La SENPLADES es la entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional de Información (SNI), a través del cual se pretenden materializar las políticas 10.4 y 1.13 de la primera y segunda versión del PNBV respectivamente. La primera hace referencia al libre acceso a información pública, y la segunda al fortalecimiento de mecanismos para incrementar la transparencia en las acciones de la administración pública (SENPLADES, 2009; 2012). A través de este sistema, la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a información considerada como relevante por la Secretaría, para la planificación en temas de
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desarrollo y a lo concerniente a las finanzas de tipo público. Teniendo la información a disposición, se esperaría que la ciudadanía haga uso de esta en la exigencia del cumplimiento de metas, objetivos, planteados por las instituciones públicas en el sistema (SENPLADES, 2014b).
A pesar de que el SNI goza de reconocimiento internacional debido a ser acreedor de la distinción de mejor proyecto en una de las categorías de promoción de información, en los Premios de Administración Pública de las Naciones Unidas (Dirección de Comunicación de la SENPLADES, 2015), este presenta algunos inconvenientes. La información disponible no está actualizada en su totalidad hasta el año 2014 e inclusive existen indicadores sobre los que no existen datos a partir de la entrada del gobierno de la Revolución en el poder en 2007 (SENPLADES, 2012, 2013). Hasta mediados de 2012, solo constaba la información del 30,7% de las metas establecidas en la primera versión del PNBV. Otro problema que presenta el sistema, es que este no permite realizar cruces de variables, lo que restringe la posibilidad de análisis (Universidad Andina Simón Bolívar, 2012). La carencia de información de manera oportuna y otras limitaciones del SNI, dificultan el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos como el control social y la participación en la toma de decisiones y/o implementación de medidas correctivas en el momento en el que estas son pertinentes (Naessens, 2010).
La falta de información a disposición de la ciudadanía no representa el único inconveniente para que existan acciones de control social y fiscalización de políticas públicas. Acciones represivas por parte del gobierno de turno, hacia quienes disienten con el proyecto de la Revolución Ciudadana (Mayorga y Ortiz, 2012), la falta de autonomía en el accionar de entidades en teoría independientes (Restrepo, 2014), constituyen elementos adicionales que desincentivan la participación de la ciudadanía en dichos procesos (Mayorga y Ortiz, 2012). Permitiendo así que el incumplimiento de lo planificado, la malversación de bienes y fondos públicos, actos de abuso de poder y corrupción, queden impunes (Carrión y Zamora, 2013). En este escenario, el ciudadano se convierte un actor pasivo, un mero espectador de hechos de trascendencia a nivel estatal, que afectan, en mayor o menor medida, diversos ámbitos de su vida (Wolff, 2012).
Las acciones de la ciudadanía no deben limitarse a la fiscalización de resultados, si bien estás son indispensables para evitar lo descrito anteriormente,
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estas deben ser complementadas con acciones de involucramiento directo en procesos de toma de decisiones (Mayorga y Ortiz, 2012), es decir que la participación de la sociedad civil dentro de procesos estatales debe ser propositiva, buscando generar cambios estructurales y sostenibles, en instituciones, proyectos, planes de desarrollo. Para Correa y su gobierno, la participación de la ciudadanía (en teoría es indispensable para la Revolución Ciudadana dado que el ciudadano es el protagonista del proceso de cambio) (Dieterich, 1996; Frabetti, 2013) se debe limitar a la obtención de información, en el caso de que esta se encuentre disponible, y a la consulta, que en términos generales no tiene incidencia si los resultados de esta van en contra de la posición ya establecida del ejecutivo y el gobierno, ya que la atribución exclusiva de toma de decisiones está en manos de los últimos dos actores (Unda, 2011).
En un contexto como el previamente descrito, la coordinación de acciones ciudadanas con el fin de vigilar la labor de entidades estatales y privadas que manejan fondos públicos, es mínima, al igual que las acciones que se toman como resultado de dicha vigilancia (Proaño, 2011). En la búsqueda del Buen Vivir, la SENPLADES, entidad encargada de actuar en pos de su consecución y de dar cumplimiento al PNBV, debe, en teoría, actuar con independencia y de manera coordinada con otras instituciones, para este fin (SENPLADES, 2014b) evitando que situaciones de coyuntura política y social, sean factores que dificulten el ejercicio real de la participación ciudadana y control social, ejes transversales del tan ansiado sumak kawsay (Proaño, 2011). Con el fin de aumentar la confianza en los miembros de la sociedad civil, tanto la SENPLADES, como el gobierno, buscan llevar una imagen de quienes actúan en pos del bienestar de los más vulnerables, permitiéndoles, a través de sus acciones, ser parte de la vida política del Estado. Los intereses reales del gobierno, se enfocarían en mantener a las masas convencidas de lo antes mencionado, con el propósito de evitar el fortalecimiento de grupos opuestos al régimen, y conservar el status quo, para alcanzar fácilmente objetivos como el de llevar adelante el proyecto de 16 enmiendas constitucionales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) que tienen entre sus puntos más debatidos la reelección indefinida, que le permitiría al primer mandatario perpetuarse en el poder, restricción de la consulta popular, que vulnera el derecho a la participación ciudadana , competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y gobierno central, que comprende la recentralización de funciones, competencias
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de la contraloría, eliminando su facultad de fiscalización real, entre otras, sin mayores contratiempos. La SENPLADES, por su parte, buscaría ser un apoyo y una herramienta para que el gobierno pueda ir tras intereses como los aquí mencionados
La labor de la SENPLADES en cuanto al cumplimiento de los objetivos diez y uno de la primera y segunda versión del PNBV respectivamente, es altamente cuestionable. El incumplimiento de metas, políticas no implementadas, información desactualizada y en casos inexistente, son muestra no solo de que el trabajo de la Secretaría ha sido ineficiente, sino también, de que la sola existencia de una garantía formal, como es el PNBV, no es suficiente. A pesar de la importancia que se ha dado, a través del discurso a la participación ciudadana, como piedra angular de un proceso de cambio que busca alcanzar el Buen Vivir para todos y todas (Observatorio Político CELA, 2006), las acciones de la Secretaría han sido mínimas e infructuosas. Como bien lo dice el economista Alberto Acosta (2015) “Ambas versiones del PNBV, son simples declaraciones de buenas intenciones que no tienen nada que ver conceptualmente con el Buen Vivir, se convirtieron en propuestas neo desarrollistas que sirvieron para dar cumplimiento a una disposición constitucional y no para que sean materializadas.”
2.3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados [GAD] y la eficiencia de su