Step 3: Data gathering, output analysis and model

Un análisis de la distribución de la propiedad de la tierra en la Ar- gentina reciente muestra que este recurso clave para la producción agraria se mantuvo altamente concentrado (como lo ha estado histó- ricamente). Pero también se destaca que durante los años de los go- biernos Kirchner el proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2003) se agudizó y la vida en el campo se volvió más difícil para las poblaciones expuestas a los efectos socio-ambientales de la expansión del agro-negocio (Cáceres, 2014).

La distribución de la tierra en Argentina es muy desigual: el 2% de las empresas agrarias controla el 50% de la tierra, mientras que el 57% de las fincas más pequeñas controlan solo el 3% de la tierra (Sili y Soumoulu, 2011: 51). Entre finales de los años ochenta y principios de los años dos mil, las granjas de hasta 500 hectáreas perdieron el control del 69% de la tierra disponible, mientras que las granjas de más de 500 hectáreas aumentaron su control en un 12% (Sili y Soumoulu, 2011: 54). Esta distribución desigual de la tierra precedía a los gobiernos Kirchner; sin embargo, la expansión del agro-negocio bajo sus gobiernos clara- mente no mejoró la situación. Los conflictos por la tierra y el control del

14 Los datos sobre subsidios anteriores a 2007 no están disponibles porque solo a partir de ese año en adelante la ONCAA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) comenzó a compilar esta información (comunicación personal con Tomás Palmisano).

Pablo Lapegna

territorio exponen los límites del neodesarrollismo, un “lado oscuro” del proyecto nacional-popular que a menudo se pasa por alto cuando no se tienen en cuenta sus dimensiones agrarias y/o subnacionales.

La expansión del agro-negocio en la década del dos mil causó una serie de consecuencias negativas para las poblaciones rurales subordi- nadas. En primer lugar, la expansión del agro-negocio aumentó la de- manda por tierras cultivables. A principios de la década, cuando la dis- ponibilidad y los precios en los ricos suelos de la Pampa hicieron difícil acceder a la tierra, el agro-negocio se expandió al norte de Argentina. En las provincias del norte, grandes extensiones de tierra propiedad de élites provinciales o arrendadas a empresarios agrarios arrinconaron crecientemente a las pequeñas propiedades de familias campesinas y comunidades indígenas (Goldfarb y Van der Haar, 2015; Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2006). Esta demanda de tierra resultó en conflictos violentos, que llevaron a la muerte de varios activistas campesinos e in- dígenas en el norte de Argentina. En octubre de 2009, Javier Chocobar, miembro de una organización indígena, fue asesinado en la provincia de Tucumán. En marzo de 2010, Sandra “Ely” Juárez, activista cam- pesina en Santiago del Estero, murió de un ataque cardíaco mientras resistía un desalojo. En noviembre de 2010, durante un corte de ruta, la policía disparó y mató a Roberto López, miembro de una organización indígena en la provincia de Formosa, que reclamaba derechos sobre las tierras del pueblo Qom. En noviembre de 2011, en Santiago del Estero, dos guardias de seguridad contratados por un empresario dispararon contra Cristian Ferreyra, quien se desangró hasta morir. Casi un año después, en octubre de 2012, un asesino apuñaló a Miguel Galván en el cuello, quien murió poco después. Tanto Ferreyra como Galván eran miembros del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Es- tero). Además de los casos de homicidios a sangre fría, los miembros de movimientos campesinos e indígenas también se han enfrentado al acoso e intimidación frecuente de matones contratados por empresas de agro-negocios (Domínguez y De Estrada, 2013; Lapegna, 2013). En segundo lugar, para aquellas poblaciones que no fueron desalojadas de la tierra, la producción extensiva de soja transgénica resistente al her- bicida glifosato significó tener que lidiar con agroquímicos en el agua (causados por el escurrimiento proveniente de campos de soja), o con los efectos de las fumigaciones con herbicidas que contaminan el aire, poniendo en peligro la salud de las poblaciones rurales y sus estrate- gias de reproducción basadas en el auto-consumo y la comercialización local (Arancibia, 2013; Binimelis, Pengue y Monterroso, 2009; Domín- guez, Lapegna y Sabatino, 2005; Leguizamón, 2014).

Estas desigualdades materiales también se tradujeron a la esfera política. La mayoría de las provincias del norte donde se concentran

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LA CUESTIÓN AGRARIA Y LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

las poblaciones campesinas e indígenas son controladas por goberna- dores que dominan el campo político mediante el uso del clientelis- mo, ejerciendo el poder de manera verticalista e incluso autoritaria (Giraudy, 2015). En este contexto, los movimientos campesinos se enfrentaron a un doble proceso complejo y paradójico. Por un lado, estos movimientos apoyaron a los gobiernos de los Kirchner debido a sus afinidades políticas e ideológicas, y también han recibido recursos de estos gobiernos nacionales. Para las organizaciones campesinas, la entrega de beneficios concretos a sus miembros constituye una fuer- te presión. Si los movimientos no logran solucionar los problemas cotidianos de sus miembros, corren el riesgo de que sus miembros “deserten” hacia las redes clientelares de los gobiernos provinciales. Sin embargo, las autoridades provinciales y los miembros de la re- des clientelares peronistas acosan constantemente a los movimientos campesinos (Domínguez y De Estrada, 2013). En muchas provincias del norte, el gobierno provincial y las máquinas políticas del partido peronista están estrechamente entrelazadas. Además, muchos de los gobiernos provinciales pro-Kirchner “apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas, contra aquellos que cuestionan una política de aca- paramiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados y promovidos de manera activa por políticas nacionales” (Svampa, 2011: 34). Los movimientos campesinos son sometidos a intensas presiones, capturados en la ma- niobra de pinzas de estas tendencias contradictorias, en donde apoyan a un gobierno nacional que a su vez es aliado de los gobiernos provin- ciales que los acosan y reprimen. Como me dijo una dirigente en 2010: “Lo nuestro es un trabajo muy político. Trabajamos con fomentar el proyecto nacional y popular, pero a la hora de fortalecer un partido en nuestro territorio… ahí se pudre todo. ¡No sabés para donde correr!”

Esta breve reseña de los espacios subnacionales resalta algunas de las contradicciones más evidentes de la revolución pasiva del go- bierno de los Kirchner, tal como son experimentadas en diferentes territorios y escalas políticas. Esta cita de un informe que examina las políticas de desarrollo rural en Argentina entre 2003 y 2014 capta este punto: “A pesar de estos esfuerzos [de los programas de desarro- llo rural implementados durante las administraciones de Kirchner], las condiciones materiales permanecen inalteradas (la organización y distribución de tierras, formas de producción, distribución y comer- cialización de productos agropecuarios, etc.) y sustentan y privilegian un sistema agrario orientado a las grandes empresas y las empresas transnacionales” (Juárez et al., 2015: 66).

Pablo Lapegna