6.2 Salient Object Subitizing by Convolutional Neural Network
7.2.1 The Pointing Game
piezas en conventillos, o de pequeños lotes en los que se construyen ranchos120. Es más, ante la falta de un sistema de producción estatal de vivienda social, la construcción de vivienda para la renta se presenta como la solución que la sociedad chilena da al problema habitacional de los asalariados (SABATINI, 1982; ESPINOZA, 1988).
Los primeros movimientos de arrendatarios surgen alrededor de 1914, en el contexto del quiebre económico producido por la crisis del salitre. El Consejo de Habitaciones Obreras decide suspender la demolición de conventillos para evitar el aumento del valor de los arriendos. Así, en 1921, estos movimientos se intensifican como reacción al alza de los cánones de alquiler que aplican los propietarios, que ven amenazados sus intereses ante la posibilidad de que se apruebe una ley de impuesto a la renta. En 1924, bajo la Junta de Gobierno que sucede al gobierno de Arturo Alessandri Palma, la promulgación del Decreto Ley sobre Impuesto a la Renta121 lleva la situación a un punto límite. Empieza entonces, a lo largo del país, un período de huelgas en que los arrendatarios dejan de pagar su alquiler durante seis meses, en protesta por el alza de los cánones (ESPINOZA, 1988).
A propósito de las huelgas, marchas y mítines, principalmente en Santiago y Valparaíso, en 1925 el gobierno promulga otro decreto122 que reduce un 50% de la renta, hasta el cierre, demolición o reparación, de las viviendas declaradas insalubres, establece una rebaja general hasta un cierto cánon y constituye los Tribunales de Vivienda para resolver los problemas surgidos en torno a los arriendos.
«Se forman las Ligas de Arrendatarios que presionan al Estado para dictar una ley que la burguesía considera “nefasta para la cooperación del sector privado”, según expresa “El Mercurio” de esa época» (ALVARADO et al., 1973).
Esta ley representa un avance significativo para el movimiento de los pobres urbanos, y es la primera de una serie de disposiciones legales que regulan o limitan las rentas de arrendamiento. Se inicia con ella un período que dura más de 35 años, hasta el establecimiento de disposiciones que favorecen la construcción de viviendas económicas en las que no regirán las limitaciones de renta (BRAVO, 1959, 1960). De todas formas, los efectos inesperados que tienen esta ley y las siguientes son el deterioro del patrimonio habitacional chileno y la falta de incentivos a la construcción de vivienda por parte del sector privado.
Del arriendo a la propiedad: la situación de los mejoreros123
Entre 1920 y 1930 la población de Santiago se incrementa de 600.000 a un millón de habitantes. La ciudad se consolida como la principal del país, a la vez que se estanca el crecimiento de la población campesina. En consecuencia, a partir de la década de 1930, se vuelve evidente la inmigración de familias del campo que se instalan en los alrededores de las ciudades, en terrenos carentes de servicios. Los dueños de terreno aprovechan esta situación de emergencia loteando sus propiedades para luego vender o arrendar lotes, al margen de todo marco legal. Este fenómeno da lugar a lo que se conoce como problema de los mejoreros y compradores de sitio a plazo.
El gobierno —régimen militar de Ibáñez—, para enfrentar la situación, dicta el DFL 33124. Según Luis Bravo (1959), al promulgarse esta ley existen a lo menos 18.500 adquirentes de sitios a plazo y
120 Se estima que en 1913 un 97% de los trabajadores eran arrendatarios de vivienda (Espinoza, 1988:54). 121 Decreto Ley 308/1925, de 17 de marzo.
122 Decreto Ley 261/1925, de 19 de febrero.
123 Se dice de los ocupantes de pequeños terrenos arrendados o comprados a plazos, en los que han realizado mejoras, es decir gastos en la propiedad —ajena— que han incrementado el valor de la misma.
