Las investigaciones en materia de rendición de cuentas y responsabilidad a nivel de la empre- sa han valorado los derechos humanos de los empleados de maneras muy distintas. Pue-
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de hacerse una sencilla distinción entre los «derechos» de los trabajadores a ser informa- dos (presentación de informes a los empleados) y un planteamiento más inclusivo sobre los «derechos» de los otros a recibir información sobre los trabajadores (presentación de informes sobre o en relación con los empleados). Otros planteamientos más tradicionales sobre la presentación de informes a los empleados y sobre los empleados se ajustan a los modelos financiero y administrativo de una manera funcional y jerárquica, para que los pro- pietarios y los directivos de la corporación puedan cumplir los compromisos que les incum- ben socialmente ante los interesados (véase, por ejemplo, O’Dwyer & Unerman, 2007; Spen- ce & Gray, 2007; Everett, 2003).
La perspectiva histórica de la rendición de cuentas en relación con los derechos humanos en el entorno laboral es muy amplia. La exhaustiva revisión realizada por Gray et al. (1996) de la presentación de informes a los empleados y sobre los empleados, en sus distintas variantes, reconoce la práctica de lo que denominan «presentación de informes relaciona- dos con los empleados» (acerca de los empleados) y tiene su origen en la década de 1940. En los años 1970, tal vez como reflejo de la mentalidad del período, el llamado «Informe Corporativo» publicado por el Comité Director sobre Normas de Contabilidad (ASSC, 1975) aportó legitimidad política a la descripción de los empleados como «espe- ciales» interesados con derecho a recibir información de carácter financiero, utilizando un modelo de informe específico para los empleados, incluida una Declaración de Valor Aña- dido en la que se trataba de desglosar los beneficios distribuidos a accionistas, emplea- dos y Gobierno. Desde entonces, han surgido todo tipo de opiniones sobre si la presenta- ción de informes a los trabajadores los sensibiliza con respecto a importantes cuestiones laborales y si esta práctica cumple una función educativa útil frente a su capacidad de ser utilizada como herramienta para disciplinar a los trabajadores.
La función de la rendición de cuentas en la lucha en el campo económico entre capital y trabajo por la distribución de plusvalías también ha sido objeto de examen. Teniendo en cuenta el poder potencial de la negociación colectiva de los empleados, una serie de estudios de investigación han analizado el potencial de la presentación de informes relati- vos a los empleados para contribuir al proceso de toma de decisiones de los sindicatos y directivos cuando entran en conflicto sobre lo que es o no una paga justa (Cooper & Essex, 1977; Foley & Maunders, 1977; Cooper, 1984; Jackson-Cox et al., 1984; Cooper & Sherer, 1984; McBarnet et al., 1994). Otro enfoque, tal vez mejor ejemplificado por Pope y Peel (1981), sugiere que, dado que la información contable es «neutral», esta podría ayu- dar a resolver las disputas sobre salarios justos. Este planteamiento perpetúa la categori- zación sancionada por el Estado (y el capital económico) de estos informes como algo neu- tral y útil a efectos de la toma de decisiones. Sikka (2008) reconoce con agudeza que las crecientes interacciones simbólicas (en forma de literatura académica, informes, debates gubernamentales, etc.) que rodean a la «gobernanza corporativa» contribuyen a la perpe- tuación de la violencia simbólica, en el sentido de que encauzan el debate de tal manera que parece que gobernanza corporativa y equidad van de la mano. De esta manera, la gober- nanza corporativa sirve para legitimar el statu quo, mientras que el trabajo académico sobre la gobernanza corporativa pasa por alto a los trabajadores y no permite que las desigual- dades de ingresos y riquezas se hagan visibles. Otras investigaciones han demostrado cómo puede manipularse la información contable para favorecer a los directivos. Por ejemplo, el
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estudio llevado a cabo por Berry et al (1985) sobre la Junta Nacional del Carbón desveló que los datos aportados por los directivos no bastaban para tomar la decisión de cerrar las minas y que era probable que ello obedeciera a razones políticas, más que económi- cas. En general, las investigaciones críticas sugieren que en un sistema capitalista de dominación, el capital descuidará siempre el trabajo en favor de los beneficios (Dey et al., 1994; Cooper, 1995; Dey, 2007; Owen, 2007) y que la contabilidad puede utilizarse para defender los intereses del más poderoso.
Las dificultades que entraña la inclusión de los «activos humanos» en las declaraciones fiscales han sido objeto de largos debates académicos. Desde hace poco, este tipo de rendición de cuentas gira en torno al capital intelectual. Se ha sostenido que la gran mayo- ría de los estudios sobre el capital intelectual se centran en las dificultades de las empre- sas para llevar cuenta del capital intelectual (en otras palabras, para medirlo e informar sobre él). En gran medida, este trabajo no cuestiona ni las prácticas en sí mismas, ni el pensamien- to en el que se basan (Mouritsen & Roslander, 2009).
