Con la histórica creación del Tribunal Andino de Justicia se pensó que el esquema para la integración sudamericana empezaría a acercarse al de la Unión Europea, ya que con él se había dado el salto cualitativo de pasar de un esquema intergubernamental a uno supranacional dotándolo de un garante de su legalidad. Tenían además los países de la Comunidad Andina y los del MERCOSUR las ventajas comparativas que le ofrecía su historia compartida, y una misma estructura jurídica que serían los pilares fundamentales, los cimientos para la construcción de la tan ansiada integración sudamericana, a la que luego se incorporaría Surinam y Guyana.
Como se ha visto esto se había logrado con la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, fundada en la ciudad del Cusco pero que tuvo efímera existencia al haber sido sustituida, casi sin solución de continuidad, por la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, más conocida como la UNASUR, en la que se tomó distancia de los antecedentes que habían precedido al proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones; lamentablemente cuando todo parecía indicar que se habían aquilatado las experiencias de la Comunidad Andina y del MERCOSUR y se esperaba el paso adelante, en firme, para la construcción de la tan ansiada integración de la América del Sur.
La suerte del futuro de la Comunidad Andina y del compromiso de la integración sudamericana en general estaría echada si es que no se corrige pronto el derrotero que se ha querido imprimir en este nuevo intento, que, una vez más vuelve a incurrir en los mismos errores del pasado, como los que manifestó en su oportunidad, quien fuera Presidente y destacado Magistrado del Tribunal Andino de Justicia, el Dr. Fernando Uribe Restrepo y que, desde otra perspectiva también lo señalara otro de los fundadores de la integración andina, el Embajador del Perú Carlos Alzadora Traverso con este agudo comentario:
“Tres cosas contribuyeron a debilitar el proyecto andino: la programación industrial que con tan poco realismo impuso el Perú y que lo desvió de sus metas comerciales originales; las sucesivas renegociaciones de todo lo actuado por el retiro de Chile y Venezuela; y el sabotaje neoliberal de quienes no se atrevieron a retirarse del Acuerdo pero hicieron lo posible
por paralizarlo o destruirlo, y que, además, aprovecharon los pretextos de la globalización y el libre comercio para desmantelar lo que en el fondo era una estructura de supervivencia, que debía galvanizar la unidad de seis pueblos hermanos y proyectarlos con fe hacia un futuro provisor, en el que toda una generación de andinos había depositado sus mas caras esperanzas.”1
Estas reflexiones las agrupaba el autor bajo el subtítulo de la “ilusión abandonada” que sintetiza los porfiados intentos de esta reunificación tantas veces prometida y tantas veces defraudada hasta casi convertirla en un sueño, pero habría que recordar, sin embargo, como en el verso de Shakespeare, que la ilusión o la esperanza es la sustancia de la que están hechos los sueños y que éstos, a veces se cumplen como fuera el de Martin Luther King con la elección de Barack Obama a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Como se desprende de estos antecedentes, la profundización del proceso de integración había alcanzado, por lo menos en lo que respecta a la Comunidad Andina, un avance en la integración regional, siempre con la mira en que no era un fin en sí mismo sino una etapa en el proceso de reunificación de la América Latina, empezando con la integración sudamericana; ya de por sí difícil por las existentes asimetrías en el sub continente. Sin embargo se cumplía con un mandato que imponía no solo la perdida vocación unitaria del pasado sino la obligación de responder a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado y competitivo.
Desde una perspectiva más amplia y ambiciosa era un primer gran paso hacia la creación de un Tribunal o Corte Suprema Latinoamericana, como lo habían percibido agudos observadores internacionales tanto de la cátedra como por parte de los agentes de sus respectivos procesos de integración subregional.2
Este proceso también había tenido un gran impulso con un acercamiento entre los distintos tribunales regionales con las convocatorias promovidas por la Corte Centroamericana de Justicia y especialmente con la magna conferencia sobre solución de controversias en el comercio internacional, celebrada en Montevideo, Uruguay en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, bajo los auspicios del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Corte de Arbitraje Internacional para el MERCOSUR en el año 2004 en Montevideo.