124 DFL 33/1931, de 8 de abril (que viene a ampliar la Ley 4.931/1931, de 6 de febrero, y que incluye algunas modificaciones).
6.600 dueños de mejoras y arrendatarios de piso (suelo), a lo largo del país. Como solución al problema, el DFL 33 prohíbe destinar terrenos a nuevas poblaciones, si estos no cumplen los requisitos de urbanización exigidos por la municipalidad, y arrendar terrenos y pisos para la formación de poblaciones; obliga a escriturar las ventas condicionadas de terreno cuando lo exija el adquirente o a restituir el sitio al propietario previa indemnización por las mejoras que el arrendatario de suelo haya realizado; por último, crea la Junta Central de la Habitación Popular con una estructura descentralizada territorialmente (BRAVO, 1959).
Como la ley tiene problemas que dificultan su aplicación, en los años siguientes los pobladores propietarios se organizan en el Frente Nacional de Afectos a la Ley 33, cuyo fin es exigir que se concreten las compraventas de los más de 120.000 mil casos existentes en el país.
Resuelto a solucionar el problema financiero de los mejoreros y compradores de sitio a plazo, el gobierno —segundo período presidencial de Alessandri Palma— promulga entonces otra ley125 mediante la cual los adquirentes de sitios a plazo pueden obtener préstamos. A esta ley se acoge la gran mayoría de afectados de loteos ilegales y para el gobierno representa la solución definitiva al problema (BRAVO, 1959).
En 1934 el Frente Nacional de Afectos a la Ley 33 se transforma en el Frente Nacional de la Vivienda. A las demandas relacionadas con la compra de los terrenos que ocupan y han mejorado, los miembros de este frente incorporan las demandas de los arrendatarios. Así surge la primera organización unitaria de pobres urbanos cuyas demandas giran en torno a la vivienda, la urbanización y la vida comunitaria y política (ALVARADO et al., 1973; ESPINOZA, 1988). En 1936 se crea un solo organismo que concentra todos los recursos estatales en materia de vivienda. La Caja de Habitación Popular126 tiene la facultad de construir directamente, entregar préstamos, y asignar subsidios (BRAVO, 1959).
Este período se caracteriza por la lucha de los pobladores para hacer valer los derechos de los compradores a plazo y de las familias desalojadas de las habitaciones que arriendan. Surge la posibilidad de ser dueño de una vivienda, y ya no arrendatario, y se afianza entonces la demanda por ser propietario de suelo.
3.1.1.3. Los migrantes y expulsados del centro se instalan en «callampas»
Pese a que en la década de los cuarenta se promulgan dos leyes que incentivan al sector privado a construir viviendas económicas, estas distan mucho de satisfacer los requerimientos de los pobres urbanos. La primera reorganiza la Caja de la Habitación127 que amplía la labor de construcción directa de viviendas con fondos propios, a la construcción indirecta. Se dicta la Ordenanza de Urbanización y Construcciones Económicas128, primera norma sobre condiciones de habitabilidad, franquicias y disminución de especificaciones técnicas de construcción de la vivienda económica. Este concepto no corresponde a lo que se entiende por vivienda social y se refiere a la vivienda cuya superficie edificada «estará comprendida entre 35,65 m2 y 100 m2 excluyendo en ambos casos los closets [armarios]» (BRAVO, 1959: 32). En esta norma se establece el frente del sitio mínimo en 8,6 m para la vivienda aislada, y en 5 m para la vivienda pareada o continua. La segunda ley, conocida como Ley Pereira129, representa un incentivo tributario a la construcción de este tipo de viviendas.
125 Ley 5.579/35, de 2 de febrero. 126 Ley 5.950/36, de 10 de octubre. 127 Ley 7.600/43, de 20 de octubre. 128 DS 451/44, de 6 de julio. 129 Ley 9.135/48, de 30 de octubre.
Las familias de migrantes o expulsados del centro de la ciudad por la demolición de cités y conventillos se instalan en terrenos vacíos en los márgenes de la ciudad u ocultos dentro la ciudad.
