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La historia argentina se encuentra estrechamente entrelazada con la agro-exportación, particularmente en la región pampeana, donde se ubican las mayores ciudades argentinas. La llanura pampeana abarca las fértiles tierras en el centro del país que fueron la cuna de la eco- nomía agraria orientada a la exportación, iniciada a finales del siglo XIX. Después de la construcción del Estado nacional (Oszlak, 1997) y del genocidio y la desposesión de los pueblos indígenas (Gordillo y Hirsch, 2003), inmigrantes europeos y sus descendientes poblaron las Pampas a finales del siglo XIX y principios del XX (Gallo, 1983). La región siguió una trayectoria histórica y un desarrollo económico similar a otras regiones de “asentamiento reciente,” como el Medio Oeste Americano o las llanuras australianas (Font, 1990). Las elites argentinas, sin embargo, mantuvieron el control del Estado y por lo tanto el país siguió un camino diferente de desarrollo debido a esta mínima autonomía relativa (Sábato, 1988). En las primeras décadas del siglo XX, la clase dominante argentina estaba compuesta en su mayoría por familias terratenientes que exportaban trigo y ganado y mantenían estrechos vínculos con el sector financiero.

El norte argentino, en cambio, ha sido históricamente habitado por los descendientes de las poblaciones indígenas y su producción agraria regional se orientó hacia el mercado interno más que hacia el comercio mundial, sobre todo desde mediados del siglo XX. En el norte de Argentina, las plantaciones de azúcar, la producción de algodón y la explotación de los bosques nativos dieron forma a la

Pablo Lapegna

acumulación de capital. En el siglo XIX, las empresas británicas diez- maron los bosques nativos, empleando trabajadores rurales como ha- cheros (Dargoltz, 2003). A fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la agro-industrialización patrocinada por el Estado incluyó la producción de azúcar en las provincias de Tucumán y Salta, algodón en Chaco y Formosa, tabaco en Misiones, Salta y Jujuy y yerba mate y té en Misiones. Estas agroindustrias eran controladas por las élites regionales, pero también empleaban a trabajadores rurales y compra- ban los cultivos de pequeños agricultores y campesinos. A través de este proceso, las poblaciones indígenas y los trabajadores experimen- taron un proceso de mestizaje y campesinización, hasta el punto de que hoy los pueblos indígenas y campesinos suelen sostener formas de identificación entrelazadas.

A mediados del siglo XX, durante el período de industrialización por sustitución de importaciones, la clase agraria dominante fue el blanco del proyecto nacional-popular liderado por el presidente Juan D. Perón. Perón jugó un rol importante en la creación de leyes para proteger a los trabajadores rurales en 1944 y 1946 (Lattuada, 2002), y luego de desempeñarse como Secretario de Trabajo durante el go- bierno militar de 1943-1945 (el cual mejoró los contratos de arrenda- miento de inquilinos, redujo los precios de arrendamiento de tierras y prohibió los desalojos de tierras), Perón fue elegido presidente en 1946. El gobierno peronista estableció un monopolio sobre las agro- exportaciones y creó el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), el cual compraba la producción agraria del país y la vendía en los mercados internacionales, utilizando el excedente para financiar créditos para la industria (Novick, 1986). Estas políticas ob- tuvieron el apoyo de los peones rurales y los trabajadores industriales, muchos de los cuales habían emigrado recientemente a las ciudades y nutrieron los sindicatos de base reunidos bajo la federación sindical nacional (CGT, Confederación General del Trabajo), un aliado clave de las administraciones peronistas.

Perón, sin embargo, no profundizó las políticas que favorecerían a los trabajadores rurales y a los arrendatarios. En un contexto inter- nacional de posguerra de precios decrecientes y aumento de la com- petencia (y por lo tanto de un escenario difícil para las exportaciones argentinas), el gobierno de Perón realizó un giro conciliador respecto de las clases agrarias dominantes. Los créditos públicos estaban más claramente orientados hacia la agroindustria y el gobierno no intervi- no para mejorar los ingresos estancados de los trabajadores rurales. Tampoco redistribuyó la tierra, como los discursos de Perón suge- rían en la década del cuarenta (Girbal-Blacha, 2002). Mario Lattua- da (2002) distingue así dos períodos marcados en la política agraria

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LA CUESTIÓN AGRARIA Y LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

peronista (1946-1948 y 1949-1955), marcados por la necesidad de to- mar el poder y luego mantenerlo —una similitud sorprendente, mu-

tatis mutandis, con la trayectoria de las administraciones de Kirchner

pasando de la hegemonía pluralista a la organicista, como discuto a continuación—. Durante el segundo período, por ejemplo, se utilizó la organización colectiva de trabajadores rurales (inicialmente alentada por Perón para fortalecer su poder de negociación) para controlar sus demandas (Lattuada, 2002).

Perón fue una figura dominante en la política argentina hasta su fallecimiento en 1974, y el movimiento político que lleva su nombre (el peronismo) aún hoy es influyente en la Argentina. Durante la dictadura militar de 1976-1983 la clase terrateniente y financiera recuperó el do- minio que había sido puesto en cuestión por el peronismo. El arquitec- to de la política económica neoliberal de la dictadura, José Martínez de Hoz, era de hecho parte de una prominente familia terrateniente, cuyos miembros jugaron un papel clave en la Sociedad Rural Argentina, la asociación de los terratenientes argentinos más ricos. Martínez de Hoz promovió políticas para liberalizar los mercados financieros (por ejem- plo, eliminando los controles estatales sobre los créditos y aumentando las tasas de interés) y suspendió los aranceles sobre las importaciones industriales. Al mismo tiempo, el ala político-militar del gobierno de facto detenía, torturaba y asesinaba a líderes sindicales, activistas, y cualquier persona que se opusiera a los fines político-económicos de la dictadura. En el sector agrario, el gobierno militar desreguló la produc- ción (eliminando los precios mínimos y los organismos reguladores), privatizó las cooperativas agrarias y empresas estatales (como los cen- tros de acopio de algodón o los mataderos públicos, que apoyaban la producción de pequeños agricultores) y reprimió duramente a las ligas campesinas y los movimientos agrarios en el noreste (Roze, 1992). Una medida clave del gobierno militar consistió en la eliminación de “reten- ciones” o impuestos sobre las exportaciones agrícolas; una medida que, como veremos, fue reinstalada en los años dos mil y se convirtió en una pieza central de las administraciones kirchneristas.

En términos de la estructura agraria, estos cambios sociopolíticos se reflejaron en la distribución de la tierra. Mientras que los Censos Agrarios de 1947 y 1960 muestran que las pequeñas explotaciones re- presentan el 80% de las unidades productivas, en 1988 su proporción disminuye al 74%. Estas tendencias se profundizaron como resultado de las políticas neoliberales (analizadas en la siguiente sección). En 2002, las pequeñas explotaciones representaban solo el 69% de las fincas y en- tre 1988 y 2002 su superficie disminuyó del 10% de la superficie agrícola nacional a menos del 6% (Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005: 62-63).

Pablo Lapegna

NEOLIBERALISMO AGRARIO Y RESURGIMIENTO