Statistical Approaches to Compression

En Colombia, el Caribe ha sido el laboratorio de privatización de las empresas prestadoras de los servicios de agua y electricidad. Antes de iniciarse la liberaliza- ción de los mercados de la energía en el país, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) tenía la infraestructura energética en esta región. Comenzaron los cambios e, inicialmente, el Estado colombiano dividió a Corelca en dos empre- sas: la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP (Electrocosta), con sede en Cartagena y con cobertura para los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, y la Electrificadora del Caribe, S.A. E.S.P. (Electricaribe), en Barranquilla, para cubrir Atlántico, Magdalena, César y Guajira (Rincón, 2005: 56). La empresa HIE Caribe Energy las compró inicialmente y a finales del siglo XX, las vendió a la española Unión Fenosa.

Con la privatización, el servicio de energía se deterioró y generó gran descon- tento y fuertes movilizaciones por parte de los habitantes de los municipios del Caribe. Las instalaciones irregulares y su falta de mantenimiento provocaron la muerte de personas por electrocutamiento; con los cortes frecuentes del servicio eléctrico, las pérdidas económicas y de electrodomésticos fueron enormes para los pequeños negocios y las familias y también se afectaron gravemente los servi- cios de salud. Las protestas fueron inicialmente espontáneas y frecuentes, hubo quemas masivas de las facturas del servicio y de algunas oficinas. Poco a poco, la gente empezó a articularse y se vincularon usuarios de los servicios públicos, sindi- catos, juntas de acción comunal, ligas de usuarios y ambientalistas. Se fue dando a un movimiento social contra los abusos de Unión Fenosa. A principios de 2000, se hizo en Cartagena el Primer Encuentro Regional Cívico Sindical, del que se desprendió un paro cívico el 10 de mayo. La presión condujo a unos acuerdos entre empresas y organizaciones sociales, pero, las primeras incumplieron (Rincón, 2005: 59).

En 2003, Censat Agua Viva decidió recorrer el Caribe para conocer y analizar, de primera mano, la situación de la prestación de los servicios públicos. Fueron muy valiosas para esa labor las relaciones que había con organizaciones socia- les desde La Guajira, hasta Córdoba. Una compañera antropóloga se puso a la cabeza de la tarea y, durante varias semanas habló con los pobladores, se encontró

con los líderes y lideresas de los usuarios de los servicios públicos, conversó con las organizaciones hermanas e hizo cuatro talleres de intercambio. Una de las situaciones analizadas fue la reglamentación de los llamados “sectores subnor- males”18 y la política de “desconexión indiscriminada y masiva que implemen- tó Unión Fenosa” (Rincón, 2004: 6). La empresa creó los usuarios colectivos, en comunidades sin capacidad de pago, y mediante un tercero, generalmente un líder comunitario, cobraba los servicios públicos. Eso motivó la división y generó tensio- nes entre la comunidad. La empresa también instaló medidores colectivos, y a partir de la lectura que hacía de ellos, facturó el costo del servicio de energía. En 2003, el deterioro de la prestación del servicio de energía, la suspensión arbitraria del servicio, las facturaciones injustificadas, la ineficiencia técnica y el maltrato de los empleados de la empresa con los usuarios motivaron las frecuentes marchas y protestas en el Caribe.

Ese mismo año, en Lorica, Córdoba, se unieron representantes de los barrios subnormales y de otros estratos de los departamentos de Atlántico, Sucre, Córdo- ba, Guajira, Bolívar, Cauca y Bogotá y, en menor número, sindicalistas y organiza- ciones ambientalistas, entre ellas Censat Agua Viva, para articularse en la Atarraya Nacional en Defensa del agua y la Energía. Esta propuesta organizativa se estructuró por nodos locales, regionales y nacionales que se inspiraron en un trabajo manco- munado para realizar acciones de movilización, comunicación, pedagógicas y construcción de alianzas con otros procesos. Se propuso hacer resistencia cultu- ral mediante la comunicación y la pedagogía redimensionando las expresiones contraculturales y revalorizando las tradiciones y manifestaciones más arraigadas al diario vivir (Rincón, 2005: 57).

