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El significado de la palabra “conflicto”, deviene del latín “conflictus” que significa conflicto, lucha, pelea.36 Desde el punto de vista jurídico se utilizan como palabras sinónimas “litigio”, “lucha”; todas ellas tienen invariablemente la

connotación de pretensión resistida, de oposición de intereses.

La palabra conflicto se utiliza en derecho para designar posiciones antagónicas. En la fracción XX, del apartado “A” del artículo 123 constitucional se menciona también como sinónimo a “las diferencias” entre el capital y el

trabajo, lo cual expresa simplemente una oposición de intereses que se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje. Suelen también referirse algunas leyes a “los juicios” como sinónimos de conflictos, en todo caso no hay que confundir al conflicto como fenómeno social, con el conjunto de actos procesales que constituyen la vía de solución de dicho altercado. En sentido amplio, se define a los conflictos laborales como las fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo. Un concepto tan amplio que abarca tanto los conflictos individuales como los conflictos colectivos del trabajo. En sentido estricto se puede entender como las diferencias que se pueden suscitar entre trabajadores y patrones.

Los conflictos individuales de trabajo más comunes, son entre trabajadores y patrones, ya que se confrontan frente a frente los factores del proceso productivo, trabajo y capital; atendiendo a esta situación se entenderá fácilmente que se trata de los conflictos laborales más recurrentes, numerosos e importantes. Como ejemplo las controversias derivadas de un despido injustificado, del cumplimiento de un contrato individual o colectivo, etcétera. Este tipo de conflictos a decir de Mario de la Cueva “pertenecen a la esencia de la relación entre trabajadores y patrones, a la naturaleza de una sociedad

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DICCIONARIO EDUCATIVO LAROUSSE. Cuarta Edición. Editorial Porrúa. México. Pág.131.

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fragmentada en clases sociales”.37 En función de la naturaleza del conflicto, la doctrina, jurisprudencia y la Ley, consideran que atendiendo a la naturaleza o contenido de los conflictos, éstos pueden ser de orden económico o de orden jurídico.

Los conflictos jurídicos surgen por la aplicación o interpretación de las normas de trabajo, legales o contractuales. Ejemplos, inconformidad con el pago de tiempo extraordinario; negativa a entregar los uniformes pactados en el contrato. Los conflictos económicos se refieren al establecimiento o a la modificación de las condiciones laborales, o bien, a la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. En mérito de lo anterior, citemos algunos casos que nos pueden conducir a la realidad jurídica en este tipo de convivencias entre las personas que se relacionan con los partidos políticos y que recurren a alguna de las acciones previstas por la Ley ante la violación a su derecho.

Citar cuántos juicios de este tipo se han realizado en los últimos diez años sería difícil, considerando que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no presentan estadísticas de manera individual ni por gremio, pero sorprendería el saber que tan sólo los tres partidos más importantes, PRI, PAN y PRD, enfrentan y mantienen vigentes varios de ellos, por supuesto, en todos los casos se niegan a pagar a los trabajadores que demandaron “despido injustificado” argumentando falta de acción y derecho. No obstante, es fácil

percibir que considerando la cantidad de recursos humanos que los partidos políticos utilizan durante su actividad, dichas demandas son menos, producto de la desinformación, la arbitrariedad y la naturaleza de los patrones. Cabe mencionar que, los partidos políticos lejos de contribuir con el ejemplo al relacionarse laboralmente con sus trabajadores, por regla general actúan con impunidad y la más absoluta ilegalidad en materia de trabajo, son un patrón

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DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. T. II, Tercera Edición. Porrúa. México, 1984. Pág. 512.

87 especial que no brinda prestaciones, que no cuenta con contratos individuales de trabajo ni documentos que permitan confirmar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, tal y como lo denuncia la periodista Lilia Saúl del periódico el Universal, en su nota del pasado 26 de octubre del año 2011, denominada: “Partidos Políticos se niegan abrir sus nóminas”.

“México, D.F.- Los partidos políticos no cuentan con una nómina de sus empleados, organizada, sistematizada, y en algunos casos niegan a dar la información a los ciudadanos que la solicitan, argumentando su inexistencia o protección de datos personales. Aunque los partidos otorgaron a EL UNIVERSAL el acceso a documentos que comprueban el pago de honorarios a sus empleados, éstos no son considerados como nóminas, pues no está sistematizada la información de tal forma.

De acuerdo a una solicitud de información presentada por este diario a los siete institutos políticos (PRD, Convergencia, PT, PRI, PAN, Partido Verde, PANAL) para conocer las nóminas de sus empleados, cuantos laboran y que prestaciones perciben, algunos como el Partido Verde y el PANAL, respondieron que sus empleados no perciben ninguna prestación de Ley, pues son contratados por honorarios. Todos los institutos argumentaron inexistencia de información para entregar el detalle de la nómina, al asegurar que este es un documento que no se hace específicamente para tal fin, como lo elaboran las empresas. IFE respalda a los partidos:

El Instituto Federal Electoral, también justificó la falta de información, al precisar que los partidos políticos no están obligados a ordenarla como lo solicitó EL UNIVERSAL. Las nóminas solicitadas fueron las de 2009, ya que las de 2010 no podían ser consultadas al momento de solicitar la información, pues eran revisadas por la Unidad de Fiscalización del IFE, y la de este año tampoco se podía conocer, según informaron en el órgano electoral. Sin embargo, las nóminas de los siete partidos con las que cuenta el IFE de 2009, son solo de seis entidades y no de todo el país, pues el órgano fiscalizador solo

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revisó los estados de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Distrito Federal y Estado de México.

Todos los partidos políticos declararon la inexistencia de algún documento que se pudiera elaborar ex profeso para responder a los cuestionamientos en torno al detalle de la nómina de sus empleados. No dan prestaciones. Uno de los partidos que asegura, a través de sus comunicados, apoyar la reforma laboral, para mejorar las condiciones de empleo de los mexicanos no predica con el ejemplo. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que las personas que laboran en este Instituto Político, lo hacen por honorarios, conocidos como servicios profesionales, mientras que el partido Nueva Alianza, afirmó que no brinda ningún tipo de prestación a sus trabajadores”.38

En el mismo sentido se expresa la periodista Norma Trujillo Báez, de Formato Siete, en su columna del 25 de enero de 2012, donde precisa: “A

pesar de que los Partidos Políticos en México son los encargados de llevar el Poder Ejecutivo, en el plano Federal, Estatal y Municipal, y el Legislativo, Estatal y Federal, a quienes deben garantizar el cumplimiento de la Ley, y por ello recibirán en este año 5mil 292millones de pesos de financiamiento, ni el PRI, Movimiento Ciudadano ni el PRD, respetan en Veracruz los derechos de sus trabajadores, a pocos les dan prestaciones y, en el país, ni el PAN, PANAL, PT y PVEM, tienen una nómina de sus empleados. Los Partidos Políticos en México, son financiados con recursos públicos y, según datos de estudiosos (CIDE, IFES, Marco Mena Rodríguez) de 2000 a 2006, se financió al Instituto Federal Electoral IFE, con 60 mil millones de pesos, de estos, 18 mil millones fueron para los principales Partidos; el PRI con 6 mil 194 millones; el PAN 5mil 515 millones, el PRD con 3mil 214 millones; el PVEM con 380 millones, PT y Convergencia 270 millones. En 2007 y 2008, aunque no hubo elecciones federales, se le asignaron al IFE 2mil 700 millones de pesos cada año; en 2011

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SAUL, Lilia. “Partidos se niegan a abrir sus nóminas”. Periódico El Universal. Sección Red Política. México. 26 de octubre de 2011. Pág. 26.

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el IFE solicitó 10 mil 499 millones, de los cuales 3mil 335 millones son para los partidos políticos; y en este presupuesto del 2012, el IFE aprobó un presupuesto de 15mil 953 millones de pesos, de lo que se desprende que recursos existen, solo basta la voluntad política para establecer un marco jurídico de vanguardia en el rubro”.39

Las notas periodísticas confirman la irregularidad que caracteriza a los partidos políticos, la impunidad con que se manejan en materia laboral, sabedores de que la Secretaria del Trabajo encargada de auditar el cumplimiento de los postulados del artículo 123 de la Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo y reglamentos relacionados, no opera en esas esferas de poder como si lo hace con otros sectores de la industria, por lo cual, solamente casos aislados prosperan, los menos diríamos, considerando el número de personas que se relacionan con los partidos políticos de manera permanente y más durante las campañas electorales, por eso hay que poner especial énfasis para que las personas ejerzan sus derechos y se alcance un mínimo de justicia social en este ramo.