La desmovilización es un mecanismo de evolución criminal que le permitió a las autodefensas encauzar, y sofisticar la visión del negocio; deshacerse del discurso contrainsurgente; renovar filas; reconfigurar poderes económicos y territoriales; emanciparse del yugo de los jefes paramilitares quienes durante años comandaron importantes nodos de la intricada red de narcotráfico en Colombia y revestirse de mayor discreción en su accionar, entre otros. Estos efectos se resumen en la tripleta 1) Descarte 2) Adaptación 3) Concentración.
3.2.1. Descarte
Por efecto descarte se entiende el abandono, liberación o purga que surtió el fenómeno del paramilitarismo. El colador de la desmovilización permitió deshacerse de hombres, bloques, jefes, marca y discurso contrainsurgente.
Purga de miembros y bloques:
La desmovilización, entendida como un embudo evolutivo, generó un escenario variopinto: algunos grupos se extinguieron, otros mutaron y otros tantos surgieron a partir del sismo. Pero este análisis no debe centrarse sólo en lo que pasó a nivel de colectivos, sino también en las repercusiones individuales, percibidas éstas como el camino que tomaron los ex miembros de los grupos de autodefensas.
De tajo, la desmovilización arrancó de la senda delictiva a una cantidad bastante considerable de hombres. Si bien, las cuentas del Gobierno hablan de 31.671 reinsertados, esa cifra no es del todo confiable por dos asuntos: la desmovilización de personas que nunca hicieron parte del conflicto y la reincidencia de muchos de ellos. Pese a ello, no puede desconocerse que la desmovilización logró una compresión o contracción inicial de combatientes que podría considerársela como de gran magnitud. Esa compactación fue benéfica para aquellos que quedaron. La desmovilización, por tanto, puede entenderse como una forma inédita, sutil y refinada de eliminar al adversario- entendido éste incluso como aquel que comanda el negocio del que se es parte-, sin que medien otros métodos tales como la aniquilación, sometimiento o absorción.
Así mismo, podríamos aseverar que parte de quienes quedaron activos o regresaron a la ilegalidad, fueron, en un principio, parte del eslabón más fuerte de la cadena y esto puede evidenciarse retomando a Isaac Beltrán y Eduardo Salcedo, quienes señalan que los mejores criminales son aquellos que conjugan tres componentes:
1. El componente volitivo, es decir, querer delinquir; 2. El componente cognitivo, que se refiere a los conocimientos técnicos que prescriben el procedimiento necesario para la ejecución exitosa del delito, y 3. El componente de control emotivo, es decir, la capacidad para regular las emociones en los momentos álgidos de la ejecución del delito. Si estos tres componentes se encuentran presentes
en la ejecución de un delito, aumenta la probabilidad de que éste sea exitoso. Por lo tanto, un mal delincuente es el que carece de alguno de estos componentes, o que posee uno de ellos en una inadecuada proporción, metafóricamente hablando” (Beltrán & Salcedo, 2007, p. 34).
La desmovilización permitió acrisolar un actor más depurado, en tanto que aquellos que se desarmaron con la intención de ingresar a la legalidad, carecían de al menos uno de los tres componentes: el volitivo. Allí apreciamos que la desmovilización eliminó del camino actores débiles, pero al tiempo permitió un relevo y renovación de integrantes. Así mismo, excluyó a quienes estaban interesados en seguir por la senda delictiva pero su confinamiento en una cárcel o su extradición así se los impidió.
Emancipación de jefes paramilitares:
La cúpula de las autodefensas fue extraditada o conminada a pagar penas en cárcel, mientras que los mandos medios asumieron un papel preponderante. Si bien, los jefes paramilitares continuaron controlando rentas ilícitas desde los centros de reclusión, lo cierto es que se les hacía más complejo impartir instrucciones y encontrar la adscripción total de quienes permanecieron por fuera; más adelante, la extradición truncaría definitivamente esas aspiraciones.
