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En Colombia hay una tradición de estudiar sólo aquellos conflictos con impactos fuertes a nivel de la rama o del movimiento sindical, pocos estudios abordan la comprensión de los conflictos cotidianos en el trabajo, en el sentido de preguntarse ¿quiénes, qué y cómo regulan los terrenos de interés en el centro del trabajo? (Arango & López, 1999, p. 18). De acuerdo con las autoras, la mayoría de estos estudios, centran su análisis en la regulación de terrenos de interés a un nivel general (salarios, prestaciones sociales), centrándose en las estructuras formales (leyes, organizaciones, contratos colectivos, cambios normativos). Es de destacar que la gran mayoría de estos estudios, realizan aportes históricos importantes y abordan temas como el papel del Estado y de los partidos políticos en el surgimiento y consolidación del movimiento sindical (Pécaut, 1973; Urrutia, 1969; Caicedo, 1971); el sindicalismo y la política económica (Gómez, Londoño y Perry, 1986; Cárdenas, 1990); las luchas sindicales (Archila y Delgado, 1995; Moncayo y Rojas, 1978); la estructura sindical, su relación con la legislación y la estructura económica (Osorio, s.f.; Jaramillo, 1994; Vanegas, 1996); entre otros (Herrán, 1981). Sin embargo, las autoras cuestionan que desde una perspectiva histórica, son pocos los estudios que combinan el análisis macro y microsociológico para reconstruir, por ejemplo, la identidad obrera (Archila, 1991) o la gestión empresarial y la caracterización social y cultural del trabajador industrial (Weiss, 1994, 1997).

En los últimos años, algunos estudios de caso han permitido aproximarse al mundo de las empresas: Arango (1991), Cárdenas (1996), Dombois (1990), López y Castellanos (1990), Weiss y Castañeda (1990), López (1997 a, b, c, d), Vásquez (1996); si bien estas investigaciones no tienen como foco de análisis las relaciones industriales, afirman Arango y López (1999), han permitido una comprensión importante de las relaciones laborales. Esta es quizás una de las razones por las cuales el estudio de caso ha venido ganando legitimidad en el mundo académico, ya que es en las empresas en donde se configuran las relaciones industriales, como resultados de procesos históricos, de prácticas sociales, costumbres, acuerdos e intereses de grupos que tienen momentos de encuentro y desencuentro, de conflictos y de consenso. Es importante entender que los estudios de caso ilustran relaciones sociales, con limitaciones, no es posible realizar generalizaciones cuantitativas, aunque permiten señalar ciertas tendencias. Si bien existen valiosos estudios sobre la temática, que han permitido comprender de manera parcial el régimen de relaciones industriales en Colombia (Bassan, 1981; Dombois y Pries, 1995), también es cierto que subsisten vacíos en el abordaje de las relaciones industriales a nivel microsocial y su interrelación con lo macrosocial (Arango & López, 1999). Esta es tal vez la razón por la cual la tendencia en los países latinoamericanos es apoyarse cada vez más en los estudios de caso como herramientas metodológicas que permiten ilustrar las relaciones sociales entre los actores, los terrenos de interés y las formas de regulación de los conflictos. No obstante, las autoras proponen la necesidad de acudir a otras herramientas metodológicas que permitan transcender la ilustración de la realidad que aportan los estudios de caso.

