Protection System Modelling

El narcotráfico es un fenómeno relacionado con la dinámica capitalista. Es una actividad productiva y mercantil que opera de manera transnacional, se realiza al margen de la legalidad y es desarrollada por organismos e individuos motivados por el lucro personal (Montúfar C. y Whitfield T., 2003:153). Rodas (2008:23-25) sugiere que los grandes empresarios del narcotráfico no son los productores nativos29 _{de la materia prima sino los grandes grupos económicos}

vinculados al capital financiero mundial. La comercialización de drogas ilícitas ha hecho que ciertos sectores levanten verdaderos imperios y que adquieran la materia prima especialmente de las regiones altas andinas, siguiendo las dinámicas del mundo capitalista (Chávez, 2008: 24).

Como actividad económica, el narcotráfico incluye actividades productivas agrícolas realizadas por pequeños productores campesinos dentro de terrenos de reciente colonización que generalmente tienen la presencia de los grupos militares insurgentes. Esta situación ha ocasionado la conocida narcoguerrilla, debido al impuesto cobrado por los grupos militares insurgentes

a los productores. Este impuesto es cobrado bajo la modalidad de “gramaje_”30_,

y constituye una de las formas de financiamiento más importantes de los grupos guerrilleros. El procesamiento de la materia prima incluye el uso de sustancias químicas y tecnología que es producida en Europa y Estados Unidos. Finalmente está el proceso de comercialización o tráfico de droga, sobre todo hacia economías desarrolladas y es precisamente en los agentes comercializadores en los que se da la mayor acumulación de capital (Montúfar C. y Whitfield T., 2003:153-154).

En varias ocasiones, los campesinos cocaleros reciben protección por parte de los guerrilleros para sus laboratorios y cultivos ilícitos, lo que dificulta la acción del ejército nacional. Esta situación hace que los campesinos apoyen

29 _{La cultura de la plantación de coca es parte de la existencia de los indígenas sobre todo en las regiones altas}

andinas. En estas regiones la coca ha sido utilizada con fines medicinales y alimenticios. Es además parte de la cultura indígena por ser utilizada como parte de sus rituales religiosos y curativos (Cháves, 2008:23-25).

30 _{El impuesto al gramaje es cobrado por los grupos guerrilleros a los agricultores y narcotraficantes por cado gramo de}

droga producido. Constituye una de las principales fuentes financiamiento de los grupos insurgentes (Montúfar C. y Whitfield T., 2003:153-154).

82 a los grupos insurgentes y en muchas ocasiones que incluso les provean de nuevos combatientes. Los grupos guerrilleros han mantenido además ciertas relaciones con los grandes narcotraficantes sobre todo en cuanto al contrabando de armamento dentro del mercado negro (Melo, 1989:6). Sin embargo, las relaciones entre estos dos grupos han sido en su mayoría conflictivas, especialmente por la tenecia de tierras y los factores productivos dentro de ellas. Un claro ejemplo de estos enfrentamientos es la guerra entre las FARC y ciertos grupos narcotraficantes durante el año de 1980 en las regiones de Meta, Guavaire, Caquetá y Putumayo (El Tiempo, 2000:1).

A partir del año 1974, comienzan a formarse los denominados carteles de droga que toman fuerza particularmente en los años 80 y 90. Los carteles que se conforman en Colombia son: el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, el Cartel de Cali, el Cartel del Norte del Valle, el Cartel de Armenia, el Cartel de Costa Caribe y el Cartel de Leticia. Se considera que los más importantes son el Cartel de Cali y el de Medellín que acaparan la mayor cantidad de cocaína salida de Colombia a Estados Unidos. La captura de los líderes de los carteles a mediados de los años 90 marcó un cambio en la organización de los carteles de droga; que pasan a ser más dispersos y más pequeños, pero continúan con todas sus actividades (Paez, 2012:6).

Paralelamente a la consolidación de esta actividad, se van generando nuevos sectores sociales que intentan tener una voz y una participación política y social, como es el caso de los narcopolíticos. Estos grupos intentan insertarse en la sociedad colombiana, lo que puede generar confrontaciones entre los sectores tradicionales dominantes y ciertos grupos subordinados contra estos nuevos actores, principalmente por cuestiones éticas. Sin embargo, se produce también dentro de la población una percepción de legitimidad hacia estas actividades, considerándolas cada vez más como socialmente aceptables (Montúfar C., Whitfield T., 2003:154).

Con el auge del narcotráfico, los niveles de delicuencia también se incrementaron (Melo, 1989:1). Dentro de los centros urbanos aparece la figura

del “sicario”, es decir asesino por encargo; generalmente jóvenes entrenados y

al servicio de las mafias del narcotráfico. Aumentaron además las actividades ilícitas que giran en torno al narcotráfico como secuestros, lavado de dinero, extorsiones, tráfico de armas (Montúfar C. y Whitfield T., 2003:155). Las

83 instituciones, sobre todo de justicia, se vieron más debilitadas y los niveles de corrupción de las autoridades colombianas llegaron a niveles sorprendentes (Melo, 1989:1). En conlcusión, se puede decir que

El problema de la droga en la sociedad colombiana ha obrado como una especie de articulador y disparador de múltiples elementos que ya estaban presentes en la realidad colombiana: corrupción, desconfianza en la política y los políticos, incredibilidad institucional, las múltiples violencias (Montúfar C. y Whitfield T., 2003:157). Como se evidencia en capítulos anteriores, Estados Unidos considera al narcotráfio como un desestabilizador de la democracia, por lo que identifica a Colombia como una área de prioridad. Las estrategias para la lucha contra el tráfico de drogas forma parte de la agenda de seguridad Estados Unidos- Latinoamérica y en este caso en particular en Colombia, en donde se refuerza la acción de las acciones antinarcóticos con el obejtivo de mantener la seguridad hemisférica. En un inicio, estas acciones se ejecutan principalmente en el marco de la Iniciativa Andina Antinarcóticos, que pasa a constituir una prioridad para la agenda de seguridad (Barreiro, 2015).