• Primeros pasos en la irregularización de la migración mexicana: la década de los veinte y treinta
La historia de la migración irregular en los Estados Unidos ha estado inextricablemente unida desde sus inicios a la historia de las migraciones procedentes de México, hasta tal punto que el término “mexicano” se ha considerado en el lenguaje popular durante un largo periodo de tiempo equivalente a “migrante irregular”. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, mediante el cual Estados Unidos se anexionó los territorios del norte de México que actualmente conforman los estados de California, Arizona, Texas y Nuevo Mexico, y la Revolución mexicana de 1910, que generó migraciones hacia el otro lado de la frontera, se han considerado los dos acontecimientos iniciales que han condicionado la presencia y la migración mexicana hacia el territorio estadounidense (Dauvergne, 2008: 155). Su identificación como migración no deseada, ilícita e ilegal no se produjo, sin embargo, hasta la aplicación de las leyes de cuotas en la década de 1920. Las investigaciones recientes sobre la historia de la migración irregular en los Estados Unidos han señalado que la forma particular en la que se implementaron las leyes de cuotas dio lugar a la identificación por primera vez de un determinado sector de la población, la población mexicana, como illegal aliens (Dauvergne, 2008: 155; De Genova, 2004b; Ngai, 2004: 57). De acuerdo con estos estudios, la mano de obra migrante desempeñaba ya un papel relevante en la economía estadounidense cuando comenzó el proceso de su irregularización.
Las restricciones de las migraciones de trabajadores procedentes de China y la prohibición de empleo de trabajadores bajo contrato aprobadas en la década de 1880 vinieron acompañadas del reclutamiento de trabajadores mexicanos en la región del suroeste de Estados Unidos en la agricultura y en la construcción de ferrocarriles (Calavita, 1992: 7; De Genova, 2004a: 188; Ngai, 2004: 64). Según De Genova, el trabajo de los migrante mexicanos “se convirtió en una necesidad rigurosa para la acumulación capitalista de la región”, de manera que entre 1910, año de la revolución
mexicana, y 1930 una décima parte del total de la población mexicana migró a Estados Unidos (De Genova, 2004a: 188). El importante papel que desarrollaban los trabajadores procedentes del otro lado de la frontera se ha considerado la causa de la introducción de cláusulas de excepción para los trabajadores mexicanos en las leyes de inmigración que se aprobaron a principios de siglo (Calavita, 1992: 7; Nevins, 2002: 104-105; Samora, 1971: 38). Así, el departamento de trabajo implementó las exenciones necesarias para que las disposiciones de la Immigration Act de 191744 y la
Anti-Alien Contract Labor Act de 1885 no se impusiesen a estos trabajadores y no
tuviesen que cumplir, por ejemplo, con la head tax (tasa que tenían que pagar los migrantes a la entrada en Estados Unidos) ni con el literacy test (un examen mediante el cual se intentaba restringir el acceso de la población analfabeta).
Por otro lado, el reforzamiento de los controles en la zona fronteriza con México que se experimentó desde 1903 no fue provocado por los cruces de migrantes mexicanos no autorizados ni estaba orientado a rechazar esta migración. Se puso en marcha porque a partir de la Chinese Exclusion Act los trabajadores chinos intentaban acceder al territorio de Estados Unidos a través de la frontera mexicana y porque posteriormente los migrantes europeos afectados por las leyes de cuotas emplearon la misma forma de entrada (Samora, 1971: 34-35).
En principio, la aprobación de las leyes de cuotas en 1921 y 1924 no modificó las condiciones favorables de entrada para los migrantes mexicanos a pesar de la fuerza que cobró el discurso nativista en esta etapa. Los estudiosos han considerado que sólo posteriormente la forma en la que se implementaron daría un vuelco a la situación de la migración mexicana. La novedad de estas normas consistió en que introdujeron por primera vez restricciones cuantitativas a las migraciones en Estados Unidos, que, sin embargo, no se aplicaron a los migrantes mexicanos. Según Calavita los debates en el congreso atestiguan su intención de emplearlos “como un suministro de mano de obra 44 Una de las cláusulas más relevantes de la Immigration Act de 1917 consistió en ampliar la prohibición de entrada de trabajadores que antes se había impuesto a China a todos los países asiáticos desde Afganistán hasta Japón, la denominada All-asian barred Zone, que no se suspendió hasta los años cuarenta (De Genova, 2004a: 188). En 1943 el congreso estadounidense creó nuevas cuotas y suspendió las restricciones que se habían impuesto a los trabajadores chinos, en 1946 se crearon cuotas para los nacionales de India y Filipinas y en 1949 para los japoneses (Nevins, 2002: 102).
