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En enero de 2006, se efectuó en Chile la segunda vuelta de la elección presidencial en la que Michelle Bachelet, candidata de la Concertación de Partidos por la Democracia (Concertación), integrada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Socialista de Chile (PSCh), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), derrotó al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, de la alianza entre Renovación Nacional (RN) y la Unidad Democrática Independiente (UDI). En esa segunda vuelta, el Partido Comunista de Chile (PCCh) brindó su apoyo condicionado a Bachelet, sobre la base de una plataforma democratizadora de cinco

puntos.1 _{Los hechos demuestran que esta postura de los comunistas está}

influyendo en la realización de ciertas reformas, cuyo éxito dependerá de la

1 _{La posición adoptada por el Partido Comunista en relación con la segunda vuelta fue}

promover una plataforma con cinco exigencias a la candidatura de Michelle Bachelet, en virtud de que el 5% obtenido por la coalición Juntos Podemos Más (JPM) en la primera vuelta dirimiría el resultado de la segunda. Las demandas fueron que Bachelet se comprometiera a: 1) eliminar el sistema electoral binominal y reemplazarlo por un sistema electoral proporcional, no excluyente y representativo; 2) modificar las normas laborales con el fin de establecer el derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores y el derecho efectivo de huelga; 3) usar fondos del actual superávit fiscal para elevar en un 100% las pensiones mínimas y las pensiones asistenciales de vejez e invalidez, y para desarrollar un plan especial de obras públicas que alivie la situación de desempleo de las localidades más deprimidas del país; 4) dar una señal concreta de su disposición de prestar mayor atención a los problemas medioambientales y de los pueblos originarios, mediante el rechazo al proyecto minero de Pascua Lama; y 5) brindar apoyo a las organizaciones que defienden incansablemente los derechos humanos, empeñarse, junto a ellas, en lograr la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la dictadura.

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capacidad de la izquierda para profundizar la movilización social en curso y el proceso de convergencia social y política.

Chile es el país latinoamericano en el que con mayor claridad se observa la aplicación, casi sin contrapeso alguno, del modelo neoliberal impuesto bajo la dictadura de Pinochet, apoyado en una institucionalidad antidemocrática, hecha a la medida de los intereses de los monopolios transnacionales y los grupos de poder criollos, plasmada en la Constitución Política del Estado mediante un plebiscito fraudulento realizado en 1989. Esa institucionalidad es la que propicia el desmantelamiento del Estado, la privatización de las empresas públicas, la apertura a la inversión extranjera y la enajenación de casi el 65% del cobre y otras riquezas mineras nacionalizadas durante el gobierno de Salvador Allende.

Su carácter antidemocrático se evidencia en la instauración de mecanismos de «amarre» como la ley electoral vigente,2 _{que no solo excluye}

del parlamento a las fuerzas de izquierda y a los dirigentes sindicales y gremiales, sino que además mantiene un empate en el número de parlamentarios electos entre la derecha pinochetista y la Concertación, aunque la derecha pinochetista obtenga solo el 35% de los votos. Ello le permite a esta última bloquear, por medio de los quórum calificados, las reformas a las leyes de rango constitucional: es un poder de veto equivalente a una dictadura parlamentaria.

En Chile está vigente un Código Laboral del que se borraron los derechos conquistados por los trabajadores durante décadas de lucha. De igual modo, una disposición constitucional prohíbe que el Estado emprenda inversiones productivas de desarrollo. Más aún, en estos tiempos de «transición a la democracia» se han introducido normativas que se contradicen con la propia Constitución, que permiten el traspaso de yacimientos cupríferos a empresas transnacionales y casi imposibilitan que el Estado las recupere, pues para hacerlo tendría que pagar hasta el último gramo de las reservas estimadas del yacimiento, no sólo del cobre, sino de todos los minerales asociados a este. Los gobiernos de la Concertación han consolidado y profundizado el modelo neoliberal. El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con los Estados Unidos deja a los chilenos más vulnerables y enfrentados a nuevos y graves peligros, como lo demuestra el impacto de la caída del dólar sobre los exportadores y los productores nacionales y las leoninas cláusulas que enajenan nuestra soberanía económica.

2 _{El sistema electoral binominal distribuye todos los cargos de elección popular entre las fuerzas}

políticas que obtengan las dos mayores votaciones, lo cual excluye a las demás, incluso si obtienen un porcentaje significativo del voto. La injusticia de ese sistema queda demostrada por el hecho de que, con un sistema proporcional, la coalición Juntos Podemos Más, hubiera elegido al menos ocho diputados en estos comicios, pero no eligió siquiera uno.

