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[…] las normas constitucionales le asignaron a la educación la labor de contribuir a la formación ciudadana y a la construcción de una cultura política democrática, según quedó consignado en la Ley 115. De 1994, conocida como la Ley General de Educación.

Herrera y Díaz, (2001, pp. 9-10)

La reflexión en torno a la cultura política y la formación ciudadana constituye un punto de apoyo importante para la indagación y análisis en los proyectos, tanto de educación política

como de educación cívica y ciudadana, con los cuales abordar desde la escuela los problemas de diversidad y tolerancia presentes en las distintas fuerzas sociales y políticas del país.19

Pero cuando se habla de cultura política, ¿a qué se hace referencia? ¿Hay una cultura política o diferentes culturas políticas? ¿Hay un discurso común a todas? Para López de la Roche (2001, pp. 34-35) no existe una noción única de “cultura política”, debido a la diversidad de puntos de vista que plantea ese concepto, y no hay tampoco una noción que se pueda inscribir como la más aceptada dentro de la investigación social. Sin embargo, como él mismo explica más adelante, aun siendo la categoría “cultura” muy amplia en cuanto a su polisemia, ya que de esta se desprenden otra cantidad de fenómenos igualmente complejos, interdisciplinariamente las distintas ciencias sociales (la historia de la cultura, la sociología política, la semiología, la antropología política, la psicología social, la ciencia política, la lingüística y los estudios de comunicación de masas) han podido llevar a cabo aproximaciones que ofrecen nociones relevantes en torno al significado de cultura política o de culturas políticas.

A estas aproximaciones se refiere López (2001) cuando cita a Gabriel Almond y G.B. Powell para dar una noción de cultura política como “el patrón de actitudes individuales y de orientación con respecto a la política para los miembros de un sistema político” (p. 38). El estudio de la cultura política desde los autores señalados por López, toma el nombre de “cultura cívica” o “(civic culture20_)”

Ahora, de acuerdo con el autor antes mencionado, esta noción de “cultura cívica” (civic culture) como una manera de analizar y comprender una cultura política determinada, se fundamenta a partir de encuestas y escalas de actitud a través de las cuales la “cultura cívica” (civic culture) realiza sus estudios; según López (2001, p.38-39), dichos

19 _{Es imprescindible tener en cuenta en esta investigación, la noción de “cultura política” señalada por el}

Ministerio de Educación en el texto “Constitución política y democracia” (1998) según la cual por cultura política se entiende “el conjunto de ideas que tiene la gente sobre la vida en sociedad, sobre el poder de la autoridad, sobre los fines de una y otros, ideas con las que aprecia lo que ocurre y que se convierten en costumbres que muchas veces se realizan sin saber lo que significan. (p. 40)

20 _{López explica que “esta tradición de estudio de la cultura política se gestó en los marcos de la teoría}

estructural – funcionalista de la modernización y de la transición de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. (López, 2001, p. 38.)

estudios son utilizados como referentes de análisis para determinar patrones de actitudes individuales y orientaciones relacionadas con la política. Estas encuestas se basan en la indagación acerca de los conocimientos y creencias, afectos y rechazos, juicios y opiniones que posee una población determinada con referencia a los objetos políticos. Para lograrlo, según este autor, se clasifica a la población en tres tipos de ciudadanos: los parroquiales: que no les interesa la política; los súbditos: interesados en cómo influyen en sus vidas las leyes, el bienestar y los beneficios; y, por último, los participantes: ciudadanos comprometidos y con voluntad de decisión respecto a objetos políticos. Es necesario mencionar que estos puntos de vista en relación a la metodología propuesta desde el ámbito de la “civic culture” se le critica la posibilidad de constituirse en una herramienta institucional aplicada al aprovechamiento de fines políticos corporativos, ya que, “metodológicamente esta tradición de investigación de la cultura política intenta construir un concepto operacionalizable, más o menos restringido que pueda dar cuenta del fenómeno en distintas sociedades” (López, 2001, p. 40), basado en encuestas cuyo objetivo es medir y cuantificar asuntos relacionados con la cultura política. Según estas críticas, con las preguntas y orientaciones dadas en las encuestas se dejan de lado aspectos importantes para una comprensión más amplia sobre la manera como los individuos de una comunidad entienden la política, concebida en este caso desde el ámbito de su cultura política. Por ejemplo, aspectos como el que mencionan Herrera y Pinilla (2001) cuando señalan, refiriéndose a Giroux (1992, p. 72), que este:

[…] enfatiza en la importancia de incluir para el análisis de los fenómenos educativos y de las prácticas pedagógicas, la comprensión que ellos hacen parte de “un campo cultural en el que el conocimiento, el discurso y el poder se interrelacionan con objeto de producir modos de autoridad y formas de regulación moral y social históricamente específicos, conformando redes de significación que inciden en la constitución de pautas de cultura política en los individuos y grupos sociales. (p. 68)

