3.4 Research Design or Style
3.6.1 Reflective activity (open ended questionnaire)
promover un diálogo
político inclusivo en
Burundi fracasaron
durante 2018
la situación en el país desde hace ya más de cuatroaños. El año 2018 estuvo marcado por la preparación del referéndum sobre la reforma de la Constitución celebrado en mayo y los intentos de reactivar el diálogo entre las partes. En enero, 23 organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “Teshwa Ute” (alto) contra el referéndum. En marzo la coalición opositora en el exilio CNARED10, activistas y perdiodistas crearon
en Bélgica la plataforma Forum Citoyen para bloquear el referéndum. El presidente Pierre Nkurunziza anunció el 18 de marzo la convocatoria del referéndum constitucional para el 17 de mayo, que abría las puertas a que Nkurunziza pudiera presentarse hasta 2034 y que el mandato presidencial se prolongara de cinco a siete años. El sí ganó con el 73% de los votos, en el marco de una campaña marcada por la represión gubernamental y la intimidación hacia los votantes del no, la criminalización de la abstención (sancionable con tres años de prisión) y el llamamiento al boicot por parte de la coalición opositora CNARED. La jornada transcurrió sin incidentes, aunque la coalición opositora Amizero y ‘Abarundi denunció presiones y amenazas de los cuerpos de seguridad y sectores progubernamentales como las juventudes del partido gubernamental CNDD- FDD, las Imbonerakure. Francia y EEUU condenaron el clima de represión. Días antes del
referéndum se produjo un ataque en la provincia del noroeste, Cibitoke, contra familias de policías, que causó la muerte de 26 personas. El Gobierno responsabilizó del ataque a “terroristas procedentes de RDC”. No obstante, el 7 de junio, durante la ceremonia de la proclamación de la nueva
Constitución aprobada en el referéndum, Nkurunziza anunció que no concurriría a las elecciones de 2020, lo que fue celebrado por EEUU y Bélgica, que a su vez hicieron un llamamiento a mejorar la gobernabilidad y a abrir el espacio político.
En este contexto, las iniciativas regionales para promover un diálogo político inclusivo fracasaron. El presidente pospuso la celebración de una nueva ronda de diálogo a la celebración del referéndum, por lo que después de la proclamación en junio de la nueva Constitución, el facilitador de la EAC envió a su equipo a celebrar consultas con el Gobierno, los partidos políticos, la coalición de la oposición externa, las organizaciones de la sociedad civil, la juventud, grupos de mujeres, los grupos religiosos y los medios de comunicación para discutir sobre la celebración de la quinta ronda y su programa. La cuarta ronda, celebrada entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017, fue boicoteada por la coalición opositora en el exilio CNARED. En agosto de 2018, el Gobierno promovió una reunión en Kayanza con los diferentes partidos progubernamentales y opositores de cara a preparar el camino hacia las elecciones de 2020. La oposición estuvo dividida entre participar en la reunión pero no firmar el acuerdo,
conocido como Hoja de Ruta Kayanza 2018 (fue el caso de Sahwanya-FRODEBU y la Alianza Nacional para el Cambio, RANAC), y otros opositores que no acudieron al encuentro (A mizero y ’Abarundi, liderada por el histórico líder de la rebelión FNL, Agathon Rwasa), descalificando el acto como una forma de hacer el vacío al diálogo interburundés promovido por la EAC. El 9 de agosto el representante especial del secretario general de la ONU en Burundi, Michel Kafando, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que presionara a todas las partes para que participaran en el proceso de diálogo promovido por la EAC. Representantes del equipo de mediación de la EAC se reunieron en Bujumbura con representantes gubernamentales y de la oposición interna el 16-17 de agosto. El Gobierno anunció que participaría en el quinto período de sesiones promovido por la EAC, a condición de que fuera el último. El CNDD- FDD señaló que la Hoja de Ruta de Kayanza 2018 debía servir de base para el diálogo y exhortó a que el proceso se trasladase a Burundi, en lugar de celebrarse en el exterior del país. El equipo de mediación también se reunió con Amizero y Abarundi y otros partidos políticos de la oposición, que destacaron que había varios temas sin resolver en el programa propuesto que debían examinarse durante el diálogo, incluida la
reconfiguración de la Comisión Electoral Nacional Independiente y la elaboración de una hoja de ruta consensuada con un mecanismo híbrido para un estricto seguimiento de su aplicación.