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Transformación de los sistemas de producción en Colombia. De acuerdo con Urrea (2010), a diferencia de otros países de la región, Colombia presentaba para los años cincuenta un modelo de sustitución de importaciones sin mayores reformas sociales que condujeran a una mejor redistribución del ingreso bajo la concepción de una sociedad incluyente. Este modelo se vuelca hacia el mercado externo que basado en el control del orden social socioeconómico, reproduce la polarización social excluyente. Unido a esto, la presencia de un conflicto armado en los últimos setenta años, configuran diferentes actores del conflicto que alteraron la demanda agregada de los hogares, el financiamiento de actividades inmobiliarias rurales y urbanas y la contrarreforma agraria, bajo la mirada complaciente de la alianza narcotráfico- paramilitares, de grandes terratenientes, de nuevos grupos industriales y de algunas empresas multinacionales (pp. 143-144). Para los años sesenta y setenta se incrementa la movilización sindical del país, representada en una industria manufacturera que en los setenta logra su mayor participación histórica porcentual en la formación del PIB total del país. Sin embargo en esta década se agota el modelo sustitutivo de importaciones, como consecuencia de la crisis de la balanza cambiaria. Así en este periodo, el presidente López Michelsen (1974-1978) inicia una reforma laboral que permite el pago de un salario integral que no diferencie entre pago por salario y pago por prestaciones sociales, facilitando la aparición de las primeras empresas de empleo temporal y de subcontratación de servicios en la industria manufacturera, organizadas por las mismas empresas del sector industrial colombiano. Rápidamente este régimen se extiende al sector comercio y al sector público, facilitando la aparición del contrato a término fijo (p. 150).

En relación con los productos de exportación y las grandes transformaciones productivas, Urrea (2010) afirma que la industria manufacturera tuvo un desempeño modesto respecto a las importaciones entre 1910-1914 y 1960-1964, entendiendo que entre inicios del siglo XX y la crisis de los treinta tuvo cierto dinamismo exportador (p. 151). Pero es hasta la mitad de la década de los sesenta y en la de los setenta que empieza a destacarse en las exportaciones, con el apoyo de subsidios públicos. Así entre mediados de los sesenta y mediados de los noventa las exportaciones de la industria colombiana sufren una profunda transformación. Los cambios económicos se profundizaron en los gobiernos posteriores al Frente Nacional hasta 1990, a pesar de la fuerte crisis económica de inicio de los ochenta (p. 151). Durante los noventa, se profundiza la contratación flexible de la fuerza de trabajo, a medida que se generaliza en los diferentes sectores la contratación a tiempo parcial, poco a poco la contratación con terceros empieza a ser más visible, a través de agencias temporales de empleo y empresas asociativas de trabajo. Esto tendrá fuertes repercusiones en las tasas de sindicalización en el país.

La violencia presente en Colombia durante todas estas décadas también ha generado cambios en las relaciones de trabajo en el país, afirma Urrea (2010). Con el desplazamiento forzado de más de tres millones de personas del sector rural al urbano, desde 1990, se ha transformado la propiedad agraria, el tipo de cultivos y de explotaciones ganaderas, impactando los servicios

sociales de las cabeceras municipales y los mercados urbanos de trabajo (p. 154). Las organizaciones sindicales y obreras, campesinas, indígenas y de afrodescendientes, han sido violentadas por grupos narco-paramilitares, por las fuerzas armadas y por la policía, incluso la misma guerrilla en su desprecio por movimientos políticos democráticos, han obligado a ciertos sectores a vincularse a su estrategia militar. De ahí que la caída de la tasa de sindicalización en el país no sea simplemente un efecto estructural socioeconómico, el debilitamiento del movimiento obrero y de asalariados de clase media ha estado signado también por el enorme peligro que corren quienes pertenecen a estos grupos, siendo más atacados sus líderes. Al respecto, Urrea (2010) muestra cómo para el año 2009 la tasa de sindicalización del país era del 4,2%, mucho menor a la tasa del año 1945, cuando alcanzaba el 4,7%, con 64 años de diferencia. Las diversas denuncias de los líderes sindicales a organismos internacionales desde la década del noventa confirman lo dicho por Urrea. Otro indicador de la debilidad del movimiento sindical en Colombia es la reducida cobertura que tienen en las convenciones colectivas de las empresas colombianas, afirma el autor.

