El presidente de la Corte estuvo siempre interesado en todo aquello que implicara innovación. Estaba obsesionado con marcar tendencia y hacer historia donde su nombre apareciera en letras enormes de molde. Pasar del expediente papel al digital sería un cambio radical en Argentina que lo tendría a él, el juez supremo, como el artífice del milagro. Con ese entusiasmo encaró el desafío. Sus parámetros se basaron en el sistema norteamericano que admiraba hasta el infinito. Era un defensor incondicional de la jurisprudencia, doctrina, técnica y desarrollo informático de los tribunales estadounidenses.
El juez miró siempre al norte; tan así es que se reunió siete veces con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne. “Los cables no mienten, según se desprende de los más de dos mil despachos diplomáticos elaborados por la embajada estadounidense en Buenos Aires entre mediados de 2006, y principios de 2010, el período que abarca la filtración de WikiLeaks, de todas las figuras públicas argentinas que se reunieron con el embajador estadounidense durante ese tiempo, difícilmente alguno supere en cantidad de encuentros al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti”, detalló el periodista Santiago O’Donnell en el libro PolitiLeaks (Sudamericana), tras entrevistar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador.
“Un cable dice que la embajada le pagó un viaje; otro despacho, que la embajada se comprometió a buscar recursos para financiar un Congreso que Lorenzetti estaba organizando, y otro cable, que especialistas contratados por la embajada modernizaron el sistema informático de la Corte Suprema, una cuestión preocupante ahora que se ha descubierto el alcance de la red de espionaje masivo de los Estados Unidos más aún si la contratación de los técnicos estadounidenses no fue debidamente informada”, puntualizó O’Donnell.295
Ya por entonces la informatización del Poder Judicial de la Nación era una prioridad para Lorenzetti, aun cuando habría habilitado el acceso a datos sensibles a los informáticos norteamericanos, según el libro de O’Donnell. Un hecho llamativo, ya
que el nivel de intromisión de la mayor potencia del planeta no tuvo límite hasta que quedó al descubierto, tras las filtraciones del ex espía estadounidense Edward Snowden y del australiano Julian Assange.
Con el objetivo de informatizar y mejorar el servicio de justicia, a partir de 2006, desde el máximo tribunal se convocaron y celebraron foros de debate denominados
“Conferencias Nacionales de Jueces” en los cuales magistrados de todo el país
reflexionaron y consensuaron iniciativas que bautizaron “políticas de Estado” de mediano y largo plazo.
La primera se celebró en la ciudad de Santa Fe en 2006. Como resultado de la misma, la Corte Suprema creó el Centro de Información Judicial (CIJ)296 y la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial. También, bajo el argumento de mejorar el servicio de justicia, la Corte creó el 3 de julio de 2007, la Oficina de Fortalecimiento Institucional,297 dependiente del presidente Ricardo Lorenzetti. El magistrado contaba con estructura administrativa propia para nombrar a sus colaboradores de confianza.
Fue en el segundo encuentro de jueces en la ciudad de Salta, allá por septiembre de 2007, donde se plasmó el objetivo de la informatización del Poder Judicial. A partir de ese momento se instrumentó el proyecto de “Gestión Judicial” con dos comisiones de trabajo. Una de Gestión y otra de Informatización.298 Este grupo elaboró el “Informe Específico para el Uso y Aplicación de Tecnologías de Informatización y Comunicaciones”, a partir del cual la Corte creó el 17 de diciembre de 2007299 las comisiones nacionales de Gestión Judicial, presidida por Lorenzetti, y de Acceso a Justicia a cargo de Highton de Nolasco.
El equipo de trabajo de la Comisión de Informatización se trasladó al ámbito de la Comisión de Gestión presidida por Lorenzetti y en febrero de 2008 presentó el “Proyecto Informático”, dentro del ámbito del “Plan de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial de la Nación Argentina”.300
Hasta aquí las formalidades estaban cumplidas, pero para implementar el proyecto elaborado se requería acceder a los fondos. Con ese objetivo se consolidó un andamiaje administrativo ad hoc en el Consejo de la Magistratura. Allí, Lorenzetti contaría, otra vez, con el aval de los senadores Ernesto Sanz y Tito Fernández; el presidente del Consejo durante 2008, Mariano Candiotti y del juez Luis María Cabral, los cuatro que habían facilitado la ingeniería financiera alejada de la letra constitucional, descrita en el capítulo 4.
El 8 de mayo de 2008301 la magistratura nombró a Carlos A. Sena, Alejandro César Falcone, Marcelo Gallo Tagle, Gabriel Mehlman y Carlos Tate como los funcionarios que representarían al cuerpo en la “Comisión de Informática”. Estaban ante un nuevo emprendimiento de digitalización que requería, naturalmente, “control de calidad” por lo que nombraron a hombres de diversos sectores políticos. Mehlman respondía a la Corte y, de manera directa, a Lorenzetti. Fue el funcionario de planta elegido como nexo entre el máximo tribunal y el Consejo. Tate respondía a los referentes de la UCR
en el Consejo, a Sanz y al diputado nacional Oscar Aguad. Falcone, por su parte, reportaba a Tito Fernández, mientras que por la Asociación de Magistrados y Funcionarios se designó al juez Gallo Tagle. Pero no podía funcionar esta estructura sin la intervención del gremio judicial, así que Sena fue el elegido —por ese entonces — como alfil de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, liderada por Julio Piumato, de estrecho vínculo con el líder de camioneros, Hugo Moyano. Como representantes de la Corte Suprema en la comisión de Gestión se designó a Alfredo Catoira; director de Informática del máximo tribunal; a Eduardo Parody (ex secretario de la justicia civil y coordinador de la Comisión Nacional); y a Julio Quiñones,302 secretario del Juzgado de Instrucción N° 25. Todos ellos, integraron el equipo de trabajo como funcionarios judiciales externos a la Magistratura.
