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3. COLUMN GENERATION AND DANTZIG-WOLFE DECOMPOSITION

4.3 Basic Components

L

os medios de comunicación de masas tienen como figura retórica favorita la reiteración: la infinita repetición de un contenido. Una vez que se articula la estrategia de culpar al go- bierno de los muertos que la oposición causa, el procedimiento se repite hasta el cansancio.

La oposición y los medios venezolanos, como los Bor- bones, ni olvidan ni aprenden nada. La impunidad los alien-

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terrorismo de Estado para destruir al sector privado” (El Na-

cional, 30/9/2002). Ni olvida ni aprende que seis meses antes

sucedió justamente lo contrario. El cuerpo de la noticia anuncia desembozadamente el reciclamiento de la estrategia insurrec- cional de abril: “El Consejo Nacional de Fedecámaras decidirá hoy la convocatoria a un paro cívico empresarial para protestar contra lo que han calificado como el terrorismo de Estado para destruir la inversión privada nacional y extranjera”.

Luis Giusti, ex presidente de Pdvsa y vocero de la corrien- te privatizadora de la empresa, en página completa de El Uni-

versal profetiza que “Si Pdvsa va al paro, el país colapsa en una

semana”. De seguidas expone abiertamente el plan del sabotaje que se iniciará una semana después: “Lo primero que empie- za a sufrir es el embarque de crudo de exportación. Luego se paraliza el suministro de las plantas de distribución, de donde sale la gasolina y el diesel que alimenta la flota de transporte nacional. De manera que ahí todo comienza a depender de la cantidad de combustible que tengan en sus tanques las mil 580 estaciones de servicio del país” (24/11/2002, 2).

Para reciclar los pronunciamientos de militares de febrero de 2002 en lujosos hoteles, la oposición refuerza el show tele- visivo permanente en la plaza Altamira, en donde oficiales que dicen tener comprometida a la mayoría del ejército son aclama- dos en una suerte de verbena golpista.

Una vez más el presidente del sindicato de patronos Fede- cámaras, esta vez Carlos Fernández, el del gremio de sindica- listas patronales CTV, todavía Carlos Ortega, y el gerente de la nómina mayor de Pdvsa, Juan Fernández, dirigen la oposición, en la cual casi no tienen voz ni voto una miríada de partidos en vías de extinción o en terapia intensiva mediática. Ésta es ta. A dos semanas del golpe de abril, El Nacional abre su

primera plana con el titular: “Oposición busca acuerdo para recortar el mandato o convocar un referéndum”. Ya que no existe norma a la medida de su urgencia, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y el MAS impetran la reforma constitu- cional (30/4/2004, p. A-1).

Como no hay mayoría para inventar una norma constitu- cional ad-hoc, se reiteran los operativos para liquidar conjunta- mente gobierno y Constitución. El Nacional destaca en primera plana las reflexiones en las que se entretiene Andrés Velásquez, quien “asegura que el Gobierno no llega a diciembre”: “Debe- mos paralizar el país hasta que Chávez se vaya” (29/7/2002, D-1). Sería original idea, de no haber fracasado rotundamente en abril. A falta de “goteo de pronunciamientos”, durante los meses que siguen al fallido golpe de abril, la facción golpista de los medios inventa el grupo de los “comacates”, supuestos militares que aparecen en pantalla enmascarados y siembran la prensa de comunicados anónimos en los que amenazan que “cuando salgamos nosotros, a nadie le va a dar tiempo de nada” (El Nacional, 6/8/2003, D-3). Los versados en cuestiones milita- res advierten en el uniforme de los supuestos oficiales incohe- rencias que hacen suponer que surge del departamento de ves- tuario de algún canal. Caballeros en traje de etiqueta y damas en vistosos atuendos que salen de las fiestas de la alta sociedad adquieren el hábito de hacer escala en la plaza Altamira para contemplar las vigilias y la vistosa iluminación de las unidades móviles que las registran para la televisión.

