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2.1 Primary Teaching
Este período se caracterizó por dos hitos institucionales
destacables: la creación en la Facultad del Departamento de Investi- gación Científicaen el año 1991, bajo el decanato del Dr. Pablo Reca (1989-1992) y de la Secretaría de Investigación Científica, en el de-
canato de Juan José Valentín Mosca (1992-1995); ambos hechosmar- caron un cambio con respecto a la institucionalización de la investiga- ción, aunque no alcanzaron para que la misma llegara a adquirir rele- vancia en esta Facultad, donde siguió primando el perfil profesional, con una docencia primordialmente vocacional según se desprende del sentido que los docentes entrevistados le dieron a sus prácticas áulicas. Otro hecho destacado fue la reedición de la Revista Anales en 1995, con el proyecto de su publicación anual comprendiendo los trabajos de «nuestros juristas y sociólogos, así como de los extranjeros con los que mantenemos una relación docente» (Domenech, 1997: 188), según re- solución del decano Miguel Ángel Marafuschi.16
En 1997 se realizaron las «Jornadas sobre Investigación en la Fa- cultad», por primera vez luego del regreso a la democracia. El produc- to de las mismas se mostró en la Revista Anales de ese año, en la cual el Dr. Marafuschi dijo:
el desafío de nuestra investigación es repensarnos. Diseñar nuestros abogados posibles, ser inclaudicables con la crea- tividad y rigor sistemáticos necesarios para alcanzarlos. Virtudes que deben cultivarse en el grado académico para que luego no sea un padecimiento para los justiciables. (Domenech, 1997: 188)
Cabe destacar que, a lo largo de los noventa y de la presente década y a pesar de las dificultades económicas que la mayoría de los Institutos ha atravesado, se ha consolidado su labor, destacándose los siguientes, actualmente, por su producción: Relaciones Internacionales, Integra- ción Latinoamericana, Derechos Humanos, Cultura Jurídica, Derecho Penal, Derechos del Niño, Política y Gestión Pública, Derecho Social (del Trabajo y de la Previsión); Derecho Político y Constitucional, Dere- cho Procesal, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Comer- cial y Derecho Notarial y Registral. La mayoría cuenta con especializa- ciones o maestrías, así como también con líneas de investigación, algu- nas subsidiadas por la UNLP.
16. Se nombra Director al Profesor Emérito Dr. Osvaldo Máximo Bezzi y colaboran en el primer número de la reedición Eduardo García Enterría, catedrático español de Derecho Administrativo y Bernard Schwartz, iuspublicista de las Universidades de Harvard, Nueva York y Tulsa (Oklahoma), de EE. UU.
El proceso de creación de programas destinados a la investigación universitaria tuvo un alto impacto en la conformación académica de las carreras, particularmente en las Ciencias Sociales y Humanidades donde esta dedicación estaba menos institucionalizada.
En el caso del Derecho, la caracterización de este planteo nos obli- ga a detenernos en la particularidad de la profesión jurídica. Ésta nutre diversos oficios que no siempre se reconocen como provenientes de una misma carrera (profesional independiente, integrado a una empre- sa, defensor público, asesor parlamentario, juez, etcétera). Sin dudas, existe una hegemonía de la representación social del abogado como profesional liberal (el modelo litigante) y, en las antípodas, la carrera de investigador es una de las vías menos visibles para este campo.
Sin embargo, en la FCJyS de La Plata, la implementación del Pro- grama de Incentivos coincidió con el aumento exponencial de egresados, hecho que, al agravar aún más la dificultad de inserción laboral en los espacios tradicionales, volcó el interés de muchos do- centes abogados a la participación en investigaciones, para lo cual intentaron bucear dentro de sus disciplinas y sus formaciones en bus- ca del modo de responder a las exigencias burocráticas de la «nueva posibilidad de inserción laboral».
