En el año 2007, el gobierno central, tomó diversas acciones de
“desmontaje de poder” contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y
otras entidades estatales. Lo hizo a través de declaraciones expresando su desconfianza en las gestiones del organismo, reducción de salarios a los magistrados y promoción de procesos de responsabilidad en contra de los mismos (Rodríguez 2010). Como consecuencia de estas acciones, varios magistrados renunciaron a sus cargos, lo que a su vez causó la suspensión de sus actividades por falta de quórum en el 2008. En su ausencia, varios actores se vieron en la libertad para tomar decisiones políticas que trascendían lo legal y hasta constitucional (Uggla, 2009), además de dejar 4253 causas paralizadas que afectaron a 27499 ciudadanos (Rodríguez 2010).
A pesar de que en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, promulgada en julio de 2010, se establece, en su art. 19 inciso 2, que los candidatos a magistrados pueden ser propuestos por organizaciones sociales y la sociedad en general a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el órgano encargado de elegir a 28 preseleccionados para postular al cargo (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010). Esto en teoría, permitiría una participación más activa por parte de los ciudadanos, el hecho de que la ALP, esté conformada en su mayoría, por diputados y senadores pertenecientes al partido MAS, ha puesto en tela de duda la imparcialidad con la que hicieron dicha selección. Prueba de ello fueron las protestas encabezadas por Gualberto Cusi, el candidato con más votos del TCP en 2011, quien alegó que el presidente de este organismo en 2012, Ruddy Flores, obtuvo el cuarto lugar en las votaciones, y que se le designó como presidente debido a su cercanía al partido encabezado por Evo Morales
39
(La Patria, 2012). A pesar del reclamo impuesto por Cusi, Ruddy Flores se mantuvo como presidente del TCP.
Se cumplió lo establecido en el artículo 197 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que estipula que el organismo es de carácter plurinacional, es decir, que debe existir representación de magistrados del sistema ordinario e indígena (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010). Con el objetivo de compaginar los intereses de ambos grupos sociales, con una visión colectivista, para que de esta forma se vele por las necesidades de las distintas regiones y sus miembros además de permitir mayor acceso a la justicia de manera equitativa, y defender el principio de plurinacionalidad (Rodríguez, 2010). Pero la designación de magistrados con tendencia a la ideología del gobierno central (Tribunal Constitucional Plurinacional, 2012), pone en duda sus intenciones de luchar por los intereses del pueblo, además de ir en contra del principio de independencia que, en teoría, debería caracterizar al TCP.
En un escenario donde la justicia se ha politizado, la declaración de constitucionalidad de la Ley de Aplicación Normativa, que permitía la reelección del presidente y vicepresidente, no enfrentó obstáculo alguno. Esta y las acciones previamente descritas, son prueba de que la misión del TCP, se ha distorsionado, pasando de ser una entidad, que debería velar por el respeto de la constitución y sus principios, lo que significaría también, velar por los derechos de la ciudadanía ahí establecidos, a una que responde a intereses político coyunturales. El TCP, se convirtió, además, en una herramienta de promoción de diversidad de acusaciones sin fundamento contra miembros de la oposición o potenciales adversarios (Rodríguez, 2010). Esto crea un ambiente de colaboracionismo entre los poderes estatales, colaboracionismo que responde, según analistas, a la voluntad y deseos de Evo Morales, que se ha convertido en el encargado de la toma de decisiones de toda índole en Bolivia, sin importar si le competen o no. A pesar de que Morales ha intentado mantener una imagen de quien entiende al pueblo y que lucha por este en su conjunto, sus acciones lo contradicen (Mayorga, 2012).
Es el bienestar de la ciudadanía, el respeto y protección de sus derechos lo que debe guiar las acciones de los organismos estatales, debiendo rechazar categóricamente todas aquellas acciones que impliquen no cumplir con este propósito. Acciones partidistas por parte de un organismo que debería ser
40
independiente contradice la identidad que pretende mantener frente a la colectividad. El accionar del TCP, y del presidente Evo Morales dista del principio de colectivismo equitativo, donde no solo basta que los miembros de la entidad sean parte de grupos indígenas minoritarios, sino que sean congruentes en la defensa de los intereses de la ciudadanía en general, sin importar si son de oposición o no, si son indígenas o no, si son adversarios potenciales o no. Es claro, en base a lo expuesto, que el sentido del bien del TCP y el presidente han primado sobre el sentido de justicia frente a la ciudadanía.
La reforma de la Constitución Política en 2009, la presencia mayoritaria de miembros del partido MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las acciones pro gobierno por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde también existe mayoría de partidarios del régimen, la aprobación de la Ley de Aplicación Normativa, entre otras acciones, han creado el espacio ideal para que el presidente y su partido puedan actuar en pos de la consecución de sus intereses políticos, , enfrentando pocos, por no decir, ningún obstáculo. En sus diferentes intervenciones, tanto a nivel nacional (en tres discursos de posesión y también de campaña) y a nivel internacional (en la Asamblea General de las Naciones Unidas)(Perez, 2015; General Assembly of the United Nations, 2015), el discurso de Morales, basado en principios socialistas, donde el pueblo y su voluntad se constituyen como la piedra angular del proceso de cambio, ha convencido al pueblo, quien a través del voto ha legitimado la mayoría de decisiones que ha tomado el gobierno. Es así, que la identidad que lleva consigo frente a la ciudadanía, ha sido una de las herramientas más útiles para tomar acciones jurídicas inconstitucionales que le permitieron y posiblemente le permitirán, en un futuro, perpetuarse en el poder.
El socialismo como ideología en la que dicen sustentarse los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Bolivia, ha sido utilizado con el fin de que el ciudadano sienta que tiene protagonismo dentro de la construcción de su realidad es fundamental. La creación de espacios y mecanismos de participación en Nicaragua y Venezuela han sido indispensables para que la ciudadanía se sienta una parte activa del proceso, en la aplicación esto no se materializa, los espacios han sido cooptados por el poder, para controlar el ejercicio del derecho y así, con pocos obstáculos lograr conseguir sus objetivos particulares. Esto lo han logrado a través del mantenimiento de una identidad, que es percibida por muchos de los ciudadanos como quienes actúan en pro de los intereses de la
41
colectividad y por ello contaron con su apoyo en diversidad de procesos, cuando en la práctica a través de modificaciones constitucionales, decretos, injerencia en los otros poderes del Estado y manipulación y censura de la información, como en el caso de Nicaragua y Venezuela buscan mantenerse en el poder de manera indefinida. Como se evidencia, existe una relación directa entre la identidad de los líderes y su perpetuación en el poder.
42 CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS JURÍDICOS RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN