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Uno de los aspectos más difíciles de determinar en una campaña electoral, por lo menos en Guatemala, es el relativo al volumen de dinero invertido en la misma por los partidos políticos participantes. La Ley Electoral y de Partidos Políticos vigente durante el proceso 2003 contemplaba, en sus artículos 20 y 22, normas muy generales sobre el control y fiscalización de los fondos públicos administrados por los partidos políticos como resultado de la llamada deuda electoral, pero de ninguna manera contenía normas relacionadas con el financiamiento privado, que es el que debería ser efectivamente fiscalizado en función del interés y bien públicos.

Como se sabe, un conjunto de reformas a dicha ley, propuesto desde 1998 por la Comisión de Reforma Electoral (CRE), producto de los acuerdos de paz, aún se encontraba pendiente de aprobación en el Congreso de la República durante el período de la campaña, a pesar que la Corte de Constitucionalidad ya había emitido dictamen favorable sobre la casi totalidad de las mismas. Aunque tales reformas no recogían todas las sugeridas por la CRE en lo que respecta al financiamiento político para campañas electorales y su fiscalización, sí significaban un avance en este aspecto con lo hasta ahora legislado. En consecuencia, el dinero que circuló en esta campaña no estuvo sometido a ningún control estatal. Sin embargo, algunos casos de irregularidades que trascendieron posteriormente, relacionados con el traslado ilegal de fondos públicos a algunos dirigentes y partidos políticos, mediante triangulaciones clandestinas, permitieron evidenciar la urgencia de establecer una normativa específica relacionada con una rigurosa rendición de cuentas y con la transparencia del uso del dinero en diferentes campañas políticas, tanto por parte de los partidos como del Estado mismo.

Al inicio de su campaña algunos partidos, particularmente la Democracia Cristiana y la UNE, hicieron de este tema uno de los principales argumentos de su oferta política. Mientras que el candidato presidencial que inicialmente postuló la DCG se comprometió a contratar una empresa auditora que fiscalizaría mes a mes el origen y destino de los fondos que invertirían en su campaña, el de la UNE entregó a la Misión Electoral de la OEA, antes de la primera vuelta electoral, en un sobre cerrado, lo que aseguró era un informe financiero de los recursos manejados por su organización y su comando de campaña. Al anunciar que haría esto, retó a los otros candidatos, en especial al de la GANA, a hacer lo mismo, como una muestra de transparencia.

Algunas entidades, como el Mirador Electoral, realizaron ejercicios de estimación del gasto electoral, a partir de un monitoreo del tiempo contratado en medios televisivos y radiales, así como del espacio utilizado en medios escritos para la difusión de propaganda electoral, todo lo cual se comparó con las tarifas vigentes en dichos medios durante la campaña. A lo anterior se agregaron estimados de inversión en vallas publicitarias y propaganda en vías de comunicación, que fue un medio que se empleó bastante en esta campaña. Aunque las grandes corporaciones de la comunicación ofrecen paquetes por volumen

contratado a precios especiales o como anticipo incluso de eventuales favores políticos,2 lo que dificulta un monitoreo y fiscalización objetivos, estos ejercicios dan una idea del volumen de recursos financieros que se manejó en este proceso.

Partiendo de algunos estándares internacionales, según los cuales el dinero invertido en propaganda es equivalente al 50% del total de los recursos invertidos por un partido en toda la campaña electoral,3

el Mirador Electoral calculó que en Guatemala, entre mayo y diciembre del 2003 los partidos políticos gastaron casi 500 millones de quetzales en el proceso político electoral, absorbiendo la propaganda en televisión alrededor del 37%. Del indicado monto, casi el 45% habría sido gastado por la GANA, con alrededor de 122 millones, y el FRG con alrededor de 102 millones. (Ver Cuadro 27).

Hay que anotar que el dinero que circuló en esta campaña fue mucho mayor, si se toma en cuenta la propaganda constante del gobierno en favor del partido oficial, el uso de recursos humanos y materiales del Estado en beneficio de ese mismo partido, los presupuestos manejados por todas las entidades, nacionales e internacionales, que acompañaron el proceso electoral mediante diversos programas y proyectos, y el presupuesto manejado por el Tribunal Supremo Electoral para la dirección y administración de todo el proceso desde su convocatoria el 15 de mayo 2003 hasta su conclusión el 14 de enero 2004.

