Objectives

En el régimen de Rafael Correa la prensa se vio sometida a muchos abusos valiéndose de la Ley Orgánica de Comunicación que ellos mismo promulgaron, muchos medios televisivos, escritos y radiales que no eran afines a la política de gobierno y que no se alineaban a los requerimientos de este, eran sometidos a una continua persecución valiéndose de instituciones de control, como es el caso de la SUPERCOM, el Servicio de Rentas Internas , del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, La Dirección Regional de Trabajo, que mediante multas se pretendía someter a los medios y obligarles a que se alineen con la idea del socialismo del siglo XXI. Muchas de estas represalias obligaron a los medios de comunicación incluso a cerrarse, puesto que como eran multas sobre multas los medios se vieron avocados a tomar dicha decisión, tal es el caso de Ramiro Cueva, Gerente propietario de Ecotel TV de la ciudad de Loja.

Otro caso que se evidencia en nuestra provincia es Diario La Prensa de la ciudad de Riobamba, quien tuvo represalias por parte del mismo Presidente de la República, al publicar en su diario por un lado que en una sabatina hubo gente a favor del gobierno, y por otro lado publica una nota que existió gente en contra del gobierno, lo que desató la ira del mandatario, a tal punto de obligar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia a no pautar más en el medio.

Lucy Freire , Gerente de Diario la Prensa, denunció que recibió represalias de parte del gobierno Provincial mismo que al ser protagonista de la publicación de una denuncia hacia un funcionario de la provincia, específicamente el Prefecto Mariano Curicama, dicho funcionario tomó la decisión de no pautar más en este diario.

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Por otro lado los peticionarios, Francisco Rocha, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, y César Ricaurte, Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS aseguraron que la ausencia del Estado ecuatoriano en la audiencia temática sobre la situación de la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Montevideo, Uruguay, el 23 de octubre de 2017, es una oportunidad perdida para el actual Gobierno. En su exposición, Ricaurte presentó un balance de lo que significó la década del Gobierno de Rafael Correa para el Estado de la libertad de expresión. En cifras, dio cuenta de las 2238 agresiones ocurridas entre 2007 y 2017, relacionadas con aplicación de la Ley de Comunicación, agresiones físicas, verbales, amenazas a los derechos digitales y el uso abusivo del poder del Estado. (491 en 2016 y 188 entre enero y mayo de 2017).

También recordó casos como el del periodista Fenando Villavicencio actualmente con grillete electrónico, por denunciar la corrupción en los sectores estratégicos de la Economía, y el de Freddy Aponte, periodista de Loja, quien ha sido acosado durante 10 años por el Alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, como ejemplos de persecución, impunidad y represión.

El caso de Villavicencio despertó especial preocupación por parte del Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien aseguró que debe ser difícil hacer un periodismo libre. Lanza también se mostró preocupado por la situación del concurso de frecuencias y el marco jurídico restrictivo que existe en el Ecuador y aseguró que, de mantenerse, este podría servir como una herramienta para abusos y arbitrar edades. “Como una espada de Damocles y un arma represiva para la prensa”. (Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, 2017)

Aporte Personal

La Ley es el más claro ejemplo de la voluntad soberana que es el pueblo, esta es creada por la Asamblea para que se regule la conducta de las personas, mandando, prohibiendo y permitiendo siempre enmarcado en la Ley misma, la Ley es para todos los habitantes de nuestro país, sin excepciones todos somos iguales para ella, ésta para que sea cumplida siempre tiene que estar prescrita o de otra manera se aplicaría el principio de Nullum crime, nulla poena sine praevia lege: “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”. La

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Ley de Orgánica de Comunicación debe democratizar los espacios de los medios de comunicación, además de fortalecer los derechos tanto a la libre expresión como a la intimidad de las personas.

En Ecuador la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), fue creada para hacer frente a la concentración privada de medios, al monopolio del discurso con una fuerte influencia en la opinión pública, a la asimetría de poder entre ciudadanía y medios, a la vinculación mediática - empresarial y la privatización del espectro radioeléctrico.

Además, para dar solución a problemáticas como la precarización laboral, pues antes de la ley la mayoría de los periodistas y trabajadores de la comunicación no eran afiliados al Sistema de Seguridad Social, no tenían una tabla salarial que les garantice una remuneración justa y tampoco tenían posibilidades para una adecuada profesionalización.

Los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales a nivel nacional eran de propiedad de doce personas que concentraban sus recursos en manos de grupos monopólicos, imponiendo un sistema de información vertical y antidemocrático. Según el informe de la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión (CACFRT), para el año 2008, 110 banqueros estaban vinculados a 210 medios de comunicación.

En el 2007 el 92% del espectro radioeléctrico pertenecía al sector privado, 8% al público y 0% al comunitario; luego de 4 años de vigencia de la LOC, sin cerrar el concurso de frecuencias, el 75% sigue en manos privadas, 21% públicas y 4% comunitarias. La LOC determina que el 33% de las frecuencias deben ser privadas, 33% públicas y 34% comunitarias.

Ecuador vivía un estado de opinión y no de derecho, cualquier crítica o cuestionamiento al modelo de información dominante era interpretada como una violación a la libertad de expresión. Ciertos medios de comunicación privados asumieron un rol ilegitimo como actores políticos. En resumen, el campo de la comunicación e información estuvo

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históricamente dominado por los grupos de poder económico y político para incidir en la política nacional y así salvaguardar sus intereses.