Metabolite quantification and generation of a small compound library

La sociedad ha requerido instituciones que se encarguen de mantener los lineamientos que las conformaron como grupo, de manera que aunque las legitimaciones no fuesen creadas día a día se logren perpetuar a través del tiempo; los entornos –en este caso culturales- los ha legitimado históricamente, evitando su desaparición a mediano y largo plazo.

El museo como institución se ha avalado socialmente porque existe la convicción de que deben proteger los objetos que se han mantenido hasta el presente, siendo su principal función la de conservación este bien y exhibirlo al público. Lo anterior, debido a que dichos bienes tienen características que los hacen merecedores de especial respeto y sentido ignoto preciso de dilucidar, siendo capaces de generarnos conocimiento (Ballart, 2006: 83). Para el caso costarricense, la institución encargada de velar por la protección e investigación de la historia antigua ha sido el Museo Nacional de Costa Rica, desde su momento de creación en 1887, siendo uno de sus principales fines, la integración de la historia dentro del discurso idealizado de conformación nacionalista liberal que en el caso costarricense, a grandes rasgos no ha cambiado.

“Un Museo Nacional es una institución donde un conjunto de personas vinculadas entre sí por lazos que trascienden los límites territoriales y cronológicos, conservan, estudian y enseñan los restos materiales, patrimonio de una nación y testimonio de la identidad que reclaman. Un Museo Nacional es depositario de la conciencia de un pueblo, expresada en los logros materiales de su existencia. El Museo Nacional de Costa Rica, al igual que otros miles de museos en el mundo, luego de una larga trayectoria, ya centenaria, se ha dado a la tarea de integrarse en una nueva política de rescate del pasado y de búsqueda de la identidad del objeto como valor de referencia, todo lo cual queda implícito en el concepto de “Patrimonio o Herencia Cultural”” (San Román et al., 1987: 13).

Así, el MNCR, a pesar de haber sido creado en respuesta al movimiento nacionalista para construir un pasado común: una identidad nacional; no tuvo un apoyo real para la ejecución de sus actividades, en los primeros años su campo de acción fue muy limitada y se orientó en gran medida al inventario y estudio relacionado con las ciencias naturales. Las funciones para las cuales contó con un poco de apoyo, fueron las concernientes a la participación en exhibiciones internacionales. “Con respecto a lo precolombino, las labores consistieron en la formación de colecciones de objetos, obtenidas principalmente por compra y donaciones. Las exhibiciones mostraban grupos

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de piezas, valoradas en su aspecto artístico, que habrían sido manufacturadas por sociedades remotas y misteriosas con las cuales no se establecía una relación directa” (Corrales, 2001: 3).

Figura N° 41 Pabellón de Costa Rica en la exposición de Chicago en 1903.

Fuente: fotografía MNCR, en San Román et al., 1987: 27.

Debido a lo anterior (entre otras razones), no siempre pudo cumplir adecuadamente las funciones para la cual fue creado. Es por esto, que a mediados del siglo XX ante el latrocinio que estaba sufriendo el patrimonio arqueológico, se sugirió el que las instituciones compraran artefactos y así evitar que los mismos salieran del país. Es por ello, que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica erigió una serie de leyes que facultaban a algunas instituciones para la compra de objetos antiguos.

Banco Central de Costa Rica

El primero en realizarlas fue el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual inició el 11 de mayo de 1950, gracias a al acuerdo 10 de la Junta Directiva. Esta institución almacenó desde 1950 y hasta el 30 de junio de 1975, un total de 1493 piezas con monto pagado para su compra, de aproximadamente ¢16 000 000.00 (Quesada, 1976b: 2).

A pesar de que en la mayor parte de las instituciones que actualmente custodian bienes arqueológicos se asegura que las colecciones fueron compradas exclusivamente a coleccionistas reconocidos, no todos los artefactos llegaron a sus manos por este medio, muchos procedían de los trabajos realizados por los huaqueros, principalmente con licencia, tal como narran muchos de ellos y ha quedado en constancias escritas en el

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MNCR, lo anterior no era contra ley (recuérdese que esta lo buscaba principalmente, era evitar que los objetos salieran del país).