«Las familias estaban viviendo en muy malas condiciones escondidos en barrios, que son las poblaciones callampa, que nacieron en pequeños sitios primero, escondidos detrás de las paredes de
los cierros de las casas vecinas» (Mario Valencia, 2010)130.
Como no existe un programa de vivienda popular, desde 1946 la modalidad de acceso al suelo se realiza mediante invasiones de terreno vinculadas a movimientos políticos y organizaciones sociales (VALDÉS, 1987). La toma del barrio Zañartu, que da origen a la población Nueva La Legua, es la primera toma organizada que se ha documentado131. La ocupación ilegal de terrenos en estas condiciones forma asentamientos que se conocen con el nombre de «callampas», en que las condiciones de vivienda y urbanización son extremadamente precarias. En este momento aparece la distinción entre población callampa132 —asentamiento espontáneo— y población —vasta agrupación prácticamente permanente, generada por los programas habitacionales de urgencia— (CASTELLS, 1973). Las poblaciones callampas se ubican preferentemente en «tierra de nadie», como los márgenes del río Mapocho y del Zanjón de la Aguada.
«Esta gente [migrantes campesinos y obreros de salitreras] no tenía donde vivir y fueron formando las poblaciones callampa, que vivían en situaciones muy paupérrimas, muy malas, casas de cartón, de papel, apareció el plástico, las fonolitas [planchas de fibrocemento]. Y ellos entonces se preocupaban mucho de que con los escasos dineros que podían ganar, más que mejorar sus condiciones de vida, se preocupaban de que sus hijos pudieran estudiar y ser más que ellos» (Mario Valencia, 2010).
Como modo de acceso a la vivienda, las poblaciones callampa adquieren progresivamente más importancia que la densificación de los conventillos. Se inicia así un proceso acelerado de conversión de suelo agrícola en suelo urbano, con la consecuente expansión de la superficie urbana de Santiago. De acuerdo con estudios de la época, en 1952 viven en callampas 75.000 personas, lo que representa el 6,25% del total de la población de Santiago, y al final de la década esta cifra se duplica (ESPINOZA, 1988; DE RAMÓN, 1990). Consecuentemente, la superficie de Santiago aumenta de 13.035 ha, en 1950, a 17.933,9 ha, en 1960 (HIDALGO, 2005). El Estado reacciona con la creación de programas de erradicación de callampas y, paralelamente, con la construcción de poblaciones que ejecuta la Caja de Habitación.
El año 1952 se hace el primer censo de vivienda junto con el de población. De 1.051.200 viviendas censadas, las viviendas malas y parcialmente regulares suman 437.100, cifra que permite calcular el déficit habitacional. En Santiago se realiza un censo especial de poblaciones callampas, donde se establece que existen 41 poblaciones callampas, con 5.835 familias y 36.611 habitantes (cifra menor a las otras estimaciones), cuando la capital tenía 1.353.400 habitantes (HIDALGO, 2005). La década de 1950 es clave tanto desde el punto de vista institucional como desde la perspectiva de los pobladores organizados.
En 1951, durante el gobierno de Gabriel González Videla, se crea el Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua, originado en un convenio de cooperación entre los gobiernos
130 Exgerente del Departamento de Viviendas Hogar de Cristo 1955-1958, exdirector (en representación del Hogar de Cristo) de Caritas Chile y exgerente de la Fundación Invica. Entrevista realizada por la autora.
131 En 1948 llegan a la población Nueva La Legua habitantes provenientes de la que se considera la primera toma organizada de sitios en Santiago, la toma del barrio Zañartu de Ñuñoa en 1947 (GARCÉS et al., 2004; ECO/FOSIS, 1999; citado en GANTER, 2007).En enero de 1947 se ocupan los terrenos del Seguro Obrero y de otros propietarios privados de la población Los Nogales, luego de una negociación con el gobierno (IMC, 2007).
