Static electromagnetically induced transparency

Desde la década de los 80´s, los países latinoamericanos incorporaron a nivel de sus agendas políticas, las llamadas Políticas de Ajuste Estructural (PAE). Mediante éstas se perseguía la solución de una serie de problemáticas producto del modelo intervencionista, en el marco del cual el Estado tenía el rol principal de satisfacer las necesidades de la población. Debido a las fuertes críticas y a la poca eficiencia que había demostrado tener este modelo, se extendió la necesidad, a partir de las sugerencias por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de implementar un modelo mucho más eficaz y eficiente en materia económica (Peláez & Rodas, 2002). Mediante un ajuste estructural se pretendía conseguir estabilidad económica y mejorar las tasas de crecimiento (Bakker, 1999).

Las medidas tenían como fundamento el Consenso de Washington, en el marco del cual se proponen diez puntos a seguir en materia de reforma política: 1) Disciplina fiscal en aras de garantizar excedentes presupuestarios, 2) Desvío de las prioridades del gasto público en dirección de áreas más productivas, 3) Reforma fiscal encaminada a bajar las tasas de impuestos, 4) Liberalización de los mercados financieros, 5) Mantenimiento de tipos de cambio estandarizados y

competitivos, 6) Liberalización del comercio, supresión de las contingencias y baja de aranceles aduaneros, 7) igual tratamiento a las inversiones extranjeras directas que a las internas, 8) privatizaciones, 9) Desregulaciones; también de los sectores con fines sociales, 10) Garantía de los derechos de propiedad (Serrano, 2005, pág. 16)

Sin embargo a pesar de no establecer explícitamente un enfoque de política social, estas máximas configuraban y moldeaban de forma directa lo concerniente

a “lo social”, dado que según Serrano (2005) estas se encaminaban a concentrar

sus esfuerzos y políticas, sobre la población más pobre y los grupos socialmente vulnerables, estableciendo así herramientas de gobernabilidad que permitieran legitimación de las reformas exigidas por el mercado. Dicha pretensión, como lo

retoma la autora de Vilas, “se relacionaba directamente con la política económica

por vía eminentemente pasiva: liberar recursos financieros para la acumulación y prevenir tensiones sociales en situaciones límites” (Calvento, 2006, pág. 17). Es así como las políticas sociales pasan a ser parte de toda una estrategia de crecimiento económico sostenible combinado con equidad. Como lo sugieren Núñez y Espinosa (2007) la pobreza se debe combatir, debido a que reduce la productividad de las poblaciones afectadas, disminuye sus ingresos, su capacidad de ahorro y sus posibles inversiones, así como disminuye la capacidad de compra en los mercados, limitando la expansión de producción (pág. 9) .

Como lo exponen Serrano (2005) y Ochoa (2010), la política social está presente en el decálogo del Consenso de Washington y en general en las premisas neoliberales con las siguientes características:

 Descentralización del Estado, dándole cabida a gobiernos municipales, provisionales y el sector privado para efectuar la asistencia social y que el Estado asumiera prioridades de índole económica (Strugo & Sxterenlicht, 2011).

 Privatización de las empresas y los servicios públicos, generando incrementos en la participación privada de prestaciones y gestiones directas de servicios.

 Política sectorial y programas de desarrollo, retomaba la visión clásica de incrementar el gasto sectorial a salud, vivienda y educación, a lo que se le suma el desarrollo, y la gama de sectores articulares, segmentos de población o categorías específicas de territorialidad.

 Redirección y reducción del gasto público bajo el criterio de la focalización, oponiéndose al universalismo propio del anterior modelo, se dejaba de abarcar a la totalidad de ciudadanos y se pasa a hacer foco en los sectores más vulnerables y excluidos (Strugo & Sxterenlicht, 2011).

