A partir de la aprobación en Colombia del Código del Menor, con el Decreto 2737 (1989) y la Ley 575 del (2000), comportamientos tales como palizas constantes, insultos, humillaciones, al igual que diversas formas de tortura como los golpes con correa o plancha y el apagar cigarrillos en la piel del otro son consideradas acciones de carácter punible, lo que choca con las aportaciones de Camargo Abello (1996) que en su artículo: Violencia Escolar en Colombia, de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), señala los vacíos existentes en la investigación científica en relación a la violencia. La Revista Colombiana de Educación (2008) argumenta que, en países como Colombia, se producen pocos registros administrativos relacionados con incidentes que afectan la convivencia y la seguridad de la infancia y la adolescencia, además gran parte de hechos de violencia y conflicto entre pares, pasan inadvertidos tanto para adultos responsables como para autoridades. Es decir que tanto la violencia escolar, como la cada vez más acentuada que vive el país en los últimos años, producto del narcotráfico, los grupos paramilitares, cambios de organización, formas de subsistencia y formas de luchas de la guerrilla, corrupción, guerra, secuestro, delincuencia, irrespeto a los derechos humanos, agresión con armas,… no está estudiada. Sin embargo, hoy Colombia vive conmovida por una violencia macro-social11, y
desafortunadamente no se necesitan estadísticas para mostrar y probar la extensión y proporción del fenómeno, ni para reafirmar como se evidencia, día tras día, el miedo, la inseguridad o la angustia. Aún de este modo falta, el reconocimiento, en la institución educativa, de la violencia, que sin embargo se evidencia en la ausencia de espacios para canalizar el conflicto escolar, reconocimiento necesario para detener y prevenir esta violencia. Además, como hemos visto, hay que proveer de herramientas a profesores y padres de familia para la prevención de la violencia en el ámbito educativo.
Esta falta de investigaciones sobre el tema es menor gracias a diferentes tesis de grado que se han enfocado principalmente en presentar la definición, historia y tipificación de este fenómeno; tal es el caso del trabajo de Cabrera y Serna presentado en 1997, que menciona claramente cómo se entiende y se define hoy en día el MI (maltrato Infantil), además de profundizar en las formas más frecuentes de maltrato, los factores de riesgo y ciertas características de los padres maltratantes. Otro de estos trabajos es el de Gamarra, realizado en el 2002 que menciona algunas manifestaciones históricas del MI, y brinda ciertas explicaciones de la violencia y del maltrato desde el punto de vista de las teorías intraindividuales, psicosociales y socioculturales. También encontramos la tesis de Ramírez y Vargas (1993) que presenta las principales características de los padres maltratantes y algunas estadísticas de este fenómeno en ese entonces.
11 Gaitán Daza Fernando (1995) define la violencia macro-social o violencia social como un acto con consecuencias
físicas, producidas por el desafecto, la indiferencia, el chantaje, ira, repudio, bajos salarios, contaminación, abandono de hogar, drogadicción, limitaciones a la libre circulación, segregación racial, o la exclusión.