Instituto Nacional de Seguros

El INS, tiene como su principal función la de brindar protección y servicio a Costa Rica, en la década de 1970, ante la alarmante escala de destrucción ocasionado por el huaquerismo y comercialización de objetos arqueológicos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, adquirió artefactos por compra y en pocos casos, por donación, apoyado en el decreto 4809 del 29 de julio de 1971, el cual en su artículo 1º menciona: “Se autoriza a las Instituciones autónomas para adquirir a solicitud de la Junta Administrativa del Museo Nacional, piezas arqueológicas costarricenses para mantenerlas en custodia y exhibición en el Museo, con el fin de evitar que salgan del país...” (Instituto Nacional de Seguros, 2009).

Así, en 1971 el INS comenzó la adquisición de artefactos arqueológicos, esta incipiente colección se incrementó en el año 1973 cuando se promulgó la ley 5176 que le permitía a las instituciones autónomas y semi autónomas la compra, por lo que adquirió sus mejores colecciones, siendo las más sobresalientes las de jade (mineralógico y social), que compraron a los principales coleccionistas del país “La adquisición de las colecciones del

Instituto Nacional de Seguros estuvieron asesorados por el propio arqueólogo costarricense Carlos Humberto Aguilar Piedra y por los curadores del Museo Nacional, quienes velaron siempre porque los objetos fueran auténticos.” (Soto, 1999.: 1).

En este año dicha institución ya contaba con 470 artefactos, sólo en 1973 compró la colección del Lic. Oscar Herrera Mata con 1092, el siguiente año la de Carlos Balser con 250 piezas, algunas de las cuales eran de origen olmeca y maya, el mismo donó 6 más. Para 1977 se adquirieron 232 objetos a los doctores Carlos Roberto y Hernán Páez, mientras que entre 1978 y 1981 al menos 564 más (Museo del INS, 2010).

Lamentablemente, el principal valor que se dio para su compra fue el estético, situación que caracterizó la compra de artefactos en general (Soto, 1999: 1). Con ello, el 31 de octubre de 1977, inauguró el Museo bajo el nombre de “Colección Arqueológica del Instituto Nacional de Seguros”; nombre que llevó hasta 1980 cuando por medio del acuerdo XI de la Sesión 6556 de la Junta Directiva vigente, cambió su nombre por el de Museo del Jade, cuyos objetivos fueron el fomentar el estudio científico en el campo

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arqueológico, conservar parte del patrimonio arqueológico y artístico del país, estimular el desarrollo artístico en el campo de las artes plásticas. Para contrarrestar la imposibilidad de la obtener información contextual de sus colecciones, el Museo del Jade impulsó proyectos de investigación, con el fin de conocer, en lo posible, el contexto mediante la asociación de objetos excavados científicamente (INS, 2009). Con respecto a las colecciones que alberga, no se tiene el dato de cuánto debió invertir en su compra. Banco Nacional de Costa Rica

La información referente a esta colección se obtuvo en las fichas de catalogación pertenecientes al MNCR y custodiadas en el Departamento de Protección al Patrimonio Cultura. Al igual que los casos anteriores, esta institución compró artefactos arqueológicos a coleccionistas reconocidos, pero también a algunos huaqueros con permiso dado por el MNCR. Esta colección fue analizada como ejemplo para conocer las personas que proveyeron a la institución de bienes y en qué momento, así como sus principales características, para efectos de la presente investigación, se hizo énfasis en las piezas procedentes del Caribe Central de Costa Rica.

Entre los principales vendedores, se encontró Jorge Hine quien a pesar de haber solicitado permiso de excavación para proceder en la zona Sur del país, el 22 de febrero de 1957, el cual se le concedió por 3 meses, nunca representó a un huaquero clásico, todo lo contrario, como se verá en el V apartado correspondiente a la tenencia y coleccionismo, el perfil de Hine correspondía con el de un tenedor de lotes arqueológicos con fines comerciales (semejante a Velázquez, Matarrita, Lahmann y Carmiol, entre otros).

De los 1737 artefactos que el Banco Nacional de Costa Rica entregó al MNCR, 495 fueron extraídos del Caribe Central, representando un 28.49% (más de una cuarta parte de la colección), de esos 338 correspondían a artefactos cerámicos, 56 eran jades y 101 artefactos líticos (picada, pulida y lasqueada).