Tal como se puede observar, mediante las políticas de ajuste se anula al Estado como benefactor y se profundiza el carácter residual y marginal de las políticas sociales frente a los planes macroeconómicos, restringiendo y limitando sus beneficios al conjunto de la población (León, Mujeres, género y desarrollo., 1996). No todas las personas cuentan con acceso a los beneficios de las políticas sociales, el modelo apunta a escoger ciertos sectores y población de forma focalizada para garantizar de forma eficaz los avances en materia social, concentrar el gasto público y desmantelar los servicios universales (Sojo, 2003).

Retomando la última característica, la política social se centra principalmente en las poblaciones más pobres y en los sectores y grupos sociales más vulnerables. En palabras de Cecchini y Martínez (2011), el foco se genera con la intensión de racionalizar los recursos escasos y prevenir el riesgo de que las familias caigan o permanezcan en la pobreza. En la misma lógica, Soriano y otros (2012), exponen que este método de focalización se sustenta exclusivamente en el análisis de carencias de las familias para adquirir en el mercado una canasta familiar, así como para adquirir los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades (pág. 29).

Si bien las políticas están dirigidas a este tipo de población, se evidencia que algunos sectores, por sus propias características, experimentan mayor vulnerabilidad, es decir, ciertos grupos sociales viven la pobreza más drásticamente que otros, como el caso por ejemplo de las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores (Cano Soriano, 2012). Se reconoce, en palabras de Portilla (2005) que hacen parte también de los vulnerables dentro de los vulnerables; los enfermos, los niños y los discapacitados, y que todos estos actores en el marco neoliberal, tienen un papel importante ya que los intentan incorporar a la solución de los problemas, para garantizar la eficacia y eficiencia de los programas sociales, constituyéndose, entonces estas poblaciones en grupos prioritarios para la atención.

Las mujeres en las políticas sociales neoliberales.

Teniendo en cuenta la importancia que representa la eficiencia en el modelo implementado y que su premisa parte de considerar que a mayor participación de los sectores sociales vulnerables en el desarrollo y en el crecimiento económico, mayores niveles de equidad entre hombres y mujeres, se fija la atención en las mujeres y se suman a la lógica de las agendas sociales en los países latinoamericanos (Serrano, 2005).

Es así como las mujeres al ser ubicadas como pobres dentro de los pobres, pasan a constituirse en un sujeto prioritario de las políticas sociales en el marco neoliberal. Pero es de resaltar que, mediante dichas políticas no se busca solucionar las condiciones estructurales que reproducen su situación de inequidad, sino que se persigue incorporarlas como sujetos eficientes al sistema, dadas el aporte que pueden hacer al desarrollo económico.

Si partimos de la vulnerabilidad de las mujeres como grupo social y de la noción de que las mujeres son las pobres dentro de los pobres, tenemos que identificar las razones o motivos de esta aseveración. Retomando a Arredondo Velázquez (2012) quien cita a Arriaga (2006), “las mujeres son pobres por razones de

discriminación de género, el carácter subordinado de la participación de las mujeres limita sus posibilidades de acceder a la propiedad y control de recursos económicos, sociales y políticos, cuando se habla de los recursos económicos, se hace referencia al trabajo remunerado al que acceden en condiciones de

desigualad lo que limita su acceso al mercado laboral” (pág. 41).

Estos rasgos, entre muchos otros que no mencionamos10_{, hacen que las mujeres}

vivan la pobreza de forma más extrema, y se encuentren con mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Aunque el modelo neoliberal con las políticas sociales las ratifican como focos centrales de las mismas, brindándoles una mayor importancia, no es fundamentalmente por las anteriores razones. En este sentido, las políticas de ajuste estructural, privilegian la productividad y eficiencia y bajo esta presunción la incorporación de las mujeres a las agendas sociales, también se inclinan y tienden a priorizar las cuestiones económicas por encima de todo; a pesar que las mujeres han estado vinculadas directamente a características específicas, por las cuales se reconocen sus roles reproductivos; es con este enfoque y bajo este modelo que se tienen en cuenta, sobre todo, sus roles productivos (León, 1996)

