A missing link in the literature?

La idea del patrimonio nacional puede identificarse a partir de los primeros intentos de construcción de un estado-nación en el sentido moderno, es decir, desde las primeras luchas por separar a las colonias del Imperio español. La asignación de valores

identitarios a partir del pasado indígena del país cobró fuerza desde que la gesta independentista buscó construir una idea propia de la historia de un país que aspiraba a ser soberano. En esta fase, se trató de legitimar una noción de “patria” a partir de

referentes de un pasado autóctono, exaltado y glorioso, como antítesis del modelo externo, proveniente de Europa, al cual se le atribuyó responsabilidad por la falta de libertades, por la desigualdad social, por la discriminación a la población originaria. Desde el inicio del republicanismo mexicano, el Estado trató de atribuirse un papel rector en las labores de conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, esto con el fin de buscar referentes del pasado que sirvieran para dar a conocer todos aquellos valores que pudieran ser evocativos para armar y configurar la identidad de un país en vías a integrarse; por lo tanto, era necesario construir un concepto de identidad nacional, y para este propósito, el patrimonio cultural constituyó un recurso fundamental. (Florescano, 1997: 33).

Este mismo enfoque, utilizado como un referente en la identificación de un pasado común, como sustento de identidad de la nación, fue retomado discursivamente en momentos posteriores de la historia mexicana.

“En términos generales, puede decirse que desde entonces los Estados nacionales establecieron el ámbito geográfico, el contexto social, el proyecto histórico y la decisión política para definir una identidad nacional, fundada en el reconocimiento de los valores y tradiciones generados por los distintos grupos sociales.” (Ibíd. 34)

Por lo tanto, el estado y el patrimonio nacional han mantenido un fuerte vínculo de efectos recíprocos. Pero la injerencia gubernamental no logró resolver la problemática de la protección y el uso social del patrimonio natural y cultural. En el nacionalismo también se reprodujeron los mecanismos de dominación propios del etnocentrismo occidental, pues con el afán de borrar las diferencias culturales internas también fungió como operativo ideológico.

“se afirmó entonces un proyecto integrador, sustentado en el Estado nacional, que elaboró símbolos, imágenes y patrimonios centralistas con el fin de avasallar las tradiciones rurales y regionales, las comunidades indígenas y otros sectores no reconocidos como expresiones de lo nacional” (Ídem.)

Se podría decir que la reconstrucción histórica de nuestra nación, desde la independencia hasta la actualidad, obedece más al interés político de crear una

imagen gloriosa y homogeneizante, que a las auténticas características de cada uno de sus periodos.

En suma, todo lo anterior evidencia sin lugar a dudas, que “el patrimonio nacional no

es un hecho dado, una entidad existente en sí misma, sino una construcción histórica, producto de un proceso en el que participan los intereses de las distintas clases que

conforman a la nación” (Ibid. 35). Es decir, siempre existirán intereses de los distintos grupos, proyectados en la identificación y manejo de los bienes reconocidos como referentes de la historia y la cultura de nuestro país. Ante tal situación, es necesario mediar los posibles conflictos que se originan en el reconocimiento y apropiación de

los legados considerados “colectivos”, y por lo tanto, el estado se erigió como el

principal mediador y garante del llamado “interés común”.

Uno de los primeros intentos del Estado para construir la “identidad nacional”, fue el

Museo Nacional, fundado el 18 de marzo de 1825 por Guadalupe Victoria, primer presidente de México, quien en su octavo informe de gobierno, fechado el 27 de diciembre de 1826 señaló que esta institución “…será el depósito de lo más raro y precioso de nuestro suelo, para la ilustración del joven aplicado y la admiración del viajero”; (Victoria en Castelazo, 2011: 34). Este esfuerzo pionero pretendía reunir y ordenar cuanto pudiera para dar un conocimiento más exacto del país, de sus orígenes y de los progresos de la ciencia y de la artes. En otras palabras, alentar un sentimiento nacionalista, propio de los estados modernos que se gestaron entre los fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Independientemente del reconocimiento de México como nación independiente, el siglo XX estuvo caracterizado por numerosos conflictos, luchas internas e

intervenciones extranjeras. Por ello, muchos historiadores se refieren al “periodo de las anarquía”, para referirse a la historia nacional, desde los albores del republicanismo y hasta la restauración de la República, al término trágico del llamado Segundo Imperio (1865-1867).

En esta etapa hubo una considerable afectación de los patrimonios nacionales, culturales, tráfico y saqueo de piezas arqueológicas, pérdida del territorio, despojo del patrimonio natural por países extranjeros, mutilación del territorio por los Estados

Unidos, También hubo algunos coleccionistas, diletantes, anticuarios y algunos europeos estudiosos del pasado indígena y colonial: Alexander Von Humboldt, Evan Nepean, Frederick Catherwood y John Stephens, William Bullock, Desireé Charnay. Luego guerras intestinas durante la Guerra de los tres años o Guerra de Reforma, entre los liberales impulsados por las políticas juaristas y los conservadores que trataban de sostener el control de la Iglesia como institución. La desamortización de los bienes eclesiásticos fue unja política detonante de este grave conflicto social, que de alguna manera endeudó al país y poco después justificó la luego invasión francesa y luego, el establecimiento del imperio de Maximiliano (1865-1867), donde a pesar de los conflictos entre los partidarios de dos modelos de gobierno (republicanismo presidencial o monarquía moderada), se trató de impulsar una comisión científica. Pero este intentó fue efímera y se suspendió súbitamente con el fusilamiento del Emperador. La etapa siguiente, identificada con la restauración de la República, dio lugar a la postulación del General Porfirio Díaz, un militar que se destacó por su valor en estos conflictos bélicos. Una vez elegido como presidente inició un proceso de dictadura política llamado el Porfiriato (1878-1910).

