Performance Analysis for Adaptive Focusing

El inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) supuso un nuevo paso en el proceso de descentralización de la educación en México; en el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994, en 3 de sus 6 capítulos, se hacía referencia de forma particular a la Educación, apuntando entre otras cosas la idea de implementar la calidad en este ámbito en congruencia con el desarrollo nacional.

En el PND 1988-1994, se concebía a la educación como el medio que generaría recursos humanos y a su vez materiales, los cuales serían la base del progreso nacional; la plataforma para dicho progreso, sería la modernización, la cual tenía que ser aplicada de manera urgente en todos los ámbitos del país, pero particularmente en el económico.

Así que se concebía a la modernización como el único medio para hacer frente a las realidades económicas y sociales que enfrentaba el país; por tanto dicha modernización no solo implicaba las esferas relacionadas con la producción, infraestructura, inversión y la explotación de recursos si no también, sobre la base de éstos, se tenía que dar una modificación en las demás estructuras del país. Entonces, la educación se concebía como una condición necesaria para el bienestar social, la cual de no ser atendida, perjudicaría el nivel de vida de las mayorías. La calidad educativa se relacionaría con el cambio sustancial de contenidos y métodos, estableciendo un lazo directo con el aparato productivo, privilegiando el área científica y tecnológica. De esta forma la modernización económica y la social, dentro de la cual se incluye la modernización educativa, correspondían a un objetivo común: hacer frente a los retos y oportunidades del mundo moderno.

La relación existente entre el proyecto educativo y el proyecto económico en México durante el periodo, se caracterizó en que el primero se moldeó de acuerdo a las características que planteaba la estrategia económica modernizadora del gobierno del Carlos Salinas de Gortari. Esta afirmación se constata en el apartado que hacía referencia a cuáles serían las estrategias a seguir, para que México logrará entrar en esta dinámica de modernización. Se habla de una modernización integral en el campo económico mediante:

“La mejora en la infraestructura nacional: el aceptar y enfrentar la apertura comercial, la eliminación de obstáculos y regulaciones que reducen el potencial de los sectores

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productivos; el aprovechamiento de las mejores opciones de financiamiento, comercio y tecnología de que dispone el país; dejar a un lado la responsabilidad al Estado sobre el desarrollo nacional alentando a la participación amplia de los particulares” (PND, 1988- 1994).

El proyecto educativo mexicano, formaría parte de este proyecto global mediante la adecuación de su sistema a las circunstancias nacionales. En el capítulo VI del PND titulado “Acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida”, se hace referencia al campo educativo, como una de las líneas estratégicas para mejorar el nivel de vida nacional y como medio para el bienestar social; además constituía la condición indispensable para modernizar al país pero, a partir de su proceso de transformación, el cual se enfocaría al replanteamiento de los contenidos, métodos educativos, organización del sistema (descentralización) y la inclusión de la sociedad en esta tarea.

Teniendo como fundamento el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994, se emitió el Programa para la Modernización Educativa del mismo periodo, en el que se señala la necesidad inaplazable de reorganizar la educación básica, a efecto de distribuir de manera eficiente la función y los servicios educativos, con el objeto de que los niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, el Magisterio y todos los sectores de la sociedad, contribuyeran activa y coordinadamente en la tarea y responsabilidad de la educación.

En este contexto, es que el 18 de mayo de 1992, se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; dicho acuerdo iba enfocado a tres aspectos fundamentales: la reorganización del sistema educativo; reformulación de los contenidos y materiales educativos; y revaloración de la función magisterial.

Respecto al primer aspecto, se establece la intención de consolidar un sistema educativo nacional con responsabilidades afines al federalismo del país, ya que la prestación de servicios educativos es una de las actividades de la función educativa en la que hay concurrencia de los Estados y los Municipios; en consecuencia el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebraron convenios para concretar responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y de

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educación normal; de conformidad con dichos convenios, a los gobiernos estatales les correspondería la dirección de los establecimientos educativos que operaba la SEP en cada Estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial.

En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasaba y el respectivo gobierno estatal recibía, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la SEP venía prestando, en el estado respectivo, hasta esa fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados en su operación.

La transferencia referida no implicaba de modo alguno la desatención de la educación pública por parte del Gobierno Federal. El Ejecutivo Federal vigilaría en toda la República el cumplimiento del Artículo Tercero Constitucional, así como de la Ley Federal de Educación y sus disposiciones reglamentarias; aseguraría el carácter nacional de la educación y, en general, ejercería las demás atribuciones que le confieren los ordenamientos aplicables.

En el citado acuerdo se establecía que el Ejecutivo Federal se comprometía a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibía, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y cumplir con los compromisos que adquiría en este Acuerdo Nacional.

Respecto al segundo punto se planteaba una reforma integral de los contenidos y materiales educativos que se traduciría en la renovación total de programas de estudio y libros de texto para el ciclo escolar 1993-1994.

En cuanto al último punto, en el Acuerdo Nacional se establecía que el maestro debería ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y la nueva participación social en la educación. La revaloración de la función magisterial se englobaría en seis aspectos principales: la formación del maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo.

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