La producción de la condición del migrante irregular también se lleva a cabo desde la esfera económica, pues en el mercado de trabajo de la sociedad receptora el migrante no autorizado es diferenciado frente a los nacionales y los migrantes regulares como mano de obra barata y flexible. Esta diferenciación que permite hablar de una producción económica de la irregularidad tiene lugar precisamente por el hecho de que el individuo que es categorizado como irregular emprende el proyecto migratorio, la mayor parte de las ocasiones, en calidad de trabajador o migrante económico25. Su condición, por tanto,
está definida de forma constitutiva por la relación social que se establece entre el capital y el trabajo, y más específicamente entre la economía global capitalista y la movilidad de la fuerza de trabajo (De Genova, 2004b: 423). La situación particular del migrante irregular no es, desde este punto de vista, una simple consecuencia de la exclusión legal que imponen las leyes y las políticas de inmigración del Estado de acogida, sino que también viene dada por el hecho de que su migración se ha producido dentro del marco de las migraciones de carácter laboral. El interés de resaltar la dimensión económica de la producción de irregularidad no reside únicamente en el hecho de que la catalogación de la presencia de determinados migrantes quedaría vacía de contenido si no tuviesen lugar las migraciones laborales, sino que precisamente dicha categorización se produce a partir de su presencia como trabajadores.
La inclusión diferenciada, o subordinada si se prefiere, del migrante irregular tiene lugar a través de su concentración en unos sectores concretos del mercado de trabajo. Estos pueden variar en función del Estado que se someta a examen pero en líneas 25 Se ha de señalar que en los últimos años se viene produciendo de forma creciente una irregularización de los desplazamientos que se producen por causas relacionadas con persecuciones por motivos raciales, religiosos, étnicos, etc. (Dauvergne, 2008: 50 y ss.; Merino i Sancho, 2010: 5). Lo que se conoce como clandestinización de los solicitantes de asilo y refugiados. La instauración de la norma del tercer país seguro por parte de los Estados occidentales ha limitado que los posibles solicitantes de asilo puedan hacerlo si han pasado antes por un Estado que se considera seguro. Se remite, así, a que soliciten asilo en aquel Estado.
generales se localiza en la agricultura, el turismo, el procesado de alimentos, la construcción, la industria textil y el servicio doméstico (Calavita, 2005: 68; Clandestino Research Project, 2009b: 5; Düvell, 2010: 304; Izquierdo, 1996a; López Sala, 2006: 89; Naïr, 2006: 50). Las ocupaciones que desempeñan los trabajadores migrantes se caracterizan por la precariedad, por ser puestos mal remunerados y con pésimas condiciones de trabajo que no encuentran candidatos entre los trabajadores nacionales. Frente a las posturas que sostienen que el migrante configura una fuerza de trabajo que compite con el trabajador nacional por los mismos puestos de trabajo y que los “roba” ejerciendo además una presión a la baja sobre los salarios, la postura de los especialistas en el estudio de la irregularidad apuntan en una dirección distinta. Se ha contrastado que son empleados en sectores en los que la mano de obra nacional rechaza trabajar, pese a que exista un alto índice de desempleo. Las aspiraciones a un puesto de trabajo en mejores condiciones y con mejores salarios, la existencia de las prestaciones por desempleo y el descenso de la movilidad interna da lugar a que los trabajadores nacionales no acepten determinados puestos de trabajos, a cuya demanda sí que atienden los trabajadores migrantes y especialmente aquellos que se encuentran en situación irregular (Calavita, 2005: 67; Düvell, 2010; Malgesini y Giménez, 2000a: 263). Se ha hablado en este sentido de la existencia de un mercado de trabajo segmentado. Además, el trabajo irregular pone a disposición de la sociedad de acogida servicios baratos que antes no existían como el servicio doméstico o el cuidado de ancianos y niños, que por otro lado han favorecido la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo (Brandariz García, 2009: 2). También ha permitido rentabilizar sectores que de otra manera no serían viables en las sociedades receptoras debido, por ejemplo, a la inexistencia de cambio tecnológico (Sassen, 1993). Por último, realizan trabajos auxiliares que son subcontratados a empresas externas en los que no compiten con trabajadores nativos (Izquierdo, 1996a: 196). En definitiva, se puede sostener que “los inmigrantes y la fuerza de trabajo nativa actúan como complementos más que como competidores” (Düvell, 2010: 305).
A la luz de estas consideraciones se puede plantear que la participación del migrante en el mercado de trabajo no se da en igualdad de condiciones con respecto al trabajador nacional, por el contrario su integración se da bajo la mano de obra altamente flexible,
barata y disponible. Desde esta perspectiva migrante irregular es marginalizado en un determinado tipo de puesto en el mercado de trabajo con condiciones más precarias que las que disfrutan el resto de trabajadores y es construido como un tipo de mano de obra distinta, por definición, de la clase trabajadora nacional. El hecho de que su empleo se produzca en buena parte de las ocasiones en la economía sumergida dificulta, además, su posibilidad de optar a un status regular. Así, también desde la esfera económica, y no sólo desde la legal, el migrante irregular es incorporado como un “otro” y construido como una presencia irregular. Calavita ha sido una de las autoras que más hincapié ha hecho en la producción económica de irregularidad, otorgándole una especificidad propia frente a la producción legal. A juicio de esta especialista:
“La marginalidad no es sólo una característica que los migrantes traen consigo como un pasaporte del tercer mundo que les otorga la admisión y que es el preludio del peor empleo en la economía, no es tampoco construida únicamente a través del sistema legal. Más bien su posición en la economía reproduce esa Alteridad desde dentro, como status de los inmigrantes como subclase de trabajadores con salarios inferiores y condiciones de trabajo que impiden su plena pertenencia en la comunidad nacional” (Calavita, 2005: 74).
De acuerdo con el planteamiento que expone Calavita y que se defiende en esta páginas, la independencia de la producción legal de irregularidad de los procesos económicos no significa que ambos no se desarrollen de forma relacional. No se trata de procesos estancos, sino que se constituyen mutuamente. Según Calavita la marginalidad del migrante irregular, tanto legal como económica, es conformada de forma recíproca por un status legal débil y frágil que priva de poder al migrante en sus relaciones con el empresario contratista y por su confinamiento en la economía sumergida que dificulta la regularización. De esta manera, se puede afirmar que la irregularización se lleva a cabo de forma continua desde distintos ámbitos y que estos procesos se entrelazan agudizando la situación del migrante irregular. El hecho de que los procesos de producción de irregularidad que tienen su origen en las instituciones del Estado, en los que interviene la ley y la política, y los procesos económicos de producción de irregularidad no sean derivables unos de otros no implica que no se combinen y se retroalimenten una vez en marcha. De hecho, la hipótesis de partida de esta investigación consiste precisamente en atender a las diferentes dimensiones que
intervienen en la producción de irregularidad, a las lógicas distintas que guían cada una de ellas y cómo su agregado es el que conforma la condición específica del migrante irregular.