• No results found

A weighting scheme for randomized feature selection

a. Porque existe un ordenamiento jurídico garantista de los derechos fundamentales humanos, que aplicados con seriedad producen seguridad jurídica , la que a su vez abaliza los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos con el ordenamiento jurídico que determina el Estado democrático de nuestro país, es necesario que tomen los poderes su autonomía independizándose del control del Gobierno que hoy en día ejerce y en particular el judicial que como se ha podido evidenciar en muchos casos obedece a las tendencias políticas de los Gobernantes.

b. Para que el debido proceso se aplique en los procesos judiciales de toda índole, es necesario que el Gobierno respete el ordenamiento jurídico establecido y la independencia del resto de poderes del Estado, los que desde hace unos 10 años aproximadamente se encuentran tutelados por el Ejecutivo y por lo tanto no se apliquen en particular en el judicial los derechos fundamentales procesales e instrumentales que tienen los ecuatorianos establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales y las Leyes Orgánicas, porque muchas de las veces los fallos de los juzgadores dejan mucho que desear; por esta razón el Poder ejecutivo debe permitir que el Poder Judicial sea completamente autónomo del resto de poderes para que tome resoluciones judiciales motivadas, fundamentadas, independientes y ceñidas al debido proceso.

c. Para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso en los procesos legales y disciplinarios que sancionan la conducta de los miembros policiales, es necesario se reformen estructuralmente porque están vigentes Leyes que datan de 1998 con modificaciones cosméticas que no han influenciado positivamente en la aplicación

102

del debido proceso ni la seguridad jurídica que garantiza los derechos fundamentales y humanos en los procesos legales y disciplinarios del personal policial.

d. A objeto de evitar procesos legales, administrativos y disciplinarios de tipo subjetivo por el uso del artículo 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, es imperante se puntualicen con claridad los actos que lesionan gravemente el prestigio institucional, como también los que atentan contra la moral y las buenas costumbres, para evitar que indiscriminadamente se instauren procesos legales y disciplinarios subjetivos con resoluciones judiciales de la misma índole (fallos).

e. En necesario una actualización total y estructural de las normas policiales que regulan las actividades administrativas, operativas y sancionadoras de la disciplina policial con el objeto que su aplicación en los procesos administrativos y legales instaurados sean ajustado al debido proceso y a la seguridad jurídica que son derechos fundamentales de todos los ecuatorianos. Por otro lado, a la Policía Nacional por su carácter de Institución técnica, es inevitable se le devuelva la personería jurídica y por lo tanto la representación legal y extrajudicial que le haría nuevamente una Institución autónoma administrativa, financiera y operativamente porque estaría dirigida por los mismos miembros policiales.

f. Para terminar con las dudas del manejo político o de poder del Sector judicial frente a los procesos legales o disciplinarios, es necesario la creación de juzgados y tribunales especiales con jueces y personal también especializado para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica a los servidores judiciales; porque el debido proceso y la seguridad jurídica bien aplicada en los procesos disciplinarios, garantiza el respeto a los derechos fundamentales que también son inherentes a quienes conforman la Policía Nacional.

103 ANEXOS

ANEXO No. 1

ENCUESTA

DIMENSIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y DEBIDO PROCESO, APLICADOS EN LOS PROCESOS SANCIONADORES DE LA DISCIPLINA DEL PERSONAL DE LA

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR XII -2016

Quito – Ecuador

No. VARIABLES SI NO

1 ¿Cree usted, que la Ley Orgánica de la Policía Nacional debe ser actualizada?

2 ¿Opina usted, que la Ley de Personal de la Policía Nacional debe ser actualizada?

3 ¿Aconseja usted, que el Reglamento de disciplina de la Policía Nacional, debe ser actualizado y ajustado a la operación y actividad policial actual?

4 ¿Sugiere usted, que para evitar procesos penales y disciplinarios policiales subjetivos; es necesario se puntualicen “los actos que lesionan gravemente el prestigio institucional, como también los que atentan contra la moral y las buenas costumbres”, expresiones que constan en el Art. 54 de Ley de Personal de la Policía Nacional?

5 ¿Considera usted, que las sanciones impuestas a los miembros de la Policía Nacional por los Tribunales de Disciplina Policial son justas?

6 ¿Piensa usted, que es necesario modificar la composición orgánica de los Tribunales de Disciplina policial para que sus resoluciones sean imparciales y

justas?

