35 Extractado de la página web. www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2003-06-
En Colombia, las empresas han concedido muchas prerrogativas a los sindicatos. Los patronos por un lado, con afán de rápida ganancia, atenidos en las protecciones arancelarias que les pueda proporcionar el Estado frente a la competencia de productos extranjeros, no se preocupan en modernizar sus procesos y racionalizar costos. Por el otro, los sindicatos consideran que los recursos de las empresas son inagotables y que se perpetúan para aquellos que laboran en las mismas. En muchas ocasiones, ambos estamentos atentan contra la Organización Empresarial: unos con peticiones desmedidas y otros, con concesiones irresponsables. Muchas de estas situaciones son conocidas (FonColpuertos, Ferrocarriles Nacionales, Ecopetrol, Caja Agraria, sólo para mencionar algunas de las más publicitadas); así como algunas empresas privadas, donde las partes se culpan mutuamente por su fracaso.
Hechos como la falta de profesionalismo, la presencia de una política de negociación inflexible por parte de los sindicatos; así como no contar con herramientas y técnicas de negociación, han contribuido al fracaso de algunas empresas causando daños irreparables para la economía y los trabajadores. En algunos casos las negociaciones colectivas en entidades del sector público, no afectan únicamente a la entidad involucrada en el proceso sino que sus "conquistas" han trascendido el terreno meramente interno y afectan a la sociedad en su conjunto.
La situación que hoy viven algunas empresas en las que sus concesiones laborales las hacen "inviables económicamente," permiten que el Estado tenga que recargar sus obligaciones a toda la ciudadanía para mantenerlas a flote y para garantizar las conquistas laborales; en muchos casos, estamos comprometiendo el principio de convivencia ciudadana del "bien general que debe primar sobre el particular" por la del "bien particular primando sobre el general"36.
De la misma forma, los sindicatos en la actualidad, amparados por una protección constitucional amplia, una regulación legal generosa; así como antecedentes jurisprudenciales, han enfocado su política de negociación a la obtención de beneficios extralegales, a mejorar las condiciones salariales y prestacionales de sus afiliados, pero sin atender a la situación económica de las empresas del sector privado, o las entidades oficiales. El empleador se encuentra en una posición menos favorable que el trabajador a nivel de protección legal, porque, al ser considerado la parte fuerte de la relación laboral, carece del mismo amparo del que gozan los trabajadores. Si se analiza el elemento esencial de los sindicatos, como es la asociación de los trabajadores para equilibrar la relación laboral con el patrono, y de esta forma negociar con él directamente para obtener reivindicaciones económicas de carácter salarial o prestacional entre otras, se deduce que no atiende tal consagración a los fines perseguidos actualmente por los sindicatos; en primer lugar, debido a que no es el interés más preciado de los sindicatos equiparar la relación laboral, ser una fuerza equivalente en la relación laboral, y obtener reivindicaciones proporcionadas y justas conforme a su trabajo y a la situación económica de la empresa a la cual pertenecen; su finalidad principal, es la obtención desenfrenada de beneficios extralegales, salariales y prestacionales, así como el mantenimiento de éstos en épocas de crisis, tiempos en los cuales no es posible para el empresario mantener la carga prestacional y salarial negociada con el sindicato en época de bonanza económica. Es así, bajo este concepto, que la consagración constitucional, legal y la jurisprudencial acerca del sindicalismo, han dotado a los mismos de una protección, derechos, facultades, mecanismos de presión y poder, que su utilización reiterativa y egoísta por parte del sindicato causa un desequilibrio en las relaciones con el patrono, así como una afectación en las finanzas de la empresa. En la Actualidad no ocupa un lugar importante la lucha por la empresa o la entidad y la lucha por los derechos estrictamente legales por parte del sindicato; ahora se centra la lucha en los beneficios extralegales, tanto su obtención, como su reintegración, en caso en que una de estas “conquistas laborales” sea cedida por el sindicato; y en segundo lugar, tal protección brindada a los sindicatos, deja en una posición desvalida al empresario, quien deberá ceder a sus peticiones para evitar pérdidas mayores
en su empresa, o la parálisis completa de la misma y en algunos casos hasta el cierre. Ahora bien, el sector oficial, tampoco se escapa a tales presiones; las entidades oficiales que cuentan con uno o varios sindicatos, ven paralizadas sus funciones por las movilizaciones de sus miembros, quienes al no ser conscientes de la necesidad imperativa que tiene el estado de realizar ajustes en sus entidades para evitar el déficit, la burocracia, y poder cumplir con sus obligaciones económicas, realizan movilizaciones que ocasionan parálisis en las entidades, malas relaciones con éstas, y lo más importante, pérdidas económicas que deben cubrir los colombianos, con más impuestos. Lo anterior, amparado en consagraciones constitucionales, legales, tratados de la OIT, jurisprudencia, y en fin, toda una normatividad que permite a los trabajadores sindicalizados, exigir todo tipo de prestaciones extralegales, y realizar movilizaciones en caso que no sean concedidas sus peticiones, ejercer medios de presión que atentan directamente contra la producción del empresario, la prestación del servicio en las entidades públicas, y principalmente, en el desarrollo del país.
Como muestra de lo señalado anteriormente, se relacionan algunas de las movilizaciones tanto sindicales como sociales, realizadas en el periodo 1998-2002 del gobierno del ex presidente Andrés Pastrana Arango; para ello, se centra dicho estudio en el análisis realizado por los doctores Álvaro Delgado, Martha Cecilia García y Esmeralda Prada, denominado “Cuatro Años Bajo La Lupa”37; del cual, se extraen los aspectos más
relevantes relacionados con las movilizaciones sindicales.
Por sectores de la economía, el mayor número de huelgas durante el periodo 1998-2002 se presentó en la salud pública, seguida del magisterio y los empleados estatales restantes. La manufactura participó apenas con el 8% de las huelgas y el1% de los huelguistas (su componente mayoritario fue Ecopetrol). El grueso de los huelguistas del periodo estuvo compuesto por los empleados estatales (57% del total), seguidos del magisterio oficial
(21%). Los conflictos más prolongados se presentaron en la salud, el magisterio y los empleados estatales, que en su conjunto acapararon el 80% de las jornadas no laboradas por motivo de huelga. Como puede observarse, los mismos protagonistas aparecen una y otra vez, en el balance de las fuerzas comprometidas en la protesta.
La C.U.T. estuvo al frente con el 74% del total de las huelgas, seguida de lejos por los no confederados (8.2%). La CGTD tuvo una participación muy baja y la CTC no apareció en el balance. Sin embargo, la dirección conjunta de los conflictos (C.U.T., CGD, CTC, no confederados), que apenas contabilizó menos del 5% del número de casos, movilizó el 55.5% de los huelguistas, seguida de la C.U.T., que condujo por su lado el 38.7%. (Ver Anexos No. 2 y 3. Estadística. CINEP).
5. SISTEMAS ENSAYADOS PARA MINIMIZAR MEDIOS DE