132 Población callampa es un término algo peyorativo, que se refiere a un asentamiento precario constituido de tugurios, en general en zonas suburbanas. Callampa significa chabola o vivienda en zonas suburbanas. En Chile, callampa—del quechua ccallampa— significa hongo o seta, y por lo tanto población callampa es el grupo de casas pobres que surge de la noche a la mañana como si fueran callampas u hongos. Otra explicación del nombre que entrega Vicente Espinoza es que se debe a que se ubican en sitios generalmente muy húmedos, donde crecen los hongos (ESPINOZA, 1988).
de Chile y de Estados Unidos. Con estas primeras experiencias de autoconstrucción, el Estado, cuyo propósito es reducir significativamente el problema del déficit cuantitativo, busca disminuir la inversión por unidad de vivienda. Para ello asume la función de urbanizador y así economiza en salarios: «por medio del sistema de autoconstrucción se esperaba una economía por mano de obra de aproximadamente un 47%. Desde el punto de vista social, la construcción de las viviendas era la perfecta vía para generar comunidades organizadas y participativas en torno a un tema de interés común» (MINVU, 2004a:106).
De este modo se inicia un traslado masivo de habitantes a terrenos loteados y urbanizados por el Estado. Sin embargo, el Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua tiene varios detractores, para quienes no es posible proporcionar asistencia técnica en los sectores de poblaciones callampa que no cuenten con organizaciones para implementar el programa.
«Aunque hay excepciones, la gran mayoría de las poblaciones callampas no poseen organización alguna de tipo social ni siquiera rudimentaria por lo cual todo intento de acción metódica en ellas resulta de hecho impracticable» (BRAVO, 1959:53).
Con todo, el proceso de invasiones está lejos de terminar, debido al aumento constante del número de familias cuya única forma de acceso al suelo urbano consiste en la ocupación ilegal de terrenos. Además, en 1952 el gobierno de Ibáñez procede a la demolición y erradicación de barrios enteros de conventillos sin proporcionar solución alguna para sus moradores (CASTELLS, 1973).
Estos hechos plantean la necesidad de reformar la administración pública para elaborar programas de vivienda más ajustados a las necesidades habitacionales de los pobres. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se reestructura133, y la Dirección de Planeamiento elabora un Plan de Vivienda134. A esto se suma la creación de la Corporación de la Vivienda (Corvi)135, que se encarga de la ejecución, urbanización, reestructuración, remodelación y reconstrucción de barrios y sectores comprendidos en el Plan de la Vivienda y en los Planes Reguladores elaborados por el MOP. La Corvi también se encarga del estudio y fomento de la construcción de viviendas económicas. Se le conceden grandes atribuciones: expropiar, comprar, construir, vender, arrendar y permutar inmuebles; proyectar y construir viviendas económicas por cuenta propia o de terceros; otorgar préstamos, etc. (BRAVO, 1959).
Se dicta una nueva normativa de viviendas económicas, la Ordenanza de Urbanización y Construcciones Económicas136, que después será sustituida por el reglamento de viviendas económicas del DFL 2 de 1959 sobre Plan Habitacional, que analizaremos más adelante. En esta nueva norma se faculta para tener frentes de sitio mínimos de 6 m para vivienda aislada, 5 m para pareada o continua, y cualquier frente en caso de construcción de bloques o vivienda continua de más de 20 m de largo.
La forma en que los propios pobladores solucionan su problema de habitación, mediante la ocupación ilegal de terrenos, presiona al Estado que entonces inicia una serie de Planes Nacionales de Vivienda.
Desde 1954, el gobierno implementa planes nacionales con los cuales, durante los dos primeros años, solo se logra construir el 26% de las viviendas prometidas137 (BRAVO, 1959). Los años siguientes, 1956, 1957 y 1958, son años en que se construye muy poca vivienda. La Cámara Chilena de la Construcción aprovecha la coyuntura de la crisis económica y hace un llamado al