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Las Leyes de Protección Familiar de 1967 y 1975 aumentaron la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para las mujeres y 20 para los hombres. El derecho al divorcio, que había sido monopolizado por el marido, debía ser decisión de los tribunales. En circunstancias similares, tanto hombres como mujeres podían presentar una demanda de divorcio a los tribunales. Las condiciones para que cualquiera de los cónyuges pudiera solicitar el divorcio estaban: maltrato, enfermedad incurable, locura, adicción, pena de prisión de más de cinco años, negativa de la esposa a servir (sexualmente) a su marido, y o infertilidad de la esposa o esposo. Los tribunales determinaban quién tendría la custodia de los hijos y si sería más beneficioso para el niño vivir con su madre o padre. El monto de manutención a ser pagado era establecido por los tribunales. El padre era el responsable de mantener a sus hijos a menos que se declarara financieramente incapaz de hacerlo, en cuyo caso, la madre debería hacerse cargo. El padre era el responsable de manejar las finanzas de su hijo; sin embargo, si este muere o en caso de incapacidad, los tribunales podían designar a la madre o al abuelo paterno como tutor del niño. Antes de la ratificación de la Ley de Protección de la Familia de 1975 el hombre podía casarse cuatro veces y tener varios matrimonios temporales. Con la aprobación de esta ley, el marido podía tener una segunda esposa únicamente con el permiso de los tribunales y después

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de obtener el consentimiento expreso de su primera esposa. Además, era necesaria una razón válida frente a los tribunales para obtener este permiso. Al mismo tiempo, la mujer recibió el derecho a divorciarse de su marido en caso de que él tomara una segunda esposa. Es decir, que el matrimonio con una segunda esposa constituía causa suficiente de divorcio (KHORASANI, 2008).

El movimiento de reforma de las mujeres experimentó ganancias que iban más allá de la libertad de expresión. La cláusula 1169 del Código Civil pre- revolucionario, por ejemplo fue declarada ilegítima por parte del Estado a pesar de la oposición de algunos clérigos religiosos. Como resultado de esta declaración, las mujeres cuyos cónyuges mueren reciben el status de padres, lo que les permite hacerse cargo de la crianza de los hijos; sin embargo, ellas todavía no podían obtener la custodia oficial si otro tutor masculino estaba disponible; como es el caso del abuelo o tío del niño. En 1989, las restricciones para que las mujeres ingresen a campos de estudio como la geología y la agricultura fueron levantadas; las “cuotas” de entrada fueron abolidas en las áreas de medicina, paramédicos, y algunos campos de ingeniería; y las cuotas para mujeres en algunos temas técnicos e industriales fueron expandidas (USMAN, 2012).

A comienzos de la década de los 90, los debates de género que fueron reprimidos después de la revolución reaparecieron y algunos elementos de la Ley de Protección Familiar, que había sido rechazada, volvieron. Esto ocurrió como resultado de la acción de las mujeres al demandar a los clérigos progresistas que emitieran nuevas opiniones y de mujeres parlamentarias que introdujeron nuevos proyectos de ley. Además, la prensa comenzó a difundir información acerca de la situación de las mujeres en el matrimonio para ejercer presión sobre el gobierno. Como el sistema político no toleraba ningún argumento con bases seculares, la restauración de las reformas tenía que estar justificada en términos fiqh (ciencia que estudia la Sharia en general) y el activismo femenino tenía que usar lenguaje y retórica islámicos (MIR- HOSSEINI, 2007).

En 1997, después de la elección de Khatami como presidente, la atmósfera política se relajó y surgió una prensa vocal y vibrante, aunque aún frágil. La victoria de Khatami dio lugar a un movimiento reformista popular que buscaba un cambio

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en la República Islámica que consistía en pasar de los elementos teocráticos a los democráticos. Comenzó una lucha de poder dentro de la élite gobernante en la que se enfrentaban los conservadores, quienes insistían en el mantenimiento de la construcción ideológica del islam intacto, con los reformistas, que trataban de reconciliar el islam con la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género. Por alrededor de ocho años existió un “doble estado” en la presidencia de Khatami debido a esta división de poderes, en la que el Consejo de Guardianes y la Corte Suprema de Liderazgo, identificados con el lado islámico del Estado, ejercieron su influencia evitando que el Parlamento elegido, el Presidente y los consejos locales promulgaran las reformas prometidas (MIR- HOSSEINI, 2007).

Entre los años 1997 y 2003 las elecciones dieron a los reformistas la victoria, pero sus oponentes utilizaron con éxito el poder de las instituciones teocráticas para frustrar sus iniciativas. El Sexto Parlamento (2000-2004) presentó treinta y tres proyectos de ley para corregir las discriminaciones que las mujeres enfrentan en el matrimonio y la sociedad, incluida la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pero todos los proyectos fueron rechazados por el Consejo de Guardianes, que tiene poder de veto sobre el Parlamento, o se aprobaron después de haber eliminado todo su contenido progresista. Al no poder cumplir sus promesas electorales, los reformistas perdieron el apoyo del pueblo. En las elecciones del 2003 y 2004, las fuerzas teocráticas recuperaron los ayuntamientos de la ciudad y el Parlamento, y en el 2005 pusieron un fin al “doble estado” cuando uno de sus candidatos, Mahmoud Ahmadinejad, fue elegido como Presidente. Desde su elección, las reformas concernientes a la política de género y la ley familiar entraron en una nueva etapa con la radicalización de las demandas de las mujeres y un incremento del activismo femenino (MIR- HOSSEINI, 2007).

