Evaluation of the ontologies

Los acuerdos internacionales que se toman en materia de cambio climático, dan unos objetivos específicos a cumplir por parte de un país, pero no dice cómo debe llevarse a cabo tales objetivos. Por tanto, es deber de cada Estado miembro diseñar las políticas de gestión que lleven a la nación a cumplir los compromisos adquiridos. La Constitución Española garantiza la autonomía municipal y establece algunas reglas básicas acerca de los órganos encargados del gobierno y administración de los municipios (arts. 140 y 141.2), además menciona las fuentes de financiación precisas para desempeñar las funciones que la ley atribuya a las entidades locales (arts. 142 y 133.2), si bien no indica cuál pueda ser dicho ámbito competencial.

En la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local es donde se establecen las competencias municipales, y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se implantan los recursos de los que disponen los ayuntamientos. Es por ello que los planes de gestión medioambiental, deben establecerse desde un nivel local, ya que los ayuntamientos tienen competencias directas en la mitigación de las emisiones de GEI, tales como el planeamiento urbanístico, el transporte, la gestión energética municipal y la gestión de residuos. Además está en sus manos el poder de aumentar o incentivar la sensibilización de los ciudadanos por los problemas ambientales causados por el cambio climático.

Algunas experencias positivas de cálculos de HC en muncipios españoles son las que se presentan a continuación:

1.5.1. Pacto de alcaldes

Surgió en el año 2008 como iniciativa de la Comisión Europea, tras adoptar el paquete de medidas de la UE sobre el cambio climático y energía. Es el principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su compromiso los firmantes del Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir un 20% las emisiones de CO2 antes de 2020. En total hay 4070 ciudades firmantes, de diversos tamaños, desde pequeños pueblos, hasta grandes áreas metropolitanas como París, que se comprometen a ejecutar un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES). Los procesos que deben seguir las ciudades firmantes en el compromiso del Pacto de Alcaldes son, en primer lugar firmar el Pacto, paso que tiene asociado la creación de las estructuras administrativas necesarias, además de relatar un Inventario de Emisiones de Referencia y desarrollo del PAES. En segundo lugar debe presentarse el PAES, ser aprobado, llevar a cabo la ejecución del mismo, así como un seguimiento del proceso. Por último, se deben publicar periódicamente los informes de seguimiento que expongan la evolución del PAES.

La Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobó en octubre de 2008 el compromiso de Pacto de Alcaldes, por lo que, a día de hoy, del total de las ciudades firmantes en Europa, 1061 corresponden a ciudades españolas, lo que representa un 25% del total en Europa. En el Mapa 1.1 se puede observar la distribución aproximada de los municipios españoles firmantes del Pacto de Alcaldes, a los que hay que añadir los que se sitúan en las Islas Canarias y que no aparecen en la figura:

Mapa 1.1. Mapa del Pacto de Alcaldes de municipios españoles firmantes. Fuente: www.pactodelosalcaldes.eu (2012)

Con su adhesión al pacto, los municipios se comprometen públicamente a ir más allá de los objetivos oficiales de reducción de las emisiones de CO2, mediante actuaciones de eficiencia energética y la utilización de las energías renovables. A modo de ejemplo se cita el caso del PAES del municipio Los Corrales, en Sevilla, aprobado en mayo de 2012, cuyo objetivo es disminuir las emisiones de CO2 en un 64% antes del año 2020.

1.5.2. Agenda 21

La Agenda 21 nace como uno de los acuerdos de la Declaración de Río en 1992. Es un Plan de Acción Global para el Desarrollo Sostenible cuyas propuestas deben ser acometidas a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por grupos principales particulares de todas las áreas en las que

ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente. Este programa es hoy uno de los instrumentos sin validez legal más importantes e influyentes en el campo del medio ambiente, sirviendo como base de referencia para la gestión ambiental en la mayor parte de las regiones del mundo. Establece una base sólida para la promoción del desarrollo en términos de progreso social, económico y ambiental.

La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible se constituyó en noviembre de 2005, al amparo del MARM, como foro de debate e intercambio de experiencias entre las distintas redes que a nivel autonómico y provincial trabajan por la Agenda 21 Local. Actualmente la Red está formada por 20 redes, además de la Federación Española de Municipios y Provincias. La Red presenta alrededor de 2.800 municipios con una población de más de 28 millones de habitantes. De las conclusiones extraídas en el Informe de Sostenibilidad en España de 2011, se desprende que “el desarrollo de las Agendas en España puede considerarse un elemento estratégico y básico para la necesaria implantación de políticas y medidas que fomentan el Desarrollo Sostenible” (OSE, 2011).