Frente a lo anterior, es necesario resaltar que la inclusión de las mujeres en las políticas sociales neoliberales es ambivalente. Por un lado mediante los programas sociales, se hace un especial énfasis en tres supuestos: la maternidad como el rol más importante desempeñado por ellas, el papel de la crianza de los hijos como la tarea más efectiva y el de consumidora y usuaria de recursos (Peláez & Rodas, 2002, pág. 10). Así, se enfatiza en la necesidad de que las mujeres pudieran asumir trabajos comunitarios, o voluntarios, apoyando a los más necesitados. Debido a su carácter vulnerable, (junto con discapacitados y

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No mencionamos todos los rasgos que manifiestan que las mujeres exploran de forma más violenta y radical los efectos de la pobreza, ya que excede el tema que estamos tratando en la investigación. De igual forma sugerimos que para mayor documentación, se remitan a los informes de la ONU.

enfermos) se destaca de ellas su función reproductiva y de responsabilidad en la familia.

Como ejemplo de esta tendencia, podemos citar al programa Familias en Acción, una de las estrategias bandera del Plan de Desarrollo 2006 – 2010, cuyo objetivo era el reducir los niveles de pobreza y de vulnerabilidad de hogares rurales y urbanos. Operativamente hablando, mediante este programa, con el fin de bajar los niveles de pobreza y vulnerabilidad, entrega a las madres de familia (en hogares con jefatura masculina y con jefatura femenina) un apoyo económico directo, a cambio de la realización de actividades específicas directamente relacionadas con el cuidado y la crianza de niños y niñas. Ochoa (2010), observa,

que dicha estrategia es una mezcla de “atención y cuidado”, donde la primera es

realizada por el Estado, a través del subsidio otorgado; y la segunda, corresponde a las mujeres, dado que en el marco del programa, se conceptúan como los agentes más importantes, en relación a lo reproductivo. Siendo una estrategia estatal pensada para avanzar en la seguridad alimentaria y nutricional, de las poblaciones más pobres y vulnerables, articula a las mujeres, no como sujetos de derechos, con problemáticas específicas de carácter nutricional y alimentario, sino como madres/cuidadoras11.

Por otro lado, mediante el enfoque de eficiencia y productividad se quiere potenciar la labor de las mujeres dentro de las economías de cada país (León, 1996). De esta forma, este modelo supone que las mujeres teniendo las condiciones para insertarse activamente al plano productivo, pueden aportar y potenciar el crecimiento económico. Bajo este marco se percibe a las mujeres

como “esenciales para el éxito de los esfuerzos del desarrollo en su conjunto”

(León, 1996, pág. 67). Así se establecen estrategias para incorporar activamente a las mujeres en las políticas de desarrollo, crecimiento económico y garantía del

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En este sentido en el marco de este programa, se referencia a las mujeres como agentes necesarios, para que otros (aquellos quienes requieren de cuidado y protección), alcancen niveles de vida óptimos. Así, a las pretensiones del sistema, subyace la idea de la utilidad de la mujer y con ello su incorporación a los programas, en referencia al papel tradicional que le ha sido otorgado en el marco del sistema patriarcal (Sañudo 2012).

bienestar social. Mediante el acceso al empleo y al mercado, se espera mejorar la productividad de las actividades femeninas, de sus familias y de la sociedad en general. Desde la perspectiva de Núñez y Espinosa (2007), la asistencia social a las poblaciones más pobres y la potencialidad de las mujeres como parte activa de las economías, permitirán habilitar a un miembro más del hogar para las ganancias generadas del crecimiento económico (pág. 9).

De esta manera se pretende por un lado, elevar el nivel de ingreso económico de las mujeres y de sus familias, aceptando su rol reproductivo, y por otro se lee en ellas el actor fundamental en el desarrollo económico (León, 1996). Lo anterior como supuesto garante de las mejoras en las producciones nacionales y por ende en la equidad entre hombres y mujeres, ya que a mayor riqueza nacional mayor beneficio para ambos sexos (Blim, 2006).