Pese al impulso inicial, el proyecto de la Comisión Informática quedó limitado a una herramienta de apoyo al trabajo de los jueces (notificación electrónica, expediente y firma digital). Y allí sería cuando empezaron los cuestionamientos al software, sobre todo respecto de la definición del proyecto que fue sometido a dos rondas de consulta pública, en marzo y julio de 2008.
Las objeciones más serias fueron las formuladas por el Banco Mundial; el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES); el Banco Interamericano de Desarrollo; las empresas SAP y Equity Group, el consejero Pablo Mosca (representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados), su sucesor Daniel Ostropolsky, y el entonces secretario letrado que participó de todo el proceso, Adolfo Athos Aguiar.
Estas observaciones, como analizó Athos Aguiar, indicaron la ausencia de un plan de “función y misión” concreta bajo una mirada panorámica que contemplara las exigencias tribunalicias. Por otro lado, se destacó que no se había previsto mecanismos de controles, evaluación y corrección. El proyecto se limitaba a metas genéricas, sin precisiones sobre su estado, diagnósticos, implementación, variables, ni previsiones para su ejecución. Era un mero sistema de gestión de expedientes. Resultaba inconsistente tal como fue puesto de manifiesto por FORES, que lo comparó con la mala experiencia de otro intento fallido en la justicia como lo fue el denominado PROJUM. “Dicho plan fue diseñado y elaborado por asesores tecnológicos propios del Poder Judicial, sin la participación de ningún experto ajeno a la estructura judicial; algo que era absolutamente necesario dada la complejidad del sistema informático de ese poder del Estado. Recuerdo —añade— que las observaciones realizadas por algunos entendidos señalaban que el plan elaborado era de muy baja performance tecnológica, de escaso impacto transformador, de alto costo económico y de muy rápida desactualización”, explicó Aguiar.
“En términos de validez tecnológica, esta recopilación no tenía más coherencia que la vidriera de una ferretería de barrio: estaba llena de herramientas, pero no ofrecía una visión de conjunto, no tenía significado para un operario, y la mera compilación no la transformaba —por caso— en un taller. Era una mera colección, una exhibición sin sentido propio y sin función”, continuó el ex asesor.
Mientras el control de calidad del software se desvanecía ante las críticas, desde el Consejo de la Magistratura se imprimió a la contratación una inusitada celeridad. Los consejeros Cabral, Sanz, Fernández y Candiotti decidieron avanzar en el mismo con el aval de Lorenzetti, tal como se desprende de la documentación analizada. El 19 de febrero de 2009 se creó la “Unidad Ejecutora del Proyecto Informático” (UEPI), para ejecutarlo “conforme los pliegos aprobados por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.303
En la resolución de creación de la UEPI se reconocieron tres niveles de decisión en materia de cuestiones informáticas: el plenario del Consejo, la Comisión de Administración y Financiera del Consejo y la Unidad Ejecutora del Plan Informático. Aunque se aclaró que la ejecución de ese proyecto requería “de un organismo que se ocupe de las decisiones técnicas que se debían tomar diariamente y evitar la demora que significaría recurrir al aval del Plenario del Consejo o de sus comisiones”.
De esta manera, el Consejo cercenó sus propias facultades (y las de sus comisiones) y las puso en manos de la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático (UEPI) que pasó a depender, directamente, de la Comisión de Administración y Financiera )CAF).304 Además excluía a muchos consejeros de las decisiones en materia informática, como el caso de los abogados, y concentraba el poder en la UEPI y en la CAF, presidida o vicepresidida por jueces.
Finalmente, el 26 de noviembre de 2009, se designó a cinco directores de la UEPI: Gabriel Mehlman, con el cargo de director General de Tecnología del PJN; Carlos Tate (Director de Seguridad Informática), los contadores Juan Carlos Cavo, Jorge Nasisi y el licenciado Alejandro Falcone, como los otros directores generales de la Unidad. Eran los protagonistas de siempre.
Falcone esperó solo cuatro meses desde la conformación de la Comisión Informática para crear, junto a Cavo, la empresa Tabular SA dedicada a los servicios de consultoría en equipos de informática, programación y actividades conexas. Ambos conformaron el directorio de la firma hasta que en mayo de 2013 renunciaron a los cargos —de director y director suplente respectivamente— aunque seguirían como accionistas. Esto en flagrante violación al reglamento para la Justicia Nacional que prohíbe a los agentes (funcionarios judiciales) mantener actividades comerciales en paralelo.305