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En este subcapítulo se redactaran las Leyes, Decretos, Sentencias de la Corte Constitucional, Acuerdos, Normas Técnicas de Colombia y Ordenanzas departamentales de Antioquia que a través de la historia específicamente en el período comprendido entre 1948 hasta el 2015 y que fueron desarrollando un constructo normativo que ha tenido como objetivo la población en situación de discapacidad.

Toda esta normatividad jurídica tendrá en su mayoría referencias que han dado pie al mejoramiento de los procesos educativos de los discapacitados en el país detallando así como en el tiempo se ha tratado de hacer un proceso de inclusión que beneficia a este tipo de población.

Inicialmente se detalla la Ley 82 del 23 de diciembre de 1988, desarrollada por el Decreto Nacional 2177 de 1989, por medio de la cual se aprueba el Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas…adoptado por la OIT". Para ello, El Congreso de Colombia, visto el texto del Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo en su 69a. reunión, Ginebra, 1983, que a la letra dice: en esta parte de la norma se exponen los diez y siete artículos del Convenio y el último artículo que concluye:

Artículo 17°: La suscrita Jefe de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace constar: Artículo 1°. Apruébese el Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su 69a. reunión, Ginebra, 1983. (Ley 82 de 1988. Por medio de la cual se aprueba el Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su 69a. reunión, Ginebra, 1983", DO. N° 38626. Diciembre 23 de 1988)

De allí entonces, se redacta el Decreto 2177 de septiembre 21 de 1989, Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio N° 159, suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas a saber:

Artículo 1°. El Estado garantizará la igualdad de oportunidades y derechos laborales

a las personas inválidas física, mental o sensorialmente, conforme al Convenio número 159 suscrito con la organización Internacional del Trabajo y las disposiciones vigentes sobre la materia.

Artículo 2°. Para los efectos del presente Decreto, se entiende por persona inválida,

aquella cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico, mental o sensorial debidamente reconocida.

Artículo 3°. En ningún caso la existencia de limitaciones físicas, sensoriales o

mentales podrá ser impedimento para ingresar al servicio público o privado, a menos que éstas sean incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar. (Decreto 2177. Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio 159, suscrito por la OIT, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. DO. N° 38991. Septiembre 21 de 1989)

El presente Decreto señala a continuación una serie de artículos que reglamentan el reconocimiento de una invalidez que será certificado por las dependencias de Salud Ocupacional o bien, será declarado por los médicos del trabajo correspondientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según el caso. Así mismo se habla de las acciones del Gobierno, dentro de la política nacional de empleo, para implementar programas dirigidos a la creación de fuentes de empleo, por intermedio de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Educación Nacional, Salud (para habilitación y rehabilitación) y demás entidades gubernamentales que realicen actividades de educación especial y capacitación para que las personas en situación de discapacidad puedan formar grupos cooperativos, microempresas o se organicen en trabajos independientes. (Decreto 2177. Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio 159, suscrito por la OIT, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. DO. N° 38991. Septiembre 21 de 1989)

derechos, las garantías y los deberes” donde en el Capítulo II habla “De los derechos sociales, económicos y culturales, allí están los siguientes artículos:

Artículo 47°. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Según la ciberinformación del Senado de la Republica sobre las Reformas del Artículo 47 de la Constitución Política de Colombia se han desarrollado 374 Sentencias sobre el tema y 90 disposiciones normativas, de las cuales solo se enunciarán en el presente trabajo las relacionadas con el tema de la discapacidad y su regulación jurídica en la educación.

Artículo 54°. Es obligación del Estado y los empleadores ofrecer formación, habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. (Constitución Política de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente, 1991)

La Ley 115 de febrero 8 de 1994 específicamente manifiesta en el Título III: “Modalidades de atención educativa a poblaciones”, Capítulo 1 que habla de la “Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales” que aduce lo siguiente:

Artículo 46°. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente. (Ley 115 de 1994, por el cual se expide la General de la Educación. Febrero 8 de 1994)

Nótese entonces como se perfila aquí ya un ánimo más profundo del gobierno nacional en trabajar por la población en situación de discapacidad; más aún, la norma expide algunos parágrafos que permiten a los entes territoriales contratar los servicios de entidades privadas para que trabajen con áreas pedagógicas, psicoterapéuticas y tecnológicas con este tipo de población y para que las instituciones educativas que ofrecen educación a las personas con limitaciones (físicas, sensoriales y psíquicas), sigan adecuando sus programas para que se logre una mayor integración social y académica de aquellos individuos. De igual forma el gobierno en el artículo 47 propone crear programas para profesionalizar

docentes para este fin y otorgar estudiar mecanismos para otorgar subsidios a los discapacitados de escasos recursos económicos. La presente norma expide el siguiente artículo:

Artículo 49°. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. El reglamento definirá las formas de organización de proyectos educativos institucionales especiales para la atención de personas con talentos o capacidades excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas personas, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos. (Ley 115 de 1994, por el cual se expide la General de la Educación. Febrero 8 de 1994)

Se observa como ya los avances científicos y psicológicos en materia de educación en Colombia permiten establecer cuando hay un tipo de discapacidad y/o diferenciarlo de un tipo de trastorno u otros con otros tipos de capacidades de los niños en etapa estudiantil; circunstancias mismas que van impulsando al gobierno a crear normas que faciliten los procesos educativos de formación integral para todos estas personas que presentan “diferentes limitaciones” y que puedan ser asistidas en lo posible de personal profesional en las situaciones específicas de limitación.