Bajo este punto de vista, la metodología propuesta en la “cultura cívica” restringe los contextos en los que se dan las relaciones establecidas entre las personas, por ejemplo entre vecinos, amigos, la familia, la iglesia, la escuela, lo laboral etcétera, relaciones, valiosas

para los análisis cualitativos que van más allá de individuos abstractos con pretensiones de que éstos sean cuantificables y medibles. Pero, por otro lado, desde otro punto de vista se argumenta que “esta vertiente politológica […] muestra un avance importante en el intento de construir una definición operativa capaz de ser sustentada en datos empíricos extraídos de las realidades culturales estudiadas” (López, 2001, p. 40). Recogiendo lo anterior y ante la diversidad tanto teórica como metodológica sobre los estudios relacionados con la cultura política, incluidas sus «realidades» complejas, es evidente la necesidad de echar mano a todos los espectros posibles para la indagación sobre las prácticas políticas y la manera como las distintas comunidades entienden su participación en dichas prácticas, sobre todo, —en el propósito de la construcción de una cultura política democrática— cuando se trata de indagar por aspectos como los señalados por Herrera y Pinilla (2001, pp. 75-76) refiriéndose a la crisis política que ha vivido el país, en cuanto al individualismo de la sociedad, partidos políticos que no responden a lo que la sociedad requiere de ellos, poca participación política de los ciudadanos, unida a la intolerancia política en los mismos, que nos dan la noción de una cultura política cuestionable propia entre los colombianos.

En todo caso, los estudios comparados que se llevan a cabo a través de encuestas, como las planteadas desde la óptica de la “cultura cívica” (civic culture) se pueden reforzar elaborando estrategias dirigidas a posibilitar entre las comunidades la construcción de una cultura política democrática basados en dichos estudios. En el caso de Colombia dichos estudios pueden ser de gran utilidad para ayudar a cumplir con el encargo que en la Constitución de 1991, se entregó a la educación en cuanto a contribuir para la formación ciudadana de los colombianos.

Así mismo, en estudios como los realizados por de LAPOP21, y publicados en el año 2012, —según los datos del Barómetro de las Américas— se observa cómo lo que

21 _{Hace referencia a “los resultados de la quinta ronda comparativa, y novena ronda en Colombia, del}

Barómetro de las Américas, la encuesta principal del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) de Vanderbilt University. En esta ronda se aborda un problema social, político y ético fundamental en las Américas: las enormes brechas que existen en términos de las oportunidades experimentadas y de los recursos disponibles para los ciudadanos de la región.” (Tomado de: Cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades, p. xvii)

entendemos comúnmente por cultura política tiene su arraigo en algunas prácticas persistentes dentro de la cotidianidad de nuestras comunidades. Según el documento, algunas de estas prácticas, por ejemplo, señalan que en lo que respecta a la participación electoral, comparada con otros países de la región, “Colombia se encuentra en el grupo de menor participación con alrededor del 60% de voto reportado.” (LAPOP, 2012, p. xxxiii) o que en temas de corrupción “Colombia en 2012 ocupa el primer lugar de percepción de corrupción de la región, con un promedio de 82 puntos en la escala de 0 a 100” (Ibíd., p. xxxv), pero, lo fundamental no son los datos mismos, sino llevar a cabo una reflexión profunda desde varias orillas, sobre todo desde la academia, en cuanto a buscar maneras para confrontar posiciones como las señaladas en el estudio de LAPOP (2012) en las que ante la pregunta por situaciones de alto desempleo, alta delincuencia y alta corrupción, “más de la mitad de los colombianos justificarían un golpe de estado en alguna de estas circunstancias hipotéticas” (Ibíd., p. xxxix). ¿En qué estaban pensando los encuestados y cuál es su formación política?

En el propósito de la construcción de una cultura política democrática estos datos no son meras cifras, son referentes de una realidad que amerita una reflexión profunda referida a la construcción de una cultura política democrática, en el sentido en que la entienden Herrera y Pinilla (2001): desde la óptica de una “ciudadanización de la política, entendida como la recuperación de esta última como una capacidad propia de los ciudadanos” (p. 73) para consolidar la institucionalidad democrática.

Un proyecto de formación ciudadana articulado al interior de las instituciones educativas y por fuera de estas tendría que encaminarse, por un lado, a “formar a los niños y jóvenes en un ambiente en el que sea posible la resolución de conflictos de una manera no violenta y en donde la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos sean los pilares fundamentales” (Herrera y Pinilla, 2001, p. 80) y por el otro, fortaleciendo “las estrategias de educación ciudadana adelantadas en algunas ciudades del país […] y en la labor de diferentes grupos sociales tendientes a la puesta en marcha de programas de democratización y resolución de conflictos, ” (Ibíd., p. 82) con las que se enfatice en el cumplimiento y comprensión de las normas y se sensibilice a las comunidades en el diseño

y creación de planes de convivencia que permitan ir modificando realidades como las que muestran los estudios realizados por el “Barómetro de las Américas”.

Independientemente de la noción que se tenga de cultura política, pues se sabe que no es un concepto unívoco, sigue siendo prioritario generar procesos que orienten a los ciudadanos hacia la construcción de verdaderos procesos de respeto, tolerancia, solidaridad y reconocimiento de la diversidad, necesarios en cualquier comunidad que persiga ideales democráticos. Una tarea en la que tienen especial protagonismo la «educación cívica y ciudadana», y en cierta medida los textos escolares,22 pues estos “son piedra ancilar en los dispositivos de la cultura política, en cuanto son voceros de los saberes legitimados como verdades y de los códigos morales vigentes para una sociedad.” (Cardona, 2007, p. 79)