A pesar de lo señalado anteriormente, después de la Revolución Islámica Irán intentó invertir los retrocesos que tuvieron lugar en lo referente a la igualdad de género. Sin pre- púber si el hombre declaraba que era para el mejor interés de la mujer (HTUN Y WELDON, 2011).

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Uno de los graves problemas de las mujeres iraníes es el del matrimonio con extranjeros. En los artículos 976 y 964 del código civil iraní se establece que cuando una mujer iraní se casa con un hombre extranjero, esta no puede transferir su nacionalidad a los hijos de su marido, mientras que todos los hombres iraníes pueden hacerlo. Cuando un hombre iraní se casa con una mujer de otro país, ella obtiene automáticamente la oportunidad de tener un pasaporte iraní y ser reconocida como ciudadana. En el Sexto Parlamento (2000- 2004), los reformistas diseñaron un plan legal para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en este sentido. Sin embargo, bajo la influencia de las tradiciones y tomando en consideración la proximidad de Afganistán, el Parlamento Reformista (2004- 2008) lo rechazó (KOOLAEE, 2012).

En el 2008 se modificó una nueva propuesta de ley de la familia como resultado del activismo femenino. En el 2007 se presentó el Proyecto de Ley de Protección Familiar, mismo que fue introducido al Majlis (Parlamento), durante el gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Con el pretexto de mejorar la resistencia y la estabilidad de las familias iraníes, el proyecto de ley hacía que la posibilidad de divorciarse sea más difícil para las mujeres, al tiempo que aumentaba su dependencia de los hombres en el aspecto financiero. Entre las disposiciones más controversiales del proyecto de ley estaba imponer impuestos a las dotes, penalizar el matrimonio de una mujer iraní con un hombre que no fuera iraní, y hacía que las prácticas de la poligamia y sigheh (matrimonio temporal) fueran mucho más accesibles para los hombres (IRAN ROOYAN, 2012).

Los activistas argumentaban que la legislación propuesta contenía numerosos artículos que revertían los logros alcanzado en años anteriores por los líderes de los derechos de las mujeres y perjudicaban la situación de la mujer iraní en la familia. Antes de que se llevara a cabo la votación en el Parlamento, alrededor de 100 defensores de los derechos de la mujer irrumpieron en el edificio del Parlamento para manifestar su descontento. Debido a que las manifestaciones masivas son consideradas ilegales en el país, las mujeres ingresaron gradualmente en grupos de tres o cuatro hasta que se presentaron en masa para expresar sus críticas al nuevo proyecto de ley. Como resultado, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión Jurídica para su revisión y se aplazó la

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votación. Algunos días después, el Ministerio de Justicia anunció que se había modificado la ley con la eliminación de los Artículos 23 y 25. El artículo 23 haría más fácil la poligamia a los hombres, quienes necesitan obtener el permiso de su primera esposa para casarse con la segunda. El artículo 25 habría establecido un impuesto al mehr de la mujer, la suma de dinero que el novio entrega a la novia y que es considerado como una protección para la mujer contra el divorcio arbitrario por parte de su esposo. Sin embargo, la organización de Mujeres Viviendo Bajo Leyes Musulmanas no quedó satisfecha con la adaptación de la legislación, incluso sin estos dos artículos, ya que no provee de mayor igualdad de género (WOMEN LIVING UNDER MUSLIM LAWS NETWORKERS, 2008).

En la época correspondiente al Séptimo Parlamento o Parlamento Reformista, se cambió la ley respecto al trabajo de las jueces mujeres, pero sin permitirles trabajar por su cuenta, deben desempeñar sus labores siempre bajo el auspicio de jueces hombres. Se formaron secciones en los tribunales de justicia donde obligatoriamente deben estar presentes mujeres, pero no pueden trabajar de manera independiente aún (KOOLAEE, 2012).

En el año 2009, la comunidad por los derechos de las mujeres obligó a los candidatos a articular cuidadosamente sus posiciones alrededor de los derechos de la mujer. La Coalición del Movimiento Femenino para Exponer Demandas en la Elección hizo dos demandas fundamentales a los candidatos presidenciales: primero, que Irán ratificara la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y segundo que traten de eliminar todas las leyes discriminatorias contra la mujer y especialmente, que revisaran y enmendaran los artículos 19, 20, 21 y 115 de la Constitución con el objeto de incluir el principio de equidad de género incondicional. Los activistas asistieron a los procesos electorales y distribuyeron literatura con información acerca de las demandas (IRAN HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER, 2010)

Tres de los cuatro candidatos se pronunciaron sobre las cuestiones que les interesaban a las mujeres de todos los orígenes al reconocer el potencial electoral de ese segmento del mercado. El candidato reformista Mir- Hossein Mousavi creó un plan detallado para promover la igualdad de género a través de medidas que

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incluían la ratificación de la Convención antes mencionada y un mayor acceso a la educación superior y campos profesionales para las mujeres. El candidato Mehdi Karroubi emitió una declaración en este año, comprometiéndose, entre otras cosas, a examinar las leyes discriminatorias, asegurar a las mujeres la capacidad de ocupar cargos de toma de decisiones en el gobierno y poner en práctica la Convención. El tercer candidato, Mohsen Rezai prometió nombrar ministras, ofrecer sueldos a las amas de casa, promover las organizaciones de mujeres y facilitar la distribución equitativa de oportunidades para hombres y mujeres (IRAN HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER, 2010)

3.2.2 Respuestas y reacciones del clero conservador y las autoridades políticas