Al analizar el comportamiento del PIB industrial desde 1990, Urrea (2010) concluye que las actividades de subcontratación industrial explican el aparente descenso del producto industrial. Ello unido a una “reestructuración productiva muy profunda que privilegia una transformación de la industria manufacturera hacia actividades de exportación, pero con un nuevo modelo industrial [...], en detrimento del mercado interior como fuente principal de la demanda agregada industrial” (p.159). Con el ingreso de las grandes superficies al mercado colombiano, se dio una mayor articulación de sectores de la industria de bienes de consumo con la cadena de valor de las grandes superficies, favoreciendo así la tercerización de las actividades industriales. Al analizar la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Urrea (2010, p. 163) propone “detenerse en la lógica de contratación y de la fuerza laboral industrial, así como los componentes de masa de salarios industriales y su participación en el valor agregado total industrial, al igual que otras variables industriales para entender el patrón de desarrollo manufacturero y la reestructuración productiva experimentada en las dos últimas décadas”. En dicho análisis el autor observa que hasta 1990 la subcontratación era relativamente marginal, sin embargo, a partir de 1995 se da un salto a más del 10% en personal subcontratado mediante terceras empresas, el cual llega a un nivel del 27,4% en el año 2007. Respecto al porcentaje de la masa salarial sobre el total del valor agregado industrial, entre 1960 y 1987 se mantiene cercano al 31%, sin embargo a partir de 1990 esa participación empieza a descender de forma alarmante, al 19,4% en 2005 y al 17,7% en 2007 (p. 163). Esa caída se entiende, si se tiene en cuenta que ese 17,7% solo representa una parte de la masa salarial pagada a los trabajadores directamente remunerados por la empresa. Otra parte sale vía subcontratación con terceros, en coherencia con el crecimiento de este subsector de la fuerza laboral industrial. Bajo este tipo de contratos, dependiendo de la intermediación laboral, los costos salariales pueden bajar, pues el componente prestacional es sólo el mínimo exigido por la ley laboral.

121 Aquí Urrea (2010) menciona el problema existente en relación con las CTA y los escándalos que se han presentado desde el 2005, pues estas organizaciones evaden el régimen prestacional, ya que bajo la figura cooperativa los trabajadores contratados mediante sus propias empresas quedan por fuera del marco jurídico laboral. El autor muestra cómo a medida que aumenta la escala de personal ocupado en la industria, crece la participación en el uso de la subcontratación externa mediante terceros (p. 166). Al sumar el personal temporal contratado por la empresa con el tercerizado, Urrea afirma que se alcanza un porcentaje mayor al 50% de todo el personal ocupado en los establecimientos industriales de más de 500 trabajadores. El autor encuentra una relación estrecha entre “tamaño del establecimiento según número de trabajadores, volumen de producción y el incremento en el uso de trabajo temporal, y especialmente, el trabajo tercerizado o subcontratado” (p. 167).

La especialización en ciertas ramas de la producción, la desintegración vertical y un mayor valor agregado de materias primas importadas, están íntimamente relacionadas con la estrategia de tercerización que permite desconcentrar las actividades industriales y reducir las plantas de producción (Amézquita, 2008). Así la reestructuración “ha permitido la aparición de una economía industrial de pequeñas y medianas plantas maquiladoras, gracias a las nuevas generosas exenciones tributarias durante el gobierno de Uribe” (Urrea, 2010, p. 168). En estos espacios de producción singulares y funcionales, como afirman Bermúdez y Van Der Huck (2007) se generan empleos no calificados o semicalificados, de baja remuneración en su mayoría con mujeres cabeza de familia, mientras los trabajos calificados y mejor remunerados son cubiertos por profesionales de la ciudad. Esas empresas “siguen los esquemas de subcontratación y temporalidad mediante agencias de empleos temporales, como estrategia para el disciplinamiento laboral y la formación de la mano de obra en actividades maquiladoras multidiversas” (Urrea, 2010, p. 170).

En las últimas cuatro décadas Urrea (2010) observa una “transformación de la fuerza de trabajo soportada en una dinámica de tercerización de las actividades económicas, aunque no todos los servicios son modernos o capitalistas, pues supervive y se recrean formas precarias en el campo de los servicios personales de muy reducida productividad” (pp. 174-175). A partir de identificar las grandes transformaciones que ha experimentado la clase obrera colombiana en los últimos cuarenta años, el autor configura cinco etapas de evolución de la estructura socioproductiva colombiana (Tabla 13).