maleable” (Calavita, 1992: 7).
La ley de inmigración de 1921 se planteó de forma temporal para restringir la entrada anual a un máximo de 350.000 extranjeros que, posteriormente, la ley de 1924 hizo permanentes y redujo a 150.000 personas por año (la media anual de entradas en la fase anterior a la guerra se situaba en torno al millón de personas). La introducción de las nuevas cuotas se justificó como medida para garantizar el mantenimiento del origen nacional y étnico de la población estadounidense. El censo de 1890 se empleó como referencia para extraer la composición de la población estadounidense en función de su origen nacional y se asignó a cada país una cuota proporcional a la cantidad de población con el mismo origen que ya residía en Estados Unidos. Como resultado el 85% de los migrantes aceptados procederían de noroeste europeo (De Genova, 2004a: 189; Nevins, 2002: 101).
Las revisiones contemporáneas de las leyes de cuotas les han atribuido el significado de codificar los prejuicios existentes acerca del grado de asimilabilidad de los migrantes en función de la racialización y estigmatización a la que eran sometidas las distintas nacionalidades y, además, se ha destacado su capacidad de normativizar y naturalizar las naciones y la nacionalidad45 (De Genova, 2004a: 189; Ngai, 1999: 69). También se
ha señalado que las nuevas leyes modificaron el significado de la entrada no autorizada en el territorio estadounidense y de las deportaciones. La primera fue duramente criminalizada. Según Ngai, “Esta perspectiva según la cual el inmigrante indocumentado es el menos deseable de todos los extranjeros denota un nuevo imaginario de la nación, que sitúa el principio de la soberanía nacional a la base. Hace de la territorialidad del Estado – no las necesidades laborales, no la unificación familiar, no la libertad a no ser perseguido, no la asimilación – el motor de la política de inmigración” (Ngai, 2004: 62). Por otro lado, las limitaciones a las deportaciones según las cuales no se podría deportar al migrante cuando se había establecido en el país y cuando había empezado el proceso de asimilación, fueron suspendidas y 45 Una actualización del discurso nativista estadounidense ha sido elaborado por Samuel Huntington. Su obra ¿Quiénes somos? da buena cuenta de la perspectiva marcadamente normativa que ha sido otorgada los orígenes nacionales de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos entre los siglos XVII y XIX (Huntington, 2004: 62 y ss.).
cualquier forma de entrada ilícita sin visado o inspección a partir de 1924 pasó a ser susceptible de deportación (Ngai, 2004: 60).
Según las investigaciones más recientes, en el giro de la disposición hacia la llegada de migrantes intervinieron distintos factores. Por un lado, el sentimiento xenófobo se venía gestando desde la década de los ochenta y se completó con una representación de la migración vinculada a la pobreza, al conflicto social y a los suburbios; por otro lado, el final de la Primera Guerra Mundial favoreció el sistema westfaliano, la creación de nuevos Estados-nación y aumentó el nacionalismo; y por último, la etapa de recesión postbélica entre 1920-21 fomentó la desconfianza hacia la migración (Nevins, 2002: 101; Ngai, 2003: 15).
