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El análisis de este último tramo final del siglo XX en la Argentina, período de profundización y extensión del deterioro en las condiciones de vida de la población, evidencia una fragmentación y polarización social generadas por la práctica de un estilo de desarrollo de ajuste expansivo en la faz económica y excluyente en el orden social (Riviere, 2005).

El proceso contemporáneo de desintegración social y territorial se manifiesta como un nuevo mecanismo de exclusión social y segregación espacial, configurando un mosaico diverso de subespacios y cuyos orígenes se remontan a fines de la década del setenta, continua en la siguiente y alcanza su máxima expresión durante los años noventa. En el año 1976 se estableció un nuevo bloque dominante resultante de una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales. El gobierno militar tenía un objetivo básico independiente del económico que apuntaba al disciplinamiento social generalizado. Se dio implícitamente por terminada la industrialización sustitutiva de importaciones como meta central del proceso de desarrollo.

Los principales beneficiarios de la política económica fueron los grandes grupos nacionales y empresas transnacionales que, por su grado de concentración y diversificación, lograron adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones económicas. Por tanto, los perjudicados fueron los asalariados que vieron sus ingresos reducidos y las pequeñas y medianas empresas que no pudieron adaptarse.

No obstante, a fines de los setenta y principios de los ochenta existía una economía imaginaria favorecida por la llegada de gran cantidad de dólares provenientes del

espectacular crecimiento del precio del petróleo, los cuales eran depositados en bancos que brindaban elevadas tasas de interés. Las fuentes de inversión pasaron a interesarse en la especulación financiera, que se sumaron a un fuerte endeudamiento estatal y al empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Las inconsistencias en las políticas económicas, debido a los déficits fiscales llevaron a un fuerte aumento de la inflación, con dramáticas devaluaciones y enormes transferencias de ingresos (Cortés Conde, 1998:133). La mejor manera de obtener importantes ganancias ya no pasaba por emprendimientos productivos, sino por los de carácter financiero y especulativo. Los argentinos se especializaron en descubrir métodos para obtener del Estado rentas económicas. Esa inversión en tiempo y en recursos, en conocer los procedimientos y las personas adecuadas, concluyó en la formación de poderosas redes de intereses (Cortés Conde, 1998: 115).

A partir de la reapertura democrática de 1983 muchos actores sociales anteriormente excluidos volvieron a participar en la actividad política, aunque no pudieron evitar los efectos descendentes en los que se encontraba la economía. Sí se pudo frenar, momentáneamente, la indiscriminada apertura del período anterior que tanto afectó a la actividad comercial local. De todas maneras, la presencia de un mercado interno cada vez más contraído impidió dinamizar la economía que, por el contrario, se estancó por varios años.

El resto de la década estuvo signada por un creciente déficit fiscal debido a la caída de la recaudación y a la deuda externa, que seguía incrementándose por acumulación de intereses, conformando una economía cerrada e ineficiente. Para entonces, ya se habían acabado las grandes bolsas de recursos acumulados, como en otros tiempos habían sido los excedentes del comercio exterior o los provenientes de las cajas de jubilaciones. La existencia de un Estado muy debilitado impidió que pudiera cumplir sus objetivos económicos: reactivación del mercado interno y la movilización ociosa del aparato productivo. Todo desembocó, a fines de la década, en una hiperinflación que terminó por recortar los salarios de la clase media.

El nuevo modelo impuesto en 1990 se dedicó a aplicar la receta liberal. Su principal logro, obtenido a grandes costos sociales, fue el de acabar con la hiperinflación y estabilizar la economía a partir de la ley de Convertibilidad que ataba la moneda local al dólar. El nuevo rumbo profundizaba las políticas de apertura y desregulación económicas ensayadas desde mediados de la década del setenta.

Se liberaron los precios y la importación, a la vez que se suprimieron las políticas de promoción industrial. El Estado renunció a toda regulación sobre el mercado financiero, permitiendo mayor presencia de la banca privada. La nueva política también alcanzó el plano laboral por medio de la flexibilización de los contratos de trabajo. Los indicadores sociales reflejaban el modo en que los efectos de la contracción económica se distribuyeron entre la población en ese periodo.