Tabla 13. Transformaciones experimentadas por la clase obrera colombiana en los últimos 40 años

Periodo Características

1964 Fase de sustitución de importaciones con una clase obrera que predomina en ocupaciones artesanales, lo que _{explica de alguna manera la consolidación de la industrialización sustitutiva.} 1978

Pleno desarrollo de la capa obrera industrial no calificada, al igual que la de los operarios calificados (supervisores industriales, obreros operadores de máquinas y ensambladores). Junto a la reducción de la capa de asalariados artesanales. Pico de la sustitución de importaciones.

Mediados de

procesos industriales específicos de empaque y terminados, entre otros. Finales de los

noventa Fuerte recuperación de obreros en ocupaciones artesanales y caída de los obreros no calificados. Al tiempo se verifica un incremento significativo de la capa de operarios calificados. 2003 Estabilización de los tres grupos obreros, con una distribución cercana cada uno a la tercera parte.

Fuente: elaborado a partir de Urrea (2010, pp. 177-178).

De acuerdo con Urrea (2010, p. 178) “la caída del empleo obrero industrial no calificado va a ser compensado entre 1997 y 2003 por el incremento de los empleos bajo la modalidad de obreros artesanales, atomizados en pequeñas unidades productivas, articuladas a las cadenas de grandes firmas económicas industriales y de los servicios”. En el mismo periodo de análisis, se verifica una caída del empleo de operarios calificados, lo cual explica a partir de los incrementos de producción generados por la adquisición de nuevos equipos y procesos de reorganización del trabajo (p. 178).

Transformación de las relaciones de trabajo y de la regulación laboral en Colombia, 1990- 2008. Para Lenis (2007) la década del noventa del siglo XX constituye un punto importante de inflexión para analizar las transformaciones en el campo laboral. La mundialización de la economía fue visible durante esta década, generando nuevas dinámicas y retos para los empresarios que debían mantenerse en un mercado global altamente competitivo. “Esta dinámica ha configurado un nuevo modelo de empresa que cambió el contenido y la forma de trabajo, toda vez que organiza la producción conforme a criterios de descentralización basados en la tecnología y la comunicación” (p. 161). Este proceso de cambio trajo efectos en el trabajo, en los trabajadores y en la regulación laboral del país. Estas transformaciones vividas por la sociedad colombiana, están relacionadas, con la apertura comercial, la Constitución Política (1991) y el escalamiento del conflicto armado entre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas y de policía (Urrea, 2010).

Con la llegada al poder del presidente Uribe, se cierra toda puerta de diálogo con la guerrilla, quien junto a las fuerzas irregulares de extrema derecha, incrementan el conflicto armado. Así bajo este gobierno se da un fuerte impulso a “las lógicas de desarrollo capitalista desregulado, bajo el control del gran capital financiero y transnacional” (Urrea, 2010, p. 192). Este gobierno “desvertebra a nivel institucional el modelo clásico de relaciones salariales con la eliminación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el de Salud, fusionándolos en un nuevo organismo, de acuerdo a los nuevos cánones del Banco Mundial de la teoría del riesgo social y la vulnerabilidad de determinados grupos sociales, el Ministerio de Protección Social” (p. 192). La desregulación laboral utilizada como política institucional de este gobierno, junto al asesinato de líderes sindicales y sociales de manos de los grupos paramilitares o de organismos de seguridad del Estado, termina debilitando el movimiento sindical y facilita la generalización de nuevas modalidades de contratación en el sector privado y público del país, donde las CTA, los contratos sindicales y la extensión en otros casos de agencias de intermediación laboral o empresas temporales de empleo especializadas, juegan un papel importante (pp. 192-193). Desde los años setenta el trabajo se impone a través de las empresas temporales, bajo un

123 esquema rígido y regulado por el Estado, sin embargo, las reformas laborales de 1991 y 2002, serán determinantes en la flexibilización externa de la fuerza de trabajo, lo que facilita la alta rotación de mano de obra (p. 193).