Así pues, a pesar del escenario en principio favorable a la entrada de los trabajadores mexicanos porque no estaban sujetos a cuotas y porque no estaban excluidos de la ciudadanía como extranjeros inelegibles, fueron objeto de las deportaciones que empezó a implementar la recién creada Border Patrol aplicando los criterios cualitativos que introdujeron las nuevas legislaciones en función de las necesidades del mercado de trabajo. Aunque no existía un cupo cuantitativo que restringiese su entrada, se aplicó el requisito de la posesión de visado y se pusieron en marcha controles fronterizos. También se suspendieron las excepciones del pago de la head tax, del
literacy test que fijaba la ley de 1917 y se comenzaron a aplicar los criterios cualitativos
que permitían denegar su acceso a partir de los controles médicos que establecían si el migrante era deseable o indeseable. La crisis de los años treinta motivó, además, la exclusión de los migrantes mexicanos en el mercado de trabajo y la ejecución deportaciones masivas, forzadas y voluntarias, de migrantes mexicanos regulares e irregulares, así como de aquellos que eran ciudadanos estadounidense pero tenían orígenes mexicanos (Calavita, 1992: 7; De Genova, 2004a: 190; Ngai, 2004: 71). Las conclusiones de los estudios de Ngai revelan la desigual aplicación de las medidas que se introdujeron a finales de los años veinte para facilitar la regularización de los migrantes irregulares y para introducir la suspensión administrativa de las deportaciones. Si bien estaban diseñadas para ser suministradas universalmente, se administraban de forma sumamente desigual y únicamente se ponían en marcha cuando
el migrante procedía de Europa o Canadá. La Registry Act de 1929 introdujo la posibilidad de regularizar el status de quienes residiesen en Estados Unidos desde 1921 tras el pago de una tasa pero dado que los migrantes mexicanos no podían pagar la cantidad impuesta o que no llegaron a conocer la ley o no la entendieron, el 80% de quienes se acogieron a este procedimiento fueron europeos (Ngai, 2003: 74). En segundo lugar, aunque se aprobaron medidas que permitían el ejercicio de discreción administrativa para suspender las deportaciones que se consideraban inmerecidas e injustas por el buen carácter moral del migrante, se aplicaron en su mayoría a migrantes europeos. Por último, el procedimiento de regularización que pasaba por solicitar un visado antes de viajar a Canadá y entrar de nuevo al territorio estadounidense de forma legal fue efectivo únicamente para canadienses y europeos. La distancia que separaba a los migrantes mexicanos de la frontera de Canadá (pues trabajan sobre todo en los estados del sur) y el hecho de que se les denegó el visado por formar parte de la clase trabajadora y recibir prestaciones sociales les inhabilitó para optar a este proceso de legalización (Ngai, 2003: 87-91, 2004: 82-86).
El estudio de Ngai concluye que la particular forma de aplicación de las leyes migratorias en los años veinte y principios de los treinta dio lugar a que se vinculase la migración no autorizada única y exclusivamente con la migración mexicana. Los migrantes europeos y canadienses que habían accedido sin cumplir con los requisitos estipulados pudieron disponer de diferentes procedimientos para regularizar su situación. Esta racialización de las leyes de inmigración, sostenida por la actitud de las propias administraciones del Estado, dio lugar a la estigmatización de la población mexicana identificada de forma general como una presencia ilegítima y no autorizada. Por otro lado, su categorización como inasimilables y como migrantes criminales en el imaginario colectivo favoreció su segregación social.
