La inestabilidad política es una de las características de la historia política ecuatoriana. Desde 1988 hasta 2007, es decir en un periodo de 19 años, el Ecuador tuvo 8 presidentes de distintas tendencias políticas. El último presidente de elección popular, fue Lucio Gutiérrez, militar de estrechas relaciones con el pueblo indígena, que prometió combatir el modelo neoliberal, pero que en la práctica no lo logró, y fue destituido por presión popular en 2005. De 2005 a 2007 ostentó el cargo de presidente de la República, el vicepresidente del gobierno de Gutiérrez, Gustavo Noboa (Grupo Social del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, 2015). En las elecciones de finales del año 2006, se presentó un nuevo candidato presidencial, que prometía revolucionar el país en todos sus ámbitos, dejando en el pasado la inestabilidad política y económica tan característica del Ecuador. El 26 de noviembre de 2006, en segunda vuelta, Rafael Correa venció a Álvaro Noboa, con el 56,67% de votos (Consejo Nacional Electoral [CNE], 2007).
En la Constitución del Ecuador, aprobada por referéndum constitucional el 28 de septiembre de 2008, se establecieron diversos cambios, que según Rafael Correa, Presidente del Ecuador, constituían el primer paso para la construcción de una revolución democrática, donde los ciudadanos o mandantes, serían la piedra angular de un proceso de transformación, que
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En lo que respecta a las organizaciones sociales, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LPCCS), en sus artículos 30, 31 y 32, no solo reconoce todo tipo de organización social como manifestación del poder soberano que recae en el pueblo para la defensa de derechos individuales y colectivos y la construcción de la democracia participativa; eje fundamental de la ideología socialista de Rafael Correa y su partido, sino también, garantiza su derecho a tener diversas formas de expresión, además de la generación de mecanismos de fortalecimiento, organización y promoción para estas organizaciones, por parte del Estado. Adicionalmente, los artículos ya expuestos, dan a las organizaciones de la sociedad civil la potestad de tomar acciones que les permitan incidir en la toma de decisiones, formulación y aplicación de políticas públicas y ejercer su derecho de control social a todos los niveles gubernamentales y sobre entidades de carácter tanto privado, que presten servicios públicos, como de carácter público (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).
A pesar de las garantías antes descritas, la promoción para la conformación de organizaciones sociales, por parte del CPCCS, es casi inexistente. Según Marlene Jarrín, Técnica de la Secretaría Nacional de Promoción de la Participación, las acciones del CPCCS están dirigidas al fortalecimiento de las organizaciones sociales ya existentes, no a la conformación de nuevas organizaciones, esto debido a que se considera, que acciones de este tipo, dejarían de lado a otros actores de la ciudadanía (Jarrín,
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2015). Es por ello, que el trabajo de esta secretaría, que es la encargada de promocionar la participación ciudadana en el Ecuador, se ha enfocado en la promoción y creación de cuatros espacios principales, entre los que se encuentran asambleas ciudadanas, consejos barriales, escuelas de formación en participación, deliberación pública y participación en fondos concursables, los tres primeros, dirigidos a la ciudadanía en general y a las organizaciones sociales, y el último únicamente al segundo grupo (CPCCS, 2014).
Los fondos concursables son los únicos incentivos de carácter económico, que ofrece el CPCCS, y en particular la Secretaría de Promoción de la Participación, que tienen como objetivo el apoyar iniciativas concretas de las organizaciones sociales. En los dos años en los que estos fondos han sido parte de las estrategias de la institución (2013 y 2014), han sido dirigidos a grupos, designados como de atención prioritaria para el país como: mujeres, indígenas, afro-ecuatorianos, montubios y personas con discapacidades, en iniciativas relacionadas a las diferentes áreas de interés dichos grupos (CPCCS, 2014). Acciones de discriminación positiva, como las aplicadas a través de los fondos, tienen, según Jarrín, el objetivo de permitir la influencia de grupos minoritarios en la creación de normativas o políticas públicas, dándoles una voz que les ha sido quitada a través de los años debido a diferentes circunstancias (Jarrín, 2015). En contraste, se puede considerar a este tipo de acciones como acciones de discriminación a la inversa, donde grupos que no están conformados por minorías, pero que también tienen intereses y posiciones que defender, y que tienen la voluntad de ser parte activa de procesos políticos, sociales y económicos, se ven en desventaja frente a los grupos minoritarios al no recibir fondos que les permitirían la materialización de acciones en pos de sus intereses (Barrére, 2003).
Acciones afirmativas a favor de organizaciones sociales de grupos minoritarios y la falta de acciones para incentivar y promocionar la creación de organizaciones sociales, son muestra de que el CPCCS y la Secretaría Nacional de Promoción de la Participación, están cumpliendo parcialmente con lo dispuesto en los artículos antes mencionados de la LPCCS, como se ha demostrado a lo largo de este apartado. La promoción para la creación de nuevas organizaciones sociales, debería procurar la inclusión de miembros de la sociedad independientemente del grupo social al que pertenezcan o los intereses que busquen defender. La existencia de diversas organizaciones
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sociales que sean políticamente activas, permite, que se den procesos democráticos, donde se toma en consideración la opinión y posición de todos aquellos dispuestos a participar en la toma de decisiones y la creación e implementación de políticas públicas. A través de las acciones descritas, se evidencia que el CPCCS, varía su identidad obedeciendo al grupo con el que se relaciona, es decir, sus beneficiarios perciben una imagen de apertura y de amigos, mientras quienes no lo son, perciben todo lo contrario.