupos étnicos
Inicialmente pretendimos estudiar el acceso a la justicia de las
personas de grupos étnicos.3 Sin embargo, la evaluación del ac-
ceso a la justicia de dicho grupo es tan diferente del resto que necesita probablemente la aplicación de distintos marcos concep- tuales y metodologías para recabar información.
Como es sabido, la Constitución establece que los pueblos in- dígenas tienen derecho a gobernarse por sus propias autorida-
des.4 Ello tiene unas implicaciones especiales en relación con el
acceso a la justicia de las personas de estas comunidades que las diferencian de las otras poblaciones objetivo de la investigación.
La lógica del análisis de las investigaciones expuestas en este libro son las necesidades jurídicas que atañen a individuos –así sea indirectamente o de forma difusa cuando se trata de intereses de grupo o colectivos–, que las mismas personas reconocen y ante las cuales deciden reaccionar o no. Esto es diferente analíticamen- te del raciocinio de la autonomía jurisdiccional de los grupos étni- cos, al menos por dos razones: primera, múltiples necesidades y el derecho de acceso a la justicia se predican en estos casos de las comunidades mismas, más allá de los individuos. Y segunda, al tratarse de las personas que hacen parte de grupos étnicos, exis- te un paralelismo entre los sistemas jurídicos tradicionales, y las
normas y procedimientos de la mayoría de colombianos.5
3 De hecho, realizamos tres grupos focales con indígenas en el pueblo embera-katío del Alto Sinú y en el Resguardo Kankuamo en junio de 2011, y en pueblos indígenas del Norte del Cauca en mayo de 2012.
4 Según el artículo 246 de la Carta, las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito te- rritorial. Esta garantía está compuesta por los siguientes elementos normativos: (i) la facultad de los pueblos para establecer autoridades judiciales propias, (ii) la potestad de conservar y/o proferir normas y procedimientos propios, (iii) la sujeción de los elementos anteriores a la Constitución y la ley, (iv) la competencia del legislador para se- ñalar la forma de coordinación interjurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionada a la expedición de la mencionada ley. Al respecto, ver entre muchas otras, las sentencias T-254 de 1994, T-496 de 1996, C-139 de 1996, T-349 de 1996, SU-510 de 1998, C-370 de 2002, T-728 de 2002, T-552 de 2003, T-1238 de 2004, T-1253 de 2008, T-514 de 2009 y T-617 de 2010. 5 Para el presente análisis resultan extrañas diferentes facetas de la autonomía jurisdiccional que ha desarrollado la Corte Constitu- cional. Ello sucede, por ejemplo, con la protección del territorio y de los intereses autónomos de las comunidades, que van más allá de la
309 Afr oc olombianos 308 M igue l Emilio L a R ot a, Se bastián L alinde, Sandr a Sant a, R odrigo U primn y
Sumado a lo anterior, de las normas y la jurisprudencia que definen la naturaleza de la jurisdicción especial indígena se deri- va que cada pueblo indígena tiene su propio sistema de justicia, lo cual impide hacer un estudio general sobre “pueblos indígenas”.
Por lo anterior, el diagnóstico realizado en este libro excluye el examen de los grupos étnicos. Dada la importancia de los de- rechos colectivos de estas comunidades y de los derechos indivi- duales de las personas que hacen parte de estas –que en múltiples ocasiones viven en condiciones muy precarias–, es necesario rea- lizar un examen independiente sobre estos temas.
En este mismo sentido, el análisis que aquí se expone se refiere a las necesidades jurídicas y al acceso a la justicia de los afroco- lombianos como individuos que hacen parte de un grupo mino- ritario y vulnerable, pero no como un grupo étnico con derechos colectivos.