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47 Chile podría alcanzar un desarrollo cualitativo y sustentable, mediante la elevación significativa del valor agregado de nuestras exportaciones y una reindustrialización basada en sectores de punta, como lo han hecho otros países emergentes. Por ejemplo, refinar y manufacturar todo el cobre que se extrae, y hacer otro tanto con el molibdeno, el oro, el litio, la madera, el carbón y otros recursos marítimos y agropecuarios que poseemos en abundancia, y aprovechar la capacidad de nuestros profesionales y técnicos para exportar servicios. Se necesita la iniciativa del Estado con recursos financieros propios, para abrir paso a la creación de nuevas fuentes de trabajo que termine con la cesantía estructural, en gran medida oculta en las estadísticas oficiales.

Vivimos en medio de la gran paradoja de un país que ve transitar ante sus ojos riquezas inimaginables, conoce de utilidades fabulosas de la banca, el gran empresariado y las empresas transnacionales, toma nota de la jactancia de los tecnócratas del sistema que cuentan por miles y miles de millones los dólares acumulados en las arcas fiscales, mientras se eterniza una situación de carencias sociales inconcebible en medio de tanta opulencia financiera.

En el año 2005 el superávit alcanzó a 5 403 millones de dólares, equivalente al 4,8% del PIB. Los excedentes por el alto precio del cobre, alcanzarán este año a los 10 000 millones de dólares, que se colocan en los volátiles mercados financieros del exterior o bien, se ponen directamente en manos de las transnacionales, con serios riesgos de pérdidas, como ha ocurrido en los últimos meses, todo ello, sin contar el 10% de las ventas de la Corporación del Cobre (CODELCO) que pasa directo a las Fuerzas Armadas para la compra de armamentos.

Estamos ante una oportunidad extraordinaria, aunque dure pocos años, que puede perderse, si Chile no da ahora un salto en su desarrollo económico y social. Lo que no es transitorio sino permanente, son las elevadas ganancias que se están llevando 17 transnacionales y unos pocos grupos nacionales. La magnitud de tales ganancias lo grafica el hecho de que el año pasado, hasta el mes de septiembre, todas las compañías privadas del cobre habían entregado al Fisco chileno, por tributación, la suma de 1 240 millones de dólares, correspondiente a más del 60% de todo el cobre que se exporta. Entretanto, CODELCO, que ha sido reducida a extraer el 36% del mineral exportado, aportó al Fisco más de 4 000 millones de dólares.

En nuestro paraíso neoliberal hay más de 800 000 indigentes, 3 millones de pobres, 500 000 cesantes crónicos, 700 000 familias en viviendas precarias, como lo reconocen cifras oficiales subestimadas. El 80% de los trabajadores que están laborando, son subcontratados. Los trabajadores informales, que en realidad son cesantes, llegan a los 700 000 que se suman a las cifras oficiales de cesantía. De las 800 000 micro y pequeñas empresas, que generan el 68%

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de los puestos de trabajo, 400 000 están cerradas por deudas, quiebras o la imposibilidad de competir con los grandes monopolios y las importaciones. La baja inversión pública en salud se traduce en dramáticas carencias que afectan a hospitales y policlínicos públicos, lo que obliga a muchos a incurrir en gastos catastróficos por enfermedades que las Instituciones de Salud Previsional Privadas (ISAPRES) y clínicas transforman en lucrativos beneficios. El 40% de los chilenos no está adscrito a ningún sistema de previsión. La mitad de los trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) alcanzará solo a la pensión mínima, mientras otro alto número ni siquiera podrá percibir esta. Sin embargo, las AFP que monopolizan el negocio cobran elevadas comisiones y utilizan los ahorros de los trabajadores para invertirlos y participar en las ganancias de las grandes empresas.

Mientras el 80% de los chilenos accede al 39% del ingreso total, el 20% más rico del país se queda con el 61%. En buena medida el poder económico de los más ricos proviene de las privatizaciones de las empresas públicas y de los créditos, subsidios y ventajas tributarias que les han concedido la dictadura y los gobiernos de la Concertación. Los magnates chilenos ya se codean con sus pares de los países más ricos, donde poseen fuertes inversiones. Los altos ejecutivos, relacionadores, asesores, abogados y consultores a su servicio gozan de ingresos superiores a sus colegas latinoamericanos e incluso europeos, gracias a los bajísimos impuestos que pagan. En contraste, unos 10 millones de chilenos viven en hogares donde los adultos deben mantener a sus hijos con ingresos, cada uno, apenas superiores al ingreso mínimo.

