Problem Definition

E

sucesos, El Nacional titula la última página de su cuerpo B con la ambigua expresión “La Fiscalía cree tener esclarecidos 7 de los homicidios del 11-A”. En el resumen informa que “a la Policía Metropolitana le atribuyen las muertes de Ruddy Alfonso Urano Duque y Erasmo Sánchez, así como haber le- sionado a siete personas”. Casi un tercio de los homicidios esclarecidos, por tanto, se deben al cuerpo represivo mane- jado por Alfredo Peña, alcalde opositor. Ni una mención de la filiación política de las víctimas. Los dos son bolivarianos. Erasmo cae justamente sobre puente Llaguno, defendiendo sin armas al gobierno por el cual votó. El 12 de febrero de 2003 veo en Globovisión que el orador de una concentración opositora todavía las menciona como víctimas causadas por el gobierno. Así seguirán siendo consideradas, hasta que la verdad las rescate.

Pues la modesta verdad judicial no es suficiente. Los tribu- nales venezolanos envían a su casa a las pocas horas de detenido al cabecilla del golpe de abril; exculpan a los militares golpistas en vergonzosa sentencia donde juzgan que no hubo golpe de Estado, y posteriormente liberan a los capitostes del intento de destrucción de la principal industria del Estado. Mientras tanto, contra los indiciados de Llaguno comienza un calvario de prisiones y de acoso mediático que todavía no cesa.

grafo que grabó las imágenes que luego fueron selectivamente editadas y manipuladas. Uno de los jurados es el director de El

Nacional, Miguel Henrique Otero.

En virtud de tal superchería, sostiene la oposición que sería legítimo deponer al Presidente electo, bien por la fuerza o por una sentencia que comulgara con estas pruebas de molino.

Dictadura mediática en Venezuela Luis Britto García

dio calificado, frustrado y consumado, en las personas de Rudy Alfonso Duque y Erasmo Sánchez, quienes fueron asesinados en las adyacencias de puente Llaguno”. No se trata aquí de “víc- timas indeterminadas”. Homicidas y víctimas son enteramen- te reales: los unos de la oposición, las otras constitucionalistas (26/5/2003, p. B-17). Más de un año se tarda en acusar y detener a quienes asesinaron: el mismo tiempo llevan detenidos quie- nes se defendieron de ellos sin causar víctimas, quienes son sólo absueltos y liberados tardíamente.

Casi un año después de los sucesos, la Corte de Apelacio- nes del Estado Aragua libera mediante medida cautelar sustitu- tiva a los indiciados. La prensa apenas aclara que “la decisión fue tomada una vez que el tribunal constituido por los tres ma- gistrados, y presidido por Fabiola Colmenares, declarara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa el pa- sado 7 de noviembre, desestimando el delito de homicidio cali- ficado en grado de frustración, en consecuencia, serán juzgados en libertad”. El texto periodístico omite minuciosamente toda alusión a razonamientos y conclusiones de la sentencia. Ape- nas un antetítulo reza “exonerados del delito de homicidio”, mientras en el cuerpo de la noticia se permite decir al defensor que “está demostrado que no se le puede atribuir la muerte de ninguna de las personas fallecidas en las inmediaciones de Puente Llaguno” (Gabriela Aguilar: “Liberados los pistoleros de Puente Llaguno”, El Nacional, B-15, 2/4/2003). El reiterativo tra- tamiento infamante de “pistoleros de Llaguno” condena donde el tribunal absuelve.

Todos los demás medios omiten la vital información que divulga Últimas Noticias en el sentido de que cinco guardias na- cionales “vinculados con los planes insurreccionales” aparecen como indiciados de haber disparado “contra los simpatizantes de ambos bandos con la intención de generar caos y anarquía” (6/4/2003, p. 10). El Nacional informa que el fiscal 4° del Mi- nisterio Público, Danilo Anderson, introduce acusación formal “contra los 8 funcionarios de la Policía Metropolitana, implica- dos en la muerte de 2 personas y 35 lesionados, en los hechos acaecidos en las adyacencias de puente Llaguno, el pasado 11 de abril de 2002”. Se les acusa de los delitos de “lesiones graví- simas ocasionadas con armas de fuego a 35 personas; homici-

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lA polIcíA ArremetIó de unA mAnerA

AgresIvA y desproporcIonAdA

S

ría de los oficialistas afectados por la violencia de abril de 2002– acusan a funcionarios de la Policía Metropolitana de ha- ber gestado la masacre ocurrida aquél día”. De acuerdo con el testimonio de Mata, “la policía arremetió de una manera agresi- va y desproporcionada, disparando sin miramientos, cuando ni siquiera la marcha opositora había llegado a las proximidades de la zona”. Márquez “afirma que a las 2:30 p.m. se encontraba entre las esquinas de Muñoz y Pedrera. Intentó aproximarse a una comisión de la PM” y “cuando estaba a 40 metros de distan- cia, me recibieron con los disparos de una ametralladora HK. Ellos sencillamente buscaban abrirle paso a la marcha como fuera, para que llegara al Palacio de Miraflores”. Asimismo, se informa que los bolivarianos afectados por el 11-A crearon Asovic, organización que representa “según sus propias esta- dísticas” a 58 partidarios del gobierno que fueron heridos y 14 asesinados. Karenina Velandia dedica dos tercios del espacio de la misma página a cubrir testimonios de los heridos de la marcha opositora. Sólo se identifica a una víctima fatal en ella: Jesús Capote, y se reseña a tres heridos: Andrés Trujillo, Juan Carlos Serrano y Marina Pesate. Ninguno identifica a sus victi- marios (“Un año de impunidad”, El Nacional, 11/4/2003, A-11). Cifras y testimonios se explican por sí mismos. Si los medios,