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2.4 Professional Development
La última de las tres crisis enunciadas por Sousa Santos es la cri- sis institucional, que es
resultado de la contradicción entre la reivindicación de la autonomía en la definición de valores y objetivos de la uni- versidad y la presión creciente para someterla a criterios de la eficiencia y la productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social. (2005: 16)
Ya hemos dicho que la autonomía universitaria, si bien reconocida y garantizada legalmente, es una autonomía sui generis en tanto la universidad depende económicamente del Estado que la financia. Y no han sido pocas las presiones en el último tiempo para que la uni- versidad se autofinancie total o al menos parcialmente.15
La década del noventa nos ha dejado como legado una redefinición de la relación entre el Estado y el mercado sobre la que nada nuevo podemos decir aquí, salvo que las universidades tienden a adecuar sus programas y sus credenciales a este último, al que supuestamen- te proveen de profesionales. Ésta es una presión fuerte que reciben del mismo y que, en los claustros académicos, resulta particularmen- te potente sobre los estudiantes, que suelen percibir que los títulos que se les otorgan no los habilitan para desempeñarse exitosamente en el mercado laboral al que aspiran a ingresar. Dado que el Estado obtiene sus recursos de éste, es evidente que la adecuación de las credenciales universitarias a los requerimientos del mismo podría traer beneficios al Estado. Pero en América Latina hace ya mucho tiempo que sabemos que este efecto de devolución suele encontrarse con muchos obstáculos.
En el caso de la formación de los abogados, como en el de la de los médicos y otros profesionales implicados en la atención de servicios básicos que el Estado debe garantizar, podemos establecer que lo que
el mercado pide no necesariamente es lo que conviene al grueso de la población en términos de ampliación de la prestación de tales servi- cios. Por otra parte, las demandas del mercado suelen ser un eufe- mismo que esconde las voces de grandes empresas o las volátiles demandas de un sector determinado al que caprichosamente se erige en representante del mismo.
Si las universidades públicas recuperan su autonomía, esto tal vez suponga que vuelvan a definir sus propios valores y objetivos, aten- diendo a un proyecto a largo plazo que incorpore a la nación, la región o un ente menos global que aquél proveniente de los modelos acadé- micos de aquellos países centrales que traen sus ofertas educativas a nuestra región. Como sostiene Sousa Santos (2005):
el nuevo contexto global exige una total reinvención del proyecto nacional, sin el cual no podrá haber reinvención de la universidad…[N]o hay nada de nacionalismo en esta exigencia. Sólo hay la necesidad de inventar un cosmopo- litismo crítico en un contexto de globalización neoliberal agresiva y excluyente.
Ese «cosmopolitismo crítico» traerá aparejada una nueva asigna- ción de funciones a los abogados formados por las universidades nacionales. A diferencia de los que actualmente forma, quienes no
se distinguen de los egresados de las instituciones privadas, y que por lo tanto no hacen una sustantiva contribución a aquello que Ihering llamaba hace ya mucho tiempo la «lucha por el derecho», una universidad pública autónoma, debería ser capaz de asignarles funciones dirigidas a promover el reconocimiento de derechos, la instauración de nuevos sujetos de derecho, la provisión de derechos que no son efectivamente brindados por quienes están obligados a hacerlo. Es evidente que esta redefinición del proyecto institucional de las Facultades de Derecho, que depende de una transformación de los de las Universidades a las que pertenecen, no es nada senci- llo en el contexto de una sociedad fuertemente fragmentada. Pero estas dificultades seguramente no serían insalvables si los agentes sociales que definen la política universitaria determinaran que el cambio es necesario, porque, así como en la conocida expresión de Radbruch (1999), «la extrema injusticia no es derecho», en una so- ciedad extremadamente injusta, parece irrazonable que empece- mos a hablar de derecho sin antes dar cuenta de la necesidad de promover la igualdad.
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