Second order effects and noise

Como parte de la normativa internacional que se detalla en lo sucesivo, inicialmente se consideran las observaciones y recomendaciones dadas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Por un lado, el sistema universal de protección de los derechos humanos, que es el conjunto de normas pertenecientes a las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad es la promoción y la protección de los derechos humanos universales y que son firmadas y

55 _{Ecuador, Plan nacional para combatir el plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes,}

explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores, Registro Oficial No. 375, 12 de octubre de

ratificadas de manera voluntaria para cada Estado parte. Cada uno de estos tratados internacionales está conformado por un Comité que supervisa y monitorea la implementación de acciones por cada Estado firmante. Una segunda instancia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene como principal función el velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano. Es un espacio constituido por los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA).

En primer lugar, se debería considerar los Principios y Directrices sobre Trata de Personas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los principios generales acordados como mínimos y que deberían servir para evaluar las medidas estatales de erradicación de la trata son: 1) Primacía de los derechos humanos; 2) Prevención de la trata de personas; 3) Protección y asistencia; 4) Penalización y reparación.56

El principal instrumento internacional relacionado de manera directa con la trata de personas es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, de manera particular el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Este instrumento establece obligaciones a los Estados parte en los ejes de: prevención, investigación-sanción y de protección a las víctimas. En materia de asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas, el Protocolo sostiene entre otras cosas, que el Estado velará por la privacidad de las víctimas, por asegurarles información sobre procedimientos judiciales, y de manera particular determinará medidas para prever la recuperación física, psicológica y social de dichas personas, esto conlleva al suministro de:

a) alojamiento adecuado; b) asesoramiento e información en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; c) asistencia médica, sicológica y material; y d) oportunidades de empleo, educación y capacitación.57

En este sentido, se evita cualquier acto de revictimización que se lo pueda ocasionar a la víctima, a su familia o cualquier persona cercana a la misma, tal cual se

56 _{Susy Garbay Mancheno, coord., Situación de la trata de personas en la frontera sur de Ecuador}

(Loja, El Oro y Zamora Chinchipe) (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Secretaría Nacional del

Migrante, julio de 2012), 34. 57 _Ibid.,

contempla en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.58

Otro instrumento internacional es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la cual tiene como finalidad eliminar la discriminación contra las mujeres mediante la implementación de medidas muy concretas, ya que se condena todo tipo de discriminación contra la mujer, en este sentido, se conectaría con la problemática de trata de personas. En su art. 6, obliga a todos los Estados parte a “tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir toda forma de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.59 Ante dicha Convención, existe el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entidad encargada de dar seguimiento al cumplimiento de los Estados ante dicho particular. Este Comité, ha venido realizando observaciones al Estado ecuatoriano sobre la temática de atención y protección en casos de trata de personas, en relación al número de casas de acogida financiadas por el Gobierno para niñas y mujeres víctimas de este delito son consideradas por un lado insuficientes, y por otro no cuentan con los servicios especializados para la reintegración de las víctimas, por lo que el Comité recomienda que el Estado, “mejore la asignación de fondos para centros de acogida, la prestación de servicios de asesoramiento y rehabilitación y la asistencia psicosocial a las víctimas”.60

En el año 2008, el Comité alienta al Estado parte a que fortalezca los mecanismos de protección contra la discriminación de las mujeres y las adolescentes que salen de la prostitución como también de la trata de personas con fines de explotación sexual.

En cuanto a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se identifica toda aquella violencia física, sexual o psicológica “que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual”.61 _{En relación a atención, en dicha normativa el Estado}

Parte debe proveer de servicios tanto públicos como privados especializados para la atención a las víctima de trata (mujeres en su gran mayoría) y sus familias.

58 _{ONU Asamblea General, Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada}

transnacional (Convención de Palermo), 10 de noviembre del 2000, art. 24. A/RES/55/25.

59 _{ONU Asamblea General, Convención sobre la eliminación de todas las formas de}

discriminación contra la mujer, 18 de diciembre de 1979, art. 6,A/RES/34/180. 60 _{Ibíd., párrafo 23.}

61 _{OEA Asamblea General, Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la}

En referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, y en relación a la trata de NNA, dicho instrumento indica que los Estados Parte debe garantizar la protección a los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación y/o abuso sexual. Y de igual manera, los Estados parte “tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”.62 _{En este sentido, el Comité de los}

Derechos del Niño, realiza observaciones al Ecuador, puesto que preocupa el número elevado de NNA que caen en las redes de la trata de personas tanto a nivel internacional como nacional, para los fines de explotación sexual, servidumbre doméstica, entre otros. Por tal motivo, la Convención recomienda “elaborar una estrategia completa para seguir de cerca y detectar los casos de niños víctimas de operaciones de venta y trata entre los niños que sean más susceptibles a esas prácticas”,63 _{al mencionar estrategia completa se}

entendería que de una u otra forma se estaría abordando el aspecto de atención psicosocial a los NNA víctimas de este delito.