7 ¿Percibe usted, que en los procesos penales y disciplinarios instaurados por los sucesos del 30S en contra de varios miembros policiales, se aplicó el debido proceso y la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución y Tratados

Internacionales?

8 ¿Ha usado usted alguna vez los recursos de apelación, establecidos en las normas

jurídicas vigentes, en procesos penales o disciplinarios?

9 ¿Según usted, en la Policía Nacional para sancionar faltas disciplinarias (primera

y segunda clase) se aplica el debido proceso legal y reglamentario vigente?

10 ¿Ha evidenciado usted, que en la Policía Nacional para sancionar faltas disciplinarias (primera y segunda clase) se aplica la seguridad jurídica legal y reglamentaria vigente?

11 ¿Para usted; se aplica en la justicia policial el principio de inocencia constitucional (76.2) que dice “Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución

firme o sentencia ejecutoriada?

12 ¿Aprecia usted, que el Sistema jurídico policial, emite sus resoluciones jurídicas y disciplinarias, motivadas, fundamentadas, imparcial y libremente sin influencia

104 ANEXO No. 2: PARRILLA DE DATOS TABULADOS DE LA ENCUESTA

DIMENSIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y DEBIDO PROCESO, APLICADOS EN LOS PROCESOS SANCIONADORES DE LA DISCIPLINA DEL PERSONAL DE LA POLICIA

NACIONAL DEL ECUADOR (XI -2016)

Quito – Ecuador

No. VARIABLES SI NO TOTAL

1 ¿Cree usted, que la Ley Orgánica de la Policía Nacional debe ser actualizada? Q 368 13 381

% 96,67 3,33 100,00

2 ¿Opina usted, que la Ley de Personal de la Policía Nacional debe ser actualizada?

Q 350 31 381

% 91,80 8,20 100,00

3 ¿Aconseja usted, que el Reglamento de disciplina de la Policía Nacional, debe ser actualizado y ajustado a la operación y actividad policial actual?

Q 370 11 381

% 97,18 2,82 100,00

4 ¿Sugiere usted, que para evitar procesos penales y disciplinarios policiales subjetivos; es necesario se puntualicen “los actos que lesionan gravemente el prestigio institucional, como también los que atentan contra la moral y las buenas costumbres”, expresiones que constan en el Art. 54 de Ley de Personal de la Policía Nacional?

Q 348 33 381

% 91,28 8,72 100,00

5 ¿Considera usted, que las sanciones impuestas a los miembros de la Policía Nacional por los Tribunales de Disciplina Policial son justas?

Q 376 5 381

% 98,72 1,28 100,00

6

¿Piensa usted, que es necesario modificar la composición orgánica de los Tribunales de Disciplina policial para que sus resoluciones sean imparciales y justas?

Q 369 12 381

% 96,92 3,08 100,00

% 54,36 45,64 100,00

7 ¿Percibe usted, que en los procesos penales y disciplinarios instaurados por los sucesos del 30S en contra de varios miembros policiales, se aplicó el debido Proceso y la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales?

Q 3 378 381

% 0,78 99,22 100,00

8 ¿Ha usado usted alguna vez los recursos de apelación, establecidos en las normas jurídicas vigentes, en procesos penales o disciplinarios?

Q 173 208 381

% 45,38 54,62 100,00

9 ¿Según usted, en la Policía Nacional para sancionar faltas disciplinarias (primera y segunda clase) se aplica el debido proceso legal y reglamentario vigente?

Q 109 272 381

% 28,72 71,28 100,00

10 ¿Ha evidenciado usted, que en la Policía Nacional para sancionar faltas disciplinarias (primera y segunda clase) se aplica la seguridad jurídica legal y reglamentaria vigente?

Q 101 280 381

% 26,41 73,59 100,00

11 ¿Para usted; se aplica en la justicia policial el principio de inocencia constitucional (76.2) que dice: “Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada?

Q 66 315 381

% 17,44 82,56 100,00

12 ¿Aprecia usted, que el Sistema Jurídico Policial, emite sus resoluciones jurídicas y disciplinarias, motivadas, fundamentadas, imparcial y libremente sin influencia política o de otra índole?

Q 70 311 381

105

BIBLIOGRAFÌA

A. J., Carlyle. 1981. Los fines del derecho, bien común, justicia y seguridad; “El bien común, la justicia y la seguridad jurídica en la concepción medieval del derecho”; Editorial UNAM,

México, pág. 79. ISBN 958-58-006.

