RESEARCH STRATEGY – CASE STUDY

Una de las dificultades con la que se encontraron los novatores a finales del siglo XVII, fueron las escasas y anquilosadas instituciones existentes, las cuales supusieron un serio obstáculo en la difusión de sus ideas.

Uno de los ejemplos más destacados fueron las universidades, que durante gran parte del siglo XVIII se mantuvieron alejadas de las ideas renovadoras. Fueron centros relegados a la creación y difusión ideológica, con un escaso poder científico. En general, las universidades ignoraron la ciencia y en consecuencia las figuras más representativas de la renovación científica y tecnológica no estuvieron vinculadas a ellas.

Para solucionar este problema, los sucesivos gobiernos borbónicos dedicaron grandes esfuerzos a la creación de nuevas instituciones científicas. Estos centros de orientación plenamente moderna, se dotaron de un cuerpo más o menos estable de científicos capaces de recoger y asimilar los saberes modernos. Entre sus tareas figurarían la investigación, reintroducir la enseñanza científica de alto nivel entre las instituciones docentes, así como integrar esos conocimientos a nivel práctico en la industria y las instituciones.

El mayor número de centros de nueva creación que se constituyeron dependían de una forma directa o indirecta de la Corona, aunque también se crearon otros por iniciativas promovidas por asociaciones. Estos centros de carácter ilustrado no se fundaron únicamente en la metrópoli, sino también en las colonias, en relación o con independencia de las expediciones científicas.

La estrecha relación entre los intereses de los novatores y de la nueva dinastía se pone de manifiesto cuando Felipe V, apenas llegado

21

al Reino, decide convertir una de sus eruditas tertulias de provincias en la Real Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla (1700). Esta institución científica organizada por los novatores fue la primera academia médica europea.

Las academias fueron una de las instituciones fundamentales en la tarea de la difusión científica. Su importancia fue notable si se considera que el desempeño de esta función era nulo en las universidades, debido al decadente estado en el que se encontraban.

En España la creación de las primeras academias hay que situarla en el siglo XVII y al igual que en el resto de países europeos, su origen está asociado a las tertulias o reuniones privadas. Sin embargo, su número se multiplicó con la llegada de los Borbones, siendo un ejemplo del impulso que la Corona quiso dar a la educación de sus súbditos.

Durante el reinado de Felipe V también se creó en 1704 la Conferencia Físico-Matemática Experimental, posteriormente denominada Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Fue la primera de su clase en España y constaba de secciones dedicadas a las matemáticas, la electricidad, el magnetismo, la química o la historia natural.

A éstas les siguieron entre otras, las Academias de Ingenieros Militares de Barcelona (1715), de Guardiamarinas de Cádiz (1717) y del Real Seminario de Nobles de Madrid (1724). Se consigue así la aparición y consolidación de algunos centros que aseguraban una difusión más estable para las nuevas ideas.

Este proceso continuará con Fernando VI, algunas de las novedades más importantes acontecidas durante su reinado fueron los Colegios de Cirugía de Cádiz (1748) y Barcelona (1760), la fundación del Observatorio de Marina de Cádiz (1753), la Real Sociedad Militar de Madrid (1757), la Academia de Artillería de Barcelona (1750) o la de Ingenieros de Cádiz (1750) entre otras. Sin duda, una de las figuras más destacadas fue el marino Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt

22

(1716-1795), quien promovió en 1752 la creación del Laboratorio Químico Metalúrgico, centro también llamado Real Casa de la Geografía y Gabinete de Historia Natural. Fue también el encargado de realizar las gestiones que permitieron la llegada a nuestro país de un selecto número de científicos y técnicos extranjeros.

De las instituciones que en cierta manera dependían de la iniciativa privada destaca la Real Junta de Comercio de Barcelona (1758). Una de sus funciones fue dotar a la ciudad de enseñanzas que suplieran la ausencia de instituciones universitarias y así, organizó entre otras, escuelas de náutica, botánica, química o mecánica.

Durante el reinado de Fernando VI, las nuevas instituciones están mayoritariamente vinculadas al aparato militar del Estado, lo que consolidará el proceso de militarización de la ciencia española, unos de los rasgos más acusados de nuestra Ilustración. A lo largo del siglo XVIII la práctica totalidad de las actividades científicas están vinculadas jurídica o financieramente, directa o indirectamente, al ejército. Los programas de renovación del ejército y la marina exigían técnicos capacitados para desarrollar tareas prácticas. Su personal cualificado era un buen ejemplo de la relación entre ciencia y utilidad. Además, el ejército y la marina eran instituciones más fáciles de mover y controlar desde el aparato central del Estado. Se evitaba así que fueran las instituciones civiles las encargadas de implantar el programa de reformas, unos cambios radicales que podían ser incómodos para la Corona y precipitados para el país.

Con esta política, se conseguirá incrementar progresivamente la presencia de militares en las instituciones científicas. Esto explica que la introducción de las matemáticas, la cirugía, la terapéutica, la química, la metalurgia o la náutica, estén canalizadas a través de las iniciativas promovidas por el ejército y la marina. Finalmente la superposición de las estructuras docentes y científicas con las militares, acabó generando conflictos entre la administración académica y la militar. Los militares buscaban una aplicación práctica

23

e inmediata de los conocimientos, preferentemente a intereses bélicos. Igualmente abusaron del uso de técnicos y de tecnología extranjera que en muchos casos obtuvieron a través del espionaje. De alguna forma invadían continuamente las competencias y los intereses de los docentes civiles, que casi nunca tuvieron tiempo de preparar a personal autóctono de reemplazo. En definitiva, las actividades realizadas desde el ejército y la marina no fueron acompañadas de un compromiso de reforma de la estructura social, política y productiva del país (Lafuente y Peset, 1984; Andújar, 1991; Balaguer y Giménez, 1995; Valdevira, 1996).