Para Urrea (2010) la profundización de la desregularización laboral en Colombia se da en los últimos veinte años, debido a condiciones relacionadas con: una “tendencia hacia una intensa polarización de las remuneraciones en relación con los mayores niveles de calificación según credenciales de posgrado”, en relación con una “reducción de las diferencias salariales entre los trabajadores no calificados con estudios de educación básica completa y los de educación superior incompleta o apenas con credenciales de pregrado o estudios técnicos-tecnológicos”, al tiempo, una “relativa moderación de los diferenciales salariales por género sin que tiendan a reducirse significativamente al controlar diversas variables como educación, ciclo de vida, condición étnica-racial, estado civil, etc.” (p. 194). En consecuencia, para el autor los niveles educativos aumentaron en la fuerza de trabajo, al tiempo, el empleo femenino siguió creciendo, pero no bajo las mismas condiciones del empleo masculino. En la misma línea, los empleos más precarios y de sobrevivencia quedaron relegados para la población laboral menos calificada.

Colombia es uno de los países de la región latinoamericana con mayores tasas de desempleo abiertas, altas tasas de informalidad y de subempleo, junto a uno de los índices de Gini más altos de la región, siendo Antioquia la región más representativa. Este fenómeno está asociado a un comportamiento cada vez más desigual del mercado de trabajo, afirma Urrea (2010), a la reducción de impuestos a los diferentes sectores empresariales y terratenientes durante la administración Uribe, al efecto de la contrarreforma agraria de las tres últimas décadas y a la grabación de los salarios de la clase media y baja trabajadora en el gobierno actual. En otras palabras, no sólo se ha precarizado el empleo, sino que se ha debilitado la estructura sindical presente en las instituciones de este país. De hecho, las dos últimas décadas “marcan una caída dramática de la tasa de sindicalización a los niveles más bajos de los últimos 50 años” (p. 196). Sin embargo, el autor reconoce la aparición de nuevas formas de resistencia de los trabajadores, lo que suena paradójico es que es que surgen a través de las CTA, que en el caso del paro de corteros del sector azucarero, generaron cambios en la modalidad jurídica creada por las propias empresas (segundo semestre del 2008).

Con la ampliación de la privatización de los bienes públicos en todas las esferas del Estado; la profundización de la heterogeneidad del sector industrial y de otras ramas de la actividad económica; un fuerte incremento en la inversión productiva junto a la renovación y construcción de nuevas plantas industriales en varios sectores de la producción; el aumento de la producción de bienes y servicios orientados a la exportación; la estrategia del sector privado de apuntalar varios tratados de libre comercio TLC con países de la región; todo ello junto a una combinación de varios modos de regulación de la fuerza de trabajo, desde la presencia de organizaciones sindicales hasta la desregulación salarial completa, que no permite hablar en

Colombia de un solo modelo de regulación y de gestión de la fuerza del trabajo, ya que se encuentra fácilmente un taylorismo más flexible en la asignación de tareas de producción, junto a un fordismo con formas polivalentes, y manifestaciones de toyotismo con manufactura esbelta (Urrea, 2010, pp. 196-197). Esa combinación de prácticas de gestión laboral han sido útiles para responder al modelo de expansión del modelo industrial maquilador presente en las zonas francas.

La firma de tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos estuvo detenida por las denuncias relacionadas con el cumplimiento de derechos humanos y la investigación de asesinatos de actores sindicales y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrodescendientes, campesinos, estudiantes, jueces, entre otros grupos vulnerables de la sociedad civil. Se denunciaron problemas de competencia desleal por las formas de contratación de las CTA, por fuera de la ley laboral colombiana. Las negociaciones se dieron en medio del resurgimiento de los conflictos obrero-patronales, con el levantamiento