Alarcón, Roquejo Gilmer 2011; Estado de derechos y democracia, Editado por DYKINSON, S.L.; Madrid – España. Pág. 258. ISBN 978-84-9982-904-3.

Álzate Ríos, Luis Carlos; Temas de derecho procesal administrativo. Editorial OPTIGRAF, Armenia – Colombia, Pág. 137. ISBN 9978-958-8510-20-0.

Amnistía Internacional 2000; Juicios Justos. Editorial Amnistía Internacional, Madrid – España; pág. 62, Ibídem 68. ISBN 84-86874-59-9.

Amnistía, Internacional 2013; Informe 2013, “El estado de los derechos humanos en el

mundo”; Editado por Amnistía Internacional (EDAI). Madrid – España, pág. 97-99. 978-l84- 96462-39-7.

Asamblea Nacional del Ecuador, 2008; Constitución de la República del Ecuador. Publicada por el Registro Oficial (449), Montecristi – Ecuador.

Asamblea Nacional Constituyente de Francia;

Baca, Olamendi y Judit Bokcer Liberant 2000; Editado por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. México D.F. México; pág. 389. ISBN 968-16-6107-9.

Bustos, Ramírez Juan; Seguridad ciudadana y seguridad jurídica 2007. Editado por Universidad de Salamanca, España. Pág. 94. ISBN 978-84-7800-346-4.

Caldera Delgado Hugo, 1982; Sistema de responsabilidad extracontractual del Estado en la Constitución Política de 1980; Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile. Pág. 438. Casado, María Laura. 2011; Diccionario de derecho, Ediciones Vallunata, Buenos Aires – Argentina, Pág. 123. ISBN 978-950-743-375-1.

Colomer, Juan Luis; El sistema de enjuiciamiento criminal propio de un estado de derecho. Editor Instituto Nacional de ciencias penales, Buenos Aires – México. ISBN 978-970-768- 103-3

106

Corral, Fabián 2014; La seguridad jurídica. Editado por Diario el comercio, Quito – Ecuador; extraído de El comercio.com.

Casal H, Jesús María; 2008. Loa derechos humanos, Editado por MINIPRES C.A., Caracas – Venezuela; Pág. 9-13. ISBA 980-244-459-6.

Casal, María José y Mariana Zerpa Morloy 2007; Editorial Texto C.A. Caracas – Venezuela; pág. 152. ISBN 980-244-439-1

Cea, Egaña José Luis 2012; Derecho constitucional chileno. Editado por Universidad Católica de Chile, Chile; pág. 157. ISBN 978-956-14-1247-7.

Congreso Nacional del Ecuador, 1998. Ley (169) Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, Publicado por el Registro Oficial Ecuatoriano (368). Quito – Ecuador.

Chalco, José Salgado 2015; La facultad reglamentaria del Ejecutivo, “Atribuciones intensidad, problemas del ejercicio y control”. Editado por Chalco José; Cuenca Ecuador;

pág. 81 y 91. ISBN 978-994-220-773-9.

Convención americana de los derechos humanos, suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos en san José de costa rica.

Código Orgánico Integral Penal (COIP) publicado en el registro oficial del 10 de enero del 2014.

Chalbaud, Zerpa Reinaldo 2004. Revista de la facultad de derecho, “Derechos humanos y su protección constitucional”; Editorial Texto. Caracas – Venezuela. Pág. 19 y 20. ISSN 0255- 5328.

Convención americana de los derechos humanos, suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos en san José de costa rica.

Cabanellas de Torres, Guillermo 2011. Diccionario jurídico elemental, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires – Argentina; Pág. 110. ISBN 978-950-885-083-6

Chacón, Giráldez Ana María 2016; Boletín mexicano de derecho comparado. “La

exclusividad y la unidad jurisdiccional como principios constitucionales”, Editado por el Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM; México; Pág. 2. ISNN 0041-8633.

107

Delgado Hugo, 1982; Sistema de responsabilidad extracontractual del Estado en la Constitución Política de 1980; Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile. Pág. 438.

Declaración universal de los derechos y deberes del hombre aprobada en la 9na Conferencia Internacional Americana de Bogotá 1948.

Echeverría, Julio y Cesar Montufar 2008; Plenos poderes y transformación constitucional. Ediciones ABYA – YALA. Quito – Ecuador, pág. 162. ISBN 978-9978-22-719-0.

El Universo, 2012; ONU, exhorta al debido proceso sobre el 30S, Quito – Ecuador;

http://www.eluniverso.com/2012/01/21/1/1355/onu-exhorta-debido-proceso-sobre-30-s.

El Mercurio, Diario 2014, 30S; Tribunal condena a 12 años a 6 policías por intento de magnicidio. Cuenca – Ecuador. http://www.elmercurio.com.ec/445518-30s-

Ecuadorinmediato, 2011; Ni una sola sentencia se ha ejecutado por los sucesos del 30 de septiembre; Quito – Ecuador. http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias Ekdhal, Escobar María Fernanda 1989; La doctrina de los actos propios. Editorial jurídica de Chile, pág. 97. ISBN 956-10-0800-8.

Fernández, Cristina – Pacheco Estrada; 2011. Temas actuales de investigación en ciencias penales, Primer Congreso Internacional, Editado por Universidad de Salamanca; Salamanca – España; pág. 154. ISBN 978-84-7800-155-2.

Fundación 1000 Hojas, 2015; 30 de septiembre. Análisis de los sucesos, Quito – Ecuador. http://milhojas.is/612338-30-de-septiembre-analisis-de-los-sucesos.html

Figueroa Ala, Uldaricio 2012; El sistema internacional y los derechos humanos. Editado por RIL., Santiago de Chile. Pág., 283-289. ISBN 978-956-284-902-9.

Fernández Suarez, Jesús Aquilino.1991, La filosofía jurídica de Eduardo Garc a Máynez, “La seguridad jurídica”; Edit. Universidad de Oviedo. España, pág. 126, ibídem 267. ISBN 84- 7468-285-1.

Fernández Suarez, Jesús Aquilino.1991, La filosofía jurídica de Eduardo Garc a Máynez, “La seguridad jurídica”; Edit. Universidad de Oviedo. España, pág. 267. ISBN 84-7468-285-1

108

Gonzales Nazario, 1998. Los derechos humanos en la historia, Editorial GAMAGRAF, Barcelona – España. Pág. 33 ISBN 84-490-1413-1.

Gonzales, Schmal Raúl 2007, Programa de derecho Constitucional; Editorial LIMUSA S.A. México, Pág. 19. ISBN 978-968-18-7097-3.

García, García – Cervigón, Josefina y Alicia Rodríguez Núñez 2015; Política criminal y derechos humanos. Editorial Universitaria Ramón Areces; Madrid-España. Pág.; 35 ISBN – 13; 978-84-9961-209-6.

Gutiérrez, Faustino y Alviz Conradi 2012; El derecho de defensa y profesión de abogado. Editado por Atelier Libros jurídicos. Barcelona – España; pág. 27. ISBN 978-84-15929-59-8. Gozaíni Oswaldo Alfredo 2004; Editorial Rubinzal – Culzuni, Buenos Aires – Argentina, ISBN 950-727- 549-5.

Ibarra, Muñoz David 2007; Derechos y políticas sociales; editado por la Dirección de publicaciones y fomento editorial de la universidad UNAM, México pág. 19, ISBN 970-32- 3532-8

Jefatura del Estado mayor de la Policía Nacional del Ecuador s/a, Sistema de transparencia

integral policial y confianza ciudadana; Quito – Ecuador, extraído de

www.policìaecuador.gob.ec/sis_tran_integ_poli/ .

La Hora, 2012; Medina pide respeto al debido proceso sobre el 30S. Quito- Ecuador. http://lahora.com.ec/index.php/noticias/ .

Martínez, Marulanda Diego 2007; Fundamentos para la introducción al derecho, Editado por Erinia; Medellín Colombia; Pág. 152. ISBN 958-655-452-X

Madariaga Gutiérrez Mónica 1993, Seguridad jurídica y administración pública en el siglo XXI; Editorial Jurídica de Chile, Chile, Pág. 25, ISBN. 956–10–1017-8.

Martínez, Marulanda Diego 2007; Fundamentos para la introducción al derecho, Editado por Erinia; Medellín Colombia; Pág. 152. ISBN 958-655-452-X

Mackay, Fergus 2002; Guía para los derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Editado por Lola García Alix, Copenhague – Dinamarca; Pág. 24. ISBN 87- 90730-58-5.