Con la llegada de Carlos III se crearon nuevas instituciones y se pusieron en marcha otras proyectadas en el reinando anterior. Entre estas últimas se encuentran las que fueron claves en el campo de la historia natural; algunas de ellas llegaron incluso a estar consideradas entre las más importantes del panorama mundial.

El Real Jardín Botánico de Madrid es una de las instituciones puente entre los dos reinados. Fue un centro creado e inaugurado por Fernando VI el año 1755. Ese año el monarca cedió el Soto de Migas Calientes, uno de los lugares reales en torno a Madrid, para instalar esta nueva institución. Sin embargo, tuvo su máximo apogeo a partir de 1781, coincidiendo con la decisión de Carlos III de realizar su traslado y ampliación al lugar que ocupa en la actualidad. El Jardín Botánico representó una de las instituciones más importantes a nivel mundial en el campo de la botánica. Una de sus aportaciones fundamentales fue la de promover y centralizar las grandes expediciones botánicas españolas, en su mayoría encabezadas por naturalistas que habían estudiado en la escuela del propio Jardín Botánico. Antes de finalizar el siglo se crearon nuevos jardines botánicos en algunas ciudades españolas como en Barcelona o Cartagena.

Otra de estas instituciones puente, fue el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Fue fundado igualmente por Fernando VI

24

en 1752 por recomendación de Antonio de Ulloa, pero su actividad cesó al cabo de unos años. En 1771 el padre agustino Enrique Flórez de Setién (1702-1773) convenció a Carlos III de retomar el proyecto y de la conveniencia de comprar las colecciones de Pedro Franco Dávila (1711-1786). El gabinete acabó siendo uno de los Museos de Historia Natural más importantes de Europa.

En 1777 se creó la Escuela de Minas de Almadén, la primera escuela de estas características en nuestro país y la tercera de Europa. Su ubicación se hizo en el principal distrito minero del Estado y supuso el comienzo de la enseñanza de la minería de una forma organizada.

En 1789 se fundó la Real Escuela de Mineralogía, a la que se uniría el Laboratorio Químico Metalúrgico. Ambas instituciones dependían del Ministerio de Hacienda y estaban dirigidas por el químico francés Francisco Chavaneau (1754-1842). Hasta 1799 funcionaron en la capital tres laboratorios de química dependientes del Estado, a los que se unía el laboratorio de química de la Academia de Artillería de Segovia dependiente del Ministerio de Guerra.

En 1788 Carlos III tomó la decisión de crear un Real Gabinete de Máquinas, proyecto que no se puso en marcha hasta los años 1791- 1792, bajo el reinado de Carlos IV. El gabinete, instalado en una de las alas del palacio del Buen Retiro, se transformó en 1802 en la Escuela de Caminos y Canales. También en el mismo recinto, se instaló en 1790 el Observatorio Astronómico, al que cuatro años más tarde se unió una escuela de instrumentos astronómicos y físicos.

En 1752 los científicos españoles Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) y Antonio de Ulloa, desarrollaron un detallado plan para la creación de una Real Academia de Ciencias a semejanza de las existentes en el resto de países europeos. El proyecto lo presentaron a Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada (1702- 1781), pero se truncó en 1754 debido a su destitución.

25

La Academia estaba concebida como un organismo dedicado a la investigación y a las enseñanzas teóricas y prácticas. Estaría constituida por una asamblea restringida a sabios, pero con la misión específica de planificar la investigación y ordenar la enseñanza de las ciencias. Fuera de estas directrices generales, los diversos organismos integrados conservarían plena autonomía.

El proyecto se retomó años más tarde por Carlos III y su Secretario de Estado José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca (1728-1808). En 1785 se encargó al arquitecto Juan de Villanueva (1731-1881) la construcción de un nuevo edificio en el Prado viejo de San Jerónimo, junto al Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico. Este edificio además de la Academia de Ciencias debería albergar entre otros, una Universidad de Ciencias y el Real Gabinete de Historia Natural. Sin embargo la Academia no se creó hasta 1834 y nunca llegó a ocupar este edificio, que finalmente en 1819 fue destinado a museo de pinturas, el actual Museo del Prado.

Como ya se ha comentado, la creación de instituciones científicas también se extendió a las colonias. Uno de los mayores exponentes fue el Colegio de Minería de México. Concebido en tiempos de Carlos III e inaugurado en 1792, fue la institución científica de mayor importancia que la Corona española creó en su territorio colonial. Su origen y desarrollo supusieron la entrada de la ciencia moderna en la Nueva España, en especial en los sectores más relacionados con el aprovechamiento de los recursos minerales del territorio.

Sin ninguna duda, una de las instituciones clave y que mayor apoyo tuvieron en el reinado de Carlos III fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País. El Gobierno las utilizó para la difusión de los conocimientos útiles y los inventos, para la educación y para que sirvieran de apoyo a su política económica. Funcionaron como activos núcleos de enseñanza y trabajo científico, sobretodo en relación con las denominadas artes útiles. La primera, la Sociedad

26

Bascongada de Amigos del País, se fundó en 1765 y fue una de las más brillantes instituciones científicas españolas. Una década después Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802), procurador del Consejo Supremo de Castilla y uno de los más activos y populares colaboradores de Carlos III, fue el principal responsable de promover la creación de nuevas Sociedades Económicas en España durante el último cuarto de siglo.