Challenges facing teachers in the implementation of inclusive education in

Después de la XIV Conferencia de Partes de la Convención Marco de Cambio Cli- mático de la Organización de Naciones Unidas (CMNUCC), en Poznan, Polonia, que en diciembre de 2008 reunió 11.000 delegados de 190 países -casi el 10% de ellos miembros de las grandes empresas- y que contribuyó con 13.000 toneladas de dióxido de carbono al stock atmosférico, muchos puntos quedaron en el tintero y ninguna salida a las causas estructurales del cambio climático fue puesta en acción. Mientras tanto, fueron muchas las voces que cuestionaron la poca responsabilidad que frente al “cataclima” -cataclismo climático- han asumido los países industriali- zados, históricamente responsables por los excesivos depósitos de CO2 en la atmós- fera, que está trayendo consecuencias socio-ecológicas y económicas desastrosas y millones de víctimas.

Sin duda, lograr muchas de las metas de reducción de emisiones que se han pro- puesto bajo el protocolo de Kioto, y las que deberían proponerse para el futuro, obligaría unas inversiones extraordinarias, que de no hacerse, aumentarán la bre- cha entre quienes se han beneficiado de la ocupación unilateral de la atmósfera y quienes están sufriendo las consecuencias del sistema económico y del cambio climático. El fondo de adaptación lanzado en Poznan tiene pírricos millones de dólares que apenas cubre una mínima parte de la demanda que algunos expertos sitúan entre 15.000 y 20.000 millones de dólares cada año. Sobrevendrá una lucha vergonzosa entre burocracias y negociantes de países pobres por captar los recur- sos exiguos que estarán en el mercado de capitales y los de cooperación para la adaptación y la mitigación.

Por su parte, en los últimos tres años, el Banco Mundial ha buscado situarse en una posición de privilegio para el control del mercado financiero de los proyectos re- lacionados con el cambio Climático. Tiene hoy un abanico creciente dentro de su cartera financiera: Climate Investment Fund, Transformation Fund for Sustainable Development, el Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono Mediante la Protec- ción de los Bosques (FCPF por su sigla en inglés), entre otros. Los cuestionamientos que se han levantado sobre el destino y la usurpación que el BM hace mediante estos fondos, se hallan por doquier: con un Proyecto Forestal en la República Democráti- ca del Congo que ha destruido el hábitat de los pueblos Pigmeos; la planta de carbón de 4000 megas para la corporación TATA, en India; el proyecto eólico de Jeripachi, en territorio del pueblo Wayuu en Colombia, etc.1

El BID no se queda atrás, promoviendo con dineros públicos un modelo energético destructivo, como han sido los casos de un préstamo récord por 269 millones de dólares para desarrollar tres plantas de etanol de caña de azúcar en Brasil, en julio de 2008, o el de un ofrecimiento para recaudar 379 millones de dólares de bancos comerciales para la inversión en agrocombustibles. Los malabares argumentativos para hacer parecer estas medidas favorables al conjunto de la sociedad no son pocos. Dicen que es para evitar que los recursos se vayan a actividades más erosivas como la minería, o que es para proteger a los productores de la caída de los precios del azúcar, o para combatir los subsidios agrícolas, o por mera solidaridad. Las inversiones se diseminan por doquier, incluso bajo la apariencia de donación de equipos y maqui- naria, como hace Colombia al obsequiar a los países centroamericanos plantas de etanol que cuestan cada una al menos un millón de dólares.

Asociadas a empresas europeas y estadounidenses, especialmente, y con el apoyo de los banqueros, los accionistas, y las agencias multilaterales, que al unísono están fomentando agrocombustibles y una matriz energética que no desiste de los com- bustibles fósiles, se están constituyendo las nuevas trasnacionales de la región, que ya reciben el nombre de Translatinas: Santelisa Vale y CNAA de Brasil, Manuelita de Colombia, Pedevesa, Petrobras, etc.

El balance es claro: las acciones para cumplir Kioto han sido casi nulas y dan pocas esperanzas. Por ejemplo, durante la vigencia del Protocolo de Kioto tampoco se ha avanzado en dar acceso a los países en desarrollo y a los países pobres a las tecnologías energéticamente más eficientes y menos emisoras de GEI. Así que, en tanto la nego- ciación trascurre y los poderosos emisores de CO2 ocultan las cifras verídicas sobre sus emisiones, evidenciándose un gran fraude estadístico, los políticos lentamente eluden las decisiones antes que tomarlas, y esto, a pesar que las trasformaciones que está trayendo el cambio climático sobre el planeta son vertiginosas y se desmadran en víctimas. No cabe duda que los políticos son manejados por los lobistas de las grandes empresas que quieren que las decisiones se den acordes a sus mezquinos intereses y su codicia, mientras que las victimas sucumben y los que esperan solucio- nes o demandan que ellas se adopten, se ilusionan falsamente o se ven engañados en los grandes foros internacionales. Los negocios que se hacen a puerta cerrada en las oficinas de los banqueros y de las trasnacionales son los que dictan los pasos a seguir, mientras en los atriles de los grandes foros se hacen abstractos discursos sobre la justicia y la democracia.

Los prestidigitadores del Parlamento y la Comisión Europea lograban que mientras las gentes miraban hacia Poznan, se emitieran directrices acerca del clima y la energía

recer sus industrias, especialmente la de automóviles. Sin duda algunas de las metas de reducción serían plausibles si ello no significará no pocas veces el traslado de los problemas a los países del Sur. Ya se ha denunciado como muchas de las reducciones del Norte se están haciendo bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, haciendo de los países del Sur verdaderos basureros de carbono o trincheras de las subsidiarias más contaminantes y energívoras de sus industrias. Y estas no son las únicas medidas: simultáneamente se están presionando cambios en las reglas de inversión empleando los acuerdos comerciales y de inversiones; se está presionando cambios en las reglas de comercio con los acuerdos de asociación o con los tratado comerciales o con la reactivación de las negociaciones de la OMC; se es- tán presionando políticas agrícolas en la FAO para favorecer los agrocombustibles; se están presionando medidas financieras en el sistema crediticio para favorecer el consumismo y la industria petrolera; se están trasformando las políticas de los se- guros y de evaluación de riesgos para beneficiar a sus capitales en detrimento de los de los países del Sur. Por ello es que hay que insistir en afirmar que el problema del cambio climático es, antes que nada, un asunto de justicia ambiental, y debe anali- zarse desde el paradigma de la complejidad y con una estrategia de acción política que abrigue la totalidad.