Fedecámaras estrena nuevo presidente, pero no ideas ni tácticas novedosas. Cárlos Fernández advierte que “está en jue- go la democracia” y añade, en titular desplegado que “Hay un

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que en enero de 2002 las comunidades toman y reabren las es- cuelas. Piquetes de la Policía de Baruta impiden a los clientes el acceso a los bancos con el pretexto de proteger al personal que labora dentro: presencié una de estas operaciones en la sede del Banco de Venezuela en la urbanización Santa Marta.

De nuevo los medios se enzarzan en un saturativo llama- miento a la desestabilización. Teledifunden veinticuatro horas sobre veinticuatro la plaza Altamira (rebautizada como “plaza Francia” o “plaza de la Libertad”) para crear la impresión de que el país se reduce a los dos o tres centenares de manifes- tantes reunidos en ella. Exhiben tomas de calles vacías en la madrugada presentándolas como pleno día. Muestran facha- das de negocios o fábricas cerradas por los dueños, para crear la impresión de que los trabajadores no quieren concurrir a ellas. Comparan en pantalla doble el flujo de vehículos en au- topistas en “día normal” (tomadas desde un punto estaciona- rio, desde el cual se ven pasar muchos vehículos) y en “día de paro”, tomadas desde un vehículo que sigue a otro, lo cual da la impresión de que sólo circula el automóvil que precede a la unidad de grabación.

también una decisión de los medios. Los dirigentes políticos tradicionales son progresivamente apartados de las pantallas. Silvia Cabrera, quien para ese entonces trabajaba en Canal 4, me confía que los medios se inclinan por promover para pre- sidente a Juan Fernández, y que cónclaves de publicitarios lo entrenan sobre cómo hablar, cómo moverse, cómo presentarse en pantalla.

Una vez más la mayoría de los medios convoca a un cie- rre patronal insurreccional, que arranca el 2 de diciembre de 2002. Quizá olvida o no sabe que justamente cien años antes, el 2 de diciembre de 1902, acorazados de Inglaterra, Alemania e Italia inician contra Venezuela un bloqueo auspiciado por una oposición de banqueros, caudillos locales en decadencia, compañías extranjeras del asfalto y acreedores de la deuda, agresión que gracias al irreductible nacionalismo de los ve- nezolanos y del presidente Cipriano Castro fracasa. El nue- vo cierre patronal es también una decisión mediática. Silvia Cabrera, asimismo, me confía que desde septiembre Eduardo Salinas, ejecutivo de Venevisión, hablaba del cierre patronal como un hecho consumado antes de cualquier pronuncia- miento de las dirigencias políticas.

Una vez más arranca el lock-out patronal sin más adhe- rentes firmes que algunas franquicias de lujo y centros comer- ciales en las urbanizaciones residenciales del Este. La prensa “en paro” circula. También funcionan automercados y bancos, que se limitan a molestar al público con horarios restringidos. Sectores de la oposición intentan paralizar la Educación, con la amenaza de que “no responden por la vida de los niños”. Sólo triunfan en los estados donde gobernadores de oposición cie- rran las aulas por decreto, como en Miranda y Carabobo, hasta

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sede de Pdvsa en la Campiña, mientras una locutora, en off, in- terpreta: “En este video aficionado también aparece el alcalde del municipio Libertador... resulta ser que en este video hemos encontrado al señor que hoy reconoce que disparó contra la gente de la plaza Francia”. Aparte de que la supuesta identifica- ción de Gouveia es tan dudosa como la relación que puede exis- tir entre dos personas que presuntamente asisten a un mismo acto de masas, posteriormente se determina que para el mo- mento de la grabación del video, el asesino estaba en Portugal (Henry Crespo F, “Irresponsabilidad social televisada”, Las ver-

dades de Miguel, 15/10/2004, p. 4). O se trata de alguien que se le

parece, o los medios falsifican videos para probar conexiones inexistentes. Al referirse al crimen en rueda de prensa, el Pre- sidente, en forma algo despectiva, se refiere al indiciado como “este señor Gouveia”. Las plantas comerciales ponen el grito en el cielo comentando que el mandatario ha llamado “señor” al acusado; tratamiento que, por cierto, es el mismo que le da la locutora de Globovisión. El día 8 El Nacional acuerda la primera plana del Cuerpo E de una edición especial a la declaración de Juan Fernández, gerente de planificación de Finanzas de Pdvsa, en el sentido de que “Mientras asesinan a la gente el gobierno dice que va a investigar”.