La desmovilización, por tanto, actuó como tamiz que permitió eliminar del camino a viejos liderazgos y facilitar cambios.
La corporación RAND- Research and Development- expone la importancia de concentrar los esfuerzos del Estado en los mandos medios en desarrollo de un proceso de desmovilización, dado que éstos representan no menos que la comunicación, el control y la operatividad de las organizaciones. Incluso, asegura que los mandos medios pueden resultar
más importantes que quienes están a un nivel superior, puesto que en ellos se posan las opciones de continuidad a largo plazo y que actuar en contra de éstos, es atacar de manera más certera el desvertebramiento de las organizaciones criminales (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, 2009, p. 5).
Los mandos medios poseen un lugar excepcional, puesto que se encuentran en el centro de la toma de decisiones y conocen de primera mano los vericuetos del funcionamiento del bloque u organización de la que hacen parte.
En el texto Cocaína & Co, Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento analizan la
importancia del secreto en el negocio de las drogas ilícitas y develan cómo la información se constituye en una fuente de poder. A mayor información, mayor poder al interior de la organización. Por información, los autores entienden el nivel de conocimiento que se posee
sobre el funcionamiento de la empresa ilegal y en especial del mercado, una suerte de Know
How que se traduce en el acceso a las redes clandestinas o de distribución. Para los autores,
el criterio analítico que puede ser útil para determinar la jerarquización interna, es la cantidad de información que se posee:
El flujo de información, a diferencia de lo que sucede en los mercados legales, en los ilegales es muy restringido, por lo tanto aquellas personas que posean más conocimiento, no sólo del funcionamiento estructural del mercado sino también de los individuos que pueden ser vinculados, por lo general tienden a ocupar posiciones más altas en la jerarquía. A juzgar por el gran número de disímiles actividades desempeñadas por los lugartenientes de primer grado, también estos individuos cuentan con un gran caudal de información acerca de las actividades de la empresa (Krauthausen & Sarmiento, 1991, p. 48).
En lo que respecta al paramilitarismo, el asunto no era diferente. A lo largo de los años, mandos medios lograron adquirir un vasto conocimiento acerca del funcionamiento del negocio de las drogas ilícitas, así como de la administración de las demás fuentes de ingreso ilícitas. En virtud de ello, encontraron las condiciones perfectas para adueñarse del negocio del narcotráfico. El conocimiento que habían adquirido les permitía continuar con el accionar criminal al margen de los jefes de las organizaciones.
Meses más tarde de finalizado el proceso de desmovilización, las autoridades empezaron a filtrar información que señalaba que los grupos emergentes estaban liderados por ex paramilitares. De hecho, 4 de los 5 grupos más fuertes- Urabeños, Erpac, Renacer y Paisas- tenían a la cabeza figuras de los ya presuntos desaparecidos bloques para. Se trataba de personajes que ostentaban línea directa con antiguos jefes paramilitares, lo que indicaba
que poseían gran información y por ello, el apetecido know how del negocio.
Abandono de una marca:
Con la desmovilización, se generó una suerte de surgimiento de grupos que ya no estaban obligados a usar la etiqueta de paramilitarismo o autodefensa. Al dejar de usarla, se separaban indefectiblemente de un nombre desgastado y perseguido por las autoridades. La desmovilización fue el señuelo perfecto para revestirlas de mayor discreción, invisibilizarlas y despistar a las autoridades en su afán por combatirlas. La reorganización general suscitó confusión para entender la naturaleza, estructura, líneas de mando, ubicación y modus operandi de los diversos grupos recién conformados.
No obstante, algunos decidieron instrumentalizar el nombre de autodefensas o paramilitarismo como herramienta poderosa para infundir terror en las comunidades, pero el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia desapareció para siempre.
Renuncia al discurso contrainsurgente:
El carácter o no contrainsurgente de las bandas criminales es blanco de fuertes polémicas. Para plantear la hipótesis según la cual luego de la desmovilización se presentó una renuncia a éste, es preciso abordar dos labores: confrontar las tesis que niegan la existencia misma del carácter contrainsurgente del paramilitarismo para luego sostener que el discurso efectivamente fue descartado.