Nevins y De Genova han incluido en esta ecuación que da cuenta de la producción de la irregularidad el factor económico. Según ambos autores el status legal que detentaban estos migrantes y la posibilidad de la deportación se ha aprovechado para imponer unas condiciones de explotación que terminaban de cerrar el círculo con la exclusión legal: “(...) no podemos separar el creciente énfasis en los “extranjeros ilegales” en Estados
Unidos de la larga historia del sentimiento anti-inmigrante, en buena parte de origen racial, enraizado en el miedo y/o rechazo de aquellos considerados intrusos, una historia que está inextricablemente unida a un contexto de explotación y marginalización política y económica de ciertas poblaciones inmigrantes” (Nevins, 2002: 96). Para De Genova el recurso de las deportaciones y la aplicación selectiva de la ley permitía coordinar la demanda de trabajo estacional de la patronal estadounidense y la incorporación a gran escala de trabajadores mexicanos con la posibilidad de prescindir de ellos en otras fases en las que su presencia no era requerida y la posibilidad de someterlos a una mayor disciplina y sujeción. Proceso que supuso la inauguración de la “política de puerta giratoria” (De Genova, 2004a: 189-190). En definitiva, de acuerdo con estas investigaciones, los años veinte fueron el momento inicial en el que en los Estados Unidos un tipo particular de migración, la mexicana, fue identificada como
illegitimate, ilegítima, y diferenciada de la migración legal, lo que permitió la
estigmatización de la primera y la provisión de una reserva de fuerza de trabajo para la economía capitalista de este país lo “suficientemente flexible como para no poder ser en ningún caso completamente sustituida ni completamente excluida” (De Genova, 2004a: 192). La “ilegalidad” o irregularidad generada por las nuevas restricciones de las leyes migratorias y por la particular forma en la que éstas se aplicaron evolucionó y continuó afinándose en las décadas siguientes a través de nuevas disposiciones.
• Braceros y wetbacks: de los años cuarenta a 1965
Tras la fase de deportaciones y de disminución de las migraciones mexicanas hacia el norte durante los años treinta debido al desempleo, en la década siguiente marcada por la recuperación económica y la escasez de mano de obra que generó la Segunda Guerra Mundial se experimentó la inversión de las políticas migratorias y a la contratación de trabajadores mexicanos para abastecer el mercado de trabajo estadounidense. Se firmó, así, en 1942 el Programa Bracero entre México y Estados Unidos, orientado a contratar trabajadores mexicanos para el sector de la agricultura y para la construcción de ferrocarriles del norte. Originalmente fue aprobado como una medida extraordinaria para hacer frente a las condiciones que imponía la guerra46, pero se fue ampliando hasta
46 Según las investigaciones existentes sobre el Programa Bracero, con el final de la guerra los Estados Unidos quisieron poner fin a dicho programa y así lo notificó el Departamento de Estado a México en
finalizar veintidós años después, en 1964.
Durante esta fase ya no se emplearon los términos ilegitimate o inelegible que se habían empleado en la década de los treinta para dar cuenta de los migrantes no autorizados. Durante los años cuarenta y cincuenta ganaron fortuna los términos wetback47 -
“espaldas mojadas” o “mojados” en castellano – y “alambrista”48 . Se ha señalado que
“inmigrante ilegal” era sólo la segunda forma de nombrar la migración no autorizada (Nevins, 2002: 95, 112; Samora, 1971; Stoddard, 1976: 161).
Al igual que las políticas europeas de contratación de trabajadores invitados, el objetivo del Programa Bracero era que los migrantes mexicanos no se estableciesen en el país de acogida, para ello se impusieron una serie de medidas drásticas: se impedía la reagrupación familiar, los contratos eran siempre temporales y se restringía la movilidad geográfica y ocupacional (Calavita, 1992: 56). El programa se suponía ventajoso para todas las partes. Por un lado, los trabajadores migrantes que se acogían al mismo tendrían cubiertos los servicios de transporte; en las agencias que el gobierno estadounidense tenía en la frontera se fijaban por adelantado las condiciones de trabajo y los salarios (Massey y Liang, 1989: 203) se facilitaba la contratación a los empleadores, pues las oficinas del gobierno se encargaban de traer la mano de obra. Por su parte el gobierno esperaba que el Programa Bracero redujese la inmigración irregular y garantizase que los trabajadores migrantes no se estableciesen.
1946. Sin embargo, las presiones ejercidas por los contratistas del sector de la agricultura, que solicitaron al INS la admisión de nuevos braceros, surtieron efecto. Por estas razones, aunque el programa debería haber sido suspendido a inicios de 1948, en febrero se firmó un nuevo acuerdo con México (Calavita, 1992: 25 y ss.; Massey y Liang, 1989: 203; Samora, 1971: 19).
47 El uso del término wetback para denominar a los migrantes no autorizados que habían llegado cruzando la frontera del sur cruzando el Río Grande data de los años veinte pero sólo se extendió en los años cuarenta, cuando pasó a ser empleado para denominar a todos los migrantes irregulares mexicanos en general (Samora, 1971: 6).