Pese a ser España el primer país de la UE en implantación de la Agenda 21, el compromiso suele tener escasas implicaciones prácticas, ya que la mayor parte de las agendas se encuentran en fase de implantación o desarrollo. Se distinguen las regiones que están desarrollando un gran número de actuaciones a favor de un desarrollo sostenible (Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Autónoma de Euskadi, Navarra, Andalucía y Madrid); en segundo lugar, un grupo de regiones menos avanzadas en relación a la Agenda 21 Local que las anteriores, pero que también actúan (Castilla y León, Asturias, La Rioja, Galicia y Murcia). Y en tercer lugar, las regiones donde el desarrollo es muy reciente (Islas Canarias, Aragón, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura) (La Agenda 21 Local en España, 2007). La Figura 1.13 muestra los inicios de la Agenda 21 Local en las diferentes Comunidades Autónomas:

Figura 1.13. Inicio de actividades en Agenda 21 y elaboración de Estrategia de Desarrollo Sostenible por Comunidades Autónomas. Fuente: La Agenda 21 Local (2007)

1.5.3. Un caso específico: Andalucía

La Junta de Andalucía ha impulsado el proceso de adhesión de más de 450 muncipios andaluces al Pacto de los Alcaldes, convierténdose la Consejería de Medio Ambiente en la unidad administrativa y estructura soporte en la elaboración de los PAES de cada municipio.

Gracias a este impulso, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha propuesto, en el décimo Congreso Nacional del Medio Ambiente (2010), una herramienta para el cálculo de las emisiones de GEI a escala municipal. Esta metodología tiene las características que se relacionan a continuación, en palabras de la propia Consejería: • Proporciona una imagen de la HC del municipio identificando la contribución de cada

uno de los principales sectores emisores.

• Permite observar la evolución temporal de las emisiones.

• Permite sentar las bases para desarrollar y cuantificar estrategias de reducción.

Se trata de una herramienta elaborada siguiendo los estándares nacionales (MARM) e internacionales (IPCC), basándose en datos estadísticos consolidados, de publicación periódica, que permite su actualización anual y que busca la homogeneidad de metodologías y fuentes de datos para los municipios andaluces. A modo de ejemplo se muestra en la Figura 1.14 los resultados obtenidos en el año 2007 para Andalucía de las emisiones de GEI, según sectores de actividad:

Figura 1.14. Resultados de las emisiones de GEI en toneladas equivalentes de CO2, obtenidos para la

Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2007. Fuente: Congreso Nacional del Medio Ambiente (2010)

A modo de ejemplo se explica el caso de Granada. La ciudad redactó un Plan de Acción promovido por la Agenda 21 Local, y en 2009 firmó el Pacto de Alcaldes. Una de las herramientas con las que esta provincia pretende dar a conocer el impacto de las decisiones

de las autoridades en el clima es el cálculo de la HC de la ciudad, para ello, en el estudio realizado por la Junta de Andalucía, se comparan en detalle siete herramientas que sirven para el cálculo de la misma:

• Inventario de emisiones del Pacto de Alcaldes, de la Comisión Europea.

• Cálculo del indicador común Europea A2 para el Diagnóstico y Seguimiento del Cambio Climático, de la Red de Ciudades por el Clima de la Federación de Municipios y Provincias.

• Cálculo de la HC de la Dirección General del Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente Rural y Marino de la Junta de Andalucía.

• GHG Protocol o Protocolo de GEI: Estándar internacional para el cálculo y la comunicación del Inventario de emisiones de WRI and WBCSD (World Resources Institute and Worl Business Council for Suitainable Development).

• ISO 14064: Estándar internacional desarrollado por ISO (International Standard Organization).

• PAS 2050: Normativa para el cálculo de la HC de una actividad, desarrollada por Carbon Trust y Defra (Department for environment, food and rural affairs del Gobierno Británico)

• MC3: Método Compuesto de las Cuentas Contables para el cálculo de la HC y la HE, de Jose Luis Doménech.

De las propuestas analizadas se deciden por la herramienta de la Federación de Municipios y Provincias para municipios “porque en ella se explican con detalle los pasos del cálculo, es bastante flexible al poder modificar factores de emisión y tener visibles las fórmulas, y porque tiene en cuenta algunas medidas de reducción de CO2, como los sumideros o la producción local de energías renovables” (Guevara et al, 2010). Además también calculan la HC con la herramienta PAES de la Comisión Europea y la propuesta de la Junta de Andalucía, para comparar los resultados. En base a los resultados obtenidos se diseñan diferentes propuestas de políticas municipales y planes de acción que ayuden a paliar la huella, y, de esta forma, cumplir con los compromisos adquiridos.