A pesar de las dificultades existentes para acceder a este tipo de información, incluso por medio de estimaciones, el Mirador Electoral expresó que la experiencia de estas elecciones evidenció una mayor transparencia, lo que le posibilitó calcular con mayor precisión los recursos gastados por los partidos en el proceso. La consolidación de datos relativos a la inversión general en propaganda, tanto para la primera como para la segunda vuelta, le permite estimar que la coalición GANA habría gastado un total de 60.9 millones de quetzales en este rubro. Comparado con lo que habría gastado su principal contendiente, la UNE, que se calcula ascendió a Q 32.8 millones, lo habría superado en casi un 100%. El FRG fue el segundo partido con un mayor gasto en la escala general, con Q51.2 millones, seguido por la UNE. Posteriormente se ubican el PAN y el PU, quienes también habrían hecho un gasto significativo. La consolidación de los datos de la primera ronda, sumados al total del período de noviembre al 28 de diciembre, ascendería a un total acumulado de Q244.4 millones en gasto de propaganda en todo el proceso electoral. Este gasto es la suma de la publicidad en TV, prensa, radio y vallas publicitarias. Asimismo, el Mirador Electoral habría comprobado que la campaña del partido oficial estuvo ligada al abuso en el uso del gasto público en varios rubros, es decir desde el manejo de la indemnización de las ex PAC hasta incrementos de gasto en publicidad y varias expresiones de clientelismo en la distribución y entregas directas de bienes públicos a potenciales votantes, adjudicación de obras, contratos, utilización de vehículos y empleados públicos, etc. En cuanto a propaganda y publicidad, el

2 El caso que siempre se menciona en cuanto a la concesión de tarifas especiales es el del propietario de los 4 canales de la

televisión abierta y de una de las más grandes cadenas radiales del país, señalado de ser uno de los más influyentes patrocinadores de los principales partidos y candidatos desde el inicio de la apertura democrática. Por otra parte, se sabe que la Gremial de Vallas Publicitarias concede el uso gratuito de algunas de ellas a partidos y candidatos, en proporción a su peso y ubicación en las encuestas. Otros medios tienen comportamientos parecidos con partidos y candidatos con los que comparten visiones e intereses sectoriales.

3 Aunque en América Latina este indicador es del 65%, la percepción de actores políticos entrevistados por el Mirador Electoral,

gobierno gastó en los 6 meses del período electoral 2003 casi el doble de la cantidad ejecutada durante todo el año 2002. (Acción Ciudadana: 2003)

El monitoreo realizado por el Mirador Electoral de la propaganda política en medios de comunicación reporta que el gobierno habría gastado Q67 millones hasta la primera vuelta mientras que los partidos políticos habrían gastado Q218 millones en la primera etapa (16 de mayo – 9 de noviembre); es decir, hasta la primera vuelta. Se estima que el gasto consolidado hasta el 28 de diciembre fue de Q244.4 millones sólo en propaganda en medios de comunicación y vallas públicas, como se precisa en el cuadro 27. En ambos casos los gastos en TV habrían sido alrededor de tres cuartos del total.

Total

Partido Televisión Prensa Radio Vallas inversión Gran

Político en publicidad Total*

FRG 39,991,108 629,765 8,553,388 2,021,100 51,195,361 102,390722 GANA 40,463,183 3,412,860 11,457,008 5,646,900 60,979,951 121,959,902 PAN 23,154,357 555,319 5,429,934 1,968,800 31,108,410 62,216,820 PU 23,276,918 497,289 3,902,627 1,982,340 29,659,174 59,208,482 UNE 23,790,612 2,635,330 3,433,101 2,908,800 32,767,843 65,535,686 DCG 9,482,204 688,233 199,184 2,210,800 12,580,421 25,160,842 DIA 5,793,653 47,358 11,322 101,200 5,953,533 11,907,065 ANN 4,397,432 278,352 162,712 102,000 4,940,496 9,881,112 UD 3,782,639 108,343 256,700 132,660 4,280,342 8,560,684 URNG 2,621,159 62,281 0 23,600 2,707,040 5,414,079 OTROS 4,330,691 696,910 615,919 2,625,100 8,268,620 16,537,240 TOTAL 181,083,956 9,612,040 34,021,895 19,723,300 244,441,191 488,882,382

Fuente: Elaboración de Acción Ciudadana para el Mirador Electoral

*Calculado sobre la base de que el gasto en propaganda constituye el 50% del total invertido por un partido en todo el proceso

político electoral.

Cuadro 27