Si bien es cierto, la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, no aborda la problemática de trata de personas de manera directa, esta nos permite disponer de criterios en cuanto a la atención psicosocial de personas de otro origen nacional que puedan ser víctimas o posibles víctimas de trata de personas. Así los trabajadores migratorios y sus familiares:

Tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate.64

En virtud de aquello, y para dar seguimiento a dicha Convención, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, realiza observaciones al Estado ecuatoriano, entre ellas: el Comité lamenta la estadísticas altas de la presencia de NNA migrantes en situación de riesgo (prostitución), por lo que se permite recomendar al Estado que brinde mecanismos idóneos que permitan la correcta recuperación física, psicológica y reintegración social de esos NNA, ya que se ha evidenciado que hay una carencia en temas de atención y protección a esta población por

62 _{ONU Asamblea General, Convención sobre los derechos del niño, 20 de noviembre de 1989,} art. 35, A/RES/44/25.

63 _{Ibíd., 77.}

64 _{ONU Asamblea General, Convención internacional sobre la protección de los derechos de los}

parte del Estado ecuatoriano. Ante este particular, el Comité recomienda que el Estado parte tome las siguientes medidas:

g) La generación de una estrategia para asegurar el respeto de los derechos de las víctimas y la generación de proyectos de vida teniendo en cuenta la consecuencias físicas, psicológicas y sociales que sufren las víctimas de trata;

h) La protección de los trabajadores en los centros de recepción y refugio de prevención, protección y servicios a las víctimas de trata.65

El Sistema de Protección Universal ha emitido criterios relacionados con la problemática de la trata de personas, expuestos en informes de relatorías y en resoluciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos. En este sentido, y enfatizando en los ejes de atención psicosocial objetivo de la presente investigación, se toma como referencia la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, en la cual:

12. Destaca la necesidad de que los Estados y los organismos correspondientes de las Naciones Unidas garanticen que las medidas para proporcionar protección a quienes son víctimas o testigos de violaciones y otras formas de violencia sexual alcancen a las personas más vulnerables a esas formas de violencia, como las mujeres y las niñas indígenas, con discapacidad, refugiadas y desplazadas internas, las mujeres privadas de libertad, las mujeres y las niñas reclutadas por la fuerza por fuerzas armadas y actores armados no estatales, y las mujeres y las niñas víctimas de la trata, incluidas las sometidas a explotación sexual y esclavitud, y respondan a sus necesidades específicas.66

Además de los referidos instrumentos internacionales, se identifican otros instrumentos correspondientes al Sistema de Protección Interamericano, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos. En particular, en el art. 6 prohíbe la esclavitud y servidumbre al establecer que: “nadie puede ser sometido a la esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas”.67

De la misma manera, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resuelve aprobar el Mandato de la Relatora Especial sobre la trata de personas especialmente mujeres y niños, quienes tienen presente que:

Todos los Estados están obligados a actuar con la debida diligencia para prevenir la trata de personas, investigar los casos de trata y castigar a los responsables, así como a rescatar a las víctimas y tomar medidas para protegerlas y darles acceso a medios de reparación,

65 _{Ibíd., 50.}

66 _{Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Resolución aprobada 23/25. Acelerar los} esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: prevención de las violaciones y otras formas de violencia sexual, respuesta ante ellas, A/HRC/RES/23/25, junio 2013, 12.

67 _{OEA Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención}

y que el incumplimiento de esa obligación vulnera y menoscaba o anula el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas.68

En cuanto a informes de relatorías especiales sobre trata de personas, especialmente mujeres y niños, en el año 2016 se establecen los derechos de las víctimas de la trata en los conflictos armados, entre los cuales se identifica que el Estado deberá brindar una asistencia integral (física y psicológica), ya que un derecho de las personas víctimas de este delito es la asistencia y el apoyo de las instancias estatales. De este modo, esta asistencia comprende un alojamiento seguro, servicio de información, asistencias materiales como no materiales (asistencia médica y psicosocial), oportunidades de empleo, etc.

