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El día 30 de noviembre de 1996 se produjo una gran manifestación de unas 50.000 personas por el centro de Oviedo reclamando, entre otras cosas, la oficialidad de la lengua asturiana. Esta manifestación fue el fruto del pacto suscrito entre diversas entidades y asociaciones ciudadanas y partidos de iz- quierda, tanto parlamentarios, como Izquierda Unida, como extraparlamen- tarios.

Pero a pesar de las movilizaciones y de las demandas de oficialidad, la élite gobernante no se movía de su postura. Como ya se ha destacado anterior- mente, los partidos políticos mayoritarios, PSOE y PP fueron desde el co- mienzo de la puesta en marcha de la autonomía asturiana muy reacios a to- marse en serio la normalización del asturiano. Parecía haber una especie de pacto entre estas formaciones políticas para no tocar el tema a no ser que hu- biese un consenso entre ellas, de manera que durante muchos años solamente

dentro de Parlamento Izquierda Unida defendía abrir un proceso de normali- zación del asturiano.

Resultó ser una novedad importante la irrupción en el Parlamento Astu- riano de una fuerza política como el Partíu Asturianista, de orientación nacio- nalista y partidario de la oficialidad. En 1995 se formó un gobierno del Parti- do Popular, que había ganado las elecciones autonómicas sin mayoría absoluta. Este gobierno, entre 1995 y 1999, estaba presidido por Sergio Mar- qués y necesitaba los votos del nuevo Partíu Asturianista, que, con un diputa- do, era llave y condicionaba las votaciones parlamentarias. El Partido Popular como partido gobernante se vio obligado a pactar con los asturianistas y den- tro de ese pacto está el acuerdo que llevó a la elaboración de la Ley de uso y

promoción del asturiano, que ya se ha comentado y que no produjo los efectos

que gran parte de sus promotores deseaban. El Partíu Asturianista conservó su diputado durante dos legislaturas, pero finalmente se quedó sin representa- ción parlamentaria.

Con motivo de la reforma del Estatuto de autonomía en 1999 se planteó nuevamente la introducción de la oficialidad. El Partido Popular tuvo una po- sición más abierta e incluso estuvo dispuesto a que se incluyese en dicho esta- tuto la «oficialidad diferida». Es decir, el Estatuto establecería que una mayoría cualificada en el Parlamente podría declarar la cooficialidad del asturiano en el Principado de Asturias. Sin embargo, el Partido Popular condicionaba sostener su propuesta sólo si el PSOE la aceptaba, es decir, no la mantendría en solitario. Pero el PSOE se mostró inflexible y, por tanto, se frustró esa nueva posibilidad. Así había titulado el diario LNE el día 10 de noviembre de 1998 la informa- ción sobre las desavenencias y acuerdos entre el PP y el PSOE: «El PP culpa al PSOE de que no sea posible pactar la oficialidad del bable en el estatuto».

Unos años más tarde los resultados electorales dieron lugar a un cambio en la representación política asturiana. El electorado se movió a la izquierda y el PSOE podía gobernar si contaba con los parlamentarios de Izquierda Uni- da/Izquierda Xunida. Se vivieron momentos de mucha expectación durante las negociaciones entre ambas formaciones políticas y parecía que la oficiali- dad estaba al alcance de la mano puesto que Izquierda Xunida había planteado como irrenunciable el reconocimiento de la oficialidad. Sin embargo, el PSOE se opuso rotundamente y el resultado fue un gobierno de izquierdas que no dio pasos decididos a la oficialidad. De hecho, se formó entonces un gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida, y Francisco Javier García Valledor, el dirigente cabeza de lista y partidario decidido de la oficialidad, ocupó la Con- sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, quedando las consejerías relativas a cultura y educación en manos del PSOE.

El Pacto de gobierno entre PSOE e IX en relación con la política lingüística y

la normalización de la lengua asturiana se firmó el 1 de julio de 2003 y propo-

nía la «creación de la Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística y de la Oficina de Política Lingüística, instrumentos políticos y administrativos de planificación y ejecución que aseguren la coordinación con las diferentes administraciones públicas, así como el control y la evaluación de estos programas». Este pacto también proclamaba «el reconocimiento y pre- sencia efectiva de la llingua asturiana en todos los niveles educativos» así como el «impulso a la llingua asturiana en el conjunto de los medios de comunica- ción, apoyando un uso riguroso y normalizador». Y terminaba el texto de este pacto proponiendo el «desarrollo reglamentario total de la Llei d’Usu y Promo-

ción de la Llingua asturiana».

Pero el hecho es que el gobierno, mayoritariamente del PSOE, siguió manteniendo su postura contraria al tiempo que detentaba las consejerías cla- ve relacionadas con la cuestión lingüística y cultural. Se consiguió únicamente que hubiese algunos avances en la cuestión de hacer oficiales poco a poco los topónimos tradicionales de algunos concejos. Incluso se realizó por parte la Dirección de Política Lingüística algún plan de normalización que significó un avance en la situación, que, sin embargo, siempre estuvo muy limitada por el hecho de no ser el asturiano lengua oficial.

En el año 2008 hubo un intento de reformar el Estatuto de Autonomía para Asturias, pero tal pretensión resultó fallida. Tras un año de trabajo, la nueva redacción no contemplaba la oficialidad del asturiano y al final todo quedó bloqueado cuando el PP renunció a asistir a las últimas reuniones para aprobar el texto.

En los gobiernos sucesivos hubo ciertos avances parciales en algunos te- mas concretos, pero nunca pasos decisivos. Será necesario esperar al año 2017 para que se produzca un hecho muy significativo en cuanto a la posición de los partidos políticos respecto a la lengua asturiana. Y, efectivamente, se pro- dujo un acontecimiento significativo, porque el PSOE asturiano sufrió un cambio importante.

Como consecuencia, por un lado, de la dinámica de la política a nivel del estado y, por otro lado, por el cambio generacional y la retirada progresiva de la antigua élite socialista y la llegada de nueva militancia joven con menos prejuicios contra el asturiano, los socialistas se manifestaron favorables a la oficialidad del asturiano. En efecto, en 2017 la mayoría de la militancia socia- lista aprobó que el partido tomase las medidas oportunas para declarar oficial la lengua asturiana, lo que significaría un cambio estatutario.

En el seno del xxxii Congreso de la Federación Socialista Asturiana la «Comisión de derechos ciudadanos» aprobó el día 30 de septiembre de 2017 que los socialistas se posicionasen a favor de la oficialidad de la lengua asturia- na. Finalmente, en el Plenario del Congreso de la Federación Socialista se aprobó la defensa de la oficialidad del asturiano con 223 votos a favor (82%), 36 en contra (13%) y 13 abstenciones (5%).