6.2 Salient Object Subitizing by Convolutional Neural Network
6.4.2 Image Retrieval
Figura 26. Tijeral en Villa 12 de Octubre
El capítulo aborda el tema de la participación del habitante en la producción de su hábitat y la relación de ésta con la política habitacional, durante los cien años transcurridos desde la promulgación de la primera ley de vivienda en Chile, en 1906, hasta 2006, cuando se inicia el gobierno de Michelle Bachelet, último de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, que regirán el país de 1990 a 2010.
La trayectoria de la producción y gestión de los pobladores se divide en cuatro períodos. La primera sección abarca el período 1906 a 1973 (año del quiebre de la institucionalidad democrática), en que los pobres se transforman en pobladores y conquistan el derecho a ser ciudadanos y propietarios. La segunda corresponde a los 17 años del régimen militar, desde 1973 hasta 1990 (año en que finaliza la dictadura de Pinochet), en que los pobladores se organizan paulatinamente, desarrollan su propio plan habitacional en el que acogen a los allegados, y se muestran, además, como un actor relevante en las protestas urbanas contra la dictadura. La tercera sección abarca la primera etapa de los gobiernos de la Concertación hasta 1999 (año de la toma de Peñalolén), y aborda un período en que los pobladores, a la espera de ser beneficiados por los programas habitacionales estatales, pasan prácticamente inadvertidos. En la cuarta y última sección se analiza la forma en que los pobladores se incorporan progresivamente tanto a la discusión sobre los programas habitacionales, como al diseño y la implementación de estos, y cómo vuelven a marcar la pauta de la política habitacional con sus movilizaciones. Este período dura hasta 2006, año de la promulgación de la «nueva política habitacional». Desde entonces, los pobladores se transforman en gestores y autogestores de vivienda y barrio, proceso que analizaremos en los capítulos siguientes.
3.1. DE POBRES A POBLADORES: 1906‐1973
Durante este período, en que los pobres pasan a ser pobladores organizados, y luego propietarios, se identifican aquellas acciones —movilizaciones, ocupaciones ilegales y tomas— que han precedido las decisiones de política pública habitacional y urbana, en Chile: la primera ley obrera, la ley de protección de los arrendatarios, la ley de los compradores de sitio a plazo y los programas de acceso a suelo urbano. El año 1957, en que se produce la toma de La Victoria114, la primera toma masiva organizada, marca el inicio de la lucha, apoyada por la Iglesia, que dan los pobladores por el derecho a ser propietarios de una vivienda. El Estado reacciona creando planes habitacionales masivos y el sector privado se incorpora organizado en la Cámara Chilena de la Construcción. Así, hasta el año 1973, los pobladores se convierten en propietarios mediante un efectivo plan de tomas de terrenos.
3.1.1. Pobres en la ciudad: en busca de un lugar, 1906‐1957
3.1.1.1. Poblaciones y periferia a fines del siglo XIX
Santiago nace como una ciudad dividida y segregada. El área central —el triángulo que se conoce como Santiago fundacional, entre el río Mapocho y la Alameda—, se reserva para las clases más altas, mientras los pobres ocupan La Chimba, sector situado al norte del río Mapocho, aislado del centro, y la zona sur, donde se concentra el mayor número de habitantes de la ciudad.
Los pobres ocupan espontáneamente las «tierras de nadie», o arriendan terrenos para construir sus viviendas en condiciones muy precarias. Desde la mitad del siglo XIX el Estado emprende acciones en materia habitacional, que consisten en obras de remodelación de estos barrios populares, aunque principalmente se demuelen ranchos y conventillos. Estas medidas aumentan el valor del suelo, con la consecuente expulsión de los habitantes originales hacia los bordes, característica que se mantiene hasta hoy (DE RAMÓN, 1985; ESPINOZA, 1988).
Como resultado de las acciones del Estado, la ciudad amplía su periferia con «poblaciones», término acuñado ya a finales del siglo XIX, y definido por el historiador Armando de Ramón como «una situación de periferia, actual o pasada, [cualificada] por una baja inversión en edificios e infraestructura si se trata de habitaciones para la clase media, o donde habrá una carencia casi total de servicios si se destinan a estratos más bajos» (DE RAMÓN, 1985: 220).
Las poblaciones pueden ser para sectores miserables o para sectores de ingresos medios, pero tanto el nivel socioeconómico de sus habitantes como las características de su construcción son homogéneos. Están segregadas entre sí y del resto de la ciudad. Como apunta De Ramón, ambos tipos de población se sitúan en la periferia de Santiago y contribuyen a la fuerte expansión de la ciudad con posterioridad a 1860.
La condición periférica no es exclusiva de Santiago, sino de todas las grandes ciudades. En Valparaíso por ejemplo, los más pobres se instalan desde siempre en las laderas de los cerros y las quebradas, en ranchos construidos sobre pilotes.
El término población se sigue utilizando. En la actualidad se refiere a un conjunto de viviendas sociales, o de viviendas precarias autoconstruidas con materiales ligeros, en una urbanización
114 En 1946 se inician las ocupaciones de terrenos «por la movilización organizada de grupos populares con el apoyo de partidos políticos obreros», con tomas como La Legua, San Miguel, Los Nogales, Recabarren, Zanjón de la Aguada, Lo Valledor (VALDÉS, 1987:267). Sin embargo, estas no son ni tan masivas ni tan conocidas como la toma de La Victoria. La primera toma organizada que se conoce es aquella que da origen a La Legua La Nueva, en 1947 (GARCÉS et al., 2004).
oficialmente reconocida, donde habitan personas de escasos recursos115, y a su correspondiente espacio público. El habitante de la población, el poblador, nace como una categoría social que se distingue del simple habitante por el carácter reivindicativo de su postura y de su acción en relación con el derecho a la vivienda y a la ciudad, como veremos más adelante.