Con la Ley 119 del 9 de febrero de 1994 donde en el Artículo 4° habla de las funciones del SENA y específicamente en el Numeral 9 se pide: Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y subempleadas y programas de readaptación profesional para personas discapacitadas. (NOTA: El texto subrayado fue declarado Exequible Condicionado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-458 de 2015, en el entendido que debe reemplazarse por la expresión “persona en situación de discapacidad”. (Ley 119 del 9 de 1994. Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones. DO. N° 41216. Febrero 9 de 1994)

La Ley 319 de abril 3 de 1996 que habla del texto del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Se encuentra un el artículo 13 que titula “Del Derecho a la educación” y en el numeral 3 aduce que: “los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación, se especifica en el ítem e) Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los discapacitados a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales”. De igual forma se hace referencia en el siguiente artículo:

Artículo 18°. Protección de los Minusválidos. Toda persona afectada por una

disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito… Este artículo hace referencia en sus numerales siguientes a desarrollar programas que sean aceptados por ellos y por sus familiares; también para que su familiares les ayuden a rehabilitarse física, mental y emocionalmente; de igual forma, para que sean incluidos en los planes de desarrollo urbano y puedan formar organizaciones comunes para su pleno desarrollo. (Ley 319 de 1996. Por medio de la cual se aprueba el "protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos" en materia de derechos económicos, sociales y culturales "protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. DO. N° 42.884, Septiembre 24 de 1996)

El Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996. “Por el cual reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales”.

Artículo 1º. La educación de las personas con limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, síquico, cognoscitivo o emocional y para las personas con capacidades o talentos excepcionales, hace parte del servicio público educativo y se atenderá de acuerdo con la Ley 115 de 1994, las normas que la reglamenten, las reglas establecidas en el presente decreto y las disposiciones que para el efecto dicten las entidades territoriales.

Artículo 2º. La atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, será de carácter formal, no formal e informal. Se impartirá a través de un proceso de formación en instituciones educativas estatales y privadas, de manera directa o mediante convenio, o de programas de educación permanente y de difusión, apropiación y respeto de la cultura, el ambiente y las necesidades

particulares. Para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y social de esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes comunicativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos, de una organización de los tiempos y espacios dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en los requerimientos de edad, que respondan a sus particularidades. (Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996. Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o talentos excepcionales. DO. N°. 42.922, Noviembre 20 de 1996)

En el articulado que le precede se establecen criterios para su cumplimiento que se refieren a integración social y educativa, desarrollo humano, oportunidades y equilibrio, soporte y atención específica, fomento y formación para el trabajo, ejecución de programas de atención integral en educación, salud, recreación, cultura y deporte. Así como la organización para la prestación del servicio educativo, la formación para los docentes y el apoyo financiero para la educación de este tipo de población. También existen algunas orientaciones para las instituciones privadas en el momento de atender este tipo de población.

Artículo 7°. El proyecto educativo institucional de los establecimientos que atiendan educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, incluirá proyectos personalizados en donde se interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura del servicio educativo ofrecido, para que su integración al mismo, procure desarrollar niveles de motivación, competitividad y realización personal.

Artículo 8°. La evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales a que se refiere el presente decreto y adecuará los correspondientes medios y registros evaluativos a los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población atendida. A continuación se explicará los alcances del Decreto 2082 de 1996 reglamentario de la Ley 115 de 1994 en su artículos siguientes establece que los departamentos, distritos y municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales; que incluya la definición de los establecimientos educativos estatales que organizarán aulas de apoyo especializadas, de acuerdo con los requerimientos y necesidades identificados, que permitan la atención integral de los estudiantes con limitaciones o con capacidades o talentos con atención integral y con un conjunto de programas y servicios profesionales interdisciplinarios que se les integran en sus aulas estudiantes con necesidades educativas especiales. (Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996. Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o talentos excepcionales. DO. N°. 42.922, Noviembre 20 de 1996)

Artículo 1º Habla de los términos a emplear así: Limitado Auditivo. Es una expresión genérica que se utiliza para definir una persona que posea una pérdida auditiva. (NOTA: Exequible Condicionado por la Corte Constitucional en Sentencia C- 458 de 2015, ya que esas frases deberán reemplazarse por las expresiones “persona con discapacidad auditiva. (Ley 324 de 1996. Por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. DO. N° 42.899. Octubre 11 de 1996)

Los demás términos a los que hace referencia esta Ley están, enunciados en la lista de denominaciones semánticas que se relacionaron en el capítulo de la metodología del presente trabajo. De igual forma la Ley 324 en sus artículos 4°, 5°, 6°, 8°y 9 presenta una serie de normas que garantizan su cumplimiento con programas nacionales traducidos en Lengua Manual Colombiana de interés cultural, recreativo, político, educativo y social; así como de proporcionar los medios económicos, logísticos y de infraestructura para difundir estos programas a nivel regional. De igual forma, se garantiza la creación de Centros de habilitación laboral y profesional con apoyo técnico-pedagógico para esta población con discapacidad auditiva.

