CHAPTER 3: RESEARCH METHODOLOGY
3.5 Methodological Research Design
Guatemala es un país dependiente y atrasado, pero ¿qué significa esto en términos de su economía y su realidad social? Aun tomando en cuenta los antecedentes históricos coloniales, la economía guatemalteca del presente realmente se modeló durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando se insertó en el mercado mundial como país productor de bienes agrícolas destinados a la exportación.
A partir de entonces, las elites terratenientes optaron por el desarrollo capitalista por la vía de un capitalismo agrario basado en la producción de un puñado de productos de exportación, obtenidos especialmente con una fuerza de trabajo mantenida en el límite de la sobrevivencia.
La producción de café, banano, azúcar y otros productos similares, en los cuales tradicionalmente se ha basado la economía del país, ha conde- nado a varias generaciones de guatemaltecos, hombres y mujeres, a perci- bir un magro salario y por unos pocos meses, para ser abandonados a su suerte el resto del año. Éste ha sido el ciclo generación tras generación. La pobreza rural tiene una de sus fuentes en ese modelo económico basado en productos que absorben fuerza de trabajo en grandes cantidades sólo una corta temporada al año.
Allí radica una de las causas de la enorme brecha entre ricos y pobres: los dueños de la gran propiedad agraria, que exportan el café, el azúcar, el banano, etcétera, lo han tenido todo y sus trabajadores, nada. Todas las ex- clusiones sociales y económicas que enfrentan los amplios sectores sociales del área rural, mayas y ladinos, tienen su origen en ese modelo económico que ha perdurado en el tiempo y que no tiene visos de desaparecer en tanto siga siendo fuente de riqueza para una minoría de terratenientes cafetale- ros, azucareros y demás.
Por ello, a las oligarquías tradicionales nunca les interesó un proyec- to alternativo de desarrollo, pues ello significaría perder el monopolio del gran recurso natural que está detrás del modelo, que es la tierra, funda- mento de ese modelo económico. La inmutabilidad de la estructura de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido el eje que ha atravesado la his- toria económica nacional. Uno tras otro, los cuatro censos agropecuarios
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practicados en el país han dado cuenta de la insignificante variación que la gran concentración de la tierra ha experimentado.
He aquí las cifras más globales: en 1950 las fincas o propiedades consi- deradas latifundios representaban el 2.1% del total de las fincas, pero po- seían el 72.2% de la tierra, mientras que en 1964 dicha relación era exacta- mente la misma para los propietarios, aunque había bajado al 61.5% de la superficie de la tierra que les correspondía. En 1979, dicha relación era del 2.7 para el número de propietarios y el 64.5% del total de la tierra. En el último censo agropecuario, realizado en 2003, esta relación tuvo una ligera variación, pues el porcentaje de latifundios bajó a 1.9% y el de la tierra que poseían era de 56.6%, pero aún así los latifundios seguían poseyendo la mayor superficie de tierras agrícolas del país.
En el otro extremo, en los mismos censos agropecuarios, la situación del campesinado minifundista es la siguiente: en 1950, el 88.3% del total de los propietarios poseía el 14.3% de la superficie de la tierra; en 1964, el 87.5% de los propietarios contaba con el 18.6%; en 1979, el 87.3% apenas tenía un 16.5% de la tierra; y en 2003, el 92.1% poseía el 21.9% de la super- ficie.
Así, pues, la economía guatemalteca, que tradicionalmente se ha basado en la agricultura, y dentro de ésta, la agricultura de exportación vinculada con el latifundismo, ha tenido un papel central en esta economía, lo cual señala claramente que el problema socioeconómico clave en Guatemala es el agrario.
Sin embargo, en la actualidad la crisis del campesinado y de los habitan- tes del mundo rural en general se manifiesta también de modos novedosos que van más allá de la insuficiencia de la tierra. El medio rural ha experi- mentado en las últimas décadas, acelerados y profundos cambios que se expresan en los ámbitos demográfico y económico.
En el primer caso, se ha registrado una rápida urbanización y un consi- guiente declive general de la agricultura, ya que sus habitantes optan por otras ocupaciones. Así, los últimos cinco censos poblaciones practicados en el país dan cuenta de una importante disminución de la población econó- micamente activa (PEA) dedicada a la agricultura y actividades conexas.
En 1950 el porcentaje de la PEA dedicada a la agricultura era del orden del 67.7%; en 1964, del 65.0%; en 1973, del 57.2%; en 1994, del 52.5%, has- ta llegar al año 2002, en el que representó el 42.0%.
El siguiente problema es de orden económico: la penetración en la agri- cultura de nuevos capitales, tanto nacionales como internacionales, que
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promueven la diversificación agrícola o la intensificación de los cultivos tradicionales. Estos capitales han creado una nueva sujeción al trabajo campesino, por medio de mecanismos tales como financiar por adelantado los procesos agrícolas, pero al final de cuentas lo que se logra es la conver- sión del productor campesino en un mero asalariado de esos capitales, ya que los contratos tienen tales compromisos que termina el ciclo agrícola en las mismas condiciones en que lo inició. En otras palabras, los campesinos asumen todos los gastos y actividades relacionadas con la producción.