En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), se encontraron cinco trabajos de diferentes entidades, uno de ellos encaminado al diagnóstico de maltrato en niños y adolescentes valorado en Santa Fe de Bogotá por el INML en los años 1995 y 1996. Este estudio se realizó con 2850 menores de edad evaluados en el instituto, remitidos por la autoridad competente para realización de examen médico legal por lesiones personales, delitos sexuales, edad clínica y estado físico. La investigación logró identificar y describir el tipo de familia predominante en este tipo de población encontrando que el 63.1% de los niños, pertenecían al tipo de familia extensa, el 16.3% pertenecían a una familia nuclear, y el 20.6% de los menores pertenecía a otros tipos de familia. También se encaminaron a realizar un perfil socio-económico de la familia de los menores, encontrando que el 65% de los sujetos vivía en una casa ya sea propia o arrendada. Igualmente los investigadores encontraron que los niños reportaban haber sido objeto de más de un tipo de maltrato a la vez: el 96.4% reportó maltrato físico, un 51% maltrato verbal y el 73% abuso sexual. Encontraron que las personas que más agredían a los niños eran sus propios padres y que las lesiones se localizaban con más frecuencia en las extremidades (en un 72.6% de los casos) y el 33.8% presentaba lesiones en la cara; el instrumento causal más frecuente con el cual se maltrataba a los menores era contundente (79.1%) y en segundo lugar, los elementos corto contundentes con el 19.5%. Otro estudio que realizó el INML junto con la Universidad Nacional de Colombia en el año de 1997, revela las principales características de la familia de los menores maltratados en la ciudad de Bogotá. Evaluaron el estado psicológico del menor, su situación y el impacto emocional en relación con la experiencia de maltrato o abuso sexual, encontrando que el 58.7% de los menores presentan sensación de impotencia, vergüenza el 51.6%, temores varios un 51.6%, hábitos desordenados un 30.7% e ideas suicidas el 27.6%. También encontraron señales evidentes de estrés post- traumático en un 52.4% de la población estudiada y una perturbación psicológica moderada en un 39.4% de los menores.
Otros estudios se han enfocado en realizar hallazgos clínicos de cabeza, cara y cuello en menores con diagnóstico de Síndrome Maltratado, tal es el caso de la tesis de Castro y colaboradores (2000), en la cual se muestra que una población de 0 a 17 años los menores más afectados se encuentran entre 5 y 14 años de edad. En este estudio se encontró que los padres biológicos son los que maltratan con más frecuencia a sus hijos, siendo estas agresiones con objetos causales en las extremidades y sólo en 38 casos en la cara.
Por otra parte se encontraron estudios de Perry (2002) en los que plantea algunas consecuencias neurológicas del MI. Éste destaca, en su primer estudio, algunas de las principales alteraciones del desarrollo del cerebro en niños víctimas de negligencia y maltrato, teniendo en cuenta que, en Estados Unidos, 500.000 niños sufren de algún tipo de negligencia. Para este estudio tomaron una muestra de 122 niños entre 0 y 17 años. Demostraron claramente que el desarrollo del cerebro era normal, pero en algunos la masa cerebral era muy grande y en otros muy pequeña, tomando como referencia la edad estimada de los menores. Neurológicamente descubrieron que los niños víctimas de negligencia presentaban un aumento significativo de los ventrículos y atrofia cortical. En el segundo estudio Perry (2002) se enfatiza el impacto de la negligencia en la infancia temprana, y en él se realiza una revisión de trabajos relacionados con los efectos de la negligencia en el desarrollo, entre estos están las investigaciones de Dennis (1973), Money y Annecillo (1976), Perry y Pollard (1997), Rutter,
Wood, Becket y Cols (1999) y Spittz (1945, 1946) entre otros. Estos trabajos resaltan las diferencias de coeficiente intelectual o retrasos en el desarrollo y desorganización cerebral, debidos a la falta de estructura en la estimulación a edad temprana. La población de estos estudios presentaba problemas de desarrollo en el lenguaje, motricidad fina y gruesa, impulsividad, apego desorganizado e hiperactividad, todo esto causado por anormalidades cerebrales (Perry, 2000).