La ambivalencia que resaltamos del modelo, se explicitan en los siguientes aspectos:

 Es necesario resaltar que debido a los recortes en los gastos sociales, que antes eran asumidos por los gobiernos, las mujeres amortiguaron con su trabajo no pago, el cuidado de los niños, enfermos y ancianos, y el procesamiento de alimentos, entre otras actividades que no eran labores propias de las mujeres (Peláez & Rodas, 2002). En palabras de León (1996), para las medidas sugeridas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el tiempo de las mujeres era usado en gran parte como trabajo no pago, otorgando cada vez más un fuerte énfasis en la idea de las mujeres como gestoras comunitarias, sin dejar, claro está, su creciente participación económica. Estas actividades como lo señala Peláez (2002), afectaban la calidad de vida de las mujeres debido a que a sus trabajos y roles reproductivos se le sumaban las labores productivas y comunitarias, generando una sobrecarga de trabajo para ellas.

 En consonancia con la anterior, se pasó de una visión netamente familiar, a la concepción de una mujer con un rol multifacético productivo, por lo tanto las

políticas sociales debían enfocarse en la mujer, pero sobre todo, en darle herramientas para que lograra incorporarse plenamente en la vida pública, la industria y el comercio, se debían transformar las condiciones sociales y económicas de las mujeres para lograr un desarrollo real en las diferentes sociedades (León, 1996). Este enfoque productivista era posible ya que descansaba, como lo sustenta Moser (1993), en la elasticidad que tiene el trabajo de las mujeres, en sus roles reproductivos y comunitarios, para poder aumentar sus horas de trabajo y de desgaste, en el ámbito productivo.

 El diseño de proyectos que generan ingresos para las mujeres, se basa en permitir el acceso a los servicios en asistencia técnica, crédito, capacitación y comercialización (León, 1996, pág. 18). Mediante los pequeños préstamos para las mujeres se promueve el desarrollo de pequeños negocios, convirtiéndose en una estrategia clave para contrarrestar las desventajas económicas de las mujeres pobres, en palabras de Blim (2006) el microfinanciamiento es la creación de riqueza en los países pobres, sin depender de las acciones del Estado y apuntando a las nociones del bienestar que predominan en los países “desarrollados”. Por otro lado, se tiende a

movilizar a las mujeres, para que hagan parte de cooperativas o diferentes tipos de grupos asociativos, que puedan permitan el diseño y planeación de proyectos productivos, logrando así, mayores ingresos para las mujeres y elevar el bienestar de sus familias.

 Las mujeres bajo este modelo no suponen únicamente ser parte del problema, como lo expone el Banco Mundial, principalmente son parte de la solución (Blim, 2006). Es por esto, que las políticas sociales también deben garantizar su educación, formación académica desde muy temprana edad y capacitación para aumentar las oportunidades de empleo y acciones políticas (Blim, 2006) y (León, 1996).

Las mujeres rurales en el marco neoliberal

La ambivalencia que trae consigo el modelo neoliberal, a la hora de incorporar a las mujeres en el desarrollo y en la formulación de políticas sociales, también se

expresa de forma explícita en las mujeres rurales y en el sector agrario. La principal motivación para que dentro de este sector (que representa uno de los más importantes en las políticas de ajuste), se reconociera a las mujeres como parte fundamental del desarrollo, no era precisamente el enfoque de género o la necesidad de aumentar los niveles de igualdad entre hombres y mujeres. En palabras de León y Deere (2000), la crisis alimentaria que estaba viviendo América Latina, el reconocimiento de la importancia y peso de la producción agrícola en el PIB nacional (especialmente en la producción de alimentos) y la reciente visibilización de la participación de la mujer en la agricultura, fueron las pautas y razones que motivaron a que desde los años 90 las mujeres fueran un sujeto prioritario en las políticas del modelo neoliberal. Cuestión que se ve reflejada en el aumento del acceso a créditos y asistencia técnica, así como en los proyectos de generación de ingresos solo para mujeres.