Anteriormente, el Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2015) sobre atención y protección recomienda que: “la diligencia debida en la prestación de asistencia y protección a las víctimas debería adaptarse a sus preferencias y necesidades individuales y no condicionarse a su cooperación con las autoridades”.69 _{Esto es, cualquier tipo de asistencia que se brinde a}

las víctimas de este delito, no debe estar sujeta a ningún tipo de condicionamiento, ni al hecho de colaborar con la justicia del Estado Parte. En julio del 2010, se realiza el Informe de la Relatora Especial “Misión Ecuador”, sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, que identifica que, en relación al ámbito de asistencia a las víctimas, los Estado Parte deben:

 Tomar todas las medidas necesarias para prevenir la discriminación múltiple y la victimización reiterada, asegurando que se establezcan estructuras y mecanismos efectivos para ayudar a las víctimas a reintegrarse en la sociedad, incluso proporcionándoles asistencia psicológica, sanitaria y social;

 Incorporar en las políticas, planes y programas nacionales, y aplicar de modo efectivo, los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas.70

De la misma manera, en mayo de 2007, se emite un comunicado al Gobierno ecuatoriano, en relación a la situación de los colombianos en riesgo de ser objeto de la

68 _{ONU Consejo de Derechos Humanos, Mandato de la Relatora Especial sobre la trata de}

personas, especialmente mujeres y niños, 17 de julio de 2014, A/HRC/RES/26/8.

69 _{ONU Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la trata de}

personas, especialmente mujeres y niños, 3 de agosto de 2015, 49, A/70/260.

70 _{ONU Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre las formas}

contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Sra. Gulnara Shahinian. Adición: Misión al Ecuador, 5 de julio de 2010, 97. A/HRC/15/20/Add.3.

trata de personas en el Ecuador, en el cual con referente al eje de atención y protección manifiestan:

90. Los Relatores Especiales llamaron la atención del Gobierno sobre el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en particular su artículo 6, denominado “Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas”. Asimismo, llamaron la atención del Gobierno sobre los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, y en particular el Principio 9 que establece que se proporcionará asistencia jurídica y de otra índole a las víctimas de la trata de personas mientras duren las acciones penales, civiles o de otra índole contra los presuntos tratantes, y que los Estados darán protección y concederán permisos de residencia temporal a las víctimas y los testigos mientras duren los procedimientos judiciales, así como la Directriz 7 que se refiere a la prevención de la trata de personas.71

Otro mecanismo de cumplimiento de obligaciones a los Estados parte que establece el Consejo de Derechos Humanos corresponde al Examen Periódico Universal (EPU), el cual establece, en la Recomendación 10 que enfatiza en el eje de atención y protección:

89. Actualmente, se definen hojas de ruta y protocolos únicos, encaminados a tener una política común en la denuncia de casos y atención a víctimas, evitando la duplicación de esfuerzos e investigaciones en relación al combate y prevención, para lo cual se prevé incluir a instituciones estatales y de la sociedad civil.72

Complementario a esto, el informe del grupo de trabajo sobre dicho EPU, respecto de la atención y protección a las víctimas, recomienda:

135.27 Fortalecer los esfuerzos por luchar contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la violencia sexual (Sudáfrica); seguir reforzando los esfuerzos por luchar contra la trata de personas y proteger a las víctimas de ese delito, especialmente las mujeres y los niños (Sri Lanka); intensificar sus esfuerzos por luchar contra la trata de personas, en particular seguir preparando planes de acción nacionales y otras estrategias en este ámbito (Belarús);73

A nivel de normativa internacional existe un gran material con miras a la erradicación de la trata de personas, que no se agota solo a nivel legal y de sanción, sino que busca erradicar la trata de personas de manera integral, esto se puede evidenciar con

71 _{ONU Consejo de Derechos Humanos, Report of the Special Rapporteur on the human rights}

aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and children, Sigma Huda, 30 de mayo

de 2007, 90, A/HRC/4/23/Add.1.

72 _{ONU Consejo de Derechos Humanos, Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5}

del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos: Ecuador, 8 de marzo de 2012, 89,

A/HRC/WG.6/13/ECU/1.

73 _{ONU Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico}

el recorrido normativo antes realizado, de manera específica en cuanto a la atención a víctimas de trata.

Finalmente, el Protocolo de Palermo se constituye en una (normativa clave para abordar la trata de personas), ya que enfoca con mayor severidad en cuanto a la sanción y persecución del delito. Por lo tanto, no se constituye en un instrumento de protección desde el ámbito de derechos humanos. Al respecto, la normativa establecida y recomendada por organismos internacionales ha posibilitado que la trata de personas con fines de explotación sexual no solo sea considerada como delito, sino como una violación a los derechos humanos en donde el Estado tiene responsabilidades y compromisos que deben cumplir. Un aspecto importante a resaltar es que la mayoría de los instrumentos ponen énfasis en la población de mujeres y NNA, lo que de una u otra forma fortalece estereotipos frente a la trata de personas, ignorando las diversidades tales como: hombres, población GLBTI, entre otros.

2. Marco de protección ecuatoriano en relación con la atención psicosocial en la