Quienes niegan el perfil contrainsurgente de los paramilitares, defienden que éste fue más un mito político que una realidad militar dado que estos grupos nunca combatieron abierta y sistemáticamente a la guerrilla y que ese rango antisubversivo existió más como una suerte de justificación etérea que como hecho que pueda demostrarse claramente. La Corporación Nuevo Arco Iris, por ejemplo, asegura en sus investigaciones que los combates entre la guerrilla y los paramilitares eran excepcionales y que éstos últimos fueron más efectivos para atacar a la población indefensa que en arremeter directamente en contra de los grupos guerrilleros.
En el texto Injerencia política de los grupos armados ilegales, Ariel Ávila concluye que el paramilitarismo no se desarrolló como actor contrainsurgente dado que en buena parte de las zonas en las que hicieron presencia organizaciones paramilitares, no se produjeron combates con la guerrilla y que si bien se presentaron casos esporádicos en Magdalena Medio, Córdoba y Antioquia, en el resto del país la situación es difícil de demostrar. Incluso
afirma que en la mayoría de los enfrentamientos, la iniciativa no la tuvieron los paramilitares sino los guerrilleros. “En conclusión la acción armada de la guerrilla es anti paramilitar, pero la del paramilitarismo es mínimamente contrainsurgente” (Ávila, 2010, p. 211)
Si es preciso este corolario, ¿Están, por tanto, mal concebidas las definiciones que por años han guiado las investigaciones en torno al tema del paramilitarismo y que incluyen sin reparo el concepto de insurgencia?
Aunque la procedencia de los grupos paramilitares puede rastrearse como diversa, tanto en su ubicación como en los intereses movilizadores que guiaron su conformación,
Mauricio Romero explica en su libro Paramilitares y Autodefensas 1982- 2003, que fueron tres
los factores que propiciaron el surgimiento y la consolidación de los grupos paramilitares y
de autodefensa2: la apertura de las negociaciones con la guerrilla, la apertura política y la
descentralización. Estos hechos desataron, según argumenta, una reacción frente a la redefinición de equilibrios de poder y los posibles cambios a favor de las guerrillas o sus simpatizantes, por lo que el surgimiento del paramilitarismo tiene un carácter reactivo.
Señala Romero los hechos, a modo de coyuntura, que facilitaron ese proceso de consolidación paramilitar: Primeras negociaciones de paz con las guerrillas bajo el mandato de Belisario Betancur (1982), primera elección popular de alcaldes (1988), relativo desencanto luego de la promulgación de la nueva constitución (1991) y conversaciones de paz entre la presidencia de Andrés Pastrana y las Farc.
2 En principio, comenta Romero, la diferenciación entre autodefensas y paramilitares revestía validez. Con la primera denominación se buscaba referenciar a las organizaciones de propietarios rurales que intentaban defenderse de la guerrilla con el apoyo del ejército y con la segunda, a grupos de mercenarios pagados por terratenientes y narcotraficantes. Sin embargo, aclara, se produjo luego una amalgama de tales proporciones, que dicha diferenciación perdió valor pragmático en los noventa (Romero: 2003, 36). Este trabajo se sustenta bajo esta postura.
Para Vilma Franco, por su parte, los paramilitares desarrollaron hábilmente lo que denomina como CCI o Complejo Contrainsurgente. Se trata de una especie de rótulo subversivo bajo el cual se inscribieron distintos actores sociales y comunitarios, aunque éstos no estuvieran relacionados con actividades guerrilleras pero sí fueran tachados de obstáculos al statu quo imperante (Franco, 2002, p. 59).
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿puede indicarse la existencia de un discurso contrainsurgente en los grupos paramilitares?