Se acordó celebrar la quinta ronda de diálogo en septiembre en Kampala, y posteriormente la EAC se reunió con la coalición opositora CNARED entre el 5 y el 7 de septiembre en Bruselas. Tras esto, se reunieron representantes de la CNARED y de la oposición interna en Entebbe (Uganda) entre el 21 y el 23 de septiembre para alcanzar una posición común de cara a la quinta ronda que finalmente se agendó para el 25-29 de octubre. El equipo mediador consideró que existía una base para el diálogo, aunque el Gobierno estableció algunas objeciones y excusas para posponer el inicio del período de sesiones. Aparte de la celebración del 25º aniversario de la muerte del expresidente Ndadaye, y la prolongación del duelo a todo el mes, los representantes del Gobierno también objetaron que no se habían cumplido determinadas condiciones previas, a saber, que el quinto período de sesiones se centrara exclusivamente en la Hoja de Ruta de Kayanza 2018 (condiciones en torno a las elecciones de 2020) y que la lista de participantes se hiciera pública con antelación al período de sesiones. El facilitador del diálogo interburundés celebró consultas entre el 20 y el 22 de octubre con organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos de mujeres, la juventud, medios de comunicación y religiosos. El 25 de octubre, el facilitador declaró abierto el quinto período de sesiones del diálogo interburundés en Arusha (Tanzania), con 10. La CNARED está formada por 22 partidos y movimientos políticos opositores y liderada por Jean Minani, quien ha sido presidente de la
la ausencia del Gobierno, el partido en el poder y sus partidos aliados, argumentando que no participarían en una reunión que incluyera a los responsables de haber perpetrado el golpe de Estado fallido de 2015. Asistieron al período de sesiones, que acabó el 29 de octubre, 41 representantes de partidos políticos y agentes políticos de dentro y fuera de Burundi, incluidos dos ex Jefes de Estado y seis mujeres destacadas de la política y la sociedad civil. La UA reiteró su apoyo a la EAC y la UE extendió sus sanciones contra los representantes gubernamentales argumentando la falta de voluntad política para resolver el contencioso. El facilitador dio por concluido el período de sesiones el 29 de octubre. En sus observaciones finales, subrayó que había llegado el momento de reevaluar su función y el proceso de facilitación en su conjunto, y anunció que presentaría una síntesis de mínimos de las diferentes hojas de ruta presentadas en los preparativos de la quinta ronda. A finales de año se incrementó la incertidumbre acerca del proceso de paz por la decisión del Gobierno de emitir órdenes internacionales de arresto contra el ex presidente Pierre Buyoya (1987-1993 y 1996-2005) y 16 de sus colaboradores (11 militares y cinco civiles) por su presunta participación en el asesinato del ex presidente Melchior Ndadaye en 1993 –el primero elegido democráticamente–, que propició el inicio de un período de violencia en el que murieron unas 300.000 personas. Buyoya, que actualmente trabaja en la AU, declaró que estas órdenes de arresto están motivadas políticamente y que podrían sumir al país en una espiral de violencia étnica. Por su parte, la AU emitió un comunicado en el que instaba al Gobierno de Pierre Nzukuriza a no iniciar acciones políticas y judiciales que pudieran poner en riesgo los esfuerzos de construcción de paz en el país. Por su parte, el Gobierno instó a la UA a no interferir en los asuntos internos del país. Pocos días más tarde, en diciembre, el Gobierno anunció el cierre de la Oficina de Derechos de Naciones Unidas. Las relaciones entre el Gobierno burundés y la ONU se habían tensado a raíz de las denuncias que este organismo realizó por violaciones de los derechos humanos durante las tensiones generadas por la decisión de Nzukuriza de presentarse a la reelección para un tercer mandato en 2015, así como de la de reciente decisión de Burundi de retirarse del Tribunal Penal Internacional.
Género, paz y seguridad
Desde enero de 2015 ONU Mujeres ha dado apoyo a la creación de una red de mujeres que, junto a las autoridades locales y la sociedad civil, ha contribuido a fortalecer la efectiva participación de las mujeres en iniciativas de mediación a nivel local y nacional. Esta red, conocida como Abakanguriramahoro (Women Network for Peace and Dialogue), cuenta con 534 mediadoras pertenecientes a más de 200 organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en las 129 municipalidades del país. Esta red ha participado y
contribuido a la resolución de miles de conflictos de base local pero a partir de la escalada de la violencia en abril de 2015, han iniciado y participado en iniciativas de diálogo en todas las provincias del país con los partidos políticos, los cuerpos de seguridad y la sociedad civil, convirtiendo esta red en un actor todavía más relevante.
RCA
Actores
negociadores Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias
antibalaka
Terceras partes Iniciativa Africana para la Paz y la
Reconciliación (UA y CEEAC con apoyo de la ONU, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant’Egidio, ACCORD, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Center for Humanitarian Dialogue, Rusia, Sudán
Acuerdos relevantes
Pacto republicano para la paz, la
reconciliación nacional y la reconstrucción en la RCA (2015), Acuerdo de Cese de Hostilidades (junio de 2017), Hoja de Ruta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Libreville, julio de 2017)
Síntesis:
Desde su independencia en 1960, la situación en la República Centroafricana se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Tras las elecciones de 2005, en las que venció François Bozizé y que consolidaron el golpe de Estado perpetrado previamente por éste, surgen diferentes movimientos insurgentes en el norte del país, marginado históricamente y de confesión musulmana, que en diciembre de 2012 forzaron la celebración de negociaciones. En enero de 2013 en Libreville el Gobierno de François Bozizé y la coalición de grupos armados, llamada Séléka, acordaron un Gobierno de transición pero Séléka decidió romper el acuerdo y tomó el poder derrocando a Bozizé. No obstante, milicias de autodefensa (“antibalaka”), sectores del Ejército y partidarios de Bozizé se rebelaron contra el Gobierno de Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizada, y en diciembre de 2014 una nueva ofensiva puso fin al Gobierno de Séléka y se configuró un Gobierno de transición liderado por Catherine Samba-Panza. Los líderes regionales, encabezados por el congolés Denis Sassou-Nguesso, facilitaron iniciativas de diálogo en paralelo a la configuración de un proceso de diálogo nacional. El proceso de diálogo nacional culminó en mayo de 2015. Algunos de los acuerdos alcanzados fueron implementados, como la celebración de las elecciones en 2015 y 2016 que pusieron fin a la fase de transición. No obstante, la ventana de oportunidad tras las elecciones fue temporal y no se consiguieron generar las condiciones para iniciar un proceso de paz inclusivo que pudiera facilitar el desarme y la reconciliación, lo que ha comportado la persistencia de la inseguridad y la violencia. Las diferentes iniciativas regionales han confluido en un único marco negociador, la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación puesta en marcha a finales de 2016, bajo los auspicios de la UA y de la CEEAC con el apoyo de la ONU, que estableció en julio de 2017 la Hoja de Ruta de Libreville.
La situación continuó marcada por la persistencia de la violencia y los enfrentamientos en diferentes partes del país y los intentos de facilitación de iniciativas de diálogo