3.1.1.2. Presión de los pobres urbanos
Las primeras décadas del siglo XX se caracterizan por la agudización del problema de la vivienda de los pobres urbanos y las primeras movilizaciones de estos para hacer valer sus derechos en torno a la vivienda.
La Ley de Habitaciones Obreras y las primeras cooperativas de vivienda
En la ciudad, los pobres viven en ranchos muy precarios construidos en pequeños lotes que arriendan, en conventillos construidos por los dueños de terreno, o en «cuartos redondos», que son habitaciones sin ventanas donde vive una familia completa.
Los primeros intentos de leyes y ordenanzas relativas a la vivienda de los pobres en Chile, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, están impulsados por el interés de mejorar la higiene pública. En la década de 1890, las discusiones en torno a legislar sobre las viviendas baratas se inscriben, por una parte, en el contexto de una ideología católica conservadora relacionada con la beneficencia, y por otra, en el debate y la legislación internacional.
Sin bien desde 1840 hay antecedentes de organizaciones de la Iglesia Católica que atienden a los pobres, hacia 1891 el Arzobispo de Santiago insta a la alta burguesía católica a fomentar la organización de fundaciones y asociaciones de asistencia social para abordar los problemas de vivienda obrera (HIDALGO, 2005). Así, entre 1890 y 1920, la beneficencia católica en Santiago construye 16 conjuntos con un total de 180 viviendas sociales (departamentos, habitaciones y casas), que la prensa de la época llama «cités higiénicos» (HIDALGO, ERRÁZURIZ y BOOTH, 2005).
En Valparaíso, el único ejemplo es la Población Obrera de la Unión, construida en el cerro Cordillera en 1884 y destinada originalmente al arriendo de viviendas para familias obreras relacionadas con la actividad portuaria, industrial y comercial. En noviembre de 1894, el inmueble es adquirido por Juana Ross, benefactora católica de la alta sociedad porteña, que lo rehabilita y lo transforma, en 1898, en la primera vivienda social para obreros del país. La propiedad es desde entonces administrada con fines sociales por una fundación vinculada a la Iglesia (TAC, 1996)116. Por otro lado, el Estado inicia sus acciones en materia de legislación de vivienda con la creación de la Ley de Habitaciones Obreras117, en 1906118. Sin embargo, no se puede desconocer que la promulgación de esta ley tiene un antecedente inmediato en las movilizaciones populares urbanas de principios de siglo —huelga de los estibadores en Valparaíso, en 1903, huelga de la carne en Santiago, en 1905, y huelga del salitre en Iquique, en 1907—, que expresan el descontento de las clases populares en los centros de las ciudades (ESPINOZA, 1988; HIDALGO, 2005).
115 También se refiere al conjunto de viviendas construidas como parte de un mismo proyecto —donde habitan personas de recursos medios o medios bajos— y a su correspondiente espacio público, aunque esta acepción es menos común. 116 La rehabilitación de este inmueble se describe en el Capítulo 4, y el origen y la consolidación del caso están detallados en el Cuaderno de Investigación 1. Población Obrera de la Unión 1898-1997.
117 Ley 1.838/1906, de 20 de febrero.
118 Como antecedente, podemos señalar que la primera legislación de vivienda social en España es la Ley de Casas Baratas de 1911 (SAMBRICIO, 2003). En esos años, en Europa se opta por el concepto de «casa barata», concepto más amplio que el de «casa obrera» (HIDALGO, 2005).
Los Consejos de Habitaciones Obreras, encargados de implementar las medidas de la Ley, demuelen más piezas en conventillos que las nuevas que se edifican. Así, la aplicación de esta Ley, vigente durante 19 años, agrava aún más la situación de la vivienda obrera, a la vez que genera nuevamente una expulsión de los pobres a la periferia, algo que se ha transformado en una constante a lo largo de los más de cien años de política habitacional (HIDALGO, 2007b).
Figura 27: Localización de conventillos que se ordena demoler en virtud de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 en
Santiago, los pobres son expulsados a la periferia y en las áreas saneadas se construyen «cités» donde habita una
población de mayores recursos.
Fuente: HIDALGO, 2007b
El Consejo Superior de Habitaciones para Obreros es reemplazado por el Consejo Superior de Bienestar Social119, que establece beneficios y estímulos para impulsar la edificación económica en sitios eriazos dentro del radio urbano, o la reedificación de las viviendas demolidas por insalubres (BRAVO, 1959).
Los primeros antecedentes de fomento a la acción cooperativa en Chile datan justamente de 1925, con esta legislación, en que se da preferencia en los préstamos para la vivienda a edificios cooperativos y colectivos destinados a diez familias que sean copropietarias del inmueble. Se busca activar la construcción de nuevas viviendas por medio de cooperativas, e incentivar —mediante la exención de impuestos municipales en edificios colectivos— la participación de sociedades de empleados y trabajadores para que satisfagan su necesidad de habitación (BRAVO, 1959; HIDALGO, 2002). En algunas poblaciones construidas bajo esta modalidad, las sociedades contraen préstamos que más adelante no devuelven, un fenómeno que Bravo atribuye a la escasa cultura cooperativa (BRAVO 1959).
El movimiento de arrendatarios
A la habitación obrera, a principios del siglo XX, se accede por la vía del arrendamiento, ya sea de