Pese a que los combates con la guerrilla no fueron la constante, no puede negarse que dichas confrontaciones, aunque no fueran incesantes, sí existieron- uno de los casos más emblemáticos es el de Bojayá y Vigia del Fuerte en el que la guerrilla y los paramilitares se enfrentaron a muerte con trágicas consecuencias para la población civil-. Además, el hecho de que las confrontaciones no se constituyeran en ataques directos pelotón contra pelotón y que más bien se desarrollaran a través de asesinatos selectivos, desplazamiento y amedrentamiento de pobladores considerados auxiliadores de la guerrilla o con tendencias de izquierda, no le resta en lo más mínimo el carácter contrainsurgente a los paramilitares. Es decir, este perfil no se produce en términos de cantidad de confrontaciones abiertas, sino en las víctimas mismas que dejaron los ataques paramilitares, pese a que éstos no se hayan producido entre tropas de uno y otro lado.
Francisco Gutiérrez también rebate la idea que plantea que el paramilitarismo no defendió en realidad un perfil contrainsurgente y para ello, sugiere que esto no tiene sustento por cuanto en los territorios de influencia o dominio paramilitar, la guerrilla no actuaba con la misma intensidad con la que sí lo hacía en otros territorios:
De hecho, esas experiencias tempranas de “limpieza”- el lúgubre nombre que le daban los paramilitares a la operación- alentaron a muchos sectores a tratar de imitarlas. Fue precisamente el éxito anti-insurgente lo que le dio más atractivo a la experiencia y lo que impulsó su expansión descentralizada (Gutiérrez, 2010, p. 20).
Y es que el carácter contrainsurgente del paramilitarismo le permitió a esas organizaciones: a) ganar asentamiento territorial y adscripción de la población b) asegurar la entrada de vastos recursos económicos al cobrar por la defensa de ganaderos, agricultores, comerciales y narcotraficantes c) arrebatarle a la guerrilla territorios clave para el negocio de la droga y d) garantizar la colaboración de agentes estatales. Es decir, si bien no provenía de una ideología o convencimiento tácito de sus miembros, al menos sí fue efectivo para el logro de unos fines establecidos. El discurso contrainsurgente fue además bastante útil para obtener el beneplácito de clases medias ubicadas en centros urbanos, que luego de escuchar a Carlos Castaño en medios de comunicación, justificaron su accionar y lo vieron como parte de la solución para evitar modalidades de ataque de la guerrilla como las pescas milagrosas.
Ya confrontada la idea según la cual dicho carácter sí existió, es menester ahora enfrentarse a la tarea de plantear que las bandas criminales no lo ostentan. Para ello, se propondrá el derrumbamiento del que era considerado el discurso medular y primario de las autodefensas: las FARC como el enemigo mítico. Para las bandas criminales, éste ahora se presenta en un sentido secundario, circunstancial y apéndice a otros supra intereses.
Es cierto que las presiones en contra de líderes civiles y sociales no han desaparecido. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Urabá con las Autodefensas Gaitanistas o Urabeños:
La formulación del CCI y la estigmatización de la que son objeto los pobladores del Urabá chocoano aún es recurrente en la dinámica de los grupos armados posteriores a la desmovilización paramilitar. Esta formulación del CCI se hace evidente a través de diversos relatos que las comunidades presentes en la región hacen sobre la actividad de los Urabeños, algunas denuncias de organizaciones de derechos humanos y de líderes comunitarios. El CCI se dirige principalmente a defensores de derechos humanos, líderes de las comunidades negras y líderes campesinos reclamantes de tierras aunque los grupos armados ilegales atacan a periodistas, sindicalistas u otros ciudadanos del común que obstaculicen la actividad de grupos como los Urabeños (Ruíz, 2012, p. 31).
Así también lo señala la Comisión Colombiana de Juristas, que se niega a aceptar el fin de paramilitarismo y advierte que el país, al abstraerse de esa realidad, está invisibilizando a las víctimas del presente y generando mayor impunidad. (Comisión Colombiana de Juristas, 2008, p. 2).
En igual sentido proceden los informes de Human Rights Watch: “Con frecuencia amenazan y a veces agreden a defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y víctimas de las AUC que reclaman justicia o la restitución de sus tierras” (HRW, 2010, p. 13).