El aumento de la actividad de investigación17 y la consolidación de sus instancias institucionales, no necesariamente generaron algún im- pacto hacia un modelo de formación jurídica diferente. Desde este punto de vista, los autores coinciden en que, al contrario, a lo largo de los años se estableció un modelo determinado de profesional que po- dría describirse como preparado para litigar, contender, pleitear, pero no para integrar o componer a las partes en litigio. Durante la carrera, se aprenden reglas, principios, instituciones, normas y formas de apli- carlas; dejando de lado la contextualización histórico-social de las instituciones jurídicas, se pondera la repetición de normas formales y anécdotas de la actividad procesal (Gerlero, 2006). Incluso, en las
17. De todos modos, habría que analizar las últimas tendencias. En el año 2005 ha descendido a la mitad la cantidad de Proyectos acreditados y de los 95 docentes que se presentaron para ser categorizados en el último llamado, 55 lo hacían por primera vez, de los cuales 22 no recibieron categoría alguna.
últimas décadas, se verificaría una tendencia de claro retroceso de aquellos espacios curriculares orientados a la formación general y crí- tica, la cual permitiría relacionar el Derecho con la vida social en su conjunto (Cardinaux y González, 2006).
Uno de los problemas que se suma a la presencia de la investiga- ción en el campo del Derecho tiene que ver con cuestiones epistemológicas; no es un hecho menor que éste presente complejida- des que hacen difícil su ubicación como disciplina: ¿es una ciencia social o es una ciencia prescriptivo-normativa?, ¿se refiere a la pres- cripción de conductas concretas esperadas o deseadas por el conjunto social y es, por lo tanto, una disciplina autónoma que regula los com- portamientos que deben ser?, ¿o, simplemente, es una acumulación de disposiciones, leyes, sentencias, reglas, que son productos socia- les? Según desde qué perspectiva lo asumamos, si desde el deber ser o desde el ser, serán los desafíos a superar a la hora de producir y ejecutar los estudios o investigaciones.
Finalmente, es posible relacionar la investigación con la extensión. Desde el año 1999 algunos docentes-investigadores sumaron a su actividad cotidiana la participación en proyectos de extensión univer- sitaria en los que han confluido con alumnos y profesores de diferen- tes unidades académicas, produciendo desde la acción la necesidad del cruce de saberes para la intervención comunitaria. Este hecho casi fortuito ha llevado a fomentar lo interdisciplinario también en la investigación, acrecentando la colaboración de expertos de otras dis- ciplinas en los estudios desarrollados en la FCJyS, incorporando, por ejemplo, la etnografía, método de investigación social, en la observa- ción del fenómeno jurídico.
En este sentido, la acción comunitaria ha permitido retomar pre- guntas transformándolas en interrogantes de nuestras investigaciones y en aportes para la enseñanza. Sólo a título de ejemplo, podemos mencionar la investigación en ejecución denominada «Acceso a la justicia. Las estrategias de los pobres frente a los conflictos en barrios de La Plata y Gran La Plata»18 que ha recogido la pregunta sobre
18. Investigación dirigida por Olga Salanueva y codirigida por Manuela G. González (período 2005-2008) Programa de Incentivos Ministerio de Educación-UNLP.
cómo hacen los pobres para resolver sus problemas cuando no los llevan a la justicia, cuestionando el alcance de la expresión «acceso a la justicia».
Sin embargo, ni el Programa de Incentivos, ni la oportunidad de que la investigación abriera el campo jurídico estableciendo un diálo- go con la comunidad mediante la extensión, fueron suficientes para generar una política de investigación que sirviera para nutrir la do- cencia y para establecer lazos con las tareas de extensión. Así, la do- cencia sigue liderando el presupuesto y las políticas educativas, des- conectada, en la mayoría de las cátedras, de la producción en investi- gación y en extensión. Cabe aquí preguntarse, como lo hace Krotsch (2001), si es posible instalar, y bajo qué condiciones, sistemas de innovación y cambio sustentables: en este caso, la consolidación de la investigación en la FCJyS.