Otro tema es el de los tratados internacionales de libre comercio, como el CAFTA, que propician desde ya el ingreso de productos agrícolas en con- diciones de mercado sumamente ventajosas con respecto a los productos locales, lo cual amenaza con sumir aún más en la crisis al campesinado pobre y expulsarlo de la agricultura sin que cuente con otra actividad eco- nómica alternativa, es decir, lanzarlo al desempleo.
Por esas razones, miles de campesinos demandan la formulación de po- líticas públicas que les permitan tener acceso a tierras con calidad para el cultivo y con seguridad jurídica, la protección estatal de sus productos frente a la competencia internacional y la puesta en marcha de programas que garanticen el ansiado desarrollo rural con equidad y justicia.
Ante la falta de respuesta del Estado a esas demandas, una de las es- trategias que han encontrado los habitantes de las áreas rurales consiste en la búsqueda de nuevos espacios regionales, nacionales e incluso inter- nacionales, con el fin de ocuparse y obtener el ingreso necesario para su sostenimiento. Ésta es la causa primaria de la migración hacia los Estados Unidos.
En la Guatemala contemporánea, varios cientos de miles de connacio- nales han encontrado empleo a miles de kilómetros del país, y de esa for- ma las remesas que envían al país han alcanzado un valor que ni de lejos ha logrado el café en sus épocas de mayor bonanza. De hecho, la cifra de guatemaltecos en Estados Unidos alcanza ya el 10% del total de la pobla- ción nacional y sus remesas superan el valor de las exportaciones. En otras palabras, ante el fracaso del modelo económico agroexportador para dar empleo a la población guatemalteca, ésta ha tomado el camino del éxodo.
Otro de los grandes temas es el de la tributación. Las políticas tribu- tarias se deciden exclusivamente en los más altos círculos empresariales, que de hecho constituyen un poder real en materia fiscal. De esa cuenta, el Estado de Guatemala tiene grandes limitaciones en la atención de los pro- blemas sociales más importantes porque carece de recursos suficientes, ya que las cúpulas empresariales históricamente se han negado a cambiar la
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estructura de la tributación, que es una de las más injustas y atrasadas del continente, si no del mundo.
Es sabida la relación entre los impuestos directos e indirectos existente en Guatemala, según la cual el valor bruto y porcentual de los impuestos que pagan los consumidores (el IVA, por ejemplo) es mucho mayor que el valor de los impuestos que pagan los propietarios que perciben rentas y ganancias de toda índole. El resultado es que el valor porcentual de los ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto es uno de los más bajos del mundo, pues apenas si rebasa el 10 u 11%. Es decir, los gran- des empresarios demandan del Estado toda clase de facilidades para la in- versión, pero su retribución es regateada y mantenida en el más bajo nivel posible.
La cuestión agraria y la cuestión fiscal, con las características señaladas, han sido determinantes para hacer de Guatemala un país dependiente y atrasado; absolutamente subordinado a las oscilaciones del mercado in- ternacional de los bienes que exporta y a las políticas financieras de los organismos financieros internacionales y, en general, a las directrices del capital internacional, expresado en gran medida en las políticas de los Es- tados Unidos con respecto a países como el nuestro.
El régimen económico imperante ha fracasado al ser incapaz de brindar empleo a todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, en edad productiva, y mantener a cientos de miles de familias trabajadoras en el umbral de la pobreza y la extrema pobreza, con lo cual el recurso humano guatemalteco, el más valioso de los recursos, no está calificado y guarda los índices de salud más bajos del continente.
Guatemala cuenta con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de Centroamérica y el segundo más bajo de Latinoamérica; es el quinto país con el nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica; ocupa el pri- mer lugar de Centroamérica en desnutrición global; tiene la tasa más baja de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Centroamérica; tiene el porcentaje más bajo de alumnos que empiezan primer grado y llegan a quinto en Centroamérica.
La tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta de Latinoamérica y la tasa de mortalidad de menores de 5 años, la cuarta más alta; la razón de mortalidad materna es la quinta más alta en la región y tres veces más alta entre las mujeres indígenas que entre las no indígenas; la tasa de fecundi- dad global es la más alta del continente (4.2 hijos por mujer en 2004); es el tercer país latinoamericano con menor uso de métodos anticonceptivos y se estima que registra alrededor del 60% de los casos de malaria de Cen- troamérica.
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Según el último censo de población y habitación, hace falta más de un millón 500 mil viviendas para que todas las familias tengan un lugar donde vivir, y año con año a esta cifra se le incorporan 50 mil viviendas más.
La fuerza de trabajo, en términos generales, adolece de la calificación necesaria para constituirse en un elemento generador de producción y pro- ductividad, a lo cual se suma la vulnerabilidad del sistema de justicia en materia laboral.