El sistema de educación, estructurado sobre la base de la denominada Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), dictada un día antes que Pinochet dejara el poder, coloca la llamada libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, contraponiéndose absolutamente a la concepción de la educación como un derecho humano fundamental cuyo acceso debe estar garantizado en iguales condiciones para toda persona, ya que la ha transformado en una mercancía cuya calidad depende básicamente de la capacidad económica de cada cual de acceder al «mercado educacional». En la actualidad casi el 50% de los establecimientos educacionales del país son subvencionados y el Estado invierte un poco más del 4% del PIB, por debajo del 7% que es la media internacional; el resto del gasto es de cargo directo de la población, con lo que se llega al 7% que exhiben los índices oficiales. Conjuntamente con lo anterior, se han desfinanciado las universidades públicas, y se las ha obligado a un autofinanciamiento que va en desmedro de su función social. El neoliberalismo impone una educación para una economía de sobreexplotación de recursos naturales, de escaso valor agregado y basada en la generalización del trabajo precario.

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49 Podríamos abundar en muchos otros aspectos sobre las consecuencias de la aplicación de este modelo, como la contaminación acelerada del medio ambiente, la usurpación de derechos sobre la tierra a las minorías étnicas y su no reconocimiento constitucional como pueblos, el incremento de la especulación financiera, la desigualdad profunda entre sexos, en desmedro económico, social y cultural de la mujer. El crecimiento de la delincuencia, la drogadicción, el empobrecimiento y desintegración cultural, el individualismo, la falta de solidaridad y seguridad, la criminalización y represión de la movilización social. Junto a ello, está la persistencia de la falta de verdad y justicia, en la inmensa mayoría de los casos de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados y otras víctimas de la dictadura de Pinochet instalada en Chile por el imperialismo norteamericano el año 1973.

El asunto es cómo avanzar en medio de esta instalación neoliberal y antidemocrática, bajo gobiernos de una inspiración ambigua, engañadora, que exhiben un aura de continuidad con las mejores tradiciones de la izquierda, pero que ya no es ni socialista ni portadora del ideario de Salvador Allende, que se han afincado en el poder con la misma institucionalidad que Pinochet se reservaba para asumir una nueva etapa de gobierno dictatorial y que además juegan con los miedos de la gente ante un eventual regreso al poder de la derecha más cavernaria, por lo tanto promueven el «voto útil», que les ha servido en cada oportunidad para desalentar a aquellos que están predispuestos a buscar una alternativa electoral al neoliberalismo. Ante esta situación, aparece como un aspecto central en el desarrollo de la política del PCCh establecer adecuadamente la contradicción principal del período, pues ello nos permite visualizar las fuerzas motrices, las alianzas y las formas de lucha que corresponden a este momento histórico concreto.

El carácter pactado del término de la dictadura tuvo como ejes principales la exclusión de la escena política de quienes durante 17 años estuvimos al frente de la lucha de masas por la democracia y la justicia social, y la postergación indefinida de los contenidos esenciales que movilizaron a millones de chilenos en la lucha contra la tiranía, para imponer el neoliberalismo, cuya base institucional es la antidemocrática Constitución pinochetista, que rige hasta hoy. Por ello hemos definido que la contradicción principal del período es entre neoliberalismo y democracia, y a la revolución democrática como objetivo histórico estratégico cuya vigencia se mantiene.

Acontecimientos que se han sucedido a partir del año 2003 recién empiezan a configurar una nueva etapa de movilización popular, entre ellos, el exitoso paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el 13 de agosto de ese año, que consolidó una plataforma antineoliberal en el Congreso Refundacional de la CUT. Las jornadas de conmemoración de los 30 años de la Unidad Popular, por su envergadura y la repercusión que alcanzaron entre los jóvenes, al conocer estos, al fin, masivamente la

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experiencia de ese proceso, han contribuido enormemente al despertar de las conciencias. Emergió en este período un movimiento de fuerzas de izquierda, articulado primero en el Juntos Podemos y después en el Juntos Podemos Más, que luego de obtener un 9,6% en las elecciones municipales, acordó un programa común de gobierno, una lista parlamentaria unitaria y una sola candidatura presidencial para las recientes elecciones nacionales. El resultado electoral del Juntos Podemos en las elecciones municipales es el triunfo político electoral más importante que ha logrado el Partido desde el fin de la dictadura.

Los días 20 y 21 de noviembre del año 2004 ocurrió otro hecho de masas relevante en el contexto del Foro de Cooperación Económica de Asia y del Pacífico (APEC), en torno al cual se desarrolló una protesta nacional y una marcha en Santiago de miles de personas que expresaron su rechazo al neoliberalismo y a Bush.

