CHAPTER 3: RESEARCH METHODOLOGY
3.8 Sampling Technique
El proceso para la consolidación de la democracia y la construcción de la nación sobre bases de pluralismo con enfoque intercultural se enfrenta al siguiente escenario:
• Las relaciones de interculturalidad se enfrentan a fuertes bloqueos y re- sistencias, tanto en la estructura jurídica del Estado, como frente a los mecanismos de participación ciudadana, el sistema de planificación y gestión municipal, y la formulación de las políticas públicas del gobier- no central y las Municipalidades.
• Las mujeres continúan enfrentándose a significativas exclusiones en to- dos los espacios del poder político en el ámbito nacional. Las prácticas machistas y racistas siguen caracterizando las relaciones económicas, sociales y políticas.
• El marco constitucional y legal está formulado, redactado y aplicado con concepciones de exclusión y redactado en un idioma ajeno al de los pue- blos indígenas.
• La participación de las comunidades en la identificación, priorización y solución de sus necesidades, desde la visión intercultural para la cons- trucción de la nación sobre bases de pluralismo, ha sido bloqueada. • El proceso de desarrollo económico en Guatemala ha marginando di-
rectamente a la población que vive en las áreas rurales, y en espacial a los pueblos indígenas.
• Los reducidos espacios de participación social han permitido que se den las condiciones para que la corrupción, los privilegios, las distorsiones del desarrollo y el abuso de poder económico y político se constituyan en el principal lastre que caracteriza a las organizaciones comunitarias, municipales, departamentales y nacionales.
• La falta de una auténtica participación ciudadana ha dejado con las ma- nos libres a las autoridades locales y municipales, de tal forma que las políticas públicas adolecen de transparencia.
• Los mecanismos de participación son poco perceptibles y sustenta- dos fundamentalmente en aspectos legales; en la práctica política, los miembros de las comunidades y la población en general no ejercen de
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forma efectiva sus derechos y no participan plenamente en la toma de decisiones sobre los diversos asuntos que les afectan.
• Las gestiones que realizan las comunidades rara vez reciben respuesta con acciones concretas por parte de los gobiernos locales y el cen tral. Lo cierto es que el verdadero poder, entendido como la capa cidad para realizar acciones, no está en manos de las comunidades y cuando éstas gestionan no son atendidas por los mismos gobiernos locales y, la ma- yoría de las veces, tampoco por el central.
• Las exclusiones y autoritarismo del sistema político en Guatemala y la conciencia de temor y no participación que generó el conflicto arma- do interno, constituyen un fuerte obstáculo para elevar la organización comunitaria. Por esa razón la participación en política se torna en un instrumento de los partidos políticos electoreros y no se hace política en el sentido de ejercer el poder.
• Las comunidades no han logrado romper el cerco del aislamiento históri- co que las ha mantenido alejadas del poder político. La solidaridad muni- cipal, nacional e internacional es débil. Se enfrentan grandes dificultades para desarrollar alianzas estratégicas que involucren a las organizaciones comunitarias, a los gobiernos locales y a las organizaciones políticas.
3. Publicidad de los actos públicos
La población guatemalteca, cada vez de forma más creciente, empieza ha manifestarse sobre su derecho de ser tomada en cuenta para la toma de de- cisiones por parte de las autoridades nacionales y municipales. A pesar de la dispersión de muchos esfuerzos nacionales e internacionales para lograr democratizar los poderes del Estado, aquéllos han comenzado a brindar sus frutos y hoy asistimos a la consolidación de procesos económicos, po- líticos y sociales tendientes a incorporar importantes sectores en los espa- cios políticos de toma de decisiones, tanto en el plano nacional como en lo local y lo municipal.
Salvando las fuertes críticas que han recibido los Acuerdos de Paz, las transformaciones sociales, económicas y políticas vividas en los últimos años, así como la consolidación de las corrientes descentralistas en el mun- do, están provocando cambios en el rol que cumplen las Municipalidades. De entes dependientes, burocráticos, proveedores de servicios y meramen- te administradores de presupuestos, han pasado a ser instituciones autó- nomas, canalizadoras de iniciativas e inversiones y promotoras del desa- rrollo económico y social.
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Como producto de la Constitución Política de 1985, vigente actualmen- te, así como la trilogía de leyes vinculadas al tema municipalista —y que recogen orientaciones de los Acuerdos de Paz—, el Estado perfecciona la autonomía de los municipios, inicia el proceso de descentralización y, a su vez, incrementa las competencias de las Municipalidades. Los espacios municipales, en tiempos de irrupción de fuertes capitales extranjeros y de posibilidades de extender los mercados más allá de las fronteras naciona- les, tienden a convertirse en fuertes aliados del desarrollo integral del país, es decir, una especie de unidades subnacionales de la economía.
La transformación que se está observando en las concepciones de desa- rrollo de los municipios pasa por entender que la consolidación de la demo- cracia real, funcional y participativa es una condición necesaria para darle sostenibilidad a cualquier proceso de desarrollo en el ámbito nacional y mu- nicipal, ante todo, en gobernar con la participación de mujeres y hombres, trabajando juntos para refundar nuevas relaciones basadas en la equidad de género, todas y todos involucrados en la búsqueda de un desarrollo orienta- do el bien común: vecinos, instituciones públicas y privadas, organizaciones políticas y sociales, pequeños, medianos y grandes productores. Cuando la gente se organiza y se moviliza puede llegar a influir contundentemente en las decisiones de los gobiernos o, incluso, hacer que éstos adopten los plan- teamientos de los colectivos sociales. Es necesario recuperar la práctica y la experiencia participativa de las personas y las comunidades.
3.1 Transparencia en el manejo de la
administración pública
La consolidación de la democracia real, funcional y participativa en Gua- temala guarda una estrecha vinculación con la transparencia en el manejo de la administración pública. En este sentido, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los actos de la administración son públicos.
El Código Municipal norma que los Concejos Municipales, responsables de ejercer el gobierno en los municipios, están obligados a facilitar la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciu- dadanos en la vida local.
La Contraloría General de Cuentas, a través del control gubernamental y dentro de su campo de competencia, tiene entre sus objetivos promo- ver y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos para que puedan rendir cuentas públicamente, de manera amplia y oportuna, tanto de la
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regularidad en el manejo de los bienes y recursos, como de los resultados cualitativos y cuantitativos de su gestión.
Uno de los avances más significativos en los esfuerzos por consolidar el buen manejo de la administración pública es la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en vigencia desde el 21 de abril de 2009, y tiene como objetivo garantizar el libre acceso a la información o actos de la administración pública (ver anexo No. 1).