De los artefactos cerámicos alrededor del 89, 64% fue vendido por 5 personas; sólo Jorge Hine Saborío vendió 169 correspondiente al 50%, Marco Aurelio Arguello 37, Camilo Chinchilla 36, Fernando Gutiérrez y Hubert Ferdespiel 30 objetos, representando el 10,94%, 10,65%, 9,17% y 8,87% respectivamente. Las piezas restantes fueron vendidas por Marco Isaac García (2 unidades), Alberto Wurth (1), Abdón Calvo (24), Rómulo Berrocal (2), Oscar Mora (2), Julio Rodríguez (1), Julián Vázquez (1), Marco Tulio García

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(1), Francisco Charpantier (1), Otto Mora Araya (8), Manuel Arcadio Matamoros (1) y Mario Escalante (1).

De los artefactos de jade procedentes del Caribe Central, Raúl Cerdas Abarca lideró la lista con 38 objetos de un total de 56, le siguen Marco Aurelio Arguello con 16 y Jorge Hine con 2. Las demás piezas manufacturados en piedra fueron vendidos en su mayoría por Jorge Hine (56,43%), seguido de Camilo Chinchilla y Raúl Cerdas con 14.85% cada uno y Fernando Gutiérrez con 5.94%. Los restantes vendedores fueron Abdón Calvo con 2 artefactos (1.98%) y Juan Rivera, Otto Mora, Alejandro Rojas, Rómulo Berrocal y Marco Aurelio Arguello, todos con 1 artefacto (0.99%).

En total quienes más ganaron con la venta de artefactos procedentes del Caribe Central al BNCR fueron Jorge Hine Saborío y Marco Aurelio Arguello con Ȼ39 519 y Ȼ1150,15. Sobresale entre todos los vendedores Jorge Hine, no solamente por la cantidad de objetos comercializados, sino por ser la persona a quien mejor se le pagó, vendió unos cuantos artefactos en 1, pero la mayoría las ubicó en cientos y 3 de sus artefactos fueron vendidos en la impresionante suma de Ȼ2000, mientras que un metate se cotizó en Ȼ4950. Es preciso recordar al lector que los datos presentados corresponden solamente a los relacionados con artefactos cuya procedencia era el Caribe Central, estas personas obtuvieron un beneficio más grande por parte de la misma institución con la venta de objetos de otras procedencias.

El trato que generalmente se les daba a los demás comerciantes colocaba las piezas en Ȼ10 colones las cerámicas y algunos líticos, siendo los mejores pagados (entre Ȼ40 y Ȼ250) los jades. Se desconoce la razón del trato preferencial, pero sí se sabe que esta persona se dedicó al trasiego arqueológico, no sólo con los museos del BCCR, INS y BNCR, sino que además sacó del país un lote grande (llamado colección) con destino a su casa en Estados Unidos de Norteamérica.

Los artefactos consignados en el presente análisis fueron en su totalidad comprados de manera ilegal, por ejemplo, los bienes que le compraron al Sr. Jorge Hine fueron registrados en el Banco el 25 de mayo de 1965, mientras que la transacción de los de Fernando Gutiérrez data del 28 de junio de 1965; los de Camilo Chinchilla data del 29 de septiembre de 1966 y 7 de octubre del mismo año, y así sucesivamente, siendo el más reciente en su compra las piezas de Hubert Ferdespiel el 30 de julio de 1968, 5 años antes de que la ley 5176 los facultara a dicha institución para su adquisición.

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Críticas a la posibilidad de comprar bienes arqueológicos y las autoridades encargadas Como se mencionó con anterioridad, fue hasta el 27 de febrero de 1973 que la Asamblea Legislativa facultó por medio de la ley 5176, al Gobierno Central, a las Instituciones Autónomas y Semi Autónomas y Municipalidades a comprar objetos arqueológicos. Las compraventas arqueológicas del Sistema Bancario Nacionalizado se efectuaban desde hacía varios años sin autorización legal y miembros de la Junta Administrativa del Museo Nacional y empleados de la institución los asesoraban en semejantes menesteres (Quesada, 1976b: 2).