El compromiso de no emitir obligó al Estado a una drástica reducción de sus gastos, que resolvió desprenderse de todas sus empresas, mayoritariamente deficitarias, las cuales fueron privatizadas y, en otros casos, cerradas. Hubo una caída sustancial de los salarios reales, un rápido crecimiento del desempleo y del subempleo; asimismo, el gasto público social per cápita fue severamente recortado (Halperín Dongui et al, 2002:394). Esto provocó las transferencias y despidos de personal, a lo que se le sumó la paralización de las obras públicas y el recorte presupuestario en todas las áreas, incluyendo salud y educación. El explosivo crecimiento del desempleo y el subempleo estructural marcaron tendencias cada vez más desalentadoras en las condiciones de vida de la población y una distribución del ingreso con un perfil de creciente regresividad (Rofman y Romero, 1997: 275).

La serie de medidas adoptadas favorecieron la llegada de capitales extranjeros, algunos de carácter especulativo, atraídos por altas tasas de interés. La estabilización de la economía más la puesta en marcha del Mercosur permitieron un fuerte aumento de la productividad industrial y de las exportaciones. No obstante, esto se produjo a costa de la desaparición de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas productivas respondiendo a un perverso sistema que, en lugar de apoyar al productor, lo castiga y lo conduce, inexorablemente, a su eliminación del mercado (Rofman y Romero, 1997: 274).

Queda explícito que el modelo afectó de modo diferencial a los actores sociales, privilegiando a un conjunto de grandes aglomerados empresariales, que lograron tomar parte activa en el proceso de privatizaciones (Rofman y Romero, 1997:281). De esta manera, la etapa se distinguió por la presencia de una muy pequeña clase alta en curso de enriquecimiento coexistiendo con una clase media, numéricamente mayor, en curso de empobrecimiento relativo y una clase obrera con perspectivas de empobrecimiento absoluto.

En resumen, las políticas implementadas a principios de la década del noventa fueron efectuadas, a grandes rasgos, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

* Privatización: se fundamenta la privatización en la necesidad de aliviar la crisis fiscal, incrementar la eficacia de los servicios públicos y evitar las irracionalidades que provocaban su carácter gratuito. Involucra la introducción o aumento del arancelamiento de los servicios y la introducción de criterios de negocio y de ganancia, con fuertes impactos en su calidad y cobertura. El arancelamiento es visto como un medio de relevar a los organismos prestatarios de su carga financiera y de asegurar que los servicios sean demandados por quienes realmente los necesitan, evitándose el derroche de recursos.

* Focalización: dada la contracción de los fondos asignados a la política social, se busca garantizar, hasta donde sea posible, que los recursos lleguen efectivamente a quienes están dirigidos. Así, la focalización obliga a racionalizar el sistema de apoyo social a los sectores más pobres de manera que su funcionamiento sea más eficiente.

* Descentralización: esta característica del modelo neoliberal busca que las decisiones referidas a la política social sean asumidas por agencias gubernamentales de menor nivel (provincias, departamentos o municipios) y eventualmente, por organizaciones de la población interesada y organizaciones no gubernamentales. Nuevamente, el objetivo declamado es asegurar la mayor eficacia en la distribución de los recursos escasos. Los programas de ajuste macroeconómico y las políticas neoliberales derivadas de ellos no incluían una agenda de desarrollo social, ya que este último era considerado un aditamento de lo económico; la pobreza es, en definitiva, un producto de las ineficiencias intervencionistas pasadas, que se eliminará por efecto derrame generado por el accionar indefectible y autónomo del mercado (Vilas, 1999: 936-940).

Por último, una de las consecuencias de la indiscriminada apertura de la economía fue que el mercado local estuvo muy expuesto a las fluctuaciones de la economía internacional; tal fue el caso de la crisis mexicana de 1995 y la malaya tres años después, la cual fue el inicio de la depresión que hizo eclosión a fines del año 2001. La experiencia Argentina fue especialmente elocuente ya que había sido la enseña del tipo de reforma que el Fondo Monetario Internacional había alentado en los países en desarrollo (Stiglitz, 2003: 354).