En noviembre 2004, la Atarraya lanzó una Campaña Nacional en Defensa del Agua y la Energía, derechos fundamentales para una vida digna. El lanzamiento empezó con una caravana de 100 personas en bicicletas que hacían parte de la organización Aspro- cig. Viajaron 240 kilómetros desde Lorica, Córdoba, hasta la ciudad de Cartagena para el lanzamiento oficial de la campaña. Otros cientos de otras regiones del Caribe llegaron a la Puerta del Sol en esta ciudad. Allí, la gente promotora agitaba 18 La reglamentación de los llamados sectores subnormales fue realizada con la resolución 120 del

sus consignas: “La energía es nuestra, suéltala”, “Agua y energía para la gente. Estamos en movimiento”.

En 2005, se hizo en Bogotá el Congreso Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, en el que participaron las ligas de usuarios, la Atarraya Nacional, los vocales de control y demás organizaciones que trabajaban en torno a la problemática de servicios públicos en el país. Asistieron cerca de 1.500 personas y, luego de tres días de discusión y deliberación, se creó la Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, con una agenda de trabajo. Sin embargo, fuerzas sociales y políti- cas ejercieron un control político en este espacio social que desestimuló a muchas organizaciones, entre ellas, la Atarraya Nacional, y, a los pocos meses, se retiraron.

En 2006, la Atarraya delegó a dos personas19 para participar en el llamado

Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionaría entre el 10 y el 12 de mayo de ese año sobre políticas neoliberales y transnacionales europeas en América Latina y el Caribe. El evento se hizo en la ciudad de Viena, Austria. En el Tribunal, la Atarra- ya presentó el informe Unión Fenosa en Centroamérica y Colombia. ¿En busca de un nuevo Dorado? La Europa de las trasnacionales en América Latina. Impactos y alternativas. Censat hizo la compilación y elaboró este documento con información de Colombia y de las organizaciones centroamericanas y del Caribe donde operaba Unión Fenosa. En él, se daba cuenta de las denuncias de las comunidades contra la empresa espa- ñola por la violación recurrente los derechos individuales y colectivos, tanto de los trabajadores, como de las poblaciones y comunidades en las que presta el servicio. Unión Fenosa descuidó la infraestructura para la prestación del servicio público en los llamados barrios subnormales, y las electrocuciones se hicieron cada vez más frecuentes. Según el periódico El Heraldo, de Barranquilla,

Desde 2004 hasta 2012 en la Región Caribe se [registraron] 529 decesos por des- cargas eléctricas en las redes u otros artefactos que funcionan con energía, ac- cidentes mortales que son responsabilidad directa del sistema de transmisión a cargo de Unión Fenosa a través de sus empresas Electricaribe y Energía Social (El Heraldo, 2013).

19 En el Tribunal participaron Omar Mendivil, de la Red de Usuarios del Caribe en Montería, y Juan Pablo Soler, de Censat Agua Viva.

En 2008, hubo en Lima una nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos y se presentó, otra vez, el caso de Unión Fenosa. Esta vez, se incluyó en el informe sobre la hidroeléctrica de Salvajina, propiedad, también, de la empresa española. Nuestra pretensión era mostrar las afectaciones en todas las actividades de la cadena de generación, distribución y comercialización de la energía. Pudi- mos concluir que, para Unión Fenosa, la energía era solo una mercancía.

Fueron intensos los debates de estos años por las denuncias sobre los efectos de la privatización de la energía y también se construyeron propuestas: democratiza- ción de los servicios públicos, control público de las empresas proveedoras, definir la energía como un bien social y como un derecho ciudadano y establecer un míni- mo de energía para una vida digna (Rincón, 2005: 55). Desde entonces, se empezó a reivindicar el “derecho a la energía”.

Lastimosamente, luego de la sesión en Viena del Tribunal Permanente de los Pueblos, se crearon tensiones de poder en la Atarraya que debilitaron su integri- dad, hasta su desaparición a inicios del 2007. Aunque continuaron tanto la lucha contra Unión Fenosa, como otras articulaciones en torno a la energía, su dinámica se debilitó y dispersó.

De la lucha contra Urrá, a la construcción