Una constante en este período ha sido la lucha por la verdad, la justicia y contra el punto final. Irrumpieron movilizaciones de centenares de miles de inquilinos deudores en mora, la acción ciudadana contra CELCO, Pascua Lama y La Farfana, proyectos económicos de alta contaminación, el repudio a la tragedia de Antuco, maniobras militares que significaron la muerte de decenas de conscriptos, las luchas del pueblo mapuche por su reconocimiento, las tierras y la libertad de sus presos. Es muy significativo el 7,4% nacional obtenido en las elecciones parlamentarias junto con las votaciones superiores a ese promedio en 10 distritos, y entre 10% y 23% en 4 distritos, pues fueron logrados a pesar del binominalismo, sin tener parlamentarios ni puestos de gobierno, con muchísimos menos recursos y acceso a los medios de comunicación, y luchando contra la percepción de que, dado el sistema electoral binominal, no resultaríamos electos cualquiera fuera nuestro esfuerzo.

Quizá el acontecimiento que remeció con más fuerza, a comienzos del año 2005, la conciencia y los sentimientos de millones de chilenos fue la participación del pueblo en el multitudinario homenaje a nuestra querida compañera Gladys Marín, en su funeral, hecho que amplió y profundizó el horizonte de nuestras miradas y las de muchos dirigentes sociales y políticos. Queda claro que el crecimiento de las fuerzas que plantean una alternativa al neoliberalismo no se puede medir solo en votos, sino, sobre todo, en su capacidad para desarrollar una política de transformaciones profundas en el movimiento popular. No será posible avanzar en nuestro objetivo histórico, la revolución democrática, si no se logra mayores niveles de organización y presencia de masas. Hay una directa relación entre los objetivos estratégicos y las transformaciones revolucionarias que se necesitan para un período determinado y la concepción del partido que debemos construir, convencido, activo y unido, parte integrante y decisiva de los

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51 procesos sociales en curso, para implementar a fondo nuestra política sin titubeos e inhibiciones.

En medio de dificultades, pero con notables avances, es posible afirmar que Chile ya no es el mismo de hace seis meses. Las fuerzas políticas y los movimientos sociales populares son actores crecientemente decisivos en estos días, y han abierto grandes posibilidades de erosionar la hegemonía de los sectores neoliberales. Como ejemplo de sus avances, basta citar las heroicas batallas de los miles de trabajadores del subcontrato de CODELCO contra la discriminación laboral; la lucha político-electoral de diciembre de 2005 que afianzó las posiciones del JPM; la posición táctica del PCCh respecto de la segunda vuelta presidencial, que permitió trastocar con un contenido democratizador lo que parecía una exclusiva disputa en el seno del bloque dominante y ha abierto paso a la constitución de un amplio entendimiento de partidos, movimientos, fuerzas sociales, personalidades e intelectuales que han acordado luchar por el cambio del actual sistema electoral binominal e incluso la posibilidad de realizar un plebiscito para tal objetivo, lo que ha potenciado las exigencias de los trabajadores para una real reforma del sistema previsional. Junto a ello se da como el hecho más relevante la irrupción del movimiento estudiantil que mostró al país la crisis e inequidad de una educación construida de acuerdo con los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

El nuevo gobierno, encabezado por Michelle Bachelet, no dejará de ser un gobierno neoliberal. Lo que ha ocurrido es que ante el descontento social creciente, el oportunismo de la derecha que ha usado tal descontento, y la expresión crítica y propositiva de la izquierda, la Concertación se ha visto ante la necesidad de un reposicionamiento. Esto es lo que explica que, por primera vez, en medio de contradicciones en su seno, se manifieste una cierta disposición a reconocer la necesidad de cambios y el legítimo papel de los movimientos sociales y fuerzas políticas excluidas, que impulsan demandas democráticas. Ante señales de agotamiento del modelo, la Concertación intenta una nueva rearticulación para su desarrollo en el tiempo. Se ha visto en la disyuntiva de mantener un modelo que empieza a mostrar fisuras no menores, o realizar cambios para su permanencia hacia el futuro. El surgimiento de un nuevo momento político en el país ha creado condiciones favorables para generar una convergencia de fuerzas sociales y políticas, incluidos sectores de centro, que, de distintas maneras y en diversos momentos, confluyan en el rechazo al neoliberalismo y se planteen un programa de profundas transformaciones democráticas y de justicia social para Chile.

Tras ese objetivo nos proponemos alcanzar un nuevo tipo de gobierno democrático, soberano y de justicia social, sustentado en una mayoría nacional activa y participativa. Esta es la meta principal para el período histórico que

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vivimos, y el camino para lograrlo es la unidad y la lucha de todo el pueblo, que marca este momento con la movilización creciente de distintos sectores sociales, lo cual se entrelaza con la formulación del paso táctico en la segunda vuelta presidencial, cuyo contenido programático y proyección ha aportado significativamente en el desarrollo de los últimos acontecimientos.

In document Algorithms for continuous queries: A geometric approach (Page 186-194)