Secondary Data Analysis

Los liberales261 _{no sólo crearon una legislación para una reforma agraria tímida y limitada, sino}

que además dieron inicio a la política de fomento, como respuesta a la fuerte restricción a las importaciones de la segunda guerra mundial. La política de fomento agrícola buscó abaratar la producción de materias primas para la industria en crecimiento. El gobierno de Santos continuó con una política de fomento agrícola apoyada en la creación del crédito de corto, mediano y largo plazo. Los bancos de fomento pudieron tomar como garantía hipotecaria alguna prenda agrícola o pecuaria con mayor certeza jurídica luego de sanear y aclarar los títulos con la ley 200.

El papel de la SAC fue fundamental en la creación de todo un cuerpo de instituciones de fomento agrícola. Su nueva plataforma dejó de ser estrictamente defensiva respecto a la disputa con los colonos y arrendatarios por los derechos de propiedad, a una plataforma actualizada ante los nuevos roles de intervención del Estado.

La SAC en una nueva plataforma en 1939 manifestó su satisfacción con las actuales políticas, para concentrarse en el manejo de instrumentos entre los cuales destaca: fortalecimiento y organización del ministerio de agricultura, fortalecimiento del proteccionismo, mayor intervención de la caja agraria en la compra de insumos a bajo precio, fomento de las granjas agrícolas y la colonización, una tasa de cambio baja para promover la compra barata de maquinaria e insumos agrícolas, atención a los propietarios deudores, intervención rápida del Estado para evitar los delitos contra la propiedad. Esta élite agrícola a diferencia del periodo de los años 20, solicitaba la creación de

260 _{Op. Cit. Diaz-Callejas. 2002. Pp. 123.}

261 _{La rápida implementación de la legislación para la política de fomento de la agricultura, ganadería e industria}

se debió al Ministro de Hacienda y Crédito Público Dr. Carlos Lleras Restrepo y al Dr. Miguel López Pumarejo, Ministro de Economía Nacional. Machado, A (1986). Op.cit.

comisiones científicas para el estudio y tratamiento de los suelos, así como la solicitud en materia mejores fuentes de agua e irrigación, hasta el fomento de cooperativas262

El mayor activismo estatal a partir de los años 30 en Colombia no significó un fortalecimiento de la autonomía del Estado y de su capacidad para imponerse sobre el bloque hegemónico. Los planes de fomento se apoyaron sobre los gremios para que estos ayudaran en la coordinación de políticas destinadas hacia una intensificación de los procesos productivos en la agricultura263_{. La SAC modificó su junta directiva para así abrirle representación al gobierno,}

otorgándole un carácter oficial y a la vez consultivo. En otras palabras, el débil Estado tuvo que recurrir a los gremios para apoyar no sólo actividades concretas, sino que les brindó un lugar central dentro de la compleja red institucional de la política de fomento en materia de diseño y control de las políticas. La ofensiva gremial de los terratenientes instaló a la SAC a finales de la primera mitad del siglo XX, en sitios privilegiados dentro del andamiaje institucional del Estado. Ya para inicios de los años cincuenta tenía representantes en: la Junta Nacional de Aduanas, la Junta Departamental de Vivienda Popular, el Instituto Nacional de Aguas y Aprovechamiento Eléctrico, la Junta Asesora de la Dirección Nacional de Transportes, el Instituto Nacional de Abastecimientos, el Banco de la República, los Ferrocarriles Nacionales, la Junta Nacional de Control de Precios, la Comisión Organizadora del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el Comité de Emigración y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero264

El lugar privilegiado del gremio de terratenientes a partir de los años cuarenta, fue ahogar las expectativas de consolidar un desarrollo agrícola moderno. La protección y el fomento de las actividades agrícolas no se trasladaron en mejoras sustantivas de la oferta de bienes agrícolas. La escasa producción, el mercadeo desorganizado y la incapacidad del Estado para presionar mejoras productivas y controles sobre los precios de las subsistencias fue el escenario favorable para que comerciantes y terratenientes se disputaran los beneficios. En sus manifestaciones públicas, así como en su plataforma política, los gremios anunciaban su respaldo al proceso de modernización. Sin embargo su gestión dentro de los programas asistenciales del Estado condicionó las mejoras en la producción a la búsqueda de rentas. Este comportamiento rentístico se manifestó en mayores precios, menores salarios reales y una condicionante estructural para la industrialización. Sin un mercado ampliado para los bienes manufacturados y con los precios de los bienes salariales altos, la capacidad de compra interna fue mínima y las pocas industrias tuvieron que operar con bajas economías de escala. Con la política de fomento agrícola en Colombia se estimuló el desarrollo capitalista de la agricultura sustentado en la explotación de grandes y medianas propiedades, se oficializó el

262 _{Ibid. Bejarano (1985). Pp 74} 263 _{Decreto 1455 de 1940.}

rechazo a una vía campesina de la explotación de la tierra, basada en la redistribución de la propiedad. Sin embargo, la modernización fue limitada. La canalización de la gestión estatal agrícola durante la posguerra actualizó las técnicas de producción de las medianas y grandes propiedades, castigando a la marginación a la pequeña producción, aun cuando estos predios reportaron mayores niveles de productividad por hectárea.

Esta modernización excluyente fue el resultado de la alianza de clases y conformación del bloque social dominante. Gabriel Misas lo describe de esta manera:

―La confluencia de los intereses de la burguesía cafetera con los de la burguesía industrial, en la fase de depresión mundial, permitió instaurar un patrón de desarrollo en el cual el Estado se subordina a los intereses de la élite económica y no logra erigirse en el portavoz de los intereses generales de la sociedad […] La industrialización se concibió dentro del periodo de posguerra, como un proyecto complementario a la economía agroexportadora y no como autónomo que permitiera, en el largo plazo, modificar la correlación de fuerzas en el interior del bloque hegemónico en favor de los industriales […] Por esta razón, los diferentes proyectos de modernización emprendidos por las élites han sido parciales y fragmentarios; han debido ser negociados con las diferentes fracciones en el poder‖265