109

Martínez, Marulanda Diego 2007; Fundamentos para la introducción al derecho, Editado por Erinia; Medellín Colombia; Pág. 152. ISBN 958-655-452-X

Montero, Hernanz Tomás 2009; Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria. Editorial Club Universitario (ECU), Alicante – España; pág. 365. ISBN 978-84-8454-651-1. Midon, Marcelo Sebastián 2004; Derecho probatorio, “Parte general”. Ediciones Jur dicas Cuyo, Corrientes – Argentina; pág. 245. ISBN 987-527-136-5.

Ministerio del Interior, 2012; Doctrina Policial de la República del Ecuador, “Carácter de la Policía Nacional; 1ra Edición, realizada por el Ministerio del Interior, Quito – Ecuador, Pág. 77 recuperado de www.ministerio interior. com.ec.

Noguera, Calderón Rodrigo y Darío Botero Uribe 1997; Efectos de la Ley en el Tiempo. Ediciones Rosaristas, Santa Fe de Bogotá - Colombia; Pág. 147. ISBN 958-9203-58-2.

Oraá Jaime, y Gómez Isa; La declaración de los derechos humanos, Volumen 10. Editado por Universidad de Deusto, Bilbao – Brasil; Pág. 9-13. ISBS 978-84-9830-544-9.

Otero Parga, Milagros 1999. Valores Constitucionales, Editado por Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela; España Pág. 105. ISBN 84-8121-796-4.

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (ICCPR) por sus siglas en inglés.

Policía Nacional del Ecuador 2014, Reseña histórica de la Policía Nacional del Ecuador; Quito-Ecuador; extraído de www.policìaecuador.gob.ec/histori

Policía Nacional del Ecuador 2010, Evolución de la Policía Nacional del Ecuador, Quito- Ecuador, extraído de www.policìaecuador.gob.ec/histori.

Presidencia de la República del Ecuador, 201; Decreto Ejecutivo 632, Publicado por el Registro Oficial Ecuatoriano, Quito – Ecuador.

Pico, Mantilla Galo 2007; Jurisprudencia ecuatoriana de casación civil. Editado por Galo Pico, Quito – Ecuador; pág. 305. ISBN 846-906-200-x

Papacchini, Ángelo 2003; Filosofía y derechos humanos. Editado por Universidad del Valle, Cali – Colombia; Pág. 65. ISBN 958-670-250-2.

110

Rojas, Rafael, Carlos Montaner 2012; El otro paredón, “Asesinatos de la reputación en

Cuba”. Editado por Eriginal books LLC. Miami – EE.UU. Pág. 187, ISBN 978-1-61370-972- 6.

Romero Pérez Jorge Enrique 1999, Derecho Administrativo, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José de Costa Rica, Pág. 223, ISBN 996-831-055-7.

Rodríguez, Ten Javier 2008; Colección jurídica general “Deporte y derecho administrativo sancionador. Editorial REUS S.A. Pág. 208. ISBN 978-84-290-6.

Rodríguez y rodríguez Jesús; 2005. Diagnóstico sobre el sistema de seguridad publica en Tabasco, Editado por Universidad Autónoma de Tabasco, México, Pág. 216. ISBN 968-5748- 77-2

Sintura, Varela Francisco y Jaime Lambona Villalba; 2005; Sistema Penal acusatorio. Editado por Centro Editorial de la Universidad del Rosario. Bogotá – Colombia, pág. 265. ISBN 958-8225-40-X.

UCAB, Universidad Católica Andrés Bello. Jornadas de Derecho Procesal; 2006. Estado de Derecho Procesal Penal Venezolano. Situación de las Leyes especiales. Editor, Publicaciones UCAB, Caracas – Venezuela; pág. 278. ISBN 980-244-434-0.

Uriarte, Valiente Luis M. y Tomás Farto Piay 2007; El proceso penal español: Jurisprudencia sistematizada. Editorial La Ley, Madrid – España; pág. 692. ISBN 978-84-9725-826-5.

Vega Sánchez, Cristina Montero 2015; Ana Pérez y otros; Contextos de intervención comunitaria. Ediciones Paraninfo, S.A. España. Pág. 55. ISBN 978-84-283-9949-4.

Vidal, Pérez María Fernanda 2007; El Litis consorcio en el proceso civil. Editado por La Ley, Madrid – España; pág. 196. ISBN 978-84-9725-833-3.

Vásquez, Gonzales Magaly 2007, Debido proceso y medidas de coerción personal. Editado por Universidad Católica Andrés Bello; Caracas – Venezuela. Pág. 104, ISBN 980-244-508- 0.

Related documents