Investigaciones realizadas a cerca de creencias de padres y madres sobre maltrato entre iguales por abuso de poder y exclusión social, estudio realizado por Olga Lucia Hoyos de los Ríos y otros (2004), aplican el cuestionario de relaciones entre escolares elaborado por García y del Barrio (2005) a una muestra de 267 padres y madres de familia de estudiantes matriculados en instituciones educativas de tres estratos socio-económicos de la ciudad de Barranquilla (Colombia). Los resultados muestran que los padres y madres consideran que el bullying es un problema tan importante como el rendimiento académico, de modo que piensan que el carácter conflictivo de los estudiantes y las malas relaciones familiares pueden ser las causas de este problema. Así mismo creen que el clima de la relación que se vive en la sociedad y los medios de comunicación favorecen la aparición del bullying en los contextos escolares. Los resultados, igualmente, evidencian la confianza de los padres y de las madres de todos los niveles en la capacidad del profesorado para intervenir positivamente en la resolución de conflictos. Rodríguez (2006) señala que la función de los docentes en la resolución de estos conflictos es clave, pero se necesita que sean capacitados, ya que no tienen medios pero necesitan crear herramientas que permitan enfrentar este tipo de situaciones y poder guiar a la comunidad educativa en actitudes y en valores. Del diagnóstico anterior se derivan las intervenciones necesarias para mejorar la convivencia en los centros educativos haciendo hincapié en reforzar valores e inculcarles su importancia. Por esta razón, aplicar recursos como canciones, fábulas, pintura, danza, teatro o discursos que exalten la transformación de los estudiantes para ser coherentes con una convivencia pacífica y respetuosa, que busca introducir procesos pedagógicos es el sueño de este proceso.
Por otro lado, desde hace algunas décadas ha tomado impulso el desarrollo de competencias ciudadanas que introducen procesos pedagógicos fundamentales en el desarrollo de competencias y habilidades socio-emocionales, cognitivas y comunicativas que permitan actuar de manera constructiva en la sociedad, orientadas a un manejo constructivo de conflictos, la prevención de la agresión y el manejo de emociones (Chaux, 2007).
En Colombia se han hecho estudios sobre la violencia en la escuela como los planteados por Parra (1996). En Medellín, la Corporación Región (1990) realizó estudios sobre las diferentes expresiones de violencia social, violencia juvenil y violencia escolar. En este sentido es importante destacar los aportes del Instituto Popular de Capacitación de la Corporación de Promoción Popular (IPC) a través de la investigación efectuada sobre conflicto y convivencia en la escuela. Posteriormente se han desarrollado varios estudios sobre Bogotá, Cali y otras ciudades que pueden consultarse en el artículo de Valencia (2004). A comienzos de la década del 2000 se hicieron estudios sobre violencia escolar, bastantes significativos en cuanto a que, por una parte, aplicaron un modelo cualitativo de investigación social, integrando diversos escenarios de socialización: escuela familia y barrio y, por otra, señalaron categorías novedosas
en los estudios de violencia escolar, como el caso de la tesis de maestría titulada La Violencia
Escolar femenina en el ámbito educativo, un estudio de caso en una institución educativa distrital de Bogotá. En ella, la autora analiza:
Por primera vez la violencia escolar desde la categoría de género, en la segunda investigación denominada estudio de caso sobre el fenómeno de barras bravas y el fútbol. Este estudio revela nuevo conocimiento social sobre la realidad de los jóvenes escolarizados y desescolarizados y la forma como pueden involucrarse en acontecimientos que le signifiquen nuevos sentidos, traspasando las barreras de lo violento y lo no violento o de lo permitido y de lo prohibido. Estudios de esta naturaleza darían nuevas explicaciones a las instituciones educativas para comprender las relaciones de violencia. (Torres, 2006, pág.256).
Hemos visto como la violencia escolar, en sus diversas manifestaciones se ha convertido en uno de los problemas más relevantes de las culturas urbanas a nivel mundial. La violencia escolar es un problema que se presenta tanto en países desarrollados como en países en vía de serlo, ya que éste es un fenómeno, no sólo asociado a la pobreza, a la marginalidad o a la ausencia de la educación, sino que expresa una multi-causalidad más allá de determinismos sociales. La violencia se gesta en escenarios de socialización afectiva y socialización escolar: la casa, la escuela y el barrio, y es necesario establecer puentes de comunicación entre familia, escuela y barrio para evitarlas. Así las cosas, en el contexto colombiano es imposible no vincular la violencia social a la violencia escolar, pues a ella asisten sujetos con aprendizajes previos y, sobre todo, porque hoy es evidente que no sólo en ella se adquieren aprendizajes, sino que la sociedad entera educa.