Una vez analizada la influencia de los objetivos europeos 2020 en la política educativa nacional es consecuente reflexionar sobre el hecho de que España al ser un país donde las competencias educativas están transferidas completamente desde hace dos décadas en algunas CCAA y en todas de manera definitiva en esta última década (salvo en las ciudades de Ceuta y Melilla aún gestionadas por el MEC), el eje central de ejecución de las políticas educativas va a ser canalizado a través de la gestión autonómica. Este hecho convierte a España en una de las naciones europeas más descentralizadas en cuanto a educación se refiere según se recoge en el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (2000:1), razón por la que es fundamental a partir de ahora tener siempre presente este hecho, que va a determinar el que unos u otros programas educativos se desarrollen, la manera en que estos se puedan ejecutar, y el peso que cuestiones ajenas al propio interés educativo puedan tener en el desarrollo de las políticas educativas.
La complejidad de este sistema es evidente, porque a pesar de que lo que caracteriza al sistema educativo nacional es una ley común, una ley orgánica de bases, como la actual LOE, el hecho y la realidad del sistema educativo español es que consta de 17 CCAA que han ido desarrollando la norma básica y adaptando sus medidas de actuación a sus propias realidades y necesidades. Cada CCAA ha ido perfilando su sistema educativo de formas distintas, y mientras que unas CCAA han optado por un desarrollo más particular mediante su propia legislación educativa91, todas ellas gobernadas por el PSOE, salvo Cantabria en que el PSOE gobernaba en coalición con el PRC, otras han optado por amoldarse más a la LOE e ir desarrollando su marco normativo adaptándose a los plazos de la Ley Orgánica y a las líneas generales planteadas en los Reales Decretos.
Las leyes educativas que se han ido aprobando en las CCAA han sido de distintas fechas, siendo la andaluza la más antigua de todas y precursora de ciertas tendencias como la profundización en la autonomía de centros y por tanto dando un paso más en la descentralización educativa.
Sin embargo, y a pesar de que en España se haya alcanzado un importante grado de descentralización educativa, sigue siendo importante marcar y establecer un nivel de consenso para que las políticas autonómicas gocen de un marco de estabilidad y proporcionen un sistema de satisfacción en su aplicación entre los distintos agentes involucrados en la Comunidad educativa.
Es por esta razón que la búsqueda de pactos ha sido una constante en el devenir de las políticas educativas autonómicas en los últimos años, principalmente en torno a la
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En estos últimos años han sido varias las CCAA que han aprobado sus propias leyes de Educación es el caso de Andalucía (LEA: LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía), Cantabria (Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria), Cataluña (LEC: Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña) Castilla la Mancha (Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha) o Extremadura (LEY 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura).
72 aprobación de la LOE. De hecho ha habido ejemplos interesantes como en Cataluña, Andalucía, Extremadura o Navarra según señala Puelles (2007), aunque ninguno de los pactos conseguidos logró el consenso de la oposición parlamentaria, sino que fueron pactos suscritos entre los gobiernos y distintas organizaciones ligadas al mundo de la educación, de lo que se deduce una mayor voluntad de ―paz‖ educativa entre los involucrados en el mundo educativo que de las fuerzas políticas, reacias, como hemos visto también a nivel nacional, a ceder un espacio importante de discurso político como herramienta de oposición.
Significativamente son tres de las cuatro comunidades, con la excepción de Navarra, que alcanzaron pactos educativos, las que después dieron los pasos para alcanzar sus propias leyes de educación. Este hecho tiene una explicación lógica a nuestro entender, y es que un clima de consenso y de pacto favorece las negociaciones que son fundamentales para abordar un proyecto de ley, en algo tan importante como es el sistema educativo y que debe abarcar muchos más campos y temas que los contemplados en un pacto.
Por otro lado, el gasto educativo también ha sido determinante en la historia de las CCAA, porque si se analiza el porcentaje del gasto público en enseñanza no universitaria en relación al PIB, se pueden extraer varias conclusiones.
La primera es que todas las CCAA han incrementado el gasto público en la última década, por tanto se puede deducir que todas conceden una importancia creciente al sistema educativo, segundo que hay una clara diferencia en gasto educativo según CCAA, llegando incluso a duplicar el porcentaje del PIB entre por ejemplo Castilla la Mancha con un 5,8% y Madrid un 2,46 en el año 2010.
Es evidente que hay también un peso ideológico en las CCAA; si se tiene en cuenta que las únicas leyes educativas autonómicas existentes son las de comunidades que las promovieron cuando eran gobernadas por el PSOE, pero incluso si se realiza un análisis de la evolución del gasto educativo en las CCAA en los últimos años, también se ve reflejada cierta tendencia hacia un mayor porcentaje del PIB destinado al gasto educativo en las CCAA gobernadas por el PSOE (véase tabla 1).
Este dato cuantitativo tiene que ver con otros muchos factores intrínsecos al propio estado del sistema educativo de una determinada comunidad autónoma, así como a la necesidad del gasto en función de necesidades específicas, como puede ser el caso de construcción de nuevos centros por incremento de la población, y por tanto mayor dotación de profesores, programas de apoyo para el alumnado inmigrante, etc.
Estas son algunas pinceladas que sirven de introducción a este capítulo basado en que la España de las autonomías es determinante en el devenir de la política educativa, y que la libertad que plantea la Constitución española y los distintos estatutos de Autonomía en cuanto a las competencias educativas han sido en mayor o menor medida desarrolladas por algunas CCAA, es por ello que algunas han utilizado esa libertad para crear sus propias leyes, invertir más o menos donde lo estiman necesario, profundizar en aspectos de descentralización, o incluso han abordado objetivos loables como los pactos educativos que requieren un análisis especial que realizaremos más adelante.
73 Tabla 1: Evolución del gasto público en enseñanza no universitaria en relación al PIB
Orden alfabético. Inversión PIB Orden de mayor a menor. Inversión PIB
CCAA 2002 2004 2006 2010 2011 CCAA 2002 2004 2006 2010 2011 Andalucía 3,69 4,94 5 4,89 4,91 Castilla Mancha 4,33 5,09 5,16 5,58 5,47 Aragón 2,64 3,43 3,35 3,07 3,08 Extremadura 5,53 6,19 5,98 5,8 5,37 Asturias 3,22 4,19 4 3,49 3,4 Murcia 3,67 4,47 4,59 5,22 5,05 Baleares 2,51 3,08 3,17 2,99 3,09 Andalucía 3,69 4,94 5 4,89 4,91 Canarias 3,6 4,5 4,5 3,95 3,88 Comunidad Valenciana 3,01 4,16 3,98 4,18 4,16 Cantabria 2,81 3,6 3,71 3,89 3,78 Galicia 3,66 4,57 4,56 4,22 3,99 Castilla y León 3,2 4,18 4,01 3,8 3,56 Canarias 3,6 4,5 4,5 3,95 3,88 Castilla Mancha 4,33 5,09 5,16 5,58 5,47 País Vasco 3,28 3,87 3,69 4 3,85 Cataluña 2,2 3,43 3,19 3,09 2,47 Cantabria 2,81 3,6 3,71 3,89 3,78