Los tres rasgos mencionados por León y Deere, y retomando los principios neoliberales, evidencian el aumento en el reconocimiento de las mujeres como productoras, que parte por identificarlas como sujetos importantes y fundamentales dentro de la economía familiar, la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza (IICA, 2010). Sin embargo, bajo el modelo neoliberal, se propone mejorar la eficiencia de las mujeres rurales a partir de sus roles reproductivos: el control del crecimiento de la población, el ser amas de casa, entre otras funciones (Ospina, 1998). Esto quiere decir, que las mujeres son vistas a partir de la ambivalente noción propia del modelo neoliberal, que las incorporan al desarrollo y al mundo económico (porque garantizan mayor productividad), sin dejar de asumir sus funciones reproductivas y de cuidadoras o como lo expresa la

FAO (2006) en su informe: “la inserción de las mujeres rurales en la estructura

ocupacional está marcada por la distribución tradicional de roles al interior de la unidad doméstica y por la baja valoración económica y de reconocimiento social que tienen las actividades que ella desarrolla (pág. 88).

Retomando a Ospina (1998), quien cita el trabajo La mujer productora de alimentos en Colombia, se evidencia que las mujeres cumplen, a partir de la incorporación al modelo, el triple rol de reproductoras, trabajadoras domésticas y trabajadoras productivas. Esto debido a la división sexual del trabajo como una de las características principales del trabajo rural, en donde el hombre desempeña funciones en la parte productiva, principalmente por fuera de su hogar y la mujer asume las funciones reproductivas-productivas que implican las cuestiones domésticas, así como labores productivas no domésticas12 (Ospina, 1998). Las mujeres, según la FAO (2006), dedican a diario unas horas a la manutención de su familia (el cuidado de los hijos e hijas, la preparación de alimentos, lavado de ropa, recolección y corte de leña), participan en las tareas productivas de la preparación de la tierra y cosecha de animales y, por último, desempeñan una función en el mercadeo de los productos.

Si bien, “la relación de las mujeres campesinas con la producción agropecuaria es

estructural, estable y permanente; que recorre las etapas y casi todas las áreas

del ciclo agrícola y que no responde a simples fenómenos coyunturales (…)”

(Ospina, 1998, pág. 22), el modelo neoliberal ha intentado potenciar ciertas funciones particulares de las mujeres en las áreas reproductivas y productivas, que representan mayor eficiencia y eficacia para el crecimiento económico. Teniendo en cuenta sus principios básicos y parámetros internacionales de competitividad, apertura e internacionalización del mercado, se generó una recomposición del sector rural, y con esto se fijó otra visión acerca de la productividad de las mujeres.

Debido a que las mujeres contribuyen en mayor medida, a partir de los cultivos pequeños de productos para el mercado y en la transformación de estos en

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En el trabajo doméstico las mujeres continúan representando un porcentaje de 95.6% mientras que los hombres solo lo hacen en un 4.4%. En el trabajo asalariado las mujeres participan en un 50.6% y los hombres un 65.1%. En las artesanías un 100%. En el comercio un 51% y los hombres un 49%. En las transformaciones agropecuarias las mujeres realizan un 100% y en el sector pecuario un 42.2% frente a un 57.8% que realizan los hombres (FAO, 2006).

alimentos13, el modelo neoliberal las incorporo rápidamente, para que pudieran solventar la crisis alimentaria que se estaba experimentando en Latinoamérica (Leon & Deere, 2000) y (FAO, 2006). Así mismo, algunos productos de exportación dependen mayoritariamente de la mano de obra de las mujeres14_{, ya}

que el costo de la fuerza de su trabajo es menor que la de los hombres y cuenta con mayores habilidades para seleccionar, tratar y empacar los productos; permitiendo de esta forma ser más competitivos en el mercado mundial (Campillo & Pérez, 1997).

Las mujeres, al participar activamente en los hogares campesinos, entendidos