La inclusión de los intereses de los trabajadores y de otros grupos interesados, como defien- de el «Informe Corporativo» de 1975, ha ido cambiando de forma significativa a lo largo de los últimos 35 años hasta llegar a una situación en la que los informes financieros con- temporáneos están diseñados para satisfacer las necesidades de los accionistas y otros pro- veedores de capital (IASB y FASB, Marco Conceptual), y como tales, se ocupan de medir la producción eficiente de beneficios por los empleados y de informar al respecto. Elimi- nar las necesidades de los trabajadores de los informes financieros indica que son antité- ticas a efectos rendición de cuentas en relación con los derechos humanos. Desde que Char- les Medawar publicara su obra de base en 1976, la cantidad de trabajos que cuestionan la utilidad de las cuentas formuladas por los directivos ha ido en aumento. Aquí ofrecemos distintos argumentos a favor de que otros interlocutores alternativos elaboren los infor- mes (Cooper, 2005b; Gray 2002). Las últimas investigaciones se han centrado en averi- guar qué pueden aportar las formas alternativas de información a las relaciones y los sis- temas contables (véase Milne et al., 2008; Ball, 2007; Owen, 2007; Shenkin & Coulson, 2007; Dey, 2007; Cooper, 2005; Dey, 2003; Everett, 2003; Owen et al., 2000; Gray et al., 1997), como, por ejemplo, la conceptualización y la re-presentación de información interna que las empresas guardan «en silencio» y unas cuentas externas «de transición» que reflejan el rendimiento de la empresa (véase, por ejemplo, Dey, 2003; Gray 2002; 1997).
Las cuentas de transición y las auditorías sociales se están convirtiendo en algo común entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) activistas como War on Want. Las ONG han tratado de ver qué hay dentro de las formas organizativas jurídicas y cuestionado si la entidad contable y las unidades oficiales de cuentas son las apropiadas, adoptando plan- teamientos alternativos sobre las cadenas de suministro y otros aspectos relacionados con ellas. Por ejemplo, la revisión hecha por Friends of the Earth sobre la fuente de finan- ciación detrás de las violaciones de los derechos humanos y la degradación medioam- biental de Asia Pulp and Paper incluye la financiación de sus subsidiarias, sus empresas aso- ciadas y su cadena de suministro (Matthew & Willem van Gelder, 2002). Entre otros estudios de este tipo están, por ejemplo, los referidos a la financiación que reciben los estudiantes (Cooper et al, 2005), la huella del agua y las guerras (Cooper & Catchpowle, 2009). Gran
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parte de esta investigación reconoce que, a pesar de que vivimos en «la sociedad de las auditorías», siguen existiendo las violaciones y los abusos de los derechos humanos. Las nuevas formas de investigación tratan de sacarlas a la luz.
A veces, las iniciativas de las ONG se han unido a las tendencias observadas en el «activis- mo» académico en un intento por dar legitimidad a las «cuentas». Owen (2007) analiza estas tendencias para poder entablar relaciones directamente con grupos tales como los sindicatos, como contrapeso a la captura corporativa por medio de la participación (véa- se también Neu et al., 2001; Owen et al., 2000; Cooper, 1995). Sin embargo, al menos en el Reino Unido, a medida que aumentan los fondos que proceden de las empresas y que se destinan a la investigación, es difícil, por no decir imposible, superar el problema de la captura corporativa. Podría decirse que Shenkin & Coulson (2007) llevaron más allá los mecanismos de participación, sugiriendo que los métodos informales y etnográficos de pro- porcionar información pueden ser más apropiados para mejorar la responsabilidad social, lo que necesariamente da lugar a una reflexión crítica sobre la vida cotidiana y en la vida cotidiana (véase también, Dey, 2002).
Uno de los principales obstáculos de la rendición de cuentas en materia de derechos huma- nos es la gestión a los niveles macro, meso y micro, desde los principios universales de los derechos humanos a una abstracción particular en la práctica diaria y los conflictos de intereses en el sistema social, donde los medios de abstracción sirven para reforzar los sistemas de dominación. Como escribe Ignatieff (2001), «el universalismo de cada uno está anclado en última instancia en un compromiso concreto… el problema es que el par- ticularismo entra en conflicto con el universalismo en el punto en el que el compromiso de uno con un grupo conduce a tolerar las violaciones de los derechos humanos del otro grupo» (pág. 9). Neu y Graham (2005) subrayan la necesidad de examinar la «intersec- ción de la rendición de cuentas y el interés público en distintos contextos» y la «naturale- za múltiple del nexo entre las tecnologías, las políticas y las prácticas contables y la socie- dad» (pág. 589).6Tomando como base el trabajo teórico de Bourdieu, Neu y Graham (2005)
sacan a la luz los sistemas de dominación social. Centrarse en lo universal niega la natura- leza de la diferencia individual e ignora la influencia de los sistemas de dominación social (incluida la violencia simbólica), lo que da lugar a las violaciones de los derechos huma- nos y las mantiene. La rendición de cuentas en relación con los derechos humanos debe tener en cuenta, como mínimo, los intereses del campo económico junto con la función dominante del Estado en el mantenimiento del capital económico y las «narrativas» finan- cieras de legitimación que representan los intereses del capital y dejan de lado a los tra- bajadores.
En general, la investigación sobre la presentación de informes a los empleados y sobre ellos, así como sobre la rendición de cuentas de los empleados y sobre los derechos humanos, se centra, principalmente, en el nivel macro o ampliamente teórico. En este trabajo trata- mos de examinar estos aspectos desde una macroperspectiva, en el sentido de que inten- tamos explorar las estructuras de la sociedad que entran en juego, al tiempo que se asien- ta en el nivel micro en la realidad empírica de la tragedia de ICL. Nuestra intención es continuar con esa tendencia emergente en la rendición de cuentas académica para analizar el alcan- ce y el potencial para la acción política encaminados al cambio social (por ejemplo, Coo-
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per, 2005; Everett, 2002; Neu et al., 2001). Como decíamos al principio, Bourdieu trató, de muchas maneras, de encontrar un equilibrio entre desarrollar una investigación académi- ca que abordaba temas teóricos y metodológicos profundamente complejos, y embar- carse en actividades cuyo único fin era intervenir en la esfera pública. Para desarrollar más plenamente la función de la rendición de cuentas al nivel micro y su potencial de emanci- pación, en el siguiente apartado examinaremos la influencia que tuvieron las declaracio- nes financieras de ICL tras la explosión.