El articulado de la presente ley también ofrece la producción e importación de equipos que faciliten la educación, la comunicación y la interacción en el entorno del discapacitado auditivo, y de la misma manera, subsidiarlos para la compra de dispositivos electroacústicos que mejoren calidad de vida. Los dos artículos siguientes son relevantes, a saber:

Artículo 10°. El Estado garantizará que los establecimientos o empresas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal en que tenga participación, se vincule laboralmente un porcentaje de limitados auditivos. A la población sorda que no pueda ser incluida laboralmente el Estado la Considerará como prioritaria para ser incluido en el Régimen Subsidiado de Seguridad Social.

Artículo 11°. El Estado establecerá la protección legal para que el padre, la madre o quien tenga bajo su cuidado o protección legal al limitado auditivo, disponga de facilidades en sus horas laborales, para la atención médica, terapéutica y educativa para sus hijos. (Ley 324 de 1996. Por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. DO. N° 42.899. Octubre 11 de 1996)

En la Ley 361 de febrero 7 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación en situación de discapacidad y se

dictan otras disposiciones”. El Congreso de la República, en el Título III que aduce “Del bienestar social” donde se arguye que:

Artículo 35°. En desarrollo de lo establecido en los artículos 1o, 13, 47, 54, 68 y 366 de la Constitución Política, el Estado garantizará que las personas con limitación en situación de discapacidad reciban la atención social que requieran, según su grado de limitación discapacidad”., haciendo prioridad en la orientación a las familias de los discapacitados mediante actividades lúdico-recreativas en lugares especiales y se establece un parágrafo donde se argumenta que todas las orientaciones e información para la población en situación de discapacidad estará a cargo de la Consejería Presidencial. (Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. DO. N°42978. Febrero 7 de 1997)

Se estable aquí un acercamiento de los entes del Estado comprometidos con la salud, la educación y el bienestar familiar, en la medida que ya se tiene en cuenta a las familias de los discapacitados para que participen en los proceso de formación, rehabilitación e incorporación a la vida social de las personas en situación de discapacidad.

Seguidamente se denota ahora otro Decreto 1068 de 10 de abril de 1997, “Por el cual se reglamenta el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación”.

Artículo 1º. Modificado por el art. 1 del Decreto Nacional 276 de 2000. El Comité Consultivo Nacional de las personas con limitación, como asesor institucional, de carácter permanente…,

Parágrafo 1º. El Ministerio de Salud hará una convocatoria pública para la participación de las diferentes organizaciones de y para limitados agrupados en las redes territoriales de apoyo a la rehabilitación e integración social, a las Organizaciones de Padres de Familia de los limitados, de la Asociación Colombiana de Universidades, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas (Colciencias) y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. (Decreto 1068 de 1997. Por el cual se reglamenta el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación. DO. N°43024, Abril 10 de 1997)

Nuevamente se verá a continuación, una normatividad que regula la entidad “INCI” y es el Decreto 1336 de mayo 19 de 1997, "por el cual se aprueba el Acuerdo número 960034 del 12 de diciembre de 1996 que establece la estructura interna

del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y determina las funciones de sus dependencias”.

Artículo 9º. Subdirección Técnica. Corresponde a la Subdirección Técnica del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, el cumplimiento de las siguientes funciones: 1. Asesorar en la formulación y presentar propuestas a la Dirección General de las políticas, planes y programas para ser presentadas ante el Gobierno Nacional, orientados a obtener la rehabilitación, integración educativa, laboral y social de los limitados visuales, el bienestar social y cultural de los mismos; y la prevención de la ceguera. (Decreto 1336 de mayo 19 de 1997, "por el cual se aprueba el Acuerdo número 960034 del 12 de diciembre de 1996 que establece la estructura interna del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y determina las funciones de sus dependencias. DO. N° 43046. Mayo 22 de 1997)

Con ello, lo que se busca es supervisar y evaluar el desarrollo de las políticas, planes y programas intersectoriales orientados a obtener la rehabilitación, integración educativa, laboral y social de los limitados visuales, el bienestar social y cultural de los mismos; Asimismo, diseñar y producir materiales y documentos para el desarrollo de los programas de salud ocular y visual, prevención de la baja visión, así como aquellos que contribuyan a orientar y apoyar la labor de los docentes y demás profesionales en los procesos de integración educativa, laboral, social y cultural de los limitados visuales.

Con el aporte de esta norma, se detalla cómo se invita a los diferentes sectores de la sociedad a que se integren al de la educación con propuestas que permitan la