Cinco meses más tarde, tras rigurosos exámenes de 25 sicólogos y siquiatras que diagnostican “transtorno de perso- nalidad, paranoia, delirios de grandeza y de persecución”, los tribunales condenan a Gouveia a 29 años y 11 meses de prisión, sin que de la sentencia trascienda el menor vestigio de com- plicidad con el proyecto bolivariano (“Los Domingos de Díaz Rangel”, Últimas Noticias, 25/5/2003, p. 11).

nuevAs víctImAs fAlsAmente

ImputAdAs Al gobIerno

A

los pocos días de iniciado el cierre, el general retirado Fer- nando Ochoa Antich expresa en conversación telefónica a su hermano Enrique: “Esta vaina se jodió, esta vaina se jodió, ayer estábamos discutiendo si suspendíamos hoy o mañana, porque ya aquí creo que hay que agarrarle la palabra a los que esta- ban diciendo de que hay que suspenderlo esta tarde a las seis. Hay que buscar algo rápido en el transcurso del día, inclusive y si Gaviria aceptara convocar la mesa uno puede decir: ¡Bue- no! Como el señor Gaviria ha convocado la mesa suspendemos el paro para darle una nueva oportunidad”. (...) “A menos que pase algo”, concluye melancólicamente (Punto de vista, p. 6).

Y algo pasa. En este clima de desfallecimiento de nuevo ocurren homicidios de los cuales los medios opositores acu- san irresponsablemente al gobierno. El taxista lusitano Joao de Gouveia irrumpe en el anochecer del 6 de diciembre en la plaza Altamira, dispara una pistola Glock ante las cámaras, causa dos muertes y numerosas heridas y al ser aprehendido declara en forma incoherente que su acto fue “contra Globovisión, que me ha secuestrado y me ha violado”. Los medios responsabilizan al gobierno, sin prueba alguna, en una campaña que logra la radi- calización del cierre patronal. Pocas horas después del tiroteo, a las 11:30 p.m., Globovisión divulga un borroso video donde supuestamente aparece el agresor en una concentración en la

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Morgan incineró la nave del almirante Del Campo y Espinoza tras el asalto pirata a Maracaibo.

La comparación es acertada: se trata de piratería pura y simple. 2001 intenta justificarla el 12 de diciembre con escan- daloso titular desplegado de primera plana que reza: “Tropa aborda tanquero con gran riesgo para la población. Catástrofe humana y ecológica advierte Fedecámaras al país por coloca- ción de inexpertos a cargo de operaciones en áreas críticas de las instalaciones petroleras”. En realidad, apenas el 16 de ese mes efectivos del ejército toman el Pilín León, previa decisión judicial favorable. Pero el titular es apenas señal de una conjura de los medios para inventar una catástrofe que sólo existe en sus deseos. El mismo día, El Globo antetitula en primera plana “Volteadas dos gabarras y varado buque ruso en Maracaibo”, y a continuación titula: “Colapso ecológico en el lago por mal manejo de los barcos”. Así es la Noticia titula en primera plana ese mismo día “Gobierno busca otra tragedia”, mientras en su página 8 antetitula que “Se hundieron dos gabarras en Mara- caibo”, y titula “Invasión de buques petroleros podría causar una tragedia”. Suposiciones divulgadas como hechos; intencio- nes trágicas atribuidas al gobierno proclamadas como noticias; insinuación de que la catástrofe ya se habría producido, pues el “gobierno busca otra”. En realidad, el buque ruso Chuykov se hizo a la mar el mismo día. Si la imaginación bastara para hundir buques o causar conflagraciones, ciertamente los me- dios venezolanos superarían a Morgan.

El día 13 El Universal luce un titular de primera plana con visos de ultimátum: “Pdvsa resteada”. Se añade que “reclaman la restitución en sus cargos de los cuatro gerentes despedidos, así como de los líderes de negocios que han sido removidos en

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