“En esos días el único miembro de la Junta del Museo que estuvo de nuestra parte y que

hasta hoy ha sido y es un consecuente defensor de la arqueología nacional, es el Dr. Bernal Monge Herrera, quien se vio sometido a presión por parte de sus compañeros directores por hacer causa común con nosotros…. De esta manera, Costa Rica se ha transformado en la tierra de nadie para los maleantes internacionales dentro y fuera de la arqueología. Periódicos como el New York Times (marzo de 1973), el Miami Herald (agosto 1976), el Christian Science monitor (abril 1976), United Press International (abril 1976) y semanarios como Newsweek (octubre de 1972) y Visión (abril 1973), nos presentan como el primer país del mundo en contrabando arqueológico” (Quesada, 1976c: 2).

“Ni una sola de las piezas compradas a los ladrones de tumbas tiene valor científico-

arqueológico, razón por la cual los Bancos nunca podrán hacer una Guía Arqueológica de sus pertenencias y el costarricense seguirá tan ignorante de su pasado como el que más” (Quesada, 1976b: 2). Muchos museos se nutren de colecciones particulares, entre ellos está el de MNCR el cual “ostenta el esfuerzo de coleccionistas particulares”, entre los que están: José Ramón Rojas Troyo, el padre Velazco, el Banco Central inició su colección con la de Jorge Hine, y enriquecida con la compra a excavadores de Coquito, Finca 4, Finca 5 y La Vaca (Acosta, 1975: 2B).

Como se observa en la Figura 42, para esas fechas era común que miembros de la Junta Administrativa del MNCR, así como otros aficionados independientes, vendieran parte o el total de sus colecciones a las diversas instituciones, inclusive, para la década de 1970 el único arqueólogo costarricense en ejercicio, Carlos Aguilar Piedra, trabajaba como consultor de algunas instituciones, entre ellas el Banco Central de Costa Rica (BCCR), de donde se desprenden al menos 2 publicaciones sobre el análisis y catalogación de sus colecciones (Aguilar, 1972), así como el Instituto Nacional de Seguros (INS), un ejemplo es

Figura N° 42 Documentación relacionada con la compra y venta de artefactos.

b.

Fuente: Peritasgos 1974 (41). Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, MNCR.

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Documentación relacionada con la compra y venta de artefactos.

c.

Fuente: Peritasgos 1974 (41). Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, Documentación relacionada con la compra y venta de artefactos.

a.

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Si las acciones ahí detalladas fuesen analizadas desde una óptica actual, se podría hablar de corrupción, ya que dicho arqueólogo por una parte asesoraba al INS en la compra y pago por los objetos arqueológicos, y por otra como parte de la Junta del MNCR participaba en la toma de decisiones sobre los avalúos y peritasgos y fijaba tarifas (ver última firma en el documento numerado con la letra “c.”). No obstante, se recuerda al lector la necesidad de analizar la información dentro de su contexto histórico y social del cual formaba parte ya que en esa época dichas acciones aparentemente eran más frecuentes.

En una charla dada por el Lic. Ricardo Quesada López Calleja en calidad de abogado del MNCR, llevada a cabo en el Club Rotario de San José en agosto de 1976, afirmó que lamentablemente en Costa Rica, el gobierno “nunca se ha preocupado por proteger

el patrimonio arqueológico nacional pese a que en 1924 [léase correctamente 1923] se emitió la

primera ley para asegurar esa protección, la que otorgó al Museo Nacional la autoridad necesaria para llevar a cabo operaciones de esta índole, pero que en la práctica no se cumple ni se respeta la ley, afirmando además la existencia de autoridades cómplices y hasta traficantes del Patrimonio”

(S. A., 1976 d: 17B).

Agregando que el sistema Bancario Nacional había estado operado al margen de la ley al comprar estos artículos arqueológicos, e indicó que, en una ocasión el Instituto Nacional de Seguros iba a rematar 20 collares de jade, acción que no se llevó a cabo por la intervención oportuna de funcionarios del MNCR (Ibídem.). No obstante, los aspectos de ilegalidad hay que analizarlos más a fondo, ya que se compraron gracias a que el Estado lo facultó por medio de leyes específicas.