En el Porfiriato hubo algunas iniciativas de orden cultural una vez que se recuperó la pacificación forzada del país para instaurar un régimen de “orden y progreso”. Por ejemplo, el 11 de mayo de 1897, siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Porfirio Díaz, fue publicada la Ley sobre Monumentos Arqueológicos (LMA, 1897). En esta ley se señaló que los monumentos arqueológicos son propiedad de la Nación, se hizo el primer ordenamiento específico en materia de bienes muebles e inmuebles de valor cultural, y se decretó que la destrucción o deterioro de dicho patrimonio constituye un delito y los responsables serán sancionados y enfatiza el estudio y conservación de los bienes patrimoniales de la Nación (Vásquez, 2010: 23).

El 7 de abril de 1914 siendo Victoriano Huerta, presidente constitucional interino de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada la Ley sobre conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales (LCMHABN, 1914), la cual fue el primer intento serio del siglo XX en otorgar protección a diversos bienes del patrimonio cultural de una forma sistemática. Entre otras cosas, señala la necesidad

de incorporar el concepto de restauración; la conservación de los bienes se declaró de utilidad pública nacional, bajo la protección de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a través de la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, constituyó un nuevo marco de ordenamiento nacional, que se basada y reforma la Carta Magna del 5 de febrero de 1857. En ese entonces, el General Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, estaba encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. Encabezando al Congreso Constituyente se expidió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta ahora vigente, aunque varias veces reformada. Entre los preceptos más destacados en materia de patrimonio cultural, se encuentra el Artículo 73, Párrafo XXV, que a la letra indica:

“El Congreso tiene facultad para establecer, organizar y sostener en toda la Republica escuela rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.” (Constitución Política, 1917)

Así mismo, en el Artículo 27, párrafo III, se asienta que:

“… se dictarán medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones de uso, reserva y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de regular y planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.” (Constitución Política, 1917)

Luego, el 1º de marzo de 1930, siendo Emilio Portes Gil, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales. (Vásquez, 2010: 31), que entre sus principales atributos, destacan los siguientes:

 Incorpora el concepto de monumento, en su acepción tradicional, como un bien cuya magnificencia y estética lo distinguen de su entorno;

 Definió como monumentos a las cosas muebles e inmuebles cuya protección y conservación fuera de interés por su valor artístico, histórico o arqueológico.

 Ley de carácter federal (de interés público) extiende su tutela sobre los bienes monumentales al cuidado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

 Los muebles e inmuebles de propiedad federal se consideran inalienables. Sólo se autorizaban obras para la adecuada conservación de los monumentos.

 Se prohibía la exportación de los bienes (declarados o no).

 Protección a los lugares de notable belleza natural

El 19 de enero de 1934, siendo Abelardo L. Rodríguez, presidente constitucional substituto de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada La Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, (Vásquez, 2010: 32) en la cual destacan las siguientes aportaciones:

 La incorporación de los valores paisajísticos y ambientales, así como de la arquitectura vernácula.

 Consideró como propiedad de la Nación los bienes muebles e inmuebles arqueológicos.

 Introdujo la catalogación de lugares típicos y de Belleza Natural para el ámbito del Distrito y Territorios Federales.

 Se precisaron las características que debía contener un bien para ser considerado o declarado como monumento.

 Se contemplaron adicionalmente los delitos de destrucción, daño y deterioro de monumentos y contrabando.

En el siglo XX, luego de los aciagos movimientos armados revolucionarios, fue necesario retomar un rumbo en la reconstrucción nacional. Durante la década de los años 30 existieron algunas condiciones para consolidar el predominio del estado federal. En particular, el periodo cardenista identificó a los legados patrimoniales como una alternativa de desarrollo, no solo en las riquezas naturales (como el petróleo, las minas y los cuerpos de agua), sino también en los bienes culturales del pasado

prehispánico y virreinal, o en los sitios de belleza natural o arquitectura típica. Su conservación y uso social se volvió un asunto de estado, en el entendido de que toda esta riqueza patrimonial debía incidir en la calidad de vida de la población mexicana. Dicha corriente nacionalista combatió el predominio de los valores occidentales, así como al dominio ideológico extranjero y el etnocentrismo, que solo consideraban legitimas sus propias tradiciones culturales. Fue en este contexto donde se sentaron las bases para el reconocimiento de sus propias tradiciones locales, regionales o nacionales. También fue en este periodo, cuando se consolidó la creación de instituciones federales y la formación de cuadros de profesionales que fungieran como impulsores del desarrollo.