CHAPTER 2 Literature Review
2.4 Normative rules governing journalistic practice
La salud privada es el segundo eje del sistema de salud mexicano y el menos regulado por la Ley General de Salud. Participan instituciones con fines de lucro, como clínicas privadas, hospitales y aseguradoras de salud, e instituciones sin fines de lucro como ONG’s nacionales e internacionales. Además de otras instituciones que ofrecen bienes y servicios de salud como las farmacéuticas y las compañías transnacionales (Nigenda, 2012). A diferencia del sector público, la salud privada no recibe financiamiento estatal. En el primer caso, las instituciones con fines de lucro operan bajo los principios de mercado (oferta y demanda), y financian sus actividades a través del pago directo o “de bolsillo” por servicios prestados o por la adquisición de seguros (Nigenda, 2012). Mientras tanto las instituciones sin fines de lucro ofrecen servicios gratuitos y se financian de capitales externos como donaciones. Entre el 2004 y 2006 ambos sectores (público-privado) continuaron ofreciendo atención de primero, segundo y tercer nivel de especialidad, sin embargo no eran regulados bajo los mismos parámetros de calidad. De hecho, los servicios privados solo contaban con la regulación sanitaria de establecimientos y hospitales para funcionar. Por lo tanto, se presentaron diferencias sustanciales en la oferta de servicios de salud que
trascendieron la rivalidad público-privada e incrementaron la segmentación de servicios.
La participación del sector privado ha ido incrementando gradualmente desde 1992 con las reformas estructurales en el período de Salinas de Gortari. Esto coincide con la firma del TLCAN y las exigencias de las empresas transnacionales por participar en el aseguramiento privado en México (Tamez, 2006; Molina, 2008). Incluso, actores internacionales como el Banco Mundial propusieron en el 2000 el “mix público-privado” para mejorar la cobertura, de los servicios de salud en México. La presión política detrás de las reformas se justificaba con los cambios en el contexto mexicano, donde el sector público resultaba insuficiente. En el 2004 estallaron los efectos del bono demográfico13
e incrementó la demanda de servicios médicos para atender el “boom” de enfermedades degenerativas y no transmisibles. Ante esta realidad, el sector público no pudo atender el incremento de la demanda, y el sector privado aprovechó esta oportunidad para ganar espacio en el sistema de salud. En el mismo año, aumentó el desempleo en el sector público y privado por lo que se redujo en número de afiliados a la Seguridad Social. En virtud de dichos cambios, el sistema de salud público tuvo que afrontar recortes en el pago de pensiones y esto agudizó el déficit financiero de las instituciones de seguridad social (Ramírez, 2008). En el 2000, la cobertura que ofrecían el IMSS y el ISSSTE protegía al 46,3% de la población, mientras que en el 2004 se redujo al 40,4% (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2004). Pero además incrementó el número de no afiliados al Seguro Social, que el Seguro Popular no pudo absorber. Todos estos cambios advertían un crecimiento en la participación del sector privado dentro del sistema de salud.
La seguridad privada funciona como un sistema de intermediación entre el beneficiario y los servicios de salud, llamada medicina gerenciada. A partir del 2000, la salud privada se agrupó en las Instituciones de Seguro Especializadas en Salud (ISES) para acelerar la afiliación privada. Más tarde, con las reformas del 2004, aumentó la participación del sector privado en el financiamiento de la salud en México. A partir de las reformas, el Sistema Nacional de Salud transitó
13 El Bono Demográfico es la transición de altos niveles de natalidad y mortalidad, a bajos niveles controlados
de un sistema de beneficio solidario14, a uno de capitalización individual15. Es
decir, los fondos colectivos fueron sustituidos por cuentas individuales administradas por instituciones privadas, y los beneficios pasaron a ser proporcionales a la aportación de los afiliados (Díaz, 2001; Ramírez, 2008). Por ejemplo, las cuotas destinadas al seguro de maternidad y enfermedades fueron transferidas a un organismo autónomo, el Fondo Solidario de Salud. Este se encargaba de establecer “techos financieros y transferir los recursos a las administraciones de salud, las cuales podían ser públicas o privadas” (Tamez, 2000: pg. 11). Pero además,
la creación del Seguro Popular de Salud (SPS) fue fundamental para sentar las bases de la cooperación público-privada en infraestructura y prestación de servicios. Como resultado, los asegurados al SPS podían ser atendidos en establecimientos privados a través de un financiamiento público. Sin embargo, los beneficios de la cooperación público-privada no se extendieron a todos los afiliados al SPS, estos variaban según la capacidad de pago de los afiliados.
Tras las reformas, el sistema de salud fortaleció la cooperación público- privada, asumiendo que esto mejoraría la calidad de los servicios de salud. Sin embargo, para que el sector privado creciera, era necesario que el sector público redujera su tamaño y esto suponía un alto costo social. Por lo tanto, entre el 2004 y 2006, la salud privada dejó de ser una opción, sobre todo para el sector más pobre de la población. Esto ocurrió porque la salud privada perseguía intereses distintos a los de bienestar social y se asumía que la población estaría dispuesta a pagar más por mejores servicios. Sin embargo, las personas que no estaban afiliadas al Seguro Social, no contaban con un ingreso fijo para solventar el pago directo o “de bolsillo” por servicios privados. Por lo tanto, la opción para estas personas no fue vincularse al sector privado, sino permanecer fuera del Sistema de Salud Nacional. Por el contrario, la salud privada si constituía una opción en sociedades con ingreso alto, donde las familias podían contribuir con aportaciones regulares y beneficiarse de la competencia entre instituciones privadas. Por lo tanto, una sociedad con ingresos polarizados como la mexicana del 2004, el sector privado continuó atendiendo un porcentaje reducido de la población (3,7%) y esto fomentó la segmentación de los servicios de salud.
14 Un sistema de beneficio solidario está orientado a ofrecer los servicios de salud independientemente de lo aportado.
Es decir, los afiliados se benefician del ahorro acumulado (Díaz, 2001)
15 Un sistema de capitalización individual está orientado a ofrecer servicios de salud proporcionales a las aportaciones.
2.1.3. La distribución del gasto farmacéutico en los sectores público y privado