5.5 Conclusion
6.2.1 Sequential Pattern-based Methods for Sequence Representation
Las conclusiones que pueden extraerse de todo lo expuesto hasta el momento son bastan- te claras. Estamos ante una reforma realizada sin una reflexión de fondo particularmente cuidada que ha derivado en una ley con poca capacidad de transformación sustancial de la Administración local española más allá de tratar de imponer ciertos recortes en la prestación de algunos servicios públicos, ya sea por vía directa (prohibiendo a los ayuntamientos hacer muchas de las cosas que hasta la fecha venían realizando), ya por vía indirecta (alejando la toma de ciertas decisiones sobre la prestación o no de los servicios, así como sobre su nivel de calidad, de los niveles más próximos a los ciudadanos y eliminando con ello presión democrática sobre la mejora de los mismos).
Una de las áreas donde esta afección es a día de hoy ya más visible son los servicios sociales. Los recortes derivados de la crisis, que se han cebado sobre este pilar del Estado del bienestar hasta el punto de permitir un creciente cuestionamiento de la naturaleza social del mismo,32ven cómo a la intrínseca debilidad de estos servicios en España por razones
históricas se añade ahora una ley que dificulta que las Administraciones que más se han vol- cado en su gestión, las locales, puedan en muchos casos seguir dedicándoles fondos. Las reglas que han limitado las competencias locales en esta materia, de hecho, y aun inter- pretadas de forma que garanticen la continuidad de los servicios ya prestados, están tenien- do no pocas consecuencias: desde proyectos que ya no se ponen en marcha a programa- ciones plurianuales que en un entorno de incertidumbre optan por la paulatina desaparición de todo lo que no se considera esencial. A la luz del nuevo art. 25 LRBRL pareciera, de hecho, que la competencia municipal no pueda ir más allá de la pura atención a pobres de solemnidad asociada a la rancia idea de beneficencia. Se trata de un retroceso histórico que revela el carácter regresivo y antisocial, peligrosísimo, de la reforma local, al menos en este punto. Y, muy probablemente, se trata también de un reflejo de hasta qué punto la reforma se ha meditado poco, pues cuesta creer que estas consecuencias, de las pocas repercu- siones prácticas que por el momento sí está teniendo la nueva ley amén de mayores obli- gaciones burocráticas de los ayuntamientos a la hora de actuar, y que por lo demás supo- nen un ahorro mínimo (y en Administraciones públicas como las locales, relativamente sanea das), hayan sido en verdad las deseadas por el legislador.
En definitiva, lo que hemos visto hasta la fecha en cuanto a la aplicación de la norma refuerza lo que venimos diciendo de la reforma local acometida en España en 2013. Se trata de una reforma incoherente y descafeinada, pero además equivocada en su orientación y peligrosamente antidemocrática y antisocial en sus fundamentos últimos. Una reforma que
es reflejo de una manera muy pobre de interpretar tanto las orientaciones que provienen de la Unión Europea como las propias nociones de racionalización y sostenibilidad en que dice inspirarse la ley. Una puesta en práctica más razonable de las mismas habría debido obli- gar a una reflexión de fondo, como ha ocurrido en otros países, sobre la coordinación de los diversos niveles administrativos y la conveniencia de modelos flexibles, democráticos y par- ticipativos, suprimiendo aquellos innecesarios y respetando siempre el principio de subsi- diariedad. Se trata, por último, de una ocasión perdida que, además, puede suponer (de hecho, está suponiendo ya) retrocesos de cierto relieve en las prestaciones sociales que reciben los ciudadanos más desamparados en los niveles en que más esencial es que éstas se mantengan para preservar ese mínimo de igualdad de oportunidades y la red de seguri- dad básica exigible en un Estado social. Puede decirse, por ello, que la reforma no sólo es un ejemplo de un proceso legislativo mal desarrollado (cambia pocas cosas de forma pro- funda a cambio de generar graves trastornos sin haber logrado iniciar una reforma verda- deramente profunda de nuestra estructura de niveles administrativos) sino que además pone en grave riesgo la acción social en materia educativa, sanitaria, de dependencia, etc. que muchos municipios han venido desarrollando durante estos años, aun sin ser compe- tentes y teniendo por ello que detraer recursos en principio destinados para otras funciones, por la evidencia de su necesidad. Resulta cuando menos inquietante que esta cuestión no haya sido atendida por el legislador ni aparentemente haya preocupado a quienes han pro- tagonizado este proceso.
Nº 129 2015, pp. 37-51
de relaciones ecosociales y cambio global
El impacto que ha tenido la actual crisis económica sobre las haciendas muni- cipales se ha acentuado notablemente al depender en gran medida sus ingre- sos del pulso de la coyuntura inmobiliaria. El pinchazo de la enorme burbuja inmobiliaria hizo que los ingresos de las Administraciones locales y regionales cayeran en mucho mayor medida que la renta nacional o el IRPF, al depender más de figuras tributarias relacionadas con las plusvalías y el crecimiento inmobiliario. Ahora, cuando la crisis induce a revisar el modelo de financiación de estas Administraciones, parece importante subrayar que no cabe enjuiciar la financiación y la gestión municipal sin tener en cuenta el modelo inmobi- liario del que forman parte. El autor expone una breve reflexión, que será completada en número siguiente de Papeles con un estudio comparado más amplio sobre este tema capital.
E
s preciso reconocer que, en nuestro país, la financiación de los Ayuntamientos ha contribuido a reforzar el peculiar modelo inmobiliario cau- sante, tanto de la espectacular burbuja inmobiliaria que nos ha tocado vivir durante más de un decenio, como de la grave crisis que le sucedió. Como se propone en el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico,2010 (LB),que he tenido el placer de codirigir con José Fariña,esta crisis debería invitarnos a revisar el régimen de financiación de los Ayuntamientosy, por encima de este, el modelo inmobiliario al que ha venido sirviendo.
Aunque el LBse centre en el planeamiento, no puede ignorar la financia- ción de los Ayuntamientos, avalando la necesidad de tratarlo en esta revista,
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