En aquella oportunidad, luego de pasar revista al sistema de solución de controversias en la Comunidad Andina, para contrastarlo con los otros vigentes en el
ámbito latinoamericano con el sistema de la Organización Mundial de Comercio, a modo de conclusión de mi intervención, señalé que:
”Con todo el bagaje normativo que se ha creado, no sería difícil armonizar las legislaciones vigentes en ambos grupos subregionales en materias específicas que ya han sido materia de normas comunitarias tales como la normativa sobre Propiedad Intelectual, basada en el ADPIC de la OMC, las normas sobre Competencia que se encuentran revisión y que serán materia de una normativa comunitaria y las normas sobre transporte multimodal, tomando en consideración los avances del proyecto IIRSA. Estos tres elementos, que tienen prioridad en la agenda comercial, constituirían un bloque que permitiría avanzar en el largo proceso de integración que ya existe en América del Sur…Una interpretación uniforme de la aplicación de dichas normas en todo el territorio sudamericano sería, de suyo, una fundación del esquema de integración que es ahora, más que nunca, imparable.”3
Después de este magno evento siguió, casi sin solución de continuidad, la histórica implantación del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR en Asunción, Paraguay, el 21 de octubre de 2004 precedido por una Conferencia días antes donde se estableció, de hecho, un mecanismo informal de cooperación entre ambos tribunales. En aquella ocasión el entonces Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, comentó con el Presidente de la Argentina sobre el Acuerdo entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR para crear una zona de Libre Comercio y señaló que lo que faltaba era construir, con base en esas dos grandes instituciones, una Comunidad Sudamericana. Señaló textualmente: “Tenemos un guión y ese guión es el de la Unión Europea. Las Instituciones que hemos creado son similares a las de la Unión Europea cuando fue creada y avanzó”.4 Esta
coordinación luego se haría efectiva en el Primer Encuentro de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales de los Países del MERCOSUR y de la Comunidad Andina, en la ciudad de Arequipa, Perú en octubre del 2005.
Lamentablemente la iniciativa no alcanzó la continuidad necesaria, probablemente por no haberse concebido una agenda realista que fuera compatible con el largo y delicado proceso que significa la construcción de una verdadera integración que implica fundamentalmente cesiones parciales de soberanía. La inclusión prematura de temas que no se encontraban lo suficientemente maduros como para constituir una base sólida para la creación de una verdadera Unión Sudamericana, siguiendo el ejemplo trazado por la Unión Europea, fue, tal vez, el primer gran escollo. La idea no era simplemente establecer acuerdos de complementación económica, ya que éstos podrían acordarse en el foro de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) sino sentar bases sólidas para una verdadera integración.
Sin embargo, tampoco eran unas palabras más del intercambio protocolar en un tema que se había venido tratando desde hace mucho tiempo para reivindicar una vieja aspiración de integración no solo sudamericana sino latinoamericana. Días antes, el 8 de octubre de 2004, el entonces Secretario General de la Comunidad Andina, había definido en la ciudad de Montevideo, durante una sesión extraordinaria organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, la convergencia entre los Países de la Comunidad Andina y del MERCOSUR, más que como la de un Tratado de Libre Comercio como una verdadera profundización en el desarrollo de la infraestructura, mediante la cooperación financiera, política y el desarrollo económico y social. Acompañó a su exposición, entre otros, una pequeña síntesis que resumía en cinco puntos cardinales una aproximación de ambos bloques de los cuales cabe resaltar tres pues en ellos estaba sintetizada la posibilidad de la fundación de una verdadera Comunidad Sudamericana de Naciones: (a) un tratado marco que asegurara la convergencia y la capacidad de articulación regional; (b) la institucionalización de órganos con capacidad de adoptar decisiones vinculantes; y, (c) un mecanismo jurisdiccional de solución de controversias que garantizara el respeto de los compromisos asumidos.5
Este derrotero, confirmado luego por las declaraciones de su par, el Presidente del Comité de Representantes Permanentes de MERCOSUR, no solo cerraba un largo periplo de aproximaciones y conversaciones sino que situaba en términos reales, pragmáticos y bien definidos, el rumbo que debería seguirse para alcanzar la tan ansiada integración sudamericana en una larga travesía no exenta de peligros, trampas y tentaciones para abandonarla. Sin embargo éstas últimas al fin prevalecieron sobre aquellas buenas intenciones, confirmando así ese lugar común que se le atribuye a estas latitudes, la de primar la retórica sobre el duro trabajo y la falta de implementación de decisiones en la profundización de la integración.6
LA INCORPORACIÓN DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS Y LA CREACIÓN DEL