No obstante, con la aparición de las bandas criminales se produjo un viraje con profundas implicaciones para lo que se ha conocido como Complejo Contra Insurgente. Ese viraje tiene que ver con el hecho que los nuevos actores no encuentran ineludible o imperioso el señalamiento en términos de insurgencia a la población civil para acallar o asesinar. El rótulo dejó de convertirse en una constante y ahora las actuaciones son más abiertas y directas. Esta metamorfosis se debe, en parte, a otras dos modificaciones anexas. La primera de ellas es que las bandas criminales ya no están interesadas- como sí lo estaban
sus antecesores- en buscar adscripción de la población y por ello, no requieren mediar subterfugios o justificaciones para emprender ataques. Lo segundo, es que como sus ingresos ahora son más dependientes de la economía extorsiva que de la extractiva, sus métodos para amedrentar no se centran exclusivamente en los líderes que obstaculizan o limitan sus exabruptos; ahora sus acciones represivas y violentas están encaminadas a pobladores pasivos para los cuales no se requiere el epígrafe subversivo.
A propósito de ello, en el texto Neoparamilitares- Bacrim, acciones de Interferencia para las elecciones locales de 2011, Angélica Arias de la Corporación Nuevo Arco Iris señala:
Los neoparamilitares, se han reconocido en los últimos años porque han cambiado las estrategias de control territorial y sobre la población con relación a los métodos utilizados por sus antecesores. Pues, ahora demuestran sus intereses económicos explícitamente, que también tenían los paramilitares, pero que se ocultaban tras su discurso contrainsurgente. Actualmente, cuentan con una fuerte capacidad económica, manejan múltiples negocios de cada una de las regiones, no solo están relacionados con el narcotráfico, sino que han logrado permear la economía lícita e ilícita de los municipios. La población los reconoce fácilmente por ser quienes manejan el préstamo gota a gota, el transporte ilegal (moto-taxis), el microtráfico, el cartel de la gasolina, la explotación minera ilegal, las conexiones con contratistas (relacionados con petróleo, construcción de vías, concesiones en puertos), el testaferrato, el chance y finalmente el lavado de dinero por intermedio de la construcción de viviendas entre otros negocio (Arias, 2011, p. 251).
Pero además de la sustracción de la inscripción subversiva como discurso cardinal- sin negar su existencia casuística- hay otro factor significativo en el derrumbamiento de la figura de la guerrilla como adversario por antonomasia. Se trata del pragmatismo que se advierte en las relaciones nucleares entre las FARC y las bandas criminales al pasar de ser
antagónicas a transitar a una prevalencia a modo de maridaje- siempre y cuando sea lucrativo y conveniente para ambas partes pues en caso contrario primarán las relaciones tipo disputa-.
A propósito de ello, Indepaz señala que para entender este tipo de relaciones, es menester aclarar que dicha imbricación entre las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia y Bloque Central Bolívar para desarrollar negocios ocasionales, también se presentaba con antelación. Sin embargo, afirma que en la nueva situación los narcoparas han rebajado el discurso contrainsurgente y la coordinación de operaciones militares con unidades de las fuerzas armadas y que se presenta mayor pragmatismo en las relaciones entre grupos armados para respetarse territorios (Indepaz, 2010, p. 11).
Con respecto al abandono del discurso antisubversivo y el pragmatismo en las relaciones entre bandas criminales y Farc, David Adams considera lo siguiente:
Comparados con la era Castaño, los nuevos grupos no tienen motivaciones políticas ni ideológicas y su alcance es meramente local. Sin un liderazgo fuerte que los inspire, operan como agentes independientes, lo que algunas personas en el campo de la aplicación de la ley llaman “criminalidad no afiliada”. Algunas veces estos grupos han llegado a efectuar arreglos con las guerrillas de orientación de izquierda de las Farc. Sin embargo, al igual que sus predecesores paramilitares los