RQ8.1: WDPB Identification

El 27 de marzo de 2003, los representantes de las jurisdicciones provinciales, suscribieron el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), como ámbito de discusión, concertación y coordinación de la política hídrica en el que participan las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la SsRH.

El 17 de setiembre de ese mismo año el COHIFE suscribió el Acuerdo Federal del Agua y los Principios Rectores de Política Hídrica, y se acordó elevarlos al Congreso Nacional para materializar una normativa a través de una ley Marco Nacional de Política Hídrica. En esa oportunidad, cada integrante del organismo se comprometió a compatibilizar e instrumentar dichos principios en las políticas, legislaciones y la gestión de las aguas de sus respectivas jurisdicciones.

El 31 de marzo de 2006 la VI Asamblea del COHIFE aprobó la propuesta de proyecto de ley elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos para que el COHIFE participe en la formulación y el seguimiento estratégico de la Política Hídrica Nacional. Dicho proyecto fue firmado por los representantes de las distintas jurisdicciones y presentado ante el Congreso Nacional como iniciativa del Poder Ejecutivo.

Esta iniciativa se acompañó, además, de la aprobación de los Principios Rectores de Política Hídrica.

La adopción de los Principios Rectores facilita no sólo avanzar hacia un desarrollo armónico del recurso hídrico sino también disminuir los eventuales conflictos derivados de su uso, e incluso facilitar la resolución de los mismos. La materialización de estos principios en acciones sustentables y eficientes requiere del apoyo participativo de la comunidad hídrica en su totalidad y de un férreo compromiso del sector político, en el entendimiento que del manejo inteligente de las aguas depende la vida y la prosperidad de nuestro país (COHIFE, 2003).

Fundamentos del Plan Nacional Federal. Sobre la base del consenso que existe en las autoridades del agua de todas las jurisdicciones argentinas, plasmados en los Principios Rectores de la Política Hídrica, PRPH, es posible plantear la formulación de un plan nacional que se compatibilice con las planificaciones provinciales, sectoriales y por cuencas, y que coordine los distintos planes que se generen. Tal coordinación tiene por objetivos: (i) lograr la mayor coherencia posible en los criterios empleados para formular esos planes; (ii) asegurar que en su formulación se haya intentado conciliar los enfoques que surgen de una visión de conjunto con las visiones locales; (iii) estimar y evaluar en forma conjunta los recursos necesarios para lograr los objetivos que se acuerde establecer. En particular, la estimación y evaluación de los recursos necesarios proveerá una orientación muy valiosa a todas las organizaciones públicas y privadas que actúan en los sectores Agua y Ambiente. Esos recursos abarcan tanto los recursos hídricos y ambientales, como las capacidades de los recursos humanos y de las organizaciones existentes.

El abordaje debe ser participativo y dinámico. Que sea participativo es necesario por la organización política federal del país, pero también por la naturaleza de la GRH que, por la complejidad de las interrelaciones físicas y sociales, requiere de la participación de los niveles locales en los procesos de toma de decisiones.

Que sea dinámico es necesario por la incertidumbre que también es característica de los sistemas complejos, lo que obliga a planificar por etapas, de

manera de poder revisar periódicamente las acciones que integran los planes, con el fin de ajustarlas a hechos que no pudieron ser previstos.

El Plan Nacional Federal es una herramienta básica de la gestión que permitirá el uso del recurso hídrico, con vistas al desarrollo económico y social de la Nación, tanto de las aguas superficiales como subterráneas, y de los ecosistemas acuáticos y terrestres directamente dependientes de ellas, asegurando su aprovechamiento ambientalmente sostenible en las cuencas hidrográficas correspondientes.

De esta manera se entiende que la formulación del Plan Nacional Federal se orientó a compatibilizar las acciones contempladas en las planificaciones provinciales, regionales, sectoriales y por cuencas.

Se estableció también que el Plan Nacional Federal tiene como objetivos:

• Lograr la mayor coherencia posible en los criterios empleados para formular esos planes.

• Asegurar que, en su formulación, se hayan intentado conciliar los enfoques que surgen de una visión de conjunto con las visiones locales.

• Estimar y evaluar en forma conjunta los recursos necesarios para lograr los objetivos que se acuerde establecer.

Los principios generales considerados para la formulación del Plan son.

• Asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a toda la población (equidad).

• Optimizar el aprovechamiento del agua para usos productivos (eficiencia y desarrollo sostenible).

• Reducir y prevenir la contaminación de las aguas (desarrollo sostenible).

• Prevenir las inundaciones y las sequías (minimización de riesgos).

Las responsabilidades relacionadas con el logro de estos objetivos son generalmente compartidas entre diversos organismos, los principales usuarios y la población. Por lo tanto es posible organizar el análisis de los problemas relacionados directamente con el logro de los objetivos mencionados, con las capacidades del organismo o de los organismos responsables de la atención de los siguientes componentes principales de la Gestión Hídrica (esta clasificación es abarcativa, en el sentido que puede adaptarse a distintas formas de organizar la prestación de los servicios relacionados).

1- Provisión de Agua Potable y Saneamiento 2- Gestión de Inundaciones y Sequías 3- Prevención de la Contaminación 4- Gestión del Agua Subterránea

5- Gestión del Uso Eficiente y Sostenible en el Riego, la Industria y la Minería

6- Generación de Electricidad 7- Preservación del Ambiente

8- Coordinación de la Gestión Hídrica

I.4.4 Proceso de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

Según una definición de la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP), la gestión integrada del agua es un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GWP, 2000).

La Gestión Hídrica es un proceso dinámico e interactivo que se expresa a través de acciones o medidas de carácter físico, normativo, institucionales, organizativas, económicas y financieras conducidas por una diversidad de actores gubernamentales nacionales, provinciales e ínterjurisdiccionales y de la Sociedad

Civil, que tienen responsabilidad o intereses (activos o pasivos, directos e indirectos) en la gestión de los recursos hídricos.

Entre estos actores se destacan en la República Argentina por su protagonismo, el Estado Nacional, con las facultades que le atribuyen la Constitución Nacional, Códigos y Leyes dictados en consecuencia y su capacidad de canalizar recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales, los Estados Provinciales, que ostentan el dominio originario de los recursos naturales en sus territorios y en consecuencia tienen competencia y ejercen el poder de policía en materia de uso y protección de los mismos y, últimamente, el sector privado, en la forma de organizaciones de usuarios o privadas que han incrementado su participación en las actividades de gerenciamiento del recurso principalmente en el ámbito de prestación de servicios en el sector saneamiento, hidroeléctrico y en menor medida, en riego.

La Nación tiene facultades en relación con las materias delegadas por las Provincias en la Constitución Nacional y ello se relaciona con la navegación en el caso de ríos navegables, la exploración de los ríos interiores, en forma compartida con las Provincias, y con las cuestiones de política exterior que involucran recursos hídricos compartidos con los países limítrofes (Calcagno, 2000).

La tarea por parte del Gobierno y la sociedad en su conjunto debería dar confianza a los agricultores sobre la conveniencia de un "nuevo" modelo de desarrollo agrario que regenere las relaciones entre la agricultura y la naturaleza sobre las bases de la complementariedad y la conservación. Desde luego, este nuevo marco no debe implicar una pérdida de bienestar para el conjunto de los agricultores, si bien puede suponer una redistribución de renta dentro de este colectivo.