48 Se empleó el término “alambrista” para denominar a aquellos migrantes no autorizados que llegaban a Estados Unidos a través de San Diego, California, y El Paso, Texas, pues en estos casos no tenían que cruzar el Río Grande pero sí que era necesario cortar las alambradas de la frontera (Samora, 1971: 6).
El Programa Bracero, pese a que se concibió como una solución a la migración no autorizada, no sólo no consiguió este objetivo, sino que paradójicamente generó más irregularidad y más wetbacks que braceros (Calavita, 1992: 32; De Genova, 2004a: 191; Ngai, 2004: 147). De acuerdo con las investigaciones disponibles, los factores que intervinieron en su producción son diversos. Se ha señalado que en primer lugar el Programa Bracero aprobó un número de visados escaso que no satisfacía la demanda de mano de obra que reclamaba el sector de la agricultura y que existía mayor número de mexicanos que querían migrar como braceros que visados emitidos (Ngai, 2004: 148). Frente a los más de 800.000 braceros que entraron entre 1942 y 1952, el número de migrantes no autorizados interceptados en la frontera fue superior a los dos millones (Calavita, 1992: 31-32; Samora, 1971: 19 y 46). Además, los contratistas estaban dispuestos a emplear a los trabajadores no autorizados que lograban traspasar la frontera porque así ahorraban las tasas del Programa Bracero, no tenían que cumplir con los periodos mínimos de empleo, los sueldos fijos, etc. También se ha destacado que los empleadores alentaban a los trabajadores braceros a que permaneciesen en el territorio estadounidense una vez expirado el visado (De Genova, 2004a: 191). Dado que los procedimientos de “secado de espaldas mojadas” [drying out wetbacks] implementados a partir de 1949 permitían la regularización del status de los migrantes irregulares que eran interceptados en el territorio estadounidense49, se reducía también para los
trabajadores el atractivo de tornar a México para volver a ser contrato más adelante como bracero50 (Calavita, 1992: 32). El Programa Bracero51 dio lugar a una espada de
doble filo, según Calavita “la solución al problema de la inmigración ilegal contenía él mismo una dinámica que amenazaba con exacerbar el problema. (…) las mismas 49 Este procedimiento se ponía en marcha cuando la policía realizaba una inspección en las explotaciones y localizaba migrantes trabajadores no autorizados. Se ofrecía en este momento a los empleadores la posibilidad de que contratasen a sus trabajadores como braceros directamente sin tener que realizar el traslado a la frontera, requisito que se había exigido hasta 1949 (Bustamante, 1977: 171; Calavita, 1995: 237).
50 Con el empleo de estas prácticas entre 1947 y 1949 el número de trabajadores no autorizados que fueron legalizados posteriormente como braceros fue de 142.000 mientras que el número de braceros llegados de México cumpliendo las condiciones previstas fue de 74.600 (Calavita, 1995: 237; Nevins, 2002: 33-34; Samora, 1971: 48).
51 A juicio de Calavita la irregularidad no fue sólo un mero resultado del Programa Bracero, sino que también intervino en su producción las políticas del INS. Así, la autora recoge que el Director de Distrito del INS en Los Ángeles explicó al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que parte de su política consistía en no llevar a cabo controles de extranjeros ilegales en las explotaciones agrícolas y los ranchos mientras se estuviesen realizando labores de cosecha (Calavita, 1992: 33).
políticas que mantenían la inmigración ilegal bajo control a través de la legalización y la expansión del flujo, simultáneamente incrementaba la cantidad de población inmigrantes ilegal potencial” (Calavita, 1992: 108).
Las políticas que acompañaron al Programa Bracero evolucionaron en la década siguiente modificando el tratamiento que se otorgaba a los wetbacks. La fase de recesión temprana a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta alimentó la tesis de que la presencia de migración irregular ejercía una presión a la baja sobre los salarios del suroeste. Los sindicatos del sector de la agricultura demandaron al INS la