Monogamy in the mind

Desde otro camino de indagación, dentro de una tradición más ligada a la sociología política y a la historiografía, se consideró el problema de los actores sociales, el Estado y sus vinculaciones con el modo de desarrollo. Más específicamente, estos autores se centraron en el fenómeno político por excelencia del siglo XX: el peronismo. En esta línea, interesa indagar cómo algunos de los autores que trabajaron el primer peronismo conceptualizaron la relación conflictiva del régimen con los actores socioeconómicos, la relación con el movimiento obrero, los factores estructurales y/o coyunturales que los determinaron y sus vinculaciones y efectos sobre el modo de desarrollo.

En un primer grupo, se inscriben autores que entendieron la dinámica de conflicto entre los actores en función de determinantes macro estructurales, aspecto que los vincula, de diferentes maneras y en distinto grado, a la matriz estructuralista.

Algunos explicaron dicha dinámica a través del proceso de modernización por el cual la sociedad argentina pasa de ser “tradicional” (agraria) a ser “moderna” (industrial). Desde un enfoque funcionalista Germani (1971 y [1978] 2003) inauguró esta visión y sostuvo que la clave del conflicto estaba en la movilización y activación política de las masas, que dio lugar al fenómeno del “populismo nacional”, es decir, la irrupción de un líder demagógico que integró (y manipuló) las masas desde arriba. Desde la misma perspectiva, Di Tella (1977, 1988 y 2003) subrayó la existencia de una elite anti status quo, con “incongruencia de status”, que guió y encauzó el proceso de movilización de masas, en un enfrentamiento abierto contra las elites tradicionales. En la misma clave, Baily (1985) estudió el movimiento obrero y sostuvo que su rol en el proceso de modernización conllevó la ruptura del consenso y los parámetros de legitimidad política, que dejaron de ser compartidos por todos los actores sociales.

Otros autores, desde una perspectiva marxista, se enfocaron en cómo la estructura socioeconómica condicionó la lógica sociopolítica y cómo ello afectó el modo de desarrollo. Murmis y Portantiero ([1971] 2004) abonaron la tesis de que, dadas las nuevas circunstancias en la década de 1930, la industrialización sustitutiva fue el intento (defensivo y limitado) de recomposición hegemónica por parte de la propia elite tradicional agroexportadora, quien debió incorporar al bloque de poder a los sectores industriales, lo que dio lugar a una industrialización sin revolución, promovida por el Estado e intrínsecamente débil. De tal manera, sostuvieron que hacia 1940 la fragmentación de las clases dominantes y el fortalecimiento del papel del Estado y el Ejército generó una “crisis hegemónica” en la alianza hacendados-grandes industriales, lo cual desembocó en el ascenso del peronismo.

En esta visión, el Estado es visto como un instrumento de la nueva alianza hegemónica y el peronismo un “representante” de la fracción industrial más débil. La lógica del conflicto, siempre planteada en términos de clases y fracciones de clase, en todo caso fue exacerbada por el peronismo. Dentro de esta misma perspectiva, Horowicz (1986) enfatizó el peso de los intereses terratenientes y la estructura de dependencia de un país agrario-exportador

En otro trabajo, Portantiero (1977a) argumenta que el fracaso del peronismo en organizar una superestructura política que instrumentara una política de compromisos entre las clases derivó en una situación de “empate hegemónico”, donde ninguna de las fracciones de clase dominantes estuvo en condiciones de generar una nueva hegemonía, es decir construir una forma de dominación legítima sobre la sociedad.

También bajo una perspectiva clasista, O’Donnell (1972) problematizó la construcción de un orden político estable en un contexto de activación, movilización y participación de las masas y de rápida modernización. Aunque no fue su foco de indagación, el autor reconoció que el origen del problema estuvo en la experiencia del “nacionalismo popular”, que dejó establecidas las principales líneas de conflicto y una estructura social profundamente modificada. En otro trabajo (1977), el autor se enfocó en la dinámica sociopolítica corporativa de la sustitución de importaciones, por la cual las distintas clases y fracciones de clase hacían sus “apuestas” y demandaban y tironeaban del Estado, debilitándolo en sus capacidades. Acorde con la idea del “empate social”, el problema del desarrollo quedaría explicado por la incapacidad de los sectores sociales para establecer una alianza de dominación estable y dirigir desde el Estado un proyecto coherente de desarrollo.

Otro tipo de trabajos, si bien partieron de un análisis de la situación estructural socioeconómica, se enfocaron de forma menos determinista y observaron cómo en los avatares del proceso histórico se construyó una lógica de interacciones conflictivas entre los actores que impusieron otro tipo de restricciones: sociopolíticas.

En primer lugar, se encuentran los estudiosos que enfatizaron el rol que cumplió la movilización y organización de la clase obrera en la dinámica del conflicto y en la emergencia del movimiento peronista. En este caso, se buscó reconstruir la trama histórica poniendo de relieve las interacciones entre los actores (trabajadores y Estado) y el contexto. Autores como Horowitz (2004), Little (1979) y Ranis (1997) estudiaron el proceso de consolidación de las relaciones Estado peronista-movimiento obrero bajo un sistema de control monolítico por parte del Estado, que, entre otras cosas, organizó la clase trabajadora y consolidó el apoyo obrero al régimen peronista, pero al precio de enajenarse el sector patronal y alimentar fuertes conflictos.

Dentro de esta línea de indagación, interesa destacar el aporte de Sidicaro (1999), quien sostuvo que la lógica sociopolítica conflictiva entre los actores no estuvo predeterminada por antagonismos de clase, sino que la clave estuvo en el proceso mismo de politización y polarización generada por los conflictos sociales en torno a la aplicación de la legislación social (1944-46); lo que llevó tanto a una identificación del movimiento obrero con el peronismo como a un exacerbado antiperonismo de las clases acomodadas.

A partir de la reconstrucción de las interacciones entre el movimiento obrero y Perón, Torre (1990 y 1999) observa cómo el Estado terminó representando a un sector social particular, minando así su legitimidad frente a otros actores y estableciendo estrechos límites en el campo de la política económica. Por su parte, James ([1990] 2010) pone el foco en el rol de las experiencias, percepciones y vivencias de los trabajadores que llevaron a que el movimiento obrero se identificara con el peronismo. Pero este proceso fue de una naturaleza ambigua, pues, si por un lado el peronismo logró incorporar a la clase trabajadora a la Nación, por otro, también canalizó su poder de ruptura, puesto que tenía la capacidad de poner en cuestión al sistema mismo. Así, este “potencial herético”, si bien le permitió al peronismo construir su poder, también fue un pesado lastre político, que quitó autonomía a las elites estatales. Como se verá en esta

tesis, este componente herético del peronismo también jugará un rol importante en la lógica sociopolítica planteada a raíz de la IEE.

De la misma forma, Doyon evalua el impacto que tuvo la participación sindical sobre el Estado peronista y su capacidad para formular e implementar la política económica. En especial observa cómo la gran cuota de autonomía e iniciativa que retuvo el movimiento obrero le otorgó un amplio margen de maniobra en el terreno económico a partir de lo cual la IEE peronista se vio fuertemente condicionada (Doyon, 1977, 2002 y 2006). Por ello, sostiene que la dinámica de reivindicaciones y demandas obreras terminó afectando tanto el desenvolvimiento del capitalismo industrial como la cohesión de la coalición gobernante (Doyon, 2006).

También se ha llamado la atención sobre los cambios que el peronismo supuso en cuanto al control del proceso productivo y a las relaciones al interior de la empresa. Sobre este punto, se ha estudiado el proceso de “institucionalización” llevado a cabo durante este período en las relaciones entre el movimiento obrero, los empresarios y el Estado. Mientras James (1981) estudia los conflictos obrero-patronales en torno al

effort bargain o intensidad del trabajo (“contrato” tácito que vincula “esfuerzo” y “retribución” salarial) y el rol de las comisiones internas34, Doyon (1984) subraya que estas comisiones no contaron con respaldo legal ni su actividad estuvo codificada, lo cual fue una debilidad institucional y afectó las relaciones gobierno-empresarios-trabajadores. No obstante, y al contrario de lo que sostiene la matriz institucionalista-liberal, tanto Doyon (1984 y 1977) como James (1981 y [1990] 2010), subrayan el proceso de institucionalización en las relaciones trabajadores-empresarios y su relativo éxito para encauzar y menguar los conflictos interclases.

Otros autores, se centraron en las tensiones entre el gobierno peronista con los actores socioeconómicos establecidos y en los ejes de dicha disputa. Sidicaro (2002) argumenta que la clave para entender la trayectoria del peronismo y sus efectos estructurales e institucionales pasa por el análisis

34 _{Las comisiones internas eran las delegaciones sindicales al interior de la fábrica}

encargadas de hacer cumplir en la práctica la legislación social vigente. Las mismas fueron objeto de profundos conflictos obrero-patronales y constituyeron un fuerte instrumento de poder en manos de la clase obrera. Al respecto, ver Basualdo, V. (2010a y b)

del proceso conflictivo entre el Estado peronista y los actores socioeconómicos predominantes, donde, sin minimizar el conflicto de intereses, se destaca el carácter político y simbólico de la disputa, que superó lo económico y que estuvo relacionada con la tentativa de recambio hegemónico que el peronismo intentó. Waldmann (1985) ensaya un enfoque más determinista en la medida en que subraya la necesariedad del conflicto con la elite económica, pues para poder implementar un proyecto de desarrollo autónomo, el peronismo debería haber “desplazado” a la clase alta de su “posición dominante”. En este sentido, el autor cuestionó el carácter “reformista” del peronismo y su incapacidad para generar una transformación verdaderamente estructural (Waldmann, 1985: 179).

En otro trabajo, Sidicaro (1988) da algunas pistas para entender el tipo de vinculación del Estado peronista con los actores socioeconómicos predominantes y sus consecuencias para el desarrollo. A partir de su análisis de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, establece que en aquellas experiencias históricas en donde el Estado se postula como agente de desarrollo y en donde la decisión estatal de modificar los comportamientos de los sectores empresarios choca con los intereses de aquellos sectores que tienen inversiones en áreas de actividad que no son juzgadas prioritarias o que se consideran a sí mismas perjudicadas por la existencia de los controles gubernamentales; dichos sectores, tienden a generar una ideología antiintervencionista (1988: 110-113).

Por otra parte, este autor distingue analíticamente este caso de otro: el Estado como reasignador de recursos, que no pretende generar grandes transformaciones estructurales y en donde los conflictos que se libran por la distribución del ingreso ponen al mismo Estado en el centro de la puja socioeconómica. En este caso, argumenta, los conflictos sociales se dan por “interpósita persona”, siendo el Estado la excusa a través de la cual los actores definen sus propias disputas. Por ello, la oposición o el apoyo a la IEE no puede ser analizada abstrayéndolas del conjunto de las relaciones sociopolíticas y de los propios conflictos sociales (Sidicaro, 1988: 113-116). En esta tesis, como se mostrará, se argumenta que la experiencia peronista combinó aspectos del primero y del segundo caso.

Desde una perspectiva más histórica, autores como Halperin Donghi (1987 y 1994a) –ubicando al peronismo dentro de la tradición política argentina y mostrándolo como una respuesta a la crisis de la idea de unidad y armonía en la Argentina–, argumentó que el problema argentino es político y que en parte se explica por una contradicción entre dos criterios de legitimidad antagónicos: una legitimidad de eficacia (que aboga por una “administración eficaz del Estado en tanto instrumento de transformación) y una legitimidad de sufragio (que presupone “la virtud cívica y republicana”). El peronismo habría exacerbado y perpetuado ese conflicto de legitimidades, aunque con actores redefinidos, e imponiendo una lógica propia: la del autoritarismo plebiscitario.

Con un enfoque convergente, Plotkin (1993a) estudia los mecanismos del Estado peronista para construir legitimidad, generar consenso político y movilización masiva, analizando la creación de mitos, símbolos, rituales políticos y propaganda. Su hipótesis sostuvo que lo particular de este proceso era que tenía como objeto, no legitimar un determinado sistema político, sino el régimen peronista y la persona de Perón. Así, afirmó que el peronismo tuvo éxito en redefinir la identidad de importantes sectores de la sociedad, pero al costo de dividirla y generar una fuerte polarización sociopolítica. En otro trabajo, Plotkin (1993b) estudió la continuidad de las ideas de Perón y observó que en realidad sirvieron como instrumentos al servicio político del líder justicialista, lo cual dificultó su legitimación y reconocimiento como actor político.

Por último, cabe destacar algunos de los aportes que profundizan en los procesos de construcción simbólica a través de la observación de los discursos como un hecho o acción social, y en las consecuencias que ello ocasionó sobre la construcción y redefinición de identidades sociales y políticas. Sigal y Verón ([1986] 2008), pioneros en el análisis del peronismo como fenómeno discursivo, sostienen que este movimiento abarcó una estructura discursiva que configuró el tipo de relaciones que se dieron con otros actores. Esta estructura, que se desarrolló desde los primeros años y que fue “capaz de absorber los contenidos más diversos” ([1986] 2008:

244)35, expresaría una lógica confrontativa entre colectivos sociales que tienden a deslegitimarse mutuamente. Con un enfoque similar, De Ipola (1983) argumenta que Perón articuló su discurso bajo una “figura ideológica específica” que involucraría dos dimensiones: una “nacional-popular” y otra “nacional-estatal”. Para este autor, la clave que marca tanto los aspectos progresistas del populismo peronista como sus límites fue “la subordinación de principio, y no sólo ‘coyuntural’, del (…) componente nacional-popular a la lógica de lo nacional-estatal